Contraloría confirma reducción artificial de las listas de espera del Hospital San José en 2013

Tras cuatro años de investigación la Contraloría General de la República confirmó que las listas de espera fueron reducidas de manera artificial en el Hospital San José, tal como lo reveló un reportaje de CIPER en 2013. El lunes 4 de diciembre, el contralor Jorge Bermúdez aprobó el sumario iniciado tras esa investigación periodística y propuso la “destitución” del ex director del Hospital San José, el médico Raúl Hernán Vásquez Cataldo, y de su colega Rodrigo Gutiérrez Soto, ex encargado de la Clínica/Policlínico Maruri (vea la resolución del contralor).

Al centro asistencial de Maruri eran derivados pacientes del San José que figuraban en listas de espera, supuestamente para recibir atención especializada. Pero, como lo comprobó la Contraloría, eso no ocurría y eran borrados de las listas aunque sus patologías no habían sido resueltas. Al retardar la real solución de sus enfermedades, el subterfugio les provocó a miles de pacientes graves problemas de salud.

“Hospital San José: así opera el sistema que reduce falsamente las listas de espera” se tituló el reportaje de CIPER, publicado en junio de 2013, que puso en marcha la investigación de la Contraloría (vea esa investigación periodística). Ya en marzo de 2014, después de su primera auditoría al sistema que operaba en Maruri, la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía por una posible falsificación de instrumento público, debido a las sospechas de que se generaron y pagaron órdenes médicas destinadas a justificar prestaciones  que no se otorgaron.

La indagatoria de la Contraloría demostró que los pacientes en lista de espera No Auge eran derivados a Maruri, donde los examinaban médicos generales y no especialistas, vulnerando las normas que regulan el sistema. Este chequeo médico insuficiente era el subterfugio para eliminar a los pacientes de las listas de espera bajo la causal de “atención realizada”. Muchos de ellos, cuando se descubrieron las irregularidades, debieron ser reincorporados a las listas. Al respecto, la conclusión de la Contraloría en la reciente resolución firmada por Bermúdez es taxativa:

“Un alto porcentaje de pacientes No Auge, inscritos en el Registro Nacional de Lista de Espera (RNLE), fueron eliminados de este repositorio por haber sido supuestamente atendidos en el citado centro médico (Maruri), no obstante encontrarse irresoluta su patología, debiendo ser reingresados en lista de espera, retardando de manera inexcusable la eventual solución a sus problemas médicos, con grave afectación de sus derechos”.

Doctor Rodrigo Gutiérrez

La investigación determinó también una serie de irregularidades administrativas, relacionadas con la contratación y los pagos al contingente médico que trabajó en Maruri. La documentación y testimonios recabados por la Contraloría indican que –con la venia de los doctores Vásquez y Gutiérrez– se pagaron honorarios médicos sin contar con comprobantes de egreso ni con documentos que acreditaran que esas prestaciones efectivamente se realizaron. Además, se pagaron como atenciones de especialistas, en circunstancias que se trataba de médicos generales. Datos entregados por el Hospital San José indican que en el primer semestre de 2012 a estos médicos generales se les pagó en promedio $4,8 millones mensuales por atenciones especializadas, el tope aceptado por Contraloría. Estos montos provocaron fuertes críticas entre los doctores del hospital.

Ninguno de los profesionales contratados en Maruri entregó un informe de sus actividades –como lo establecían sus contratos– y las planillas con las horas y días en que debían trabajar fueron tramitadas sin más respaldo que la firma del doctor Gutiérrez.

Aunque los médicos fueron contratados con el fin exclusivo de descongestionar la lista de espera No Auge, se verificó que se pagaron injustificadamente más de 11 mil atenciones a pacientes que no formaban parte de esa nómina. En la primera auditoría realizada por la Contraloría se estimó un total de $367,9 millones en gastos sin acreditación suficiente.

