Los secretos de la millonaria campaña de Pablo Longueira en las primarias de 2013

El domingo 30 de junio de 2013 Pablo Longueira ganó la primera elección primaria regulada por ley de la Alianza por Chile. Se impuso a Andrés Allamand con el 51,37% de los votos, convirtiéndose en el candidato de la UDI y Renovación Nacional (RN) a la Presidencia de la República. Era un desafío pendiente desde que en 2006 el líder de la UDI había iniciado una pre candidatura que luego abortó. Esta vez no fue diferente. Diecisiete días más tarde (17 de julio), la familia de Longueira anunció en conferencia de prensa que el candidato deponía su candidatura, aquejado de una fuerte depresión.

Nueve semanas antes, Longueira había renunciado al Ministerio de Economía para asumir como presidenciable de la UDI. También abrió una cuenta corriente en el Banco BCI, requisito establecido por el Servicio Electoral (Servel) para gestionar recursos de campaña. En esa cuenta recibió los “aportes anónimos”, los “aportes reservados” que le giró el Servel y se pagó a los proveedores de su campaña.

CIPER accedió a las cartolas de esa cuenta corriente y comparó sus ingresos y egresos con lo que el propio Longueira rindió al Servel. Los números no calzan: en su campaña de primarias -administrada por Jorge Manzano, uno de sus hombres de confianza en la UDI- Longueira recibió “aportes anónimos” por sobre lo que permitía la ley en 2013 y sobrepasó el gasto límite.

El ex senador declaró al Servel un gasto de $885,8 millones, pero los pagos realizados desde su cuenta corriente de campaña superaron los $1.000 millones.

No es lo único extraño. La misma cuenta corriente del Banco BCI registra millonarios depósitos realizados por sus asesores en diversas sucursales bancarias de Santiago. Fueron verdaderas maratones de pocas horas para juntar dinero. En un solo día, por ejemplo, uno de sus asesores realizó 14 depósitos a la cuenta de Longueira en distintas oficinas del BCI (en tres comunas de la zona oriente de la capital) por montos que oscilaron entre $1 millón y $8 millones y que sumaron $50 millones en total.

Se desconoce la identidad de varias de las personas que le entregaron dinero a Longueira por vías fuera de las legales para financiar su campaña. Y ello, porque en algunas colillas de depósitos solo aparece el nombre del asesor que hizo el trámite. En otras, aparece la identidad del titular del cheque.

Entre los que aportaron dinero y que están identificados en esa cuenta, figuran algunos empresarios conocidos. El primero es Jaime García Rioseco, ex vicepresidente de Embotelladora Andina, actual presidente de Colmena y director de Sodimac, quien le depositó un cheque por $5 millones el 24 de mayo de 2013. El 11 de junio hay otro cheque por $5 millones, esta vez firmado por uno de los accionistas de Sigdo Koppers, Mario Santander García. Ese mismo día entró a la cuenta de Longueira otro cheque por $10 millones,firmado por otro de los accionistas de Sigdo Koppers: Horacio Pavez García, quien además es socio del Banco Security y director de Enaex.

A ellos se sumó Luis Héctor Bravo, representante legal y presidente de la Constructora Bravo e Izquierdo, quien entregó un cheque por $3 millones el 12 de junio. El otro cheque identificado en esa cuenta lleva la firma del empresario hotelero Heriberto Schmutzer, quien solo aportó $500 mil el 25 de junio.

Estos cinco aportes suman $23,5 millones. A ello hay que agregar otros $342 millones que Longueira recibió en su cuenta entre agosto y noviembre de 2013, y cuyos remitentes permanecen en el anonimato. La cuenta se cierra con otros $709,8 millones que Longueira recibió como “aportes reservados” vía Servel.

Las cifras demuestran que aunque se trató de una carrera corta (mayo-junio de 2013), en esas primarias presidenciales Longueira fue el candidato que “oficialmente” más gastó ($885,8 millones) y el que recibió el mayor monto de “aportes reservados” ($709,8 millones).

