Las evidencias de los pagos políticos de las pesqueras del sur

Vea además: «El artículo de la Ley de Pesca que le ahorró $4.670 millones a Corpesca»

Tras el terremoto político que significaron las investigaciones por el financiamiento irregular a la política de Penta, SQM y otras grandes empresas, el foco ha vuelto a las pesqueras. Esta vez a las que operan en el sur del país. En julio, el programa Informe Especial de TVN reveló los pagos de las empresas pesqueras del sur austral del país (agrupadas en Fipes) al ex dirigente de los pescadores artesanales y hoy diputado, Iván Fuentes, por petición del senador Patricio Walker (DC). A partir de esa denuncia, el Ministerio Público abrió una nueva arista que apunta principalmente a las pesqueras del Bio Bio, agrupadas en Asipes. La indagatoria, iniciada por el fiscal de regional de O´Higgins, Emiliano Arias, fue traspasada a su par del Bio Bio, Julio Contardo, luego de que el primero diera una polémica entrevista a La Tercera y el fiscal nacional Jorge Abott ordenara un sumario en su contra.

Asipes ya figuraba en las carpetas investigativas del financiamiento irregular de la política, pues algunos de los imputados por recibir pagos irregulares de SQM también habían emitido boletas a esa asociación gremial. En abril de 2015, CIPER consultó a Asipes por los pagos a esas personas y la organización aseguró que todos correspondían a servicios reales. El avance de las indagatorias ha demostrado otra cosa. Por ejemplo, respecto de una boleta pagada al abogado Sebastián Prat, Asipes aseguró que éste había “prestado servicios a este gremio, conforme a las tareas encomendadas”.

Pero Prat ya reconoció ante la Fiscalía que no hizo ningún trabajo y emitió una boleta falsa a solicitud de una asesora de Pablo Longueira. Y no es el único que ha declarado lo mismo.

Serán clave los primeros pasos que dé el fiscal Contardo, particularmente si decide pedir los documentos contables de Asipes. Hasta ahora sólo se conocen los pagos que hizo a personas que, en paralelo, emitieron boletas ideológicamente falsas a SQM, pero no se ha investigado a fondo el rol de la asociación pesquera.

La indagatoria del fiscal Arias se orientaba justamente a determinar la magnitud de la participación de Asipes y sus asociados en el financiamiento político irregular, particularmente si hubo pagos a los parlamentarios de la Región del Bio Bio. La segunda semana de agosto efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) requirieron los libros contables entre 2009 y 2014 a Alimentos Marinos (familia Izquierdo Menéndez), Bahía Coronel (familia Errázuriz), Landes (de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner) y Blumar (Grupo Yaconi-Santa Cruz con familia Sarquis). Según informaron desde Asipes, sus asociadas aún están trabajando en el requerimiento y aún no han entregado sus documentos.

Funcionarios de la PDI solicitaron los mismos antecedentes a otras tres pesqueras que no son parte de Asipes: Orizon (Grupo Angelini), Coloso (familia Lecaros) y Grimar (familia Del Río). Algunas de las empresas a las que se les pidieron sus antecedentes contables tienen en común el haber realizado rectificaciones tributarias durante el periodo investigado, que comprende la tramitación de la Ley de Pesca, las que fueron requeridas al Servicio de Impuestos Internos (SII) por la Fiscalía (ver recuadro).

CIPER revisó los antecedentes y se comunicó con todas las pesqueras que forman parte de la investigación del Ministerio Público. También revisó los vínculos de los parlamentarios que tuvieron un rol relevante en la tramitación de la Ley de Pesca con empresas del rubro, así como de los dirigentes gremiales con los distintos partidos. La zona gris que une a los políticos con las pesqueras sólo parece agrandarse y amenaza con convertirse en una bomba, a poco más de un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

LOS APORTES A LONGUEIRA

Los pagos irregulares de la industria pesquera fueron la primera ventana al financiamiento de grandes empresas a políticos de todos los sectores. En 2013 CIPER reveló el testimonio de Georgio Carrillo, ex asesor de la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, quien dio a conocer los pagos que realizó Corpesca, del Grupo Angelini, a la entonces parlamentaria independiente. La indagación del Ministerio Público la tiene hoy formalizada, al igual que al desaforado senador Jaime Orpis (UDI), quien recibió $233 millones de Corpesca.

