Hosain Sabag intenta anular delito por el que es investigado su hijo diputado

Son sólo tres líneas. Y aunque ellas son el primer texto legal que establece específicamente la libre disposición de las asignaciones parlamentarias, pasaron completamente inadvertidas. La inédita glosa fue incluida en la partida presupuestaria para el 2010 del Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos y podría no tener ninguna importancia, si no fuera porque el fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott, está investigando si diputados de distintas bancadas hicieron mal uso de dichas asignaciones.

La Cámara Baja ha defendido ante el fiscal Abbott la tesis de que las asignaciones parlamentarias son de libre disposición: Por ello, para la mayoría de los parlamentarios consultados por CIPER la glosa sólo ratifica la situación actual (Ver recuadro). Pero para el senador Hosain Sabag (DC), las tres líneas en cuestión tienen implicancias mayores. Y aunque Sabag afirma que su inclusión solo busca defender la autonomía del Congreso, su activa participación en este acápite toca directamente la delicada situación que afecta a su hijo, el diputado Jorge Sabag, investigado por Abbott por “negociación incompatible”.

Según consta en el acta de la subcomisión mixta que analizó el presupuesto del Congreso Nacional, “(el senador Sabag) advirtió que si no se aclara la libre disposición de las asignaciones parlamentarias todo el Poder Legislativo podría verse amenazado por la aplicación de los artículos 260 y 240 del Código Penal”.

¿De qué habla Sabag? El artículo 260 define quiénes son considerados en materia penal como empleados públicos, especificando que incluye a los que ostentan un cargo de elección popular. El artículo 240 es el que establece la negociación incompatible para los funcionarios públicos, castigando a quienes saquen provecho de negocios celebrados en virtud de sus cargos. El artículo incluye a quienes beneficien a sus familiares o socios.

Ese es precisamente el foco de la investigación que lleva a cabo el fiscal Abbott sobre el hijo de Sabag. Y lo que el fiscal está en vías de determinar es si el diputado incurrió en dicho ilícito al utilizar los fondos que la Cámara de Diputados le entregó para arriendo de sedes distritales al pagarle a una sociedad formada por sus padres, gerenteada por su hermano, y en cuya dirección funcionan las empresas de la familia Sabag.

La investigación de Abbott se originó tras un reportaje de CIPER, en el que Jorge Sabag aseguró que se trataba sólo de una forma de organización financiera, pues en realidad la sociedad de sus padres pagaba el arriendo de otras tres sedes que sí funcionaban como oficinas parlamentarias.

De acuerdo a la tesis que intenta imponer, entre otros, su padre Hosain Sabag, los parlamentarios no son empleados públicos y por lo tanto no se les puede aplicar la figura de negociación incompatible. “En su opinión no se pueden asimilar los Parlamentarios a los funcionarios públicos, porque se trata de funciones distintas y menos se pueden aplicar los delitos contemplados para los funcionarios públicos a los Parlamentarios. En efecto, acotó que los Parlamentarios tienen la libre disposición de sus dietas y de sus asignaciones parlamentarias, situación distinta a los empleados públicos, puesto que los Parlamentarios no están obligados por ley a rendir cuenta de la administración de sus asignaciones”, recoge el acta de la sesión celebrada el 28 de octubre pasado.

La argumentación de Sabag ante la comisión mixta busca que se deje legalmente establecido que las asignaciones que reciben los parlamentarios son fondos de libre disposición y sin fiscalización externa: “En este sentido, manifestó su apoyo a la propuesta de agregar una nueva glosa que declare la continuidad de la libre disponibilidad de las asignaciones parlamentarias, para así evitar que nuestro Parlamento continúe siendo sometido a diversos vejámenes. La idea, continuó, es defender a nuestra institución y a su autonomía, y a los Parlamentarios. Asimismo, sostuvo que no se pueden sentir constantemente amenazados por otros poderes, porque los fondos de la dieta parlamentaria, así como los de las asignaciones parlamentarias son de libre disposición, sujetos únicamente a la revisión y a las disposiciones que dicte la Comisión de Régimen Interior de cada Cámara”.