Las cuentas del Servel indican que Michelle Bachelet es quien le sigue en ese recuento, con un total de gastos de campaña de $612,7 millones y “aportes reservados” que suman $314,2 millones. En tercer lugar se ubica el senador Andrés Allamand, con un total de gastos de $403,3 millones, $128 millones de “aportes propios” y $274,5 millones de “aportes reservados”.

En cuarto lugar y bien atrás, les sigue Claudio Orrego (DC), intendente de Santiago y quien disputó en esa primaria la candidatura de la Nueva Mayoría, con gastos de campaña por $215,9 millones y $182,1 millones en “aportes reservados”. En quinto lugar se ubica Andrés Velasco (Independiente), quien también disputó la primaria de la Nueva Mayoría, con un total de gastos de $213,9 millones y $136,4 millones en “aportes reservados”. Al final de la nómina está el ministro de Defensa José Antonio Gómez (PRSD), quien gastó en su campaña $14 millones, aportó de sus recursos $10 millones y no registró “aportes reservados”.

LA CAÍDA DE GOLBORNE

Pablo Longueira y Laurence Golborne

Hasta abril de 2013 disputaban la candidatura presidencial de la derecha Andrés Allamand, por RN; y Laurence Golborne, el ministro estrella del gobierno de Sebastián Piñera, por la UDI. Pero luego que se revelara que Golborne poseía una sociedad en un paraíso fiscal, todo se derrumbó (aún no se sabe quién lo delató). Y fue entonces que Longueira emergió como la carta de reemplazo. No fue una sorpresa: desde 2006 el líder de la UDI venía manifestando su intención de ser la opción presidencial de su partido. El 29 de abril de 2013 renunció al Ministerio de Economía y el mismo día la UDI lo proclamó.

Una semana más tarde (6 de mayo), el candidato abrió una cuenta corriente en el Banco BCI. La misma cuenta N°58130926 que informó al Servel para los gastos y aportes de su campaña de primarias. Según las cartolas de esa cuenta, a las que accedió CIPER, el primer abono se concretó cuatro días después de la apertura con un traspaso de $30 millones desde la línea de crédito.

La dupla de confianza que trabajaba con Longueira en el Ministerio de Economía, también renunció para acompañarlo en su campaña presidencial: su asesora más cercana, Carmen Luz Valdivielso (Titi) y Vicente Correa Bulnes, su jefe de gabinete. También trabajó en la campaña Bruno Vera, el junior de las fundaciones que Longueira creó y controla desde 2006: Chile Justo y Web. Este trío es el que figura realizando millonarios depósitos en diversas sucursales del Banco BCI.

Que Titi Valdivielso y Bruno Vera aparezcan asesorando a Longueira, no es nuevo. La cercanía de ambos con el líder de la UDI es histórica. Pero hasta ahora había pasado inadvertido el ingeniero civil industrial de la Universidad de Los Andes, Vicente Correa, quien fue su hombre de confianza en su paso por el Ministerio de Economía y durante esas primarias. Poco antes de llegar al ministerio que encabezaba Longueira, Correa se desempeñaba como gerente de una sociedad ligada al grupo controlador de Blumar, una de las grandes pesqueras del país.

EL MISTERIO DE LOS $385 MILLONES

CIPER revisó cada egreso de las cartolas de la cuenta corriente que Pablo Longueira abrió para su campaña de primarias en el Banco BCI -y que cerró el 26 de noviembre de 2013- y lo comparó con la rendición de gastos que presentó ante el Servel. Y aunque la mayoría de los gastos rendidos ante el organismo fiscalizador figuran tal cual en los pagos de la cuenta corriente, hay otros que no tienen explicación.

Un ejemplo: los $94,4 millones pagados a Bruno Vera a través de cuatro cheques girados el 30 de mayo ($23.670.000), el 27 de junio ($44 millones y $24 millones) y el 8 de julio ($2.717.065), no fueron rendidos al Servel. No hay registro sobre lo que hizo el junior de las fundaciones de Longueira con ese dinero luego de transformarlo en billetes en la caja de un banco.