La nueva arista que se abre con los pagos ilícitos a la política de las pesqueras del sur se alimenta de las evidencias que arrojó la indagación de los pagos de SQM a políticos de distintos sectores. Allí aparecieron las primeras boletas irregulares de las pesqueras del sur cuyo denominador común es el ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira, quien lideró la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca.

El primer boletero de Longueira en reconocer pagos de pesqueras por servicios no prestados fue el abogado Nicolás Guíñez. El 29 de octubre de 2009 emitió una boleta por $2,2 millones a Asipes y el 3 de noviembre del mismo año una por $5 millones a Pesquera El Golfo, la que hoy no existe ya que sus ex propietarios, Grupo Yaconi-Santa Cruz, la fusionaron en 2011 con Pesquera Itata (de la familia Sarquis) dando paso a la actual Pesquera Blumar. Su hermano, Gustavo Guíñez, presentó el mismo día una boleta a El Golfo por otros $7,7 millones.

El 18 de diciembre de 2015 Nicolás Guíñez declaró ante la Fiscalía que no había prestado ningún servicio por esos pagos, y que las boleta las emitió por solicitud de Carmen Luz Valdivielso, histórica asesora de Pablo Longueira y formalizada en la arista Longueira del Caso SQM.

Pablo Longueira

Pero los hermanos Guíñez no son los únicos allegados al entorno de Longueira que reconocen haber emitido boletas falsas a empresas pesqueras. En su testimonio ante la fiscalía, Nicolás Guíñez afirmó que su ex compañero de universidad Sebastián Prat también hizo boletas a solicitud de la asesora de Longueira.

El 26 de febrero de 2016 Prat prestó declaración ante la fiscal Carmen Gloria Segura, a quien le reconoció que la boleta a Asipes fue falsa: “Respecto de la boleta falsa que tuve que emitir a petición de Titi (Valdivielso) a la Asociación de Industriales Pesqueros AG por $4.730.000 en fecha 29/10/2009, no recuerdo como me pagó esa empresa pero el valor lo deposité el 20/11/09 en mi cuenta corriente del Banco Santander, tras lo cual giré un cheque a Titi el 24/11/2009 que fue protestado por forma” (ese dinero finalmente se retiró en efectivo en la sucursal Pocuro del Banco Santander).

Ese testimonio es corroborado por un correo electrónico que está en manos de los fiscales, y donde se comprueba que Valdivielso solicitó la boleta falsa para Asipes: “Sebastián, necesito boleta por $4.300.000 líquidos que diga; informe sobre situación tributaria de las A.G, a nombre de Asociación Industriales Pesqueros AG. Luego me la mandas a mi e-mail igual que la otra vez”, se lee en el correo enviado el 27 de octubre de 2009.

El dato es clave ya que cuando en abril de 2015 CIPER consultó a Asipes por los pagos a Sebastián Prat, la asociación gremial aseguró que el abogado había prestado servicios. En esa ocasión CIPER también consultó por un pago realizado a Alfonso Mora Domínguez (hijo de una prima de Longueira), y Asipes también aseguró que el trabajo se había realizado (ver reportaje “Financiamiento irregular de la política: los pagos de las pesqueras”).

El tercer nombre consultado por este medio a Asipes fue el de Pamela Campos Joost, quien integra la nómina del SII en la denuncia que presentó el 2 de abril de 2015 por ser la titular de dos boletas rectificadas por SQM. En Asipes confirmaron pagos a Campos Joost, aunque también dijeron que sus servicios se habían prestado. Campos Joost, administradora hotelera, también figura con pagos de Pesquera El Golfo. Ella ha guardado silencio las dos veces en que ha sido requerida por la Fiscalía. Su vinculación con el mundo político de derecha es variado: ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán, de la Municipalidad de Recoleta (cuando era administrada por la UDI), de la Universidad del Desarrollo y de Bancard, la empresa de inversión ligada a Sebastián Piñera que es investigada por recibir dinero de SQM.

