Los problemas que impidieron a Piñera inaugurar el emblemático edificio Moneda Bicentenario
17.03.2014
Pese al intenso trabajo desplegado en los últimos meses por el gobierno de Sebastián Piñera para inaugurar todas las obras emblemáticas iniciadas en su período, hubo una de las más importantes cuya cinta el Presidente no pudo cortar: el Edificio Moneda Bicentenario. A tres días del cambio de mando, el Presidente no se aguantó y el sábado 8 de marzo visitó el avance de las obras y dejó una placa que registra para la historia que es parte de su herencia. “Obra realizada durante el gobierno del Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera Echenique. Marzo 2014”, se lee en la fachada del edificio.
El inmueble se levanta frente a la esquina norponiente de La Moneda, en uno de los últimos sitios que faltaba llenar para terminar el barrio cívico de Santiago, proyectado por el arquitecto austríaco Karl Brunner en la década de 1930. Fue la primera obra del programa Legado Bicentenario en iniciarse y debería haber sido entregada en agosto de 2013, pero diversas complicaciones la fueron retrasando. En calle Moneda, entre Teatinos y Almirante Gotuzzo, se puede observar cómo aún se trabaja en el edificio. Si bien la cara que da hacia el palacio de La Moneda está prácticamente lista, son sus otros ángulos los que aún faltan por terminar y donde los andamios siguen en pie.
El edificio de diez pisos y 39 mil metros cuadrados, tiene un helipuerto en el nivel superior, zócalo y tres subterráneos con estacionamientos. Una de sus características distintivas es que tendrá un paseo peatonal subterráneo que lo unirá con el Palacio de la Moneda. Su habilitación requirió de un decreto especial que permitiera las conexiones subterráneas entre dos inmuebles y el cambio legal benefició de paso a un proyecto vinculado al asesor del Ministerio de Vivienda que lo tramitó (ver reportaje de CIPER).
El paso subterráneo es importante porque el edificio alojará dependencias de ministerios que tienen su sede en La Moneda: Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. También habrá oficinas del Registro Civil y de la Contraloría General de la República, entidad que ha jugado un doble rol: como futura inquilina y como fiscalizadora. No sólo ha hecho reparos a las obras, sino que también ha debido terciar en las diferencias entre la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el Consorcio RSN, a cargo de la construcción.
Fue a fines de enero de 2011, que la Dirección de Arquitectura del MOP aprobó las bases para la licitación pública del Edificio Moneda Bicentenario. El presupuesto estimado fue de $35.900 millones, contemplaba un plazo de 750 días para su construcción y no exigió a los postulantes estar inscritos en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, permitiendo también la postulación a consorcios. En otro de los acápites se estipuló que para su edificación se utilizaría el Sistema de Pago Contra Recepción, que consiste en que el pago se realiza de acuerdo al recibo de las etapas de la obra que han sido acabadas, fiscalizadas y que tengan el visto bueno para ser entregadas.
El 7 de febrero de 2011 se aceptó la inscripción de 18 empresas para participar en el proceso. Finalmente, el Consorcio Constructores RSN se adjudicaría el proyecto. La reducción del plazo y del costo fue clave para que esa empresa se quedara con el contrato (ver documento de adjudicación). El consorcio fue constituido especialmente para la licitación por tres empresas: Nadic, Serinco y RVC. Esta última está ligada a las sociedades que participaron en el lucro y los ilícitos de sociedades relacionadas a la Universidad del Mar que aún investiga el Ministerio Público (ver recuadro).
A inicios de abril de 2011, el entonces ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, firmó el documento que estableció la ejecución de la obra en 11 etapas y redujo el plazo máximo a 660 días (90 días menos que lo estipulado en las bases de la licitación). Finalmente, el 18 de octubre comenzó la construcción del edificio, con un presupuesto final de $ 22.185 millones ($13.715 millones menos que lo calculado en las bases de la licitación) y una fecha de término fijada en agosto de 2013.
ATRASOS Y PROBLEMAS
La primera señal de que sería imposible terminar la obra en la fecha fijada vino con los atrasos en la segunda etapa de la construcción, lo que obligó a posponer la fecha de término desde agosto a octubre de 2013. Pero los problemas continuaron y la fecha debió nuevamente aplazarse a marzo de este año. Aún estaba abierta la posibilidad de que el edificio fuera inaugurado por el mandatario saliente justo al término de su gobierno. Pero llegó marzo y la obra no estuvo lista. No hubo más remedio que fijar una nueva fecha, mediados del primer semestre, por lo que será la nueva mandataria quien la inaugurará.
