CIPER DETECTÓ SOSPECHOSOS DINEROS DIRIGIDOS A MISTERIOSO PERSONAJE DE INICIALES “NM”
Los negocios ocultos que unen a Patricio Cordero y CAVAL detrás del millonario negocio en Machalí
27.08.2015
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CIPER DETECTÓ SOSPECHOSOS DINEROS DIRIGIDOS A MISTERIOSO PERSONAJE DE INICIALES “NM”
27.08.2015
El ex administrador municipal de Las Condes y Santiago, Patricio Cordero, ha sido hasta ahora un protagonista de tercera línea en el millonario negocio inmobiliario realizado en Machalí por CAVAL, la sociedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. CIPER descubrió otros negocios entre CAVAL y Cordero, que involucran a municipalidades y servicios de salud de la Región Metropolitana, entre otros. Esos antecedentes revelan que CAVAL e Inversiones y Asesorías Lo Beltrán, la sociedad familiar de Cordero, ya desde 2012 se habían asociado para realizar “proyectos mineros”, “de salud” y de “asesoría financiera”.
Allí se abre una ventana a la activa relación comercial que existió en 2012 y 2013 entre CAVAL y Lo Beltrán. Negocios que CIPER pudo constatar al revisar correos electrónicos, copias de transferencias bancarias y documentación contractual entre ambas sociedades. La información da cuenta de algunas de las transacciones que originaron esos negocios y también de posibles irregularidades. Como las que envuelven a un misterioso señor “NM” y que se relacionan con un millonario contrato en Maipú.
Es probable que todos estos antecedentes abran una nueva arista en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Rancagua, la que indaga posibles ilícitos tributarios, negociación incompatible y cohecho, en el desarrollo de la operación inmobiliaria que involucró a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Esos antecedentes muestran, además, que Patricio Cordero sí participó del reparto de utilidades del negocio en Machalí.
En abril de 2013, tuvo lugar una reunión clave en la Municipalidad de Machalí. Todos los convocados tendrían un rol protagónico en el polémico negocio inmobiliario que estallaría casi dos años más tarde en el corazón de La Moneda. Allí se encontraron Mauricio Valero, uno de los dueños de la empresa CAVAL, socio de Natalia Compagnon; el gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda y el ex administrador de las municipalidades de Las Condes y Santiago, Patricio Cordero Barrera. También asistieron el hoy destituido director de Obras, Jorge Silva Menares, y la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina de Patricio Wiesner del Solar –uno de los socios de Wiesner S.A., dueña de los terrenos que compraría más tarde CAVAL– y desde agosto de 2012 funcionaria a honorarios del municipio de la Sexta Región.
El rol de Patricio Cordero en esa reunión en la Municipalidad de Machalí era importante. Tal como reveló CIPER, Cordero y Valero se conocían desde hacía 15 años, lapso en el que desarrollaron proyectos en conjunto (ver reportaje). Pero el nexo principal y más antiguo de Cordero era con Juan Díaz, a quien conoció cuando ambos militaban activamente en la UDI y formaban parte del círculo más estrecho de Joaquín Lavín y Pablo Longueira.
Juan Díaz, en tanto, había sido contratado por el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, para buscar compradores de los terrenos de la familia Wiesner y realizar gestiones para cambiar el uso de suelo de esos terrenos y con ello aumentar varias veces su valor. Por esos trabajos, Díaz recibió de parte del síndico $415 millones.
Fue a través de esa trama de relaciones que Patricio Cordero consiguió atraer a los dueños de CAVAL al negocio inmobiliario en Machalí. Según la declaración que entregó Natalia Compagnon a la Fiscalía, la dupla Díaz–Cordero recibiría el 50% de las ganancias de la reventa que CAVAL haría más tarde de esos mismos terrenos. Aunque Cordero negó esa versión, lo cierto es que luego de que CAVAL adquirió los terrenos en Machalí, Juan Díaz selló un acuerdo con la sociedad de Compagnon y Valero para la reventa de esos predios, gracias al cual recibió dos cheques en garantía: uno por $530 millones y otro por $282 millones, los que aún no han sido cobrados.