Longueira tampoco rindió al Servel los $23,3 millones que le pagó a Carlos Sepúlveda Espinoza el 11 de julio de 2013, y que éste cobró por caja en la sucursal 11 de septiembre del Banco BCI. Sepúlveda es el junior de la UDI, el mismo que fue formalizado por el Ministerio Público por haber emitido 30 boletas a Soquimich por un total de $87 millones, pagos que fueron rectificados por no tener respaldo en servicios realizados. Su cónyuge, Mónica Gajardo, tiene otros $75 millones en pagos de boletas también rectificados por la minera de Julio Ponce Lerou.

Un ejemplo similar al anterior son los dos pagos que le hizo Longueira a Esteban Gal Oliva -a través de esta cuenta- y que suman $28 millones. El monto que recibió el gerente general y representante del Centro de Estudios Sociales (CIS), tampoco fue rendido al Servel. Lo que sí fue declarado como gasto de campaña fueron los $38 millones que recibió el CIS bajo el ítem “encuestas”. La misma cifra y destinatario se encuentran en la cuenta de Longueira en el BCI.

Esteban Gal Oliva y el CIS también aparecen entre los pagos realizados por SQM y posteriormente rectificados por la minera ante Impuestos Internos (SII) por no tener respaldo contable.

Un ex asesor de Longueira en el Ministerio de Economía también figura en la planilla de pagos de su cuenta corriente de primarias, pero se omite en la rendición al Servel: Carlos Feres Rebolledo (fallecido). Feres, quien registra dos pagos por un total de $19 millones, era militante de la UDI y fue reclutado por el entonces ministro de Economía para que lo asesorara en la tramitación de la Ley de Pesca.

En total, los pagos realizados desde la cuenta corriente de primarias de Longueira y que no fueron declarados ante el Servel, ascienden a $385 millones.

Entre los pagos no rendidos también aparece la sociedad Los Trapenses Spa, la que recibió $22,9 millones el 7 de julio de 2013. La misma empresa figura el mismo año prestando servicios de “publicidad radial” a las campañas parlamentarias y de consejeros regionales de RN.

En la nómina que levantó CIPER de los pagos no rendidos al Servel, aparece Carlos Zambrano Méndez, dueño de una comercializadora de servicios publicitarios, con $2,8 millones; y Eusebio Arellano V., representante de la Sociedad de Inversiones El Campanario, del rubro de la publicidad en vía pública, con $7,1 millones, los que recibió en julio de 2013.

En la cuenta de primarias de Longueira también aparecen otras figuras del sector recibiendo pagos sin rendir. Luis Marante Díaz, militante de RN (miembro del equipo de Felipe Alessandri en la Municipalidad de Santiago), dueño de una empresa de servicios publicitarios, recibió $3 millones el 4 de junio de 2013. Diego Schalper, líder de “Construye Sociedad” (movimiento político surgido al interior de la Universidad Católica), recibió $884 mil el 8 de julio de 2013. Christian Muñoz Vogel, quien personificó al popular “Faúndez” en un conocido comercial televisivo en la década de los ‘90 y que postuló a concejal por La Pintana en 2012 en un cupo de la UDI, recibió $5 millones el 31 de mayo de 2013. En tanto, un primo de Longueira, Fernando Pérez Montes, recibió $15 millones en dos cheques.

Hay otros pagos que figuran en la cuenta de primarias de Longueira en el BCI, que no se declararon ante el Servel y que son un misterio. Por ejemplo, los $92 millones que recibió entre mayo y junio Mario Catalán Gutiérrez, habitante de la zona sur de Santiago. Catalán recibió el primer cheque el 10 de mayo de 2013 (revise la nómina comparativa de pagos realizados desde la cuenta corriente y la rendición de gastos presentada ante el Servel).