“Es normal el retraso en una construcción de esta magnitud”, explicaba Athos Larraguibel, jefe del Proyecto Legado Bicentenario de la Dirección de Arquitectura, en octubre del año pasado. Una opinión algo distinta tuvo María Teresa Letelier, asesora de Legado Bicentenario, cuando se conoció en la primera semana de marzo, la última postergación: “Si uno lo mira, el edificio está casi listo, se podría incluso inaugurar, pero es preferible terminar todos los detalles y entregarlo”, dijo al diario El Mercurio.
Ya en octubre de 2013, el presidente del Sindicato Nacional de Empresa Consorcio RSN, Sergio Troncoso, había advertido que la obra estaba retrasada: “Nunca terminaremos antes de marzo, y a decir verdad, encuentro poco probable que terminemos en ese mes”. Troncoso mantuvo su pronóstico durante el verano y aún cree que son bajas las probabilidades de que el edificio sea entregado al ciento por ciento a mediados del semestre.
El problema de los atrasos ha afectado la relación entre el Consorcio Constructores RSN y el MOP. Más de una vez ha tenido que intervenir la Contraloría para resolver los problemas. En mayo de 2012, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), a petición de la Dirección de Arquitectura, rechazó un recurso de reposición interpuesto por el Consorcio RSN, en el que pedía que se le otorgara un aumento de 54 días a los plazos estipulados, debido a que los atrasos en la segunda etapa del proyecto fueron ocasionados por el hallazgo de objetos arqueológicos (ver documento).
Pero la Contraloría dictaminó otra cosa. El 26 de abril de 2012 resolvió que en el contrato se “(…) consideran las correspondientes labores de rescate como obras extraordinarias. (…) Corresponde, además de disponer su pago, que se otorgue el pertinente aumento de plazo”. En vista de eso, el MOP tuvo que conceder el plazo pedido y anular las multas. Aun así, la Dirección de Arquitectura notificó en agosto a la empresa de nuevas multas aplicadas por el “atraso en la ejecución de la tercera etapa de la obra; retardo en la entrega de los informes mensuales de seguridad e higiene laboral, y demora en avisar al inspector fiscal de los accidentes ocurridos en la faena” (ver modificación de contrato que amplía plazo).
Otros problemas se fueron sumando, ya que la Contraloría también cuestionó algunos aspectos de la forma en que se publicaron las licitaciones relativas al edificio Moneda Bicentenario. Tras revisar las conclusiones de una auditoría realizada a la Dirección de Arquitectura, concluyó que varias observaciones no habían sido subsanadas. Entre ellas, la no publicación de información básica en el portal Mercado Público acerca de las contrataciones para las excavaciones y la conexión peatonal subterránea del edificio. Por esto, la Contraloría determinó que la Dirección de Arquitectura iniciara un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades (Ver documento).
El 17 de junio de 2013 la Contraloría abrió un nuevo flanco de problemas. Ese día dio a conocer un informe de Inspección Técnica de Obra del Edificio Moneda Bicentenario. Sus conclusiones abarcan 16 inspecciones realizadas a la construcción, desde fines de marzo a fines de julio del 2012. De las 17 observaciones presentadas a la Dirección de Arquitectura, 11 no habían sido solucionadas (ver documento).
Entre las observaciones figuran problemas técnicos, como el de un equipo hidráulico utilizado para la tensión de anclaje que tenía la calibración vencida, y fisuras en las losas de hormigón, una falencia que según el informe “puede afectar la capacidad soportante y la durabilidad”. Los expertos del ente fiscalizador también constataron la diferencia de nivel en losas y capiteles, hormigones húmedos y la falta de un recubrimiento de hormigón en mallas de 15 centímetros como mínimo. El informe consigna además, que en una de las visitas se constató que una de las losas estaba siendo hormigonada mientras llovía y sin protección que la aislara de las precipitaciones.
PRÁCTICAS ANTISINDICALES
En el primer piso del Edificio Moneda Bicentenario que da a la calle Almirante Gotuzzo, donde está ubicada una de sus puertas traseras, se ven los carteles que han puesto los obreros que trabajan en la obra. Uno de color naranjo les indica a los transeúntes que deben caminar por la vereda de enfrente. Hasta hace unos meses también se veían letreros con la cara de Salvador Allende y otros con rayados y consignas sindicales que daban cuenta de las tensas relaciones laborales que han marcado las faenas.