También ligada a Longueira, Solange Hermosilla emitió una boleta por $5 millones el 23 de noviembre de 2009 con cargo a Pesquera El Golfo. Ella reconoció ante el SII que se trató de una boleta falsa que le fue pedida por Titi Valdivielso.

Aunque Nicolás y Gustavo Guíñez lograron temporalmente no ser condenados por ilícito tributario en la audiencia del pasado 2 de agosto, esa medida solo aplica para las boletas falsas emitidas a SQM, por lo que podrían volver a ser formalizados por los pagos que recibieron desde empresas pesqueras. Y la Fiscalía ya ha avanzado en esa arista: en abril de este año la fiscal Ximena Chong (que investiga a Corpesca) solicitó al SII todas las boletas emitidas por Solange Hermosilla, Sebastián Prat, Alfonso Mora y Pamela Campos. Antes, se había realizado la misma solicitud respecto de los hermanos Guíñez.

EL LOBBY COORDINADO DE LA INDUSTRIA

Las indagatorias del Ministerio Público respecto a las pesqueras han revelado los movimientos que realizó la industria en medio de la tramitación de la Ley de Pesca en 2012. A través de una serie de correos electrónicos que intercambiaron los representantes de las grandes empresas pesqueras de todo el país, se tejió una potente red de lobby que se la jugó por beneficiar a los grupos económicos que mantienen bajo su poder los principales recursos pesqueros de Chile.

Las tres organizaciones gremiales de las pesqueras más grandes participaron en esa estrategia. Fue así como Asipnor (zona norte), Asipes (Bio Bio) y Fipes (sur austral) se coordinaron para presionar al Congreso para que la Ley de Pesca beneficiara sus intereses. La ley promulgada a fines de 2012 les entregó licencias por 20 años, renovables automáticamente, a las empresas que esgrimían poseer “derechos históricos” sobre los recursos pesqueros.

A inicios de agosto La Tercera reveló detalles de las comunicaciones entre las organizaciones. En un correo enviado en julio de 2012 por Luis Felipe Moncada, presidente de Asipes, a sus pares de Asipnor y Fipes, les señalaba que era esencial que “el norte afirme a Vargas” (el entonces diputado PPD por Arica, Orlando Vargas), “para que Cristián Campos no esté solo en la sala en la votación contra las licitaciones y el carácter indefinido”, haciendo referencia al diputado Campos del PPD, quien representa a Talcahuano y Hualpén desde 2010 en la Cámara.

El diputado Campos dijo a La Tercera que votó en contra de la idea de legislar de la Ley de Pesca y a favor de que los recursos pesqueros fueran del Estado. Un análisis más detallado muestra que durante la votación del 18 de julio de 2012 en la Cámara había cuatro artículos que afectaban directamente a las pesqueras históricas, pues trataban sobre las licencias que se les entregarían para permitirles obtener recursos marítimos. El diputado Campos se cuadró en cada una de esas votaciones con los intereses de los industriales.

Luis Felipe Moncada, presidente Asipes.

Ese día se votó una indicación del diputado Matías Walker (DC) que proponía que las licencias transables de pesca clase A otorgadas a los industriales tuvieran una vigencia de 20 años (y no que fueran perpetuas). También establecía que el porcentaje de cuánto podían pescar cada año pudiera disminuir a través de licitaciones. El diputado Campos la votó en contra. Otro artículo buscaba que las licencias entregadas a los actores de la industria fueran temporales. Campos también la votó en contra. Lo que sí aprobó el diputado PPD fue un artículo que buscaba que las licencias fueran indefinidas. Y también dijo que sí a la propuesta de que las licencias fueran divisibles, transferibles y transmisibles, lo que permitía a las pesqueras hacer negocios.

Consultado por CIPER, Campos aseguró que hubo otros artículos que apoyó que beneficiaron al sector artesanal, pero que “acá en la región hubo un tremendo debate respecto de cierta incertidumbre que podía existir con las licitaciones. Cuando uno licita no sabe si se va a licitar a una pesquera de la región o de otra región. El movimiento de empleo o de trabajo se podía mover de una región o de otra… esta es una región que tiene mucho trabajo en las plantas, cada una de ellas tiene una cantidad relevante de empleo, y eso terminó inclinando la discusión”, argumentó.

El diputado descartó que sus dos campañas parlamentarias (2009 y 2013) hayan sido financiadas por las pesqueras, y también que él o sus familiares tengan algún tipo de nexo laboral con la industria. El diputado dice que su defensa de las plazas laborales que ofrecen las empresas pesqueras explica su cercanía con el sector.

El diputado Campos y su par de la UDI Jorge Ulloa, son los parlamentarios del Bio Bio que más aparecen en los registros fotográficos de las actividades de Asipes. Es habitual verlos en seminarios, celebraciones e inauguraciones de plantas de producción de la industria pesquera.

En el mismo correo del presidente de Asipes que menciona a Campos, Moncada hace alusión a una reunión que habría sostenido el ex subrecretario de Pesca de Patricio Aylwin, Andrés Couve, con un grupo de militantes de la DC: Felipe  Sandoval (ex subsecretario de Pesca, hoy presidente de Salmon Chile), Exequiel Silva (ex diputado, quien asesoraba a la bancada DC) y Mario Tapia (asesor del diputado Matías Walker durante la tramitación de la Ley de Pesca y asesor histórico de pesqueras). Los democratacristianos habrían concluido que en la Falange no estaban los votos para que las licencias fueran perpetuas, pero que había margen para que estas fueran renovables cada 20 años, como finalmente sucedió (ver nota al final de este reportaje).

Pero hay más correos. En marzo El Mostrador dio a conocer otro intercambio de emails entre los actores de la industria. El 31 de agosto de 2012 el abogado del estudio Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, Esteban Papic, le envió al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dos indicaciones que se habían redactado luego de una reunión en la que participaron varios actores de la industria pesquera.

Diputados Campos y Ulloa en inauguración sala de venta pesquera (2015)

En la cita, que se desarrolló la misma mañana del 31 de agosto de 2012, en plena tramitación de la ley, participaron el presidentes de Fipes, Carlos Vial; el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis; el ex subsecretario de Pesca del gobierno de Patricio Aylwin, Andrés Couve; el asesor de Matías Walker durante la tramitación de la Ley de Pesca, Mario Tapia; y el mismo Papic. En la ocasión se revisaron los artículos 143 y 143 bis, los que según El Mostrador definen las causales de caducidad de las licencias de pesca. Como se definieron causales “restrictivas”, era muy difícil que las licencias caducaran alguna vez. Lo que finalmente se aprobó en el Congreso es parecido a lo que se redactó entre los actores de la industria.

Tres días después de esa reunión, Francisco Mujica hizo llegar un correo al senador Orpis con el título “nuevas indicaciones 143 y 143 bis”. Aunque Orpis no presentó indicaciones, los correos en poder de la Fiscalía grafican la coordinación de los industriales que intentó influir los parlamentarios.

Un diputado que se ha visto afectado indirectamente por la filtración de los correos electrónicos de los dirigentes de la industria pesquera es Matías Walker (DC), quien durante la tramitación de la Ley de Pesca fue asesorado por el abogado Mario Tapia, el mismo que participó de la reunión con los representantes de la industria en que se redactó una indicación.

Consultado por CIPER, el diputado Walker aseguró que al momento de contratar la asesoría de Tapia le consultó si estaba vinculado a la industria pesquera, cosa que él negó. El legislador dijo que se conocen de la época del colegio, por lo que confía en su ética. “Yo presenté una indicación para que las licencias de pesca no fueran perpetuas. Y después en la sala se perdió. Esa indicación la redactó Mario Tapia. Nosotros propusimos que se licitara hasta un 50% de la cuota, lo que no quería la industria. Esa indicación la perdí, y también la redactó Mario Tapia”, aseveró Walker. “No tengo idea si él participó en reuniones con la industria. Pero a la industria no le gustaron nada las indicaciones que él redactó como asesor mío”, agregó el parlamentario.