La cita en la municipalidad resultó decisiva para los planes de CAVAL. Allí Valero se enteró del estado de las gestiones para el cambio de uso de suelo y de los plazos estimados para esa operación. Además, estrechó lazos con Juan Díaz. Desde entonces, Valero, Cordero y Díaz, potenciarían sus nexos políticos y contactos para concretar el millonario negocio inmobiliario, los que serían reforzados por la socia de Valero: Natalia Compagnon. “Juan Díaz me dijo que era como socio de Valero y que había harta gente participando en este negocio”, afirmó Cynthia Ross ante el fiscal Luis Toledo, a fines de junio.
El vínculo entre Patricio Cordero y CAVAL no era nuevo. Su amistad con Valero y los proyectos que ambos habían emprendido, al menos desde 2008, sólo fueron la antesala de una serie de otros negocios. En 2012 –antes de que la sociedad de Compagnon y Valero se interesara en el negocio de Machalí– CAVAL ya había contratado los servicios de Inversiones y Asesorías Lo Beltrán, sociedad familiar de Cordero, la que desde entonces los asesoró en la ejecución de variados negocios.
Distintas versiones recogidas por CIPER apuntan a que Mauricio Valero, en la época en que se desempeñó como director de la empresa informática Tech Data, también habría hecho negocios con Banigualdad, entidad de microcréditos creada en la campaña presidencial de Joaquín Lavín en 1999, y de la que Patricio Cordero fue gerente general.
El vínculo entre CAVAL y Lo Beltrán quedó al descubierto tras una publicación de El Mercurio, en la que se dio a conocer una querella criminal interpuesta por Patricio Cordero en contra de su contador, Roberto Castro, y del propio Valero, por “falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso”.
En el libelo, Cordero acusa a ambos de haber emitido entre agosto de 2012 y marzo de 2014, nueve facturas “ideológicamente falsas” de Lo Beltrán, por un total de $160 millones, las que habrían sido ingresadas a la contabilidad de CAVAL sin su autorización ni conocimiento “con el único objeto de justificar gastos en la contabilidad de la sociedad de Valero y rebajar su base imponible para efectos tributarios”. Es decir, Cordero afirma no haber recibido jamás esos dineros.
La querella interpuesta el 1 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Rancagua, sorprendió a Roberto Castro. Hasta ese día y desde hacía 10 años, Castro era el contador de Cordero. Entre ambos se entabló una relación de amistad, la que se inició en 1992, cuando Castro se desempeñaba como contador de la Municipalidad de Las Condes y Cordero llegó allí como administrador del municipio, entonces liderado por Joaquín Lavín, cargo que mantuvo hasta 1999.
CIPER intentó conocer la versión del contador Roberto Castro, pero éste rechazó referirse a la querella.
La acusación presentada en tribunales por los abogados de Patricio Cordero (Carlos Cortés e Ignacio Schwerter), es otro de los elementos clave que tiene en sus manos el fiscal Luis Toledo para desentrañar los posibles ilícitos cometidos por los protagonistas del negocio inmobiliario en Machalí.
Los antecedentes que encontró CIPER indican que, en los años 2012 y 2013, Cordero y Valero tuvieron una nutrida relación comercial. De esos negocios quedó registro en decenas de correos electrónicos. Llama la atención el lenguaje coloquial y de confianza que ambos ocupan cuando, por ejemplo, Valero le pide a Cordero emitir facturas por distintos servicios: “proyecto minero”, “proyecto salud” y “asesoría en gestión comercial”, entre otros.
De los ingresos que esos negocios les reportaban, dan cuenta al menos ocho transferencias electrónicas realizadas desde CAVAL hacia Lo Beltrán por $135 millones. De esos dineros CIPER también encontró un registro en los correos electrónicos que revisó. En uno de ellos, de enero de 2013, Mauricio Valero le pide a Patricio Cordero emitir dos facturas, una por $60 millones, correspondiente a un “proyecto minero” y otra por $20 millones, por “asesoría en gestión comercial”.
Los documentos que tuvo a la vista CIPER, indican que en 2013 la relación comercial entre CAVAL y Cordero se intensificó. Así lo evidencian dos contratos suscritos entre CAVAL y Lo Beltrán. El primero de ellos, habría sido firmado en septiembre de 2013. Allí se lee que Lo Beltrán “prestará labores de asesoría comercial para todo el país en los proyectos y servicios eléctricos que CAVAL desarrolla”. Y Lo Beltrán se compromete a “mantener informado a CAVAL del progreso de las gestiones que realice y a gestionar y coordinar las reuniones con clientes del sector público y privado hasta la etapa de cierre del negocio”. Por esos servicios CAVAL le cancelará a Lo Beltrán honorarios netos correspondientes al “20% del valor del proyecto”.
