El rol de los medios en la Operación Colombo
29.05.2008
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29.05.2008
Los 98 procesamientos dictados esta semana por el ministro de fuero Víctor Montiglio hablan de la magnitud de la organización detrás de la Operación Colombo, que terminó con el asesinato y desaparición de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. Pero en la decisión judicial faltan actores: la prensa y el hombre que orquestó la campaña de desinformación, Álvaro Puga, así como los periodistas y miembros de los organismos de seguridad argentinos que participaron activamente en el más masivo de los asesinatos políticos de esa época.
El 24 de julio de 1975 los chilenos se encontraron en los kioscos con titulares sangrientos: “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” (Las Últimas Noticias) y el emblemático “Exterminados como ratones” (La Segunda).
Los cuatro diarios dejaban impresas para la historia el sinnúmero de mentiras fabricadas para ocultar la Operación Colombo, la misma por la que esta semana el ministro de fuero Víctor Montiglio procesó a 98 personas por su responsabilidad en el asesinato de 119 opositores a la dictadura de Pinochet.
Pese al casi centenar de personas imputadas, el juez no se adentró en el rol de la prensa de aquellos días, que fue clave para conseguir el “éxito del plan”. De esa historia se hizo cargo hace dos años el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que en un fallo de 35 páginas estableció quiénes redactaron y publicaron esas informaciones falsas, decretando sanciones.
El sumario estableció responsabilidades de los entonces directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y La Segunda, Mario Carneyro, aunque ambos fueron declarados inimputables por haber fallecido. También se sancionó con censura pública y suspensión de seis meses de colegiatura a los ex directores de Las Últimas Noticias, Fernando Díaz Palma, y La Tercera, Alberto Guerrero. Además, se sancionó a la periodista de El Mercurio, Beatriz Undurraga con tres meses de suspensión. A la autora de este reportaje se le amonestó por no declarar en el proceso.
Si bien el sumario se remite al momento culmine de la operación, ésta comenzó antes, con una noticia publicada por los diarios La Tercera, El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda el 12 y 13 de junio de 1975, días de toque de queda, de autos sin patente que recorrían calles y casas capturando ciudadanos que luego desaparecían. Días de terror.
“Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán”, fue el título de uno de los matutinos. Otros despachos provenientes de Argentina dieron cuenta en los días siguientes de nuevos movimientos de ese ejército insurgente que se aprestaba a cruzar la cordillera para derrocar a la Junta Militar. Y entre medio de esa información destinada a infundir terror entre aquellos partidarios de la dictadura que comenzaban a manifestar sus críticas por la violencia extrema de la represión, se deslizaba otro contrabando que preparaba el golpe mayor: “Se destacó también que entre los extremistas hay gran cantidad de elementos del Mir y otros grupos marxistas que públicamente figuran como desaparecidos” (La Tercera, 13 de junio).
Otro supuesto despacho de la Cancillería argentina, difundido por Reuters Latin, informaba el 16 de junio: “Gendarmería argentina cerca a guerrilleros” en los alrededores de la frontera.
Hasta que el 24 de julio se publicaron los titulares que encabezan este reportaje y que daban cuenta de un ajusticiamiento dentro de las filas del Mir en el exterior.
Durante varios días se destacó que por todos los muertos se habían presentado recursos de amparo, “lo que demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad”.
Sólo un dato entregado por la prensa era verídico: los 119 chilenos que aparecían como abatidos por sus camaradas figuraban con recurso de amparo, en los que se entregaban datos y pruebas de cómo habían sido detenidos y hasta la dirección de la cárcel secreta donde se les vio por última vez con vida. Pero los jueces sin más trámite los rechazaban con sólo anexar el informe del Ministerio del Interior en que se negaba la detención.
La desesperación invadió a los familiares y amigos de los 119 chilenos allí nombrados. Golpearon cientos de puertas intentando que alguien escuchara y examinara las pruebas que demostraban que sus seres queridos estaban presos en Chile en alguna cárcel secreta. Fue inútil.
También en las cárceles y campos de detención, entonces repletas de prisioneros políticos, se vivieron momentos de dura tensión. Muchos prisioneros habían sido testigos de las brutales torturas a que gran parte de los 119 chilenos supuestamente asesinados por sus propios compañeros en Salta, Argentina, habían sido sometidos en las cárceles de la Dina. La huelga de hambre, encabezada entre otros por el encarcelado periodista José Carrasco (asesinado en 1986 por un comando de la CNI), tampoco provocó ni una sola reacción de la justicia.