Sergio Troncoso, presidente del Sindicato Nacional de Empresa Consorcio RSN, sigue en su puesto a pesar de que fue despedido el primero de junio de 2012, siete días antes de que se legalizara su sindicato. La empresa no reconoció el fuero especial para la constitución de un sindicato, y que lo protegía desde 10 días antes de la constitución y hasta un mes después de ésta. Troncoso es un dirigente histórico de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y conoce bien sus derechos. Finalmente debió ser recontratado.
No fue ése el único problema que tuvo en el ámbito laboral el Consorcio RSN. La empresa fue denunciada por prácticas antisindicales, específicamente por la vulneración del derecho a la libertad sindical. En la demanda se acusa que algunos jefes de obra amedrentaron a los trabajadores para que no formaran parte del sindicato. La fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT), confirmó las acusaciones.
La DT buscó una mediación, pero la empresa no aceptó. Se presentó entonces una denuncia ante el Juzgado de Letras del Trabajo, donde finalmente la empresa fue sancionada. El 23 de agosto de 2013, el Consorcio RSN fue condenado por prácticas antisindicales, por lo que debió pagar una multa de 150 UF, además de comprometerse a capacitar en el respeto de los derechos laborales a los jefes de obra que habían sido acusados de amedrentar a los trabajadores.
La condena dejó al consorcio en la “lista negra” de las empresas que quedan excluidas de poder participar en licitaciones y trabajar para el Estado hasta dos años después de la sentencia. Como Consorcio RSN es una figura constituida para la construcción específica de esta obra, es probable que lo que pretende ser una dura sanción, finalmente no tenga ningún efecto práctico para las tres empresas que violaron las normas.
De hecho, después de la intervención de la justicia laboral los problemas al interior de la faena no terminaron. Manuel Ascencio, delegado del Sindicato Nacional de la Construcción, acusa falta de seguridad y de higiene al interior de la construcción. Para la construcción del Edificio Moneda Bicentenario se reclutó a 400 trabajadores aproximadamente. Y sólo se dispuso para ellos 15 baños, de los cuales sólo ocho funcionaban. Esta situación está lejos de lo permitido, ya que el Decreto Supremo Nº 594 Artículo 23 es tajante en este aspecto: debe haber un baño por cada diez trabajadores.
Los problemas sindicales también se extendieron a los montos de los salarios. Cuando comenzó la obra, los trabajadores firmaron sus contratos por el salario mínimo, a sabiendas de que los montos irían aumentando en directa relación con los avances que registrara la obra. “Pero ellos tienen la facultad de subir y bajar los sueldos cuando se les antoja, porque todos son acuerdos verbales”, afirma Manuel Ascencio. Las oscilaciones se reflejan en el salario de uno de los trabajadores: en abril recibió $321.134, en mayo $285.248, en junio $382,335 y el sueldo nuevamente bajó en julio a $229.332. Según Troncoso, esto afecta a los trabajadores, ya que no hay ninguna regularidad en sus ingresos mensuales y “ahí hasta el gato de la casa sufre”.
En enero de este año la falta de mínimas condiciones en higiene y seguridad laboral se mantenía: “Los baños están con fecas, es una asquerosidad enorme. Las mujeres están hacinadas, no tienen dónde guardar su ropa, no tienen nada. Entonces, ¿qué esperamos de esta obra? Vamos a terminar este edificio a 50 metros de La Moneda, con abusos patronales y despidos injustificados”, acusa el dirigente sindical Fernando Hidalgo.
-Esto no partió bien y no se terminará bien. Nos tratan mal y nos niegan lo que deberían pagarnos. Es pura mafia. Dicen que están quebrados no más, que las multas los tienen mal, que no pueden pagarnos. Puras excusas. La verdad es que ni siquiera nos dan la cara- se quejaba en noviembre Sergio Troncoso.
CIPER intentó contactar al Consorcio RSN, pero no se obtuvo respuesta. Nadie que explicara las causas del atraso de una obra emblemática del Bicentenario, las fallas técnicas detectadas por la Contraloría, los juicios laborales y todos los problemas que han acompañado desde 2011 su construcción. Y todo esto a solo metros de La Moneda, de la Dirección del Trabajo y a una cuadra y media del Ministerio de Obras Públicas, el responsable.