Según fuentes de la DC, Mario Tapia no tiene una vida partidaria muy visible. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Pesca y desde el principio de su carrera ha estado ligado a la empresa privada. Entre 2002 y 2005 fue abogado interno de Pesca Chile – era propiedad del grupo español Pescanova, que participaba en Fipes -, y el resto del tiempo se ha desempeñado en estudios de abogados como Cariola, Diez, Pérez Cotapos, Estudio Carvallo y Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, donde es socio y se mantiene hasta hoy. En su biografía publicada en el sitio web del bufete se señala que “ha asesorado a importantes compañías y asociaciones en los rubros pesqueros y acuícolas siendo éstos su principal área de especialidad”.

La investigación por la arista Fipes contiene otro intercambio de correos electrónicos fechado el 12 de diciembre de 2012, días en que se votaron los acuerdos en la Comisión Mixta que se formó en el Congreso para resolver las discrepancias de la Cámara con el Senado. En ese email Valeria Carvajal, gerenta de Fipes, le escribe a los representantes de las empresas de esa organización gremial, y también al asesor Felipe Sandoval (DC): “Esto es lo que le pasé a Horvath y a su vez, Luis Felipe a otros”. Se referiría a Luis Felipe Moncada, de Asipes. En el correo viene adjunta una minuta que lleva por título “Tema patente”, y que es básicamente un instructivo de cómo votar.

En el texto se indica que se debe “rechazar artículo 16 transitorio”, “aprobar cambio de guarismo 3,3 a 4,2 en artículo 43 TER”. También se indica que la “solución para la menor recaudación: subir en la misma proporción al 43 BIS (TRG) y 43 TER (cuotas de pesca). Todo eso por periodo transitorio de 4 años”. Cuando la prensa le consultó al senador Antonio Horvath por estas indicaciones, dijo que había votado “justo en sentido contrario”.

Otro de los cuestionamientos a Horvath es por haber permitido el ingreso a la Comisión de Pesca del Senado, y a la Comisión Mixta -ambas instancias presididas por él-, de la gerenta general de Fipes, Valeria Carvajal, como su asesora. El senador dijo que lo hizo para resguardar que todos pudieran participar de la discusión.

Lo mismo hizo el diputado Jorge Ulloa (UDI), quien ingresó a la Comisión Mixta como su asesor al presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, y a Héctor Bacigalupo, de Sonapesca. El diputado Nino Baltolu (UDI)ingresó como asesor al dirigente gremial de Corpesca Michel Campillay.

LOS VÍNCULOS DE LAS PESQUERAS EN EL BIO BIO

La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) agrupa a casi todas las grandes pesqueras que operan en la zona centro sur del país: Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Bio Bio y Congelados Pacífico, Camanchaca, Blumar, Foodcorp y Landes. El presidente de la asociación gremial es un ex militante de la UDI Luis Felipe Moncada, quien fue una de las cartas gremialistas para ocupar la intendencia del Bio Bio luego de la renuncia de Jacqueline Van Rysselbergue en 2011. Fue seremi del Trabajo durante la dictadura y ya en democracia asumió la gerencia general de Asipes entre 1990 y 2013. Desde ese año preside la entidad gremial.

Los vínculos del gremialismo con Asipes son más amplios. Uno de los fundadores de la UDI y actual vicepresidente, Domingo Arteaga, es gerente general de Cannex y durante la tramitación de la Ley de Pesca en 2012 ejerció como director de Asipes. El diputado UDI por uno de los distritos del Bio Bio, Iván Norambuena, fue gerente de Operaciones de Alimentos Mar Profundo, empresa asociada a Asipes, aunque en la región dicen que en la práctica esa empresa ya no existe, ya que se fusionó con Pesquera Camanchaca y Pesquera Bio Bio para formar Cannex.

Diputado Jorge Ulloa con directores Asipes Alberto Romero, Jan Stengel y Domingo Jiménez en 2010.