Grafica el clima que se vivía esos días el relato que hizo ante el tribunal del Colegio la entonces dirigente de los familiares de las víctimas, Alicia Lorca, ante el tribunal del Colegio de Periodistas: “Pedimos la entrevista con el director del diario El Mercurio. Nos recibieron muy amablemente, y cuando le dijimos al director a lo que íbamos, se puso tan furioso que nos echó a grito pelado. Con decirle que mucha gente que estaba en el edificio salió a ver lo que pasaba. Tuvimos que bajar corriendo la escalera porque incluso nos amenazó con hacernos sacar con la guardia”.
Tampoco les aceptaron una inserción pagada. No había posibilidad de que se supiera la verdad.
Las fuentes de la información difundida fueron el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil, que el 25 de junio informó del asesinato de 59 militantes del MIR –y daba los nombres- en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”; y la revista Lea de Buenos Aires del 15 de julio, que entregó otra nómina de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”.
Deberían pasar más de 10 años para desentrañar el misterio de O’Día, un antiguo diario de Brasil que sólo reapareció el 25 de junio con el único objetivo de hacer pública la nómina de los 59 extremistas “asesinados” por sus compañeros.
En agosto de 1992, la autora de esta crónica con una investigación en mano concurrió a las oficinas de la Intendencia metropolitana donde se desempeñaba como jefe de Comunicaciones Gerardo Roa, quien en democracia seguía ocupando el mismo cargo que en dictadura. No le quedó más remedio que asumir que efectivamente él había sido el hombre que negoció la reaparición de O’Día, y que las instrucciones, así como la nómina de muertos, se las había entregado Manuel Contreras.
Lo primero era cierto, lo segundo, no. Porque quien le entregó el artículo que saldría publicado fue Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la Junta Militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la Dina.
Lo anterior fue publicado en el diario La Nación (13 de agosto de 1992), pero Roa continuó por largo tiempo en su sillón en la Intendencia.
En cuanto a Lea, su edición en la que figura como director Juan Carlos Viera, fue editada por Codex, dependiente del Ministerio de Bienestar Social de Argentina, cuyo titular era José López Rega, el jefe del grupo paramilitar “Triple A” que ya por esos días comenzaba a dejar un balance de muertos en el vecino país. También esa edición de 20 mil ejemplares fue la única. Nunca más salió a los kioscos.
El nombre de esta operación así como los detalles de su planificación en el exterior se hallaron en el archivo secreto de la Dina que conservaba su agente en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel (condenado a prisión perpetua por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, pero hoy en libertad condicional) y que la autora de esta crónica hallaría en los archivos judiciales de ese país en 1986. Fue por esos documentos que se supo que la Dina había bautizado a ese crimen masivo como “Operación Colombo”.
En esos papeles está la copia del oficio N° 3 del 16 de mayo de 1975 enviado por Arancibia Clavel desde Buenos Aires al cuartel central de la Dina en Santiago: “Caso Colombo: Vicente me informó que Interpol Argentina envió todos los antecedentes como se habían solicitado el viernes 9 de mayo por vía aérea. Con esa información y previo consentimiento de COPIHUE SANTIAGO el operativo publicidad comenzará utilizando los servicios de Carlos Manuel Acuña, director de la Agencia periodística Prensa Argentina y también periodista del diario La Nación de Buenos Aires. Se tiene contactado un servicio de recortes de diarios para este caso”.
Allí estaba el nexo de Arancibia y de la Dina con Interpol y con los grupos ejecutores para hacer aparecer en esos días cuerpos atrozmente quemados como sin fueran chilenos asesinados por el Mir, cuyas fotografías también guardaba Arancibia en su archivo y cuya identidad aun se desconoce.
Pero faltaba otro protagonista clave. En otros oficios que Arancibia despacha a Santiago, está el detalle. Para la confección de las fichas de extranjería falsa que probaban el paso de los 119 chilenos a la Argentina se contó con la ayuda de Héctor García Rey, entonces subsecretario de Seguridad Interior y posteriormente hombre de confianza del ex presidente Carlos Menem. Y en un acápite especial estaban también hojas manuscritas con los nombres de los 119 chilenos agrupados detrás de cada paso cordillerano por donde se les haría aparecer cruzando la cordillera.
Todo aquello fue coordinado por el entonces jefe del Departamento exterior de la Dina, coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.
En Chile, el hombre encargado de orquestar la difusión de la información relativa a Colombo fue Álvaro Puga. Así lo probó el sumario realizado por el Colegio de Periodistas al recibir los testimonios de los periodistas que redactaron las informaciones de esos días y que dan cuenta de que Puga la entregó en el propio edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta Militar. Por esos días, además de trabajar junto a Pinochet y a Manuel Contreras, Puga escribía columnas en La Segunda, las que firmaba con el seudónimo de Alexis.