APORTES ANÓNIMOS

La declaración de ingresos que Longueira entregó al Servel luego de deponer su candidatura, registró tres ítems: “aportes reservados” por $709,8 millones, línea de sobregiro bancaria por $104 millones y “aportes anónimos” por otros $71,5 millones. La suma de esas tres cifras coincide con el total de gastos declarados por el ex candidato: $885 millones.

Lo que no calza es ese monto con la suma total de gastos que registra la cuenta corriente que abrió Pablo Longueira en el BCI para su campaña de primarias: $1.051 millones. Tampoco calzan los ingresos declarados por el líder de la UDI.

En el Servel explicaron a CIPER que para las primarias de 2013 los candidatos podían recibir tres clases de aportes: “reservados” (a través del sistema que el mismo Servel tenía habilitado), “propios” y “anónimos”. No obstante estos últimos nunca fueron anónimos.

-Ese “aporte anónimo” lo podía recolectar directamente el candidato o el administrador de campaña. Pero este servicio (Servel) no tenía entonces las facultades ni los recursos para poder fiscalizar eso. No era posible –afirmó a CIPER el subdirector de Control de Gasto y Financiamiento del Servel, Carlos Zurita (ver recuadro).

En esa primera primaria regulada los candidatos declaraban una cifra de “aportes anónimos”, pero ninguna autoridad verificaba que esa cifra fuera precisa. Tampoco eran aportes anónimos, pues el candidato y su equipo debían recolectarlos. En resumen, el rótulo de “anónimos” consagrado en la ley era letra muerta.

Lo que sí estaba controlado por la ley eran los plazos y límites. Ni los “aportes reservados” ni los “aportes anónimos” podían recibirse más allá de la fecha de realización de la elección primaria. Y los “aportes anónimos” no podían superar los $184 millones, que corresponden al 20% del límite de gasto electoral autorizado para esa primaria.

Según un manual de gasto electoral elaborado en 2013 por la Fundación Jaime Guzmán, los aportes anónimos tampoco podían superar las 20 UF ($457 mil, según la UF del 30 de junio de 2013).

Longueira no cumplió con ninguno de los límites. La revisión de su cuenta bancaria en el BCI indica que recibió “aportes anónimos” hasta noviembre de 2013, y el monto superó con creces el límite impuesto. Solo en depósitos de sus asesores y en unos cuantos cheques firmados por empresarios recolectó $366 millones, el doble de lo permitido. No obstante, al Servel le informó un monto cinco veces menor: $71,5 millones.

En la legislación vigente en 2013, el candidato debía declarar una cuenta bancaria ante el Servel, desde la cual gestionaría su campaña. Allí recibió los “aportes reservados” que se canalizaban por la vía institucional. En el caso de Longueira, en su cuenta del BCI aparecen cinco depósitos bajo el ítem “abono pago” desde el Rut 60.504.000-4 (Servel), los que sumados dan exactamente los $709 millones que recibió como “aportes reservados”. Esa cifra permite concluir que esa cuenta corriente fue la que declaró ante el Servel.

De los $885 millones declarados en gastos, $666 millones se pagaron desde esa cuenta bancaria. La brecha de más de $200 millones se explica casi entera por los $197 millones en pagos que aparecen declarados al estudio de abogados Larraín y Compañía, pero no girados desde esa cuenta.

Las cartolas de la cuenta corriente muestran que a Larraín y Compañía se giraron $188 millones en cuatro pagos entre julio y agosto de 2013. En cambio, al Servel se declararon tres pagos por un total de $386 millones.

Los gastos realizados por Longueira durante su campaña fueron financiados utilizando la línea de sobregiro que le otorgó el banco. En total, se sobregiró en $666 millones. Gracias a los depósitos que le realizó el Servel por “aportes reservados” y los dineros allegados por sus asesores en una maratón de recolección de fondos, abonó $673 millones a esa línea de sobregiro. Al Servel le declaró que solo ocupó un sobregiro de $104 millones.

