General Echeverría sepultó en 2011 pista clave que llevaba al mega-fraude en Carabineros

El mega-fraude al interior de Carabineros –que ya supera los $21 mil millones­–, pudo haber sido detectado en 2011, ahorrando miles de millones al Fisco. Pero las investigaciones que ese año desarrollaron tanto la policía como el Ministerio Público confiaron en un informe suscrito por Flavio Echeverría, el único general que hoy está detenido y confeso como partícipe del robo, quien lavó las huellas de los delitos que cometía la asociación criminal de oficiales de Carabineros, la que pudo seguir apropiándose de los fondos públicos por otros cinco años.

Esta nueva y monumental falla en los controles internos de Carabineros quedó al descubierto en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que pesquisa el fraude. Esa instancia recibió un antecedente que indica que en 2011 la Unidad de Análisis Financiero  (UAF) derivó al Ministerio Público un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que ponía bajo el microscopio al coronel Arnoldo Riveros, pues había recibido depósitos por $48 millones en apenas un año, cuando su sueldo era de poco más de un millón de pesos como funcionario del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de la policía.

La investigación quedó en manos del fiscal José Morales, quien la archivó porque no pudo obtener pruebas del delito de lavado de activos.

La pieza clave que llevó a Morales a cerrar la investigación fue un informe de 16 páginas evacuado por  el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones, el  mismo donde trabajaba Riveros y que depende de la Dirección de Tesorería y Finanzas de Carabineros. El documento lleva la firma de Flavio Echeverría, quien entonces tenía el rango de coronel y ejercía el mando del Departamento III (vea ese informe).

Bruno Villalobos, general director de Carabineros

Una nota publicada por La Segunda el martes 13 de junio cita los descargos del fiscal Morales, quien señaló: “Se solicitaron antecedentes a diversos órganos del Estado, incluido Carabineros, no obteniendo evidencia que pudiera vincular esos hechos con otras investigaciones (…), por el contrario se recibieron informes que permitían descartar irregularidades en esta materia, al menos uno de ellos suscrito por personas vinculadas a hechos que actualmente están siendo investigados”.

En su respuesta al vespertino, Morales no individualizó ni el documento ni su firmante, señalando que la materia está bajo “el deber de reserva legal que afecta a este tipo de casos”. Ese informe es el que suscribió Echeverría y que CIPER ahora revela.

LAS HUELLAS DE LA DIPOLCAR

El documento que firmó Echeverría y que le puso la lápida a la investigación, es el Informe de Revisión Nº 01, fechado el 6 de octubre de 2011, y fue enviado a la Fiscalía por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar). Esa fue la unidad de Carabineros encargada de llevar adelante la investigación por el ROS que alertaba sobre irregularidades en las finanzas personales del entonces coronel Riveros (ahora en retiro).

La participación de la Dipolcar en esta fallida pesquisa que pudo haber abortado tempranamente el  fraude, vuelve a poner en el centro de la controversia al general director de Carabineros, Bruno Villalobos. El máximo jefe policial, quien ha sido fuertemente respaldado por La Moneda, tenía en 2011 el mando sobre la estructura de inteligencia de Carabineros cuando se produjo este grave error de procedimiento.

El episodio también salpica a otro miembro del alto mando, el actual director de Fronteras y Servicios Especializados, general Hugo Inzulza Daneri, quien entonces estaba a cargo de la contrainteligencia interna. En ese puesto, Inzulza trabajaba en conjunto con el entonces mayor Gonzalo Alveal Antonucci, quien operaba en la sección de escuchas telefónicas.

Fue Alveal el que dirigió las consultas a Echeverría, solicitando información sobre los contratos y transacciones hechos por el coronel Arnoldo Riveros en los años 2008 y 2009. Además, pidió antecedentes acerca de contratos adjudicados al proveedor Leonardo Morales Avendaño, los que  también estaban en la mira de los investigadores.