Todavía se hace llamar de esa forma algunas veces en Despierta Chile, el sitio web ultrapinochetista que dirige hace algunos años. Su discurso no ha cambiado ni un ápice. Hace tres años dio una entrevista a The Clinic y repitió una versión sobre los desaparecidos que a estas alturas suena a ciencia ficción: “Muchos de ellos murieron en combate. Según lo que dicen los militares”.
Uno de los elementos mas reveladores del sumario del organismo gremial es la transcripción de las versiones entregadas por distintos periodistas requeridos.
El sancionado Fernando Díaz Palma, entonces director de Las Últimas Noticias, reconoció que fue una operación y un fraude. “30 años después hemos venido a escuchar muchas cosas de lo que estaba pasando… Muertos, desaparecidos, desenterrando gente… Claro, si nosotros hubiéramos podido o hubiésemos sabido esas cosas las habríamos tenido que investigar sin perjuicio de correr riesgos… Faltó haber cubierto las cosas y haber hecho las investigaciones propias”.
Mirando hacia atrás, Alberto Guerrero, director de La Tercera de la época, declaró: “A lo mejor habría preferido tener más alma de héroe y habérmelas jugado pero con el ambiente que vivíamos…, no sé, uno tiene familia, cuida su fuente de trabajo… Con la perspectiva del tiempo a lo mejor diría me da lo mismo jugármela y que pase lo que pase”.
El actual editor de servicios informativos de El Mercurio y entonces subdirector de La Tercera, Héctor Olave, también reflexionó sobre los tiempos que se vivían. “La pregunta es por qué se publica y por qué no se constata, por qué no se «chequea». Y hay que estar haber viviendo en aquellos años…. No era tan simple la cuestión”, declaró.
Uno de los testimonios más gravitantes del sumario del Colegio de Periodistas fue el del codirector de CIPER, John Dinges. Estaba en Chile en esos días y hasta 1978 como corresponsal del Washington Post, las revistas Time y Latin America Press y la radio ABC.
“A fines de julio de 1975 viajé a Buenos Aires con amplia documentación sobre el caso de los 119 y el resultado de mi investigación periodística. Con mi jefe de Time, Rudolf Rauch, consideramos que era demasiado peligroso escribir sobre el caso desde Chile, por lo que Rauch me pidió viajar a Buenos Aires.
Mi investigación demostró la falsedad de las noticias aparecidas en Chile, basado en Lea y O’ Día, y que las personas nombradas en las listas habían desaparecido en Chile. El primer reportaje salió en Time, sin mi firma. Después, escribí un reportaje más completo en la revista National Catholic Reporter, bajo el seudónimo “Ramón Marsano”. En ese ultimo, hablo de la actuación de Álvaro Puga como uno de los responsables de la elaboración del plan y distribución del material tanto a los órganos de prensa argentina y brasileña como a periodistas en Chile.”
“En los dos años posteriores tuve oportunidad de conocerlo y de confirmar su trabajo en la Dina. La primera vez fue en 1977. Puga ejercía funciones de supervigilancia a los corresponsales extranjeros y me citó a su oficina para presentarle oficialmente a Karen DeYoung, corresponsal jefe para América Latina del Washington Post. Yo ya había tenido problemas serios con el gobierno: en febrero de ese año, me había decretado la expulsión por supuestos “actos contra Chile”. Por intervención del embajador norteamericano David Popper, el decreto fue dejado sin efecto. Popper, según cables desclasificados que tengo en mi poder, argumentó en dos conversaciones confidenciales con el entonces ministro de RR EE que semejante acción en mi contra causaría graves problemas a Chile con EE UU. Así que cuando meses más tarde fui a ver a Puga con la señora De Young, este me ordenó entrar en su oficina a solas. Allí me dijo que fue un error que el gobierno no pudiera expulsarme porque mis trabajos periodísticos eran anti-chilenos. Más o menos textualmente dijo que, como no me pudieron echar, tampoco me podían proteger, y que andaban ‘muchos terroristas’ por las calles que me podían atropellar mientras caminaba.
“A través de los años, por mis investigaciones para los dos libros que he escrito sobre las dictaduras en Chile y en el Cono Sur, pude saber más sobre Álvaro Puga y su ligazón con Dina, de su trabajo en el departamento “psicológico” y directamente con Manuel Contreras. Más recientemente he descubierto documentos secretos que también establecerían una ligazón entre Puga y los trabajos internacionales de Dina, especialmente relacionados con Argentina.”