Pero lo que ha levantado más polvareda ha sido el vínculo comercial del diputado Jorge Ulloa (UDI) -miembro de la Comisión de Pesca desde 2002-, con la ex Pesquera El Golfo (actual Pesquera Blumar). A mediados de 2015 el diputado Hugo Gutiérrez (PC) ingresó un oficio a la Comisión de Ética de la Cámara para que se revisara la situación de Ulloa, quien no se inhabilitó de votar la Ley de Pesca.

Ulloa tiene estrechos vínculos con dos sociedades que prestan servicios de transporte a las pesqueras. La primera es Cargo Service, sociedad creada en 1997 junto a  Eduardo Aravena Espinoza. En 2004 Ulloa y su esposa, Siomara Concha, salieron de la sociedad, la que pasó a ser administrada por Aravena y su mujer, María Luisa Urcelay.

Solo tres días después que Ulloa y su mujer abandonaran Cargo Service, las cónyuges de Ulloa y de Aravena formaron una nueva sociedad, que mantuvo el antiguo nombre pero que se transformó en sociedad anónima: Cargo Service, la que continuó prestando servicios a pesqueras. Ulloa se ha defendido indicando que con su mujer tiene separación de bienes, por lo que no habría conflicto de interés.

“Yo nunca he sabido nada, nunca me he metido en nada. Es una empresa de traslado de carga, presta servicios a cualquiera”, dijo Ulloa a CIPER. Agregó que su esposa se retiró del negocio “hace unos dos meses”. El diputado agregó: “Solo le puedo decir que efectivamente yo he estado en muchas industrias, las conozco, porque hay allí una gran cantidad de trabajadores, las he conocido y las he visitado… pero más allá de eso, no”. Consultado sobre si las pesqueras han financiado sus campañas, no lo descartó:

-No tengo ninguna situación anormal de la cual yo pudiera sentirme afectado. Si hubo financiamiento a mis campañas de las pesqueras pudo haber sido vía legal. De acuerdo a la legislación vigente. Yo no manejo el detalle de mis campañas.

Su ex socio Eduardo Aravena también es militante UDI: en 2011 figuraba como secretario regional del gremialismo en el Bio Bio. Fue condenado en 2009 por la utilización de boletas falsas en la contabilidad de su empresa Cargo Service entre 1998 y 2003, periodo en que Ulloa participaba directamente en el negocio (ver fallo del 3er Juzgado del Crimen de Concepción).

Al igual que el diputado Campos, Jorge Ulloa (UDI) se alineó con los intereses de la industria en los cuatro artículos de la Ley de Pesca revisados por CIPER. En la indicación que limitaba en 20 años las licencias a las grandes pesqueras, votó en contra. También se opuso al artículo que definía las licencias como “temporales” y aprobó el que establecía que fueran “indefinidas” y el artículo que les permitió a las pesqueras hacer negocios con sus licencias.

En la Región del Bio Bio también se ha apuntado a la diputada Clemira Pacheco (PS) como otra integrante de la Comisión de Pesca que habría tenido vínculos con la industria de la zona.  De hecho, antecedentes recogidos por CIPER indican que ella estaba en la nómina de parlamentarios investigados por el fiscal Arias.  Y se recuerda que en un momento fue acusada por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca de “darse vuelta la chaqueta” y tratar de influir para que se rechazara una indicación que ella misma presentó para favorecer a los pescadores artesanales.

Sin embargo, al menos en los artículos que revisó CIPER, Pacheco no votó siguiendo los intereses de las pesqueras industriales. Si bien no emitió su voto en la indicación del diputado Walker que buscaba fijar un tope de 20 años a las licencias para los industriales, sí votó a favor de la que definía las licencias como “temporales”. Votó en contra del artículo que establecía licencias “indefinidas” para la industria, y en contra de otro que les permitía hacer negocios con las licencias otorgadas.

PAGOS EN LA PATAGONIA

Una tercera arista es la que hoy comanda el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, quien investiga los pagos realizados desde la gremial que agrupa a las empresas del sur austral (Fipes) hacia parlamentarios de la región. Por ahora, están sobre la mesa las transferencias de dinero a solicitud del senador Patricio Walker (DC) que tenían como finalidad financiar al diputado Iván Fuentes en su pre campaña parlamentaria.

Las empresas pesqueras que reinan en Aysén están todas vinculadas a la familia Del Río. Oficialmente forman parte de Fipes las empresas Friosur, Emdepes y Pesca Chile. De esas tres, solo las dos primeras subsisten.

Valeria Carvajal, gerenta Fipes (Fuente: iisd.ca)

Friosur es un holding que engloba a Pesquera Grimar, Salmones Friosur y que adquirió las cuotas de merluza que pertenecían a Pesca Chile (era propiedad del grupo español Pescanova, que quebró en 2013). Emdepes pertenece a los japoneses Nippon Suisan América Latina, pero también tiene vínculos con las empresas de la familia Del Río (ver reportaje El lobby de Iván Fuentes para incluir en la Ley de Pesca una norma que benefició a empresas que lo financiaron).

Esta hebra se destapó luego de que Informe Especial (TVN) hiciera públicos una serie de correos electrónicos y datos contables de Fipes, los que revelaron traspasos de dinero que beneficiaron al diputado independiente Iván Fuentes, a través de dos vías: mediante el Consejo de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), sindicato en el que participaba Fuentes,  y a través del senador de la región Patricio Walker.

Otros correos electrónicos entre dirigentes de Fipes entregan luces de las gestiones del senador Walker para financiar las actividades de Iván Fuentes, incluida su campaña parlamentaria. En una cadena de emails enviados el 4 de abril de 2013, la gerente de Fipes, Valeria Carvajal, y el vicepresidente de la gremial y presidente ejecutivo de Emdepes (del grupo Nissui), Mario Inostroza, se preguntan el porqué del depósito de $1 millón a la cuenta de Carlos Vial, entonces presiente de Fipes.

A las 11:48 horas de ese día Carvajal le escribe a Inostroza: “Ese cheque a nombre de Carlos corresponde a la tercera cuota de 1 millón que CV (Carlos Vial) se comprometió con Patricio Walker y que acordamos que no se le depositara directo a PW, sino que a través de CV”. Pocos minutos después Inostroza responde que no sabe a qué se debe el pago, a lo que Carvajal replica: “Mi conclusión, sin tampoco tener respuesta directa de Carlos, es que es para financiamiento de campaña de Iván Fuentes de diputado por la XI…”. Fuentes y Walker reconocieron que era para eso.

En junio de 2013 hubo nuevos aportes. Así lo revela un email del 20 de ese mes. Mario Inostroza le explica a Seiji Takahashi que el “señor Del Río” solicitó una donación para “apoyar la candidatura a diputado de Iván Fuentes, pescador y dirigente artesanal de la XI Región”. En ese mismo correo le explica que la idea es que el total de $12 millones sea pagado en partes iguales por Friosur y por Nissui. Para ello le propone una fórmula: hacerlo desde las filiales salmoneras de ambas empresas (“por lo ocurrido con Corpesca”) y a través de boleta de honorarios de un estudio de abogados.

Cinco días después, el 25 de junio, un hermano del senador Walker, Tomás Walker, envió a Tomás Pumarino, entonces director de Friosur, una boleta por $6 millones a nombre de Alejandro Correa Rivera, entonces abogado de su estudio Walker y Valdivia Abogados. Ese mismo estudio tiene un pago rectificado desde Inversiones Caburga (Grupo Said), por una boleta sin respaldo emitida en 2009.

El aporte a Fuentes tuvo su recompensa. En marzo de 2014 el senador Patricio Walker y el diputado Iván Fuentes se reunieron con Valeria Carvajal, de Fipes, quien luego envió una minuta sobre la cita a la plana mayor de la entidad gremial. En el texto asegura que en la reunión Walker y Fuentes se habrían definido como “nuestros aliados”, y que Walker se mostró especialmente atento, que incluso llamó al ministro de Economía para solicitar una audiencia para Fipes. Fuentes, por su parte, les entregó consejos de cómo mejorar su imagen pública. Al final de la minuta escrita por Carvajal, esta señala que el jefe de gabinete de Fuentes “es Marco Ferrada, antiguo colaborador de R. Azócar con quien tengo muy buenas relaciones. Nos vamos a poner de acuerdo para armar una buena minuta para Iván”.