La conexión entre la Universidad del Mar y el Moneda Bicentenario
RVC es una de las tres empresas que constituyeron el Consorcio RSN para levantar específicamente el Edificio Bicentenario. En 2011, RVC aportó para ello $7 mil millones por el 33% de la sociedad. Ricardo Vicuña Cerda representa a RVC como socio fundador del consorcio y forma parte de la familia Vicuña Marín, una de las más poderosas en el mercado inmobiliario, particularmente en el norte del país. Según información entregada por el diario El Mercurio, RVC era en 2012 una de las siete empresas más importantes del rubro
El nombre de la familia Vicuña apareció vinculado a la debacle de la Universidad del Mar cuando CIPER reveló que dos de los socios fundadores de esa casa de estudios, Raúl Baeza y Héctor Zúñiga, se asociaron con José Daniel Greenhill y tres miembros de la familia Vicuña Marín a través de Don Horacio S.A., para construir la sede de Iquique. El grupo creó dos sociedades con una inversión inicial de más de $352 millones: Comercial y Servicios Vizú Ltda. e Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Ltda.
En la estructura de negocios de la Universidad del Mar (UDM), los cuatro socios fundadores se repartieron las sedes de todo el país, las que hacían funcionar como un feudo independiente, con sociedades relacionadas creadas especialmente para construir o arrendar los edificios donde funcionaría la universidad, para luego arrendarlos a su vez a la misma casa de estudio a altos precios que iban aumentando en forma desmesurada para aumentar las utilidades.
Un informe del Mineduc reveló que el mismo día que en que Inmobiliaria Doña Teresa arrendó el inmueble donde funcionaría la sede de Iquique, lo subarrendó a la Universidad del Mar por un valor, el que subió hasta alcanzar un valor por sobre el 70% del contrato original. En 2012 la junta directiva de la universidad acordó, pero no materializó, la presentación de una querella por asociación ilícita contra la Inmobiliaria Doña Teresa por el no reconocimiento de pagos que la universidad hizo a la empresa.
Mientras los dineros de los pagos de los estudiantes y del Crédito con Aval del Estado (CAE) se iban sin control a las sociedades relacionadas, la sede Iquique de la UDM no cumplía con estándares académicos mínimos. Especialmente crítica fue la situación de la carrera de Medicina, la que culminó cuando los ingresos generados por ese “feudo” no alcanzaron ni para pagar a los profesores. La carrera fue finalmente cerrada abruptamente en 2011 y sus alumnos fueron trasladados a Viña del Mar.
Las sociedades dueñas del Campus Iquique de la UDM participaban también en el Fondo de Inversión Privado (FIP) Placeres, conformado por Comercial Vizú Ltda., Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa, Inmobiliaria e Inversiones RVC SpA e Inversiones del Mar S.A., otra empresa controlada por Héctor Zúñiga. El FIP Placeres era administrado por Vical Gestión Inmobiliaria S.A., sociedad constituida por Ricardo Vicuña Marín y Rodrigo Eduardo Alemany, ambos ligados a la constructora RVC.
En marzo de 2012, en medio de la debacle de la Universidad del Mar provocada por la revelación hecha por CIPER de que había comprado su acreditación por contrato con el presidente de la comisión respectiva (CNA), Eugenio Díaz; Inversiones del Mar, la sociedad de uno de los dueños de la UDM, acordó vender su participación en el FIP Placeres a Inversiones RVC SpA, también de la familia Vicuña Marín, en poco más de $1.000 millones (ver documento). A través de esta transacción se habrían sacado -sin pagar impuestos- utilidades de las empresas ligadas a la universidad. En ese momento, Héctor Zúñiga, quien era socio y rector de la UDM, dijo que las utilidades generadas en el FIP venían de la construcción y venta de tres edificios en el Cerro Placeres.
Además de su participación dentro del FIP Placeres, y de acuerdo a su memoria 2011 en donde se pueden encontrar los estados financieros, RVC realizó ese año y el anterior transacciones con otras empresas involucradas en los movimientos en las arcas de la Universidad del Mar, como el abono de M$1.374.136 y un aporte de capital de M$3.090.245 a Don Horacio S.A. (socia de Doña Teresa), y una cuenta por cobrar de largo plazo con la misma empresa por M$2.568.791. A la Inmobiliaria del Mar le hizo un cargo por M$811.988 y figura en 2010 con una cuenta por pagar de corto plazo por M$1.743.383 y en 2011 con una cuenta por pagar de largo plazo por M$2.422.811.
Todas esas transacciones se hicieron durante 2010 y 2011, poco antes de que CIPER revelara su estructura de negocios destinada a sacar utilidades de forma ilícita y se iniciara la investigación judicial que la hizo estallar. Y al mismo tiempo, casi en paralelo, una de esas empresas involucradas –RVC– invertía $7 mil millones para constituir el Consorcio RSN, y así adjudicarse la construcción del Edificio Moneda Bicentenario.
* Estudiantes de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado
