Transparencia: El secreto que mantiene el Presidente Sebastián Piñera sobre su patrimonio

A mediados de octubre de 2013, el Presidente Sebastián Piñera reconoció públicamente haber invertido “en algún momento” en las cuestionadas sociedades cascada que controlan SQM. Así, hizo frente a los argumentos presentados ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por la defensa del empresario y controlador de la minera, Julio Ponce Lerou, acusado junto a otros ejecutivos por presuntas infracciones a las leyes de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores. Según los abogados de Ponce, el mandatario y sus sociedades estarían involucrados en las operaciones irregulares que hoy son investigadas por la entidad que regula a las empresas que transan sus acciones en la Bolsa de Comercio.

Las acusaciones de Ponce, sumadas a las declaraciones de Piñera, acabaron con la tranquilidad en que estaban los negocios del Presidente desde que se deshizo de sus acciones en Blanco y Negro S.A. en diciembre de 2010. Con esa venta, tras haberse desprendido de su participación en LAN y haber vendido Chilevisión, Piñera terminó con una serie de cuestionamientos por supuestos conflictos de interés. Así, puso paños fríos a las críticas que provenían de la oposición y dejó en stand by su relación con el mundo privado. Sus negocios seguirían funcionando, pero a cargo de distintas entidades que administrarían sus inversiones sin otorgarle ningún tipo de información al respecto, según lo estipuló en los nueve contratos de fideicomiso ciego que firmó en abril de 2009, antes de comenzar la campaña electoral. Se trataba de fideicomisos voluntarios, pues hasta hoy el Congreso no ha aprobado la ley que obliga y regula este tipo de contratos para autoridades que poseen grandes patrimonios.

En todo caso, no fue sólo el caso Cascadas el que volvió a poner los negocios del Presidente Piñera bajo la lupa de la opinión pública. En noviembre, la revista Forbes publicó su lista anual con las personas más adineradas del planeta. Por séptimo año consecutivo, Piñera figuró como uno de los principales millonarios a nivel mundial. Esta vez, en la posición 589 con un patrimonio avaluado en US$ 2.500 millones. La estimación de la revista norteamericana indica que en el último año, su fortuna aumentó en US$ 100 millones. Y si se compara con lo que registró en noviembre 2009, sólo meses antes de asumir la Presidencia, cuando tenía 59 años y la suya era la tercera fortuna del país –sólo superada por las de las familias Luksic y Matte–, desde que ostenta el cargo habría incrementado su capital, según los cálculos de la revista, en un 150%.

Surgieron entonces varias preguntas: ¿cómo es posible que habiéndose desprendido de sus principales negocios, su patrimonio haya crecido a más del doble? ¿Dónde invertía el Presidente antes de delegar el manejo de sus inversiones a cuatro entidades que las administran bajo la figura del fideicomiso ciego? ¿Quién fiscaliza ese fideicomiso? ¿Tenía acciones en la estructura de sociedades cascada de SQM al momento de delegar la gestión de su patrimonio? Y en caso de ser así, ¿podría verse beneficiado de alguna forma con la investigación que lleva adelante su subalterno, el superintendente Fernando Coloma?

Parte de las respuestas a esas interrogantes deberían estar en las declaraciones de patrimonio e intereses que entregó a la Contraloría General de la República (CGR) en abril de 2010 y que se encuentran publicadas en el sitio web de la Presidencia, en la sección Gobierno Transparente. Los formularios que se le exigen al presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, jueces y otras autoridades públicas, pretenden transparentar ante la ciudadanía sus intereses, de forma que sean públicos y así evitar que incurran en conflictos de interés al tomar decisiones que puedan beneficiar sus negocios o los de las personas –naturales o jurídicas- relacionadas con ellos. Eso se complementa con el conocimiento público que debe existir también de su patrimonio, de modo que al dejar el cargo se puedan comparar sus declaraciones y así fiscalizar si existió o no enriquecimiento ilícito durante su gestión. Todos esos documentos son de acceso público. Pero si generalmente suelen estar incompletos y hacen muy difícil poder estimar el verdadero patrimonio de los declarantes (ver investigaciones de CIPER sobre declaraciones de los senadores y alcaldes en 2008, y de los ministros que asumieron en 2010), en el caso del Presidente Piñera es simplemente imposible conocer cuál era su patrimonio real al asumir.

CIPER revisó las declaraciones de patrimonio y de intereses del mandatario que están publicadas en el sitio web de la Presidencia y que entregó a la CGR el 10 de abril de 2010, un día antes de que venciera el plazo de 30 días que le impone la ley para hacer entrega de los documentos. Allí, Piñera declara un departamento en Las Condes, su casa de veraneo en Lago Caburgua, tres vehículos, $40.000.000 en dos cuentas corrientes e inversiones a modo personal en fondos internacionales administrados por la compañía norteamericana Merril Lynch & Co. Inc. y en Empresas COPEC S.A. por más de $5.445 millones (a esa fecha, unos US$ 10,6 millones).

El monto puede parecer alto, pero es sólo una mínima parte de su patrimonio, equivalente apenas al 1,06% del valor señalado por Forbes unos meses antes de convertirse en Presidente, cuando figuraba en el puesto 701 de la nómina mundial de millonarios con un patrimonio avaluado en US$ 1.000 millones y era descrito como un magnate “self-made” dedicado a las inversiones y “pionero de las tarjetas de crédito en Chile que ahora trata de irrumpir en el más alto cargo político de la nación”. Si se le resta la deuda por $2.000 millones que incluye en el formulario por un crédito de consumo con el Banco de Chile –y que probablemente haya solicitado para financiar su campaña–, el total declarado por Piñera es incluso menor.

Contraloría General de la República.

Lo anterior se explica en que el grueso del patrimonio del Presidente no está en sus cuentas personales ni en las inversiones que tiene como persona natural, sino que en los negocios que ha emprendido a través de dos sociedades que ha usado como sus principales vehículos de inversión durante la última década: Bancard Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Cecilia S.A. En la primera de esas empresas, Piñera participa de forma directa, y es por eso que sí la incluye en su declaración de patrimonio, señalando además que es dueño del 66,85% de los derechos. En la segunda, en cambio, posee el 99,99%, aunque de forma indirecta a través de la otra sociedad que declara en el formulario: Inversiones Bancorp Ltda.

Que Inversiones Santa Cecilia S.A. no aparezca en el formulario no significa que Piñera no la haya declarado, ya que figura en la primera carilla del anexo de 73 páginas que entregó de forma voluntaria a la CGR, donde detalla la participación indirecta que tenía al momento de efectuar su declaración en otras 24 empresas. Además, allí señala que el 24 de abril de 2009 –antes de comenzar la campaña electoral–, tanto él como sus dos principales empresas –Bancard y Santa Cecilia– firmaron contratos de administración discrecional de cartera de inversiones (fideicomiso ciego) con cuatro entidades distintas: Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, Moneda Corredores de Bolsa Ltda. y Banco BICE.

A pesar de que CIPER revisó en detalle los documentos publicados por la Presidencia, no pudimos responder siquiera una de las preguntas mencionadas anteriormente. Esto debido a que la versión publicada en el sitio web y que está disponible para todos los ciudadanos que quieran consultarla –como lo exige la Ley de Transparencia–, está incompleta.

De las 73 páginas del anexo que Piñera envió a la CGR para complementar sus declaraciones, en la página web del gobierno sólo hay 11, que corresponden a la lista de sociedades donde el presidente participa de forma indirecta y al contrato de fideicomiso ciego que firmó con Larraín Vial para la administración de las 785.609 acciones de COPEC que poseía como persona natural, como señala el anexo A del mismo contrato. Pero de los otros ocho mandatos –cuatro de Santa Cecilia y cuatro de Bancard– no había rastro.

DE LA PRESIDENCIA A LA CONTRALORÍA

El 14 de noviembre de 2013, CIPER envió una solicitud de acceso a información pública a la Presidencia para pedir copia de todos los contratos de fideicomiso ciego contraídos por el Presidente o las sociedades en que participa con las corredoras de Bolsa mencionadas en las primeras páginas del anexo. La respuesta llegó 18 días después (ver respuesta). Allí, el director Administrativo de la Presidencia señala que lo publicado en el sitio web corresponde a “toda la información que disponemos referidas a dichas declaraciones”. Y agrega:

“Finalmente, y en conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, informamos a usted que además de lo señalado, diversos antecedentes vinculados con las referidas declaraciones pero no exigidos por la ley vigente, se encuentran en poder de la Contraloría General de la República, para su consulta”.

Con la esperanza de encontrar los contratos faltantes y el detalle de qué inversiones fueron delegadas a las cuatro corredoras de Bolsa, CIPER solicitó el viernes de 13 de diciembre de 2013 a la CGR acceso a todos los documentos referidos a las declaraciones del Presidente Piñera, tanto a los formularios en sí como los anexos que haya entregado en 2010. Como los documentos son de carácter público, seis días después obtuvimos copia de las declaraciones completas del mandatario.

Así fue que CIPER accedió a los ocho contratos que no aparecen en las declaraciones de Sebastián Piñera publicadas por la Presidencia. En cada uno de los documentos se establecen las condiciones bajo las cuales operarán los fideicomisos ciegos. Todos señalan lo mismo: que la empresa mandante entrega a la respectiva corredora de Bolsa (el mandatario) un paquete de acciones de distintas sociedades anónimas abiertas individualizado en el anexo A del contrato para que realice inversiones de toda clase de instrumentos financieros, ya sea en Chile o en el extranjero, entregándole también las facultades para que venda libremente esas acciones a precio de mercado en cualquier minuto mientras esté vigente el contrato. También señalan que el mandante no será informado bajo ninguna circunstancia de las operaciones ni del estado de la cartera de inversiones encomendada. El problema es que esos contratos tampoco están completos: ninguno incluye el anexo A, donde se detalla cuántas acciones y de qué empresas se están entregando a las corredoras de Bolsa para su administración, y menos el anexo B, donde se establecen las comisiones que las empresas del presidente deberán pagar a las administradoras del fideicomiso.

En otras palabras, los documentos entregados por el Presidente Piñera no permiten siquiera saber cuáles eran las inversiones que tenía al momento de firmar el fideicomiso. Por lo tanto, sus declaraciones no respetan el espíritu de la ley, ya que resulta imposible conocer a través de ellas cuál es –o al menos era, antes de firmar los contratos– su patrimonio.

Al no incluir aquellas sociedades en las que participa a través de sus empresas, Piñera está actuando con la lógica de Laurence Golborne, quien no declaró una empresa en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, desatando una gran controversia que contribuyó a que tuviera que dejar su candidatura presidencial. «Respecto a mi declaración patrimonial quiero ser muy claro: todo mi patrimonio ha sido declarado de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.088. No existe omisión alguna. La sociedad Sunford es parte de mi estructura societaria y no debía ser declarado por ser parte de la sociedad matriz que refleja en su patrimonio esta sociedad», dijo entonces Golborne. En el caso de Piñera, la cuantificación de su patrimonio al momento de firmar los fideicomisos no se encuentra reflejada en ninguna parte.

En los últimos cinco años CIPER ha revisado y contrastado con la realidad  las declaraciones de alcaldes, parlamentarios y ministros. Piñera no es el primero que omite las acciones compradas a través de una sociedad, lo cual ha sido cuestionado por diversos expertos en transparencia.

Por ejemplo, Chile Transparente –la rama chilena de Transparencia Internacional– estimó en su momento que la interpretación de la ley es clara: “Debe concluirse que todos los funcionarios obligados a prestar una declaración de patrimonio deben declarar no sólo las sociedades en que tengan participación como personas naturales, sino también aquellas en las que participen a través de otras sociedades. Esa es la única forma en que la declaración de patrimonio sea una herramienta adecuada para prevenir el conflicto de intereses y hacer posible la fiscalización de los órganos competentes y de la ciudadanía”.

El presidente Piñera podría argumentar que el fideicomiso ciego lo libera de detallar las participaciones cuya administración ha delegado, pero considerando que se trata de un contrato privado, voluntario y no sometido a las regulaciones de transparencia, es difícil encontrar un argumento legal que lo justifique.