MARATÓN EN LAS SUCURSALES DEL BCI

Las cartolas de la cuenta corriente que Longueira abrió en el BCI registran que hasta mediados de agosto se continuaron pagando cheques a proveedores de su campaña. La mayor parte de esos gastos se financiaron con la línea de sobregiro que le otorgó el banco. El 19 de agosto, cuando ya había depuesto su candidatura, la tendencia se revirtió y la cuenta bancaria comenzó a recibir decenas de depósitos por montos entre los $500 mil y los $10 millones.

Carmen Luz Valdivielso

Además de los depósitos realizados por sus colaboradores, hay dos ingresos de dinero hechos por Antonia Alessandri, quien depositó en la cuenta de Longueira un total de $6,3 millones el 12 y el 19 de noviembre de 2013. En ambas ocasiones el monto fue el mismo: $3.150.000. Alessandri también ha sido investigada por el Ministerio Público ya que registra cuatro boletas rectificadas por SQM en 2011 y 2012. Ella es hija del ex diputado Gustavo Alessandri, y hermana del actual alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán (UDI). Todos integran la red de boleteros que se formó en torno a las fundaciones Chile Justo y Web. De hecho, Alessandri padre forma parte del directorio de las mismas.

Pero los colaboradores más cercanos del ex senador fueron los que depositaron la mayor cantidad de dinero. Carmen Luz Valdivielso (en las cartolas figura como CLV) realizó ocho abonos de dinero en la cuenta, alternando cheques y montos en efectivo por un total de $50 millones. Esos dineros se depositaron en sucursales del BCI en Providencia (World Trade Center, Costanera y 11 de septiembre).

Bruno Vera, el junior de las fundaciones, concretó otros 17 depósitos entre octubre y noviembre por $104,7 millones, los que realizó en las sucursales del BCI más cercanas a la sede de Chile Justo y Web (Nueva Los Leones con Andrés Bello, en Providencia). Pero, sin duda, quien más colaboró en la recolección y depósitos de dineros para sanear las deudas que dejó la campaña presidencial de Longueira fue Vicente Correa Bulnes, el ingeniero que fue reclutado por el ex ministro y que lo acompañó en su aventura electoral (en las cartolas aparece como VC).

Correa realizó 63 depósitos entre agosto y noviembre de 2013 por un total de $171,9 millones en la cuenta de campaña de Longueira. Para ello, Correa debió desplazarse por toda la zona oriente de Santiago (diez sucursales diferentes).

LIGADO A LAS PESQUERAS

En 2010 Vicente Correa era el gerente de finanzas e inversiones de la empresa Inversiones HCC, propiedad de la familia Santa Cruz Munizaga, a través de la cual controlan otra sociedad: El Cóndor Combustibles. Esta empresa forma parte del grupo controlador de la Pesquera Blumar, una de las más poderosas del país, donde comparten propiedad con la familia Yaconi y las familias Noguera y Vinagre.

Correa cursó su educación escolar en el Colegio Cumbres, y el título de ingeniero civil lo obtuvo en la Universidad de Los Andes. En 2000 estuvo un año en Puebla (México), colaborando con los Legionarios de Cristo. A mediados de la década pasada presidió la “Fundación Gente Nueva”, dedicada a crear conciencia en contra del aborto. Ya egresado de la universidad trabajó cuatro años como jefe en la mesa de dinero de la Compañía Sudamericana de Vapores, hasta que en marzo de 2010 se fue a trabajar a la empresa de los Santa Cruz Munizaga, donde se convirtió en un hombre de confianza de la familia.

De hecho, el 31 de agosto de 2010 aparece como administrador y representante de Inversiones Aljucon, sociedad formada por Alberto Romero Silva y Juan Manuel y Carolina Santa Cruz Munizaga. Los dueños de esta sociedad participan en la propiedad de Blumar. De hecho, Alberto Romero también es director de la pesquera y dirigente gremial del sector.