General (r) Flavio Echeverría

En su respuesta, Echeverría señaló que la revisión se realizó conforme a las normas de auditoría y que se pusieron bajo análisis cuatro cuentas corrientes de la institución: gastos en personal, gasto operacional, fondo de desahucio y compras públicas. Hoy se sabe que al menos en dos de esas cuentas –la de personal y la de desahucio- se efectuaron los millonarios retiros ilegales.

El resultado del análisis que avaló el coronel Echeverría fue taxativo: no había movimientos bancarios ejecutados por Riveros relacionados con contratos o transacciones vinculadas al proveedor Morales Avendaño en ninguna de las cuatro cuentas.

Para darle mayor peso a su informe, Echeverría indicó: “Es el del caso señalar que el Departamento Contraloría Financiera, dependiente de la Inspectoría General de Carabineros, ha efectuado Auditoría Operativa y de Cumplimiento a los estados financieros del Departamento Tesorería y Remuneraciones de la Dirección de Finanzas, correspondiente a los meses de mayo, julio y septiembre del año 2008 y septiembre, octubre y noviembre de 2009, y a los diferentes procesos administrativos y contables del periodo antes señalado (…). Se considera que esta auditoría constituye una base razonable para fundamentar la presente opinión”.

Con esta respuesta la Dipolcar se dio por satisfecha y el fiscal Morales archivó el caso. El camino que siguió la denuncia de la UAF, hasta su cierre, muestra que los procedimientos de contraloría interna de la Inspectoría General de Carabineros, así como los de la Dipolcar, han sido claramente deficientes.

EL NEXO CON BIENESTAR

Los registros de Impuestos Internos (SII) indican que el proveedor Morales Avendaño tiene actividad comercial vigente como vendedor de artículos de ferretería. Según los antecedentes del portal de Compras Públicas, entre 2006 y 2017 ha recibido 411 órdenes de compra de Carabineros. También ha sido proveedor, pero en menor escala, de la FACH (dos órdenes de compra) y del Instituto  Geográfico Militar (una orden de compra). En el periodo abarcado por la fallida investigación de la Dipolcar –2008 y 2009–, las órdenes de compra que recibió de la policía uniformada fueron 29, por un total de $59 millones. De ellas, 21 fueron ordenadas por la Dirección de Bienestar de Carabineros.

En esa última dependencia de Carabineros, la jefatura en los años 2008 y 2009 estaba en manos de la generala Lilian González González. La oficial, ahora en retiro, es propietaria de una parcela en el condominio El Tranque San Javier, en Peñaflor, el mismo donde tienen parcelas el general Villalobos y el ex general director, Fernando Cordero (ver reportaje de CIPER). La parcela de González está a nombre de su esposo Emilio Maldonado Lobos, quien es también oficial de Carabineros en retiro. Todos ellos eludían el pago de contribuciones por estas propiedades en Peñaflor.

EL “HUASO” RIVEROS

En sus declaraciones ante la Fiscalía, el general Flavio Echeverría ha confesado que recibió más de $420 millones producto del fraude. También admitió que comenzó a participar en la asociación criminal invitado por el entonces coronel Arnoldo Riveros.

Conocido como el “Huaso” Riveros, según un reporte de The Clinic, el coronel (r) admitió ante la Fiscalía el pasado 3 de abril que recibió dineros provenientes de la asociación ilícita que funcionaba en el Departamento Tesorería y

Coronel (r) Arnoldo Riveros (Fuente: The Clinic)

Remuneraciones. Riveros es propietario de una amplia parcela en Alto Jahuel, con caballerizas y medialuna, y de varios ejemplares purasangre con los que participa en el circuito de rodeo.

Echeverría y Riveros coincidieron en el Departamento de Tesorería, donde se habrían hecho cercanos. De acuerdo con la información que ha publicado The Clinic, Riveros ha dicho entre sus amistades que sus propiedades son fruto de una herencia, pero al interior de Carabineros se señala que estuvo a cargo de adquisiciones y que podría verse envuelto en una investigación que lleva adelante la fiscal Macarena Cañas sobre irregularidades con proveedores de la policía.