En un segundo contrato de 2014, se lee que a Lo Beltrán le corresponderá: “asesoría comercial para todo el país en los proyectos del área minera y asesoría en gestión financiera y de negocio que CAVAL desarrolla”. También cambia la fórmula para calcular el monto que se le pagará a Cordero: “Los honorarios que CAVAL cancelará por el desarrollo de la asesoría serán de $20 millones”.
En ambos se establecen cláusulas de confidencialidad, en las que Lo Beltrán “se compromete a guardar absoluta reserva y sigilo sobre el contenido de las conversaciones, conferencias, datos y cualquier otra información a la que pueda tener acceso en el desempeño de los servicios”.
Los dos contratos hablan de los negocios que ya tenían en perspectiva los dueños de CAVAL a principios de 2013. La constatación de que efectivamente en esos días estaban explorando proyectos, al menos en el área minera, está en el correo electrónico que el entonces gerente de Proyectos de CAVAL, Sebastián Dávalos Bachelet, escribió a su esposa, Natalia Compagnon, y a Mauricio Valero el 26 de abril de 2013: “Tenemos interesados en todo tipo de inversiones mineras”.
El email hacía referencia a una auspiciosa conversación por Skype que Dávalos había tenido con un empresario francés, interesado en buscar oportunidades mineras en Chile, y que le pidió, a través de un correo electrónico: “Operaciones mineras, preferentemente a punto de producir o ya produciendo, que necesite inversiones (hierro, cobre, carbón, oro y posiblemente plata)”. El inversionista francés también se mostró interesado en el negocio petrolero: “Si tienes gente interesada en comprar petróleo (actores del mercado industrial chileno), tenemos acceso a una inmensa cantidad, gracias a mi jefe”.
Frente a la posibilidad de emprender negocios en conjunto, el mensaje del empresario francés a Dávalos fue claro: “Es clave encontrar gente confiable y evitar depender de una larga cadena de intermediarios”.
En el cúmulo de correos entre Patricio Cordero y Mauricio Valero revisados por CIPER, aparecen tres que llaman la atención. El primero, fechado el 18 de octubre de 2012; el segundo, el 19 de marzo de 2013 y el tercero, el 6 de diciembre del mismo año. En todos aparece una enigmática pista: las iniciales “NM”, nomenclatura que indica el nombre y el apellido del destinatario final de parte de los dineros transferidos por CAVAL a Lo Beltrán durante ese año.
En el primer correo electrónico, Valero le adjunta a Cordero el comprobante de una transferencia electrónica por $20 millones, hecha por CAVAL a Lo Beltrán, con la glosa “proyecto salud”. En el “asunto” del correo, Valero escribió: “Pago abono proyecto NM”.
En el segundo, Mauricio Valero le adjunta el comprobante de una transferencia por $5 millones de CAVAL a Lo Beltrán, con la glosa “asesoría marzo”, y le pide “utilizar los fondos para NM”. En la respuesta de Patricio Cordero se lee: “Muchas gracias, esta es la forma de mantener la moral de la tropa en alto y productiva… dele por favor”. Al final y entre paréntesis escribió a modo de despedida: “Pablo Emilio Escobar Gaviria”.
En el tercer correo, casi nueve meses después del último, es Patricio Cordero quien nuevamente urgido le pide al socio de CAVAL fondos “para terminar de pagar el compromiso con NM, que está loco exigiendo lo que falta!!”. El “asunto” de ese correo electrónico lleva, además, como título “Maipú”.
Para descifrar al misterioso señor “NM” es necesario examinar la actividad comercial desplegada por CAVAL en ese período. Y allí aparece que entre abril y diciembre de 2012, CAVAL le prestó servicios de “promoción y marketing” por $170 millones a la empresa informática Saydex. No se sabe con qué ayudas contó Saydex, pero lo cierto es que ganó tres suculentos contratos por $3 mil millones para instalar uno de sus software de gestión hospitalaria en la Postal Central y en los hospitales San Borja y de Maipú, los tres pertenecientes a la red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC).