Las primeras huellas de Romero aparecen en 2002 cuando compartía directorio con Sergio Lecaros Menéndez (otro histórico de la pesca) en la Inmobiliaria Parques Manantiales. Ya en 2009 Alberto Romero era gerente general de Pesquera El Golfo, la que luego se fusionó con Itata para formar Blumar. Ese mismo año estaba en el directorio de Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, investigada por el Ministerio Público por financiamiento ilegal de la política), y era miembro suplente en el Consejo Nacional de Pesca. En 2010 fue electo director de la Sociedad Nacional de Pesca hasta 2012. En un directorio que fue presidido por Rodrigo Sarquis, Romero representaba a la Pesquera El Golfo. Actualmente continúa en los directorios de Asipes y Blumar (ver documento). También ha sido miembro del directorio de la gremial de los salmoneros: Salmón Chile.

En ese núcleo de empresarios pesqueros trabajó Vicente Correa en su paso por Inversiones HCC. Eso duró hasta abril de 2011, cuando se integró como asesor al Ministerio de Desarrollo Social, entonces liderado por Felipe Kast. Solo alcanzó a estar allí cuatro meses: en agosto de ese mismo año pasó a ser asesor de Pablo Longueira, el nuevo ministro de Economía, quien reemplazó a Juan Andrés Fontaine. En ese momento se dijo que la salida de Fontaine se debió a sus discrepancias con la ruta que la administración de Piñera quería imponerle a la nueva Ley de Pesca.

A los pocos meses Correa asumió como jefe de gabinete de Longueira. Estuvo junto a él durante 2011 y 2012, época en que se negoció y se tramitó la Ley de Pesca. Vicente Correa no fue el único asesor de Longueira con una trayectoria vinculada a la empresa pesquera. Otro de los nuevos asesores del entonces ministro fue Juan Manuel Santa Cruz Campaña, hijo de Juan Manuel Santa Cruz Munizaga, el ex jefe de Vicente Correa (ver nota de El Mostrador).

Actualmente Vicente Correa tiene oficina en Pacific Overseas Consultores y Asesores, una empresa financiera formada por su padre, Luis Eduardo Correa Saavedra, en sociedad con Juan Enrique Rassmuss. También mantiene Campo Andino, sociedad creada en 2014 junto a su hermano Luis Eduardo (abogado que en 2007 figura reduciendo escrituras de la sociedad Inversiones San Ignacio Pesquera Dos, de los Yaconi Santa Cruz, también propietarios de Blumar).

Vicente Correa participa también de la sociedad familiar Agrícola Los Robles. Correa fue contactado para este reportaje, pero en dos ocasiones su secretaria señaló a CIPER que se encontraba “muy ocupado”. La semana pasada lo visitamos en su oficina, donde la recepcionista señaló que Correa no se encontraba allí y que se comunicaría con CIPER “si es que el tema le interesaba”.

Longueira no solo trabajó con ex ejecutivos o hijos de propietarios de la Pesquera Blumar. La Fiscalía investiga una serie de pagos provenientes de esa pesquera y de la gremial Asipes, que llegaron a miembros de la red de boleteros del ex ministro, los que actualmente están bajo la lupa del Ministerio Público por pagos rectificados desde SQM, Cencosud, Senexco, Metalpar, Inversiones Río Bueno, Copec, entre varias otras.

Hasta ahora se ha comprobado que el entorno de Longueira emitió tres boletas falsas a la Asipes por al menos $13 millones, y otras tres boletas por $17,7 millones a Pesquera El Golfo (antecesora de Blumar) (ver reportaje “Nuevas boletas de pesqueras: $445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos”).

El ex presidente de la UDI comenzó a ser investigado luego que CIPER revelara que un artículo de la Ley de Royalty había sido enviado por ejecutivos de SQM a Longueira, quien a su vez lo hizo llegar al gobierno para incorporarlo en el proyecto de ley que terminó aprobando el Congreso. En paralelo, cercanos a Longueira emitían boletas falsas a la empresa minera y sus fundaciones recibían millonarias donaciones desde SQM (ver reportajes “Cambio clave en la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse” y “Los pagos bajo investigación a Longueira y su red de boleteros suman más de $900 millones”).