Fipes no solo financió parte de la campaña de Iván Fuentes, sino que también inyectó millonarios recursos a la cuenta de la Corfapa, los que estuvieron coordinados por Rodrigo Azócar, asesor de la entidad sindical, y quien gozaba de buena llegada entre las pesqueras del sur austral, a juzgar por los correos electrónicos que hoy están en poder del Ministerio Público. De hecho, según los datos contables de Fipes, solo en 2012 se entregaron $123 millones a pescadores artesanales.

Senador Patricio Walker

En varios emails se aprecia como Azócar es insistente en solicitar recursos. Hay uno fechado el 13 de abril de 2012 -justo un  mes después de que se apaciguara la protesta regional que ese año catapultó a la política a Iván Fuentes-, donde Valeria Carvajal le informa a los representantes de las empresas pesqueras que Rodrigo Azócar está solicitando $12 millones para financiar una pauta de actividades de Iván Fuentes y Misael Ruiz, otro de los voceros que resaltó en ese movimiento social.

Un mes después, el 7 de mayo de 2012, Valeria Carvajal le vuelve a escribir a los miembros de Fipes que Azócar solicita ahora $2 millones por empresa para cubrir los gastos de un viaje de Fuentes y Ruiz a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Otro correo fechado el 11 de octubre de 2011 enviado desde Aycón Consultores (empresa de Azócar) a Valeria Carvajal, señala: “A solicitud de don Rodrigo le entrego los datos para el depósito, según lo conversado con don Carlos Vial (presidente de Fipes) y Rodrigo Azócar”, y pasa a entregar los datos de la cuenta corriente de Azócar en Banco Estado, señalando que el monto a pagar será de $20 millones.

Hay un dato que figura en la investigación a SQM que también apunta a pesqueras del sur austral y que era desconocido hasta ahora. El 29 de abril de este año declaró en Fiscalía Gilda Schiaffino, quien fuera tesorera del PRI desde 2011, quien afirmó que los dineros que se recibieron desde SQM y empresas del Grupo Angelini los solicitó Adolfo Zaldívar (fundador del PRI, fallecido en 2013). En su declaración también reconoció pagos de dos empresas pesqueras  cuando le mostraron un correo electrónico del 12 de noviembre de 2012 donde el asesor de Zaldívar, Juan Carlos Osega, le manda los datos para que Julieta Cruz (boletera vinculada al PRI y a Adolfo Zaldívar) emita dos boletas a las empresas Acuinova Chile y Nova Austral. Según se lee en el email estas debían ser por $5,5 millones cada una y la glosa debía indicar «informes en derecho».

En ese correo hay registro de que el mismo día la secretaria de la gerencia general de Acuinova Chile, Oriana Torrens, le envió esos antecedentes a Osega. En ese correo electrónico le indica: «Don Juan Carlos, estos eran los datos, sino avíseme», y le entrega los rut y las direcciones de ambas sociedades. En esos momentos Zaldívar era el embajador de Chile en Argentina, nombrado por Sebastián Piñera.

Acuinova Chile y Nova Austral en 2012 pertenecían a la pesquera española Pescanova (la que formaba parte de Fipes), pero luego de que ésta cesara sus actividades en el país, el grupo de inversión europeo Altor and Bain Capital resucitó a Nova Austral, la que hoy está transformada en la salmonera ubicada en la zona más austral del mundo (tiene sus oficinas en Porvenir).

N. de la R.: La versión original de este reportaje menciona por error una reunión entre Luis Felipe Moncada, de Asipes, y un grupo de militantes DC. Si bien Moncada hace referencia a la reunión de los democratacristianos en un correo electrónico, él no habría participado, tal como se señala en la nota de La Tercera que cita el correo.