En las fechas en las que CAVAL prestó asesorías a Saydex, el director del SSMC era el enfermero matrón Nibaldo Mora, quien además se desempeñó desde junio de 2011 como “gerente de proyecto” del Hospital de Maipú (Hospital El Carmen) cuando éste estaba en plena construcción.
Los antecedentes revisados por CIPER sugieren que los trabajos que CAVAL realizó para Saydex en distintos hospitales, los hizo de la mano de Lo Beltrán, la empresa de Patricio Cordero. También, que el contacto clave entre el cliente de CAVAL (Saydex), y el ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, habría sido el propio Cordero, quien habría conocido a Mora en la UDI, y mucho antes de que Saydex se adjudicara la licitación en los tres hospitales.
Cabe señalar que en 2011 –antes de que se constituyera la sociedad CAVAL– Saydex ya había firmado un contrato con el Servicio de Salud Metropolitano Central. Así lo dio a conocer el gerente general de la empresa informática, Juan Rodríguez a El Mercurio: “A Nibaldo Mora lo conocí en 2011 cuando nos contrató para solucionar un problema que tenía con una empresa que le había prestado un sistema en consultorios”.
Según los antecedentes revisados por CIPER, la gestión de CAVAL de la mano de Lo Beltrán, le despejó el camino a Saydex para consolidar su expansión en los centros asistenciales del SSMC, la que se selló con el contrato en 2012 por $3 mil millones para implementar sus sistemas informáticos en la Posta Central y los hospitales San Borja y Maipú.
Saydex, con 12 años en el mercado, tiene instalados sus software de gestión hospitalaria en más de 500 establecimientos del país. Entre ellos, el centro de salud familiar (CESFAM) dependiente de la Municipalidad de Machalí. El contrato data del 6 de agosto de 2013 –casi cuatro meses después de la estratégica reunión a la que acudió Cordero, Valero y Díaz al municipio de la Sexta Región- y lleva la firma del alcalde José Miguel Urrutia (UDI).
Nibaldo Mora no es un nombre nuevo para el fiscal del Caso CAVAL. Al menos desde fines de marzo, Mora ya estaba en el radar del Ministerio Público. Por ello, cuando Natalia Compagnon concurrió a la Fiscalía de Rancagua el 9 de abril, el fiscal regional Luis Toledo le preguntó si conocía al enfermero matrón. La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet respondió que no, aunque reconoció que sí había escuchado su nombre: “Se lo he escuchado a Mauricio (Valero) en el tiempo de Saydex (…) se trataba de unas licencias de software para hospitales”, señaló.
Consultado respecto de su vínculo con Saydex y Valero, Mora señaló en abril pasado a La Tercera que en las licitaciones realizadas a través de Chile Compras no existía espacio para que terceras partes consiguieran comisiones. “Recuerdo que Saydex es una empresa informática que ganó licitaciones, pero no recuerdo al señor Valero”, dijo.
La vida de Nibaldo Mora ha estado desde hace mucho tiempo ligada a la política. Fue concejal por la UDI en Peñalolén durante dos periodos (1992-2000) y luego concejal de la Municipalidad de San Ramón (2000-2004). También se desempeñó en el municipio de Curacaví como director de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) hasta 2007. En mayo de ese año, fue nombrado administrador del municipio de Hijuelas (Región de Valparaíso). Pero el nuevo cargo le duró poco. En diciembre de 2007, la alcaldesa de la comuna, Verónica Rossat (UDI, aún se mantiene en su cargo), lo destituyó. Según publicó El Mercurio de Valparaíso, la salida de Mora se debió a una “serie de acontecimientos irregulares, entre los que se incluye el uso de vehículos municipales para fines particulares y otras faltas”.
En 2010, Nibaldo Mora aparece como jefe de gabinete del ex subsecretario de redes asistenciales, el médico cirujano Luis Castillo Fuenzalida. En enero de 2012, fue nombrado director del Servicio de Salud Metropolitano Central y ese mismo año tuvo una activa participación como “gerente de proyecto” en la construcción del Hospital El Carmen de Maipú, inaugurado en diciembre de 2013. Pocos meses antes, en agosto, Mora fue nombrado director del Hospital San Carlos (Región del Biobío), cargo que dejó en marzo de 2014.
En marzo de 2013, la Contraloría General de la República investigó una serie de denuncias por “eventuales irregularidades en el proceso de licitación para el servicio de Business Process Management en el proyecto Hospital de Maipú”, adjudicada en 2011 a la empresa Software A.G. España. Esecontrato se adjudicó cuando Nibaldo Mora era el gerente de proyecto del Hospital de Maipú.