Inicialmente, por su posible responsabilidad en las irregularidades administrativas, fueron investigados el ex encargado de Honorarios del Hospital San José, José Ignacio Sanyour Núñez, y el ex subdirector de Gestión y Desarrollo del mismo centro asistencial, Alexander Pérez Méndez. Ambos fueron finalmente absueltos por el contralor Bermúdez.

En el caso de Alexander Pérez, la investigación acreditó que había advertido oportunamente al entonces director del hospital, Raúl Vásquez, las múltiples irregularidades:

“Se encuentra acreditado el deficiente control jerárquico y falta de supervisión en el cumplimiento de normas y requisitos para el funcionamiento de la Clínica/Policlínico Maruri, por parte del inculpado señor Raúl Vásquez Cataldo, como también en el ingreso y posterior pago de emolumentos al personal médico que laboró a honorarios en el citado recinto, situación que incluso le habría sido advertida por el subdirector de Gestión y Desarrollo de la época, afectándose el normal servicio y atención de pacientes, la mayoría de los cuales debieron ser reincorporados al Registro Nacional de Lista de Espera”.

“COMPROMISOS PRESIDENCIALES”

Citando los descargos del doctor Rodrigo Gutiérrez, la reciente resolución de la Contraloría estableció que en agosto de 2011 la Clínica/Policlínico Maruri inició sus operaciones destinadas a descongestionar las listas de espera, en el marco de los compromisos presidenciales del gobierno de Sebastián Piñera. Para ese efecto, la unidad fue montada y encabezada por el doctor Gutiérrez, quien en su declaración dijo que apenas tuvo cuatro días para equiparla y contratar al personal, recurriendo a sus ex compañeros de universidad, a quienes ofreció contrato a honorarios. En noviembre de 2011, el gobierno anunció el fin de las listas de espera para pacientes AUGE. La noticia provocó controversia cuando se detectó que la mayor parte de los pacientes habían salido de la nómina por ajustes estadísticos y razones administrativas, y no por una atención médica (vea el reportaje de CIPER: “Los ajustes estadísticos que redujeron drásticamente la lista de espera AUGE”).

Tras ese hito comunicacional, el gobierno se empeñó en la reducción de las listas de pacientes No Auge. En ese contexto entró en juego el centro asistencial de Maruri, como una pieza clave de la nueva meta trazada por el entonces ministro Jaime Mañalich. El 7 de julio de 2012, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la comuna de Conchalí –sector atendido por el Hospital San José– y junto a Mañalich anunció en terreno que las listas No Auge habían disminuido de 90 mil a 40 mil pacientes en espera. Allí se comprometió a terminar con esta lista en un año: el 29 de julio de 2013, “para la fiesta de San Pedro y San Pablo” (vea el video del gobierno sobre esa actividad).

El 10 de junio de 2013, un mes antes de la fecha comprometida por el mandatario, CIPER reveló lo que estaba ocurriendo en Maruri. En noviembre de ese mismo año la unidad de Auditoría Ministerial del Ministerio de Salud despachó un memo reservado donde se reseñaron las irregularidades detectadas en Maruri, incluyendo los antecedentes expuestos por CIPER. El destinatario de ese memo era el ministro Mañalich, quien instruyó la apertura de un sumario administrativo. El sumario ordenado por Mañalich dio origen a una denuncia ante el Ministerio Público, la que fue presentada el 17 de febrero de 2014, según confirmó a CIPER el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. La denuncia, basada en los documentos y testimonios recogidos en el mismo Hospital San José, apuntaba a la posible existencia de los ilícitos de apropiación indebida, fraude al fisco y delitos tributarios.

El último paso en esta larga historia es la resolución recién firmada por el contralor Bermúdez. Ahora, los dos inculpados –los doctores Vásquez y Gutiérrez­– tendrán cinco días hábiles, desde su notificación, para interponer un recurso de reposición ante la misma Contraloría. En favor de ambos, el contralor consideró la atenuante de “irreprochable conducta anterior”, la que “será ponderada en relación a las conductas atribuidas en este caso”.