La fiscalización de la Contraloría detectó una serie de anomalías. Entre ellas, que las bases de la licitación eran poco precisas y que la evaluación –llevada a cabo por un equipo encabezado por Nibaldo Mora– contempló parámetros no estipulados en el marco regulatorio: “Las bases no incluyeron mecanismos objetivos de medición de los criterios de evaluación, por lo que dicha comisión elaboró una pauta para calificar que contempló parámetros que no se encontraban incluidos dentro de las bases de licitación y, por ende, fue información desconocida para los interesados al momento de ofertar”.
El informe de la Contraloría hace mención a dos irregularidades más graves: que la asignación de puntajes no se ajustó a lo consagrado en las bases y que “la orden de compra se emitió con anterioridad a la suscripción y aprobación del convenio respectivo”.
El nombre de Mora aparece mencionado en otro acápite del informe del organismo contralor. En ese párrafo se cuestiona que el Servicio de Salud Metropolitano Central haya cofinanciado un “diplomado en gestión” en la Universidad Andrés Bello a Nibaldo Mora, pues “el funcionario inició su participación en éste antes de que el trámite administrativo de autorización de dicho beneficio se encontrara totalmente formalizado”.
Actualmente Mora se desempeña como coordinador de campos clínicos en la Universidad UCINF (anteriormente Universidad Ciencias de la Información).
Saydex no fue el único ni el principal cliente de CAVAL en 2012. Ese también fue el año en que la sociedad de Compagnon y Valero le prestó asesorías en materia minera, portuaria e inmobiliaria a Inversiones Graneles, propiedad del empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha, por un total de $1.348 millones. En su declaración a la Fiscalía, el propio Vial reconoció que “algunos de esos proyectos estaban sobrevalorados” y que “no obtuvo grandes beneficios de esos negocios”.
Según publicó CIPER a fines de febrero (ver reportaje), los ingresos de CAVAL en 2012 totalizaron $1.531 millones. El 90% de esos ingresos proviene de Inversiones Graneles. El 10% restante de las asesorías a Saydex.
A diciembre de 2012, y según el estado de resultados anual de la empresa de Compagnon y Valero, de los más de $1.500 millones que CAVAL ingresó a sus arcas, $650 millones se destinaron a pagar “asesorías en gestión”. Aunque no se conoce con exactitud el monto total, parte de esos dineros tuvieron como destinatario a Lo Beltrán, la sociedad de Cordero.
Lo facturado por CAVAL en 2013 fue dramáticamente menor. Sólo tuvo ingresos por $83 millones. Aunque no hay claridad respecto de esos dineros, según la información que tuvo a la vista CIPER, en enero de 2013 Cordero y Valero estuvieron trabajando en un ambicioso negocio que involucraba a decenas de municipios de Santiago.
En un correo electrónico de enero de 2013, Patricio Cordero le comenta a Sandra Ulloa –trabajó con Valero en Tech Data y realizó labores para CAVAL– que acaba de programar una reunión para marzo con el gobernador de Talagante (Marco Zamora Bombal, UDI): “Vengo llegando de Peñaflor y nuestro contacto es amigo del gobernador de la Provincia, así que quedamos con una reunión para marzo y meter todas las municipalidades que están en esta circunscripción”. La circunscripción a la que se refiere Cordero es Santiago Poniente, la que incluye a más de 30 comunas de la Región Metropolitana.
“Eris (sic) seco, por eso eres nuestro líder, definitivamente un banco de redes de contacto humano (…) ¿cuándo haremos la lista de Shindler de los municipios?”, le respondió Sandra Ulloa, quien en julio de ese mismo año recibió más de $2 millones de CAVAL por sus servicios. Ulloa, según el gerente general de Saydex, fue la persona que lo llamó para ofrecerle los servicios de CAVAL.
En ese mismo intercambio de correos entre Ulloa y Cordero, la primera le pide ayuda al ex administrador municipal aparentemente para encontrarle trabajo a su prima, relacionadora pública de profesión. Cordero le responde: “Hablo con Jorge Romo y te aviso”. Al igual que Cordero, Jorge Romo Olavarría también formó parte del círculo más estrecho de colaboradores de Joaquín Lavín. Fue su asesor de prensa durante 13 años y tuvo un rol protagónico en la campaña presidencial de 1999 que enfrentó a Lavín y Ricardo Lagos. El intercambio de correos entre Cordero y Ulloa, se produjo cuando Romo se desempeñaba como asesor de prensa en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en el gobierno de Sebastián Piñera.
Del proyecto que involucraba a las municipalidades de Santiago Poniente no se habló más en los correos electrónicos posteriores que intercambiaron Patricio Cordero y Mauricio Valero. A partir de abril de 2013 –con excepción de los correos en los que se habla de “NM” y otros pocos– el proyecto Machalí se convirtió en el negocio principal para Cordero y CAVAL.
En esos mensajes, Cordero le hace ver insistentemente al socio de CAVAL que los plazos apremian. “Juanito (Juan Díaz) me pide que tomemos conciencia de que Machalí tiene un tiempo límite que es la publicación de la modificación del PRC (Plan Regulador Comunal), porque ahí no habría cómo mantener el precio actual con el síndico”, le escribió en abril de 2013, justo el mes en que tuvo lugar la estratégica reunión en la Municipalidad de Machalí a la que asistió Valero, Cordero, Díaz, Cynthia Ross y Jorge Silva Menares.
De ahí en adelante, Valero a través de distintos emails le informa a Cordero de los plazos, las tratativas y los avances en la obtención del crédito con los bancos. Y en mayo de 2013 le comenta: “Todo viento en popa. Necesito nos reunamos para tener claridad de los montos y participaciones a considerar, debo tomar decisiones de costos involucrados en la operación que estoy manejando (…) Ya mi empresa matriz (CAVAL) está aprobada para la operación con aval personal, así es que estoy matriculando 100% el patrimonio corporativo”.
Un día antes de la polémica reunión que sostuvo el 6 de noviembre de 2013 Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic –banco que en circunstancias aún poco claras le otorgó un crédito por $6.500 millones a CAVAL para la compra de los terrenos en Machalí– Patricio Cordero le escribió a Valero preocupado: “Don Mauricio, ¿Más tranquilo? ¿Hay novedades?”. En su respuesta, Valero puso paños fríos: “Vamos a toda presión, pero bien. Ya apareció barba azul”.
En enero de 2014, a solo días de que CAVAL cerrara la compra de los terrenos de Machalí, Patricio Cordero se urgió y le escribió a Valero: “¿Cuándo será CAVAL el propietario? No me olvides, que yo también tengo velitas en ese entierro”. “Olvidar jamás (…) espero podamos celebrar la próxima semana la primera etapa… la compra”, le respondió Valero.
A la luz de los antecedentes revisados por CIPER y de la propia investigación de los negocios anexos que tejieron Patricio Cordero y CAVAL, la querella presentada por Cordero en contra de su contador, Roberto Castro y de Valero, por haber emitido nueve facturas de Lo Beltrán por $160 millones, “sin su autorización”, plantea varias interrogantes.
La primera de ellas es qué buscó Patricio Cordero con su acción judicial. Una posibilidad es que, con esa querella, Cordero haya querido eliminar ante la justicia todo vínculo con el origen de los $160 millones que involucran esas facturas. Si fuera así, no le será fácil, porque al menos en uno de esos documentos quedó su huella.
En un correo electrónico enviado por Mauricio Valero a Patricio Cordero en julio de 2013, el socio de CAVAL le adjunta el comprobante de una transferencia electrónica por $5 millones, cuya glosa señala: “Factura 125, Inversiones Lo Beltrán”. Pues bien, esa factura 125 es precisamente una de las nueve que Cordero acusa haber sido emitidas “sin su consentimiento”.
Actualmente, la Fiscalía de Rancagua intenta establecer la existencia de los delitos de cohecho, traspaso de información privilegiada y negociación incompatible en la compleja trama que envuelve al Caso CAVAL. El 14 de agosto, el fiscal regional, Luis Toledo, anunció que en dos meses resolverá eventuales formalizaciones. Patricio Cordero ya declaró ante la fiscalía, aunque su testimonio aún se mantiene bajo secreto. Se espera que Mauricio Valero lo haga en los próximos días.
Nota de la Redacción: Por medio de una carta enviada a CIPER, la Universidad UCINF informó que Nibaldo Mora trabajó allí como asesor de campos clínicos hasta el 19 de marzo de 2015.