En su intervención en la subcomisión de presupuesto, Sabag hizo una crítica velada al trabajo del Ministerio Público, sosteniendo que “el propio Congreso Nacional ha aprobado una serie de instituciones con poderes ilimitados y que hoy día se han encargado de denostar a una institución tan antigua como el Congreso Nacional”.

Y para dar mayor fuerza a su argumentación, asimiló las asignaciones de los parlamentarios a los gastos reservados del Ejecutivo, que “pueden ser invertidos discrecionalmente por la autoridad superior del organismo al que se asignan, para las distintas necesidades comprendidas en la órbita de las funciones y objetivos públicos que le competen, en tanto que dichos gastos no estén prohibidos por ley, sin necesidad de rendir cuenta”.

El senador se encargó también en la subcomisión de señalar el origen de las tres líneas al “valorar” que el presidente del Senado, Jovino Novoa, haya “promovido” ante el Ejecutivo la indicación en la que se establece la libre disposición de dichos fondos. Consultado por CIPER acerca de si fue el senador Novoa el que decidió el agregado, Sabag aclaró que en realidad entendía que se trataba de una preocupación que hace tiempo tenían Novoa y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez. Sin embargo, tanto Novoa –a través de su encargada de prensa-, como Álvarez, negaron alguna responsabilidad en el origen de la indicación.

-La glosa evidentemente no se aplica a ningún problema del pasado -enfatiza Álvarez, quien insiste en que los fondos siempre han sido de libre disposición, pero que deben ser gastados de acuerdo al fin para el cual fueron destinados por la comisión de Régimen Interno.

El senador Carlos Ignacio Kuschel (RN), uno de los tres que votó a favor de la aprobación de la polémica indicación, dijo no saber su origen. “Me limité a aprobarlo”, sostuvo. Además de Kuschel y Sabag, la indicación fue aprobada gracias al voto del diputado socialista Carlos Montes, quien sostuvo:

-El que hizo toda esa gestión fue Hosaín Sabag. Por lo tanto, hay que preguntarle a él.

Montes agregó que no cree que la inclusión de la glosa tenga relación con la investigación que sigue el Ministerio Público, pues los fondos siempre han sido de libre disposición, sino simplemente a la ambigüedad con que el tema quedó en el texto de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso Nacional, que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

La reforma a la LOC incluye un cambio que hace más llamativa la indicación que nadie reconoce haber pedido: las partidas del Congreso Nacional tendrán glosas definidas a partir del 2011, pues hasta ahora –a diferencia del presupuesto de los otros organismos públicos- sólo contenía una descripción genérica de los gastos. Por eso la glosa en cuestión, añadida por el Ejecutivo, es la única que contiene el presupuesto de la Cámara de Diputados para el 2010. “Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las que continuarán siendo de libre disposición”, dice la glosa asociada a Bienes y Servicios de Consumo y a Transferencias Corrientes.

El Senado se adelantó a los cambios de la LOC y este año incluyó tres glosas en su presupuesto (relacionadas con la dotación de autos, personal, viáticos, horas extraordinarias y capacitación). A ellas se agregó la polémica indicación sobre las asignaciones parlamentarias, la cuarta glosa, que es exactamente igual a la de la Cámara: establece que son de libre disposición.

Diputados bajo la lupa

Los cambios a la LOC del Congreso fueron gatillados por la reforma a la Constitución de 2005, que hizo urgente adecuarla. Pero la tramitación fue compleja y tras las modificaciones introducidas en el Senado y la Cámara de Diputados, el texto terminó en Comisión Mixta. Ahí estaba cuando en junio de este año el programa Informe Especial de TVN hizo las primeras denuncias sobre irregularidades en los arriendos de sedes distritales, al que siguió un reportaje de La Nación sobre el mismo tema. Ambos reportajes provocaron gran impacto público.

El fiscal de Valparaíso Jorge Abbott empezó entonces a investigar masivamente el uso de las asignaciones parlamentarias, ampliando su radio de acción, hasta entonces limitado a las irregularidades detectadas en el pago de asesores por la diputada Claudia Nogueira (UDI). La polémica pública cambió drásticamente el escenario de la discusión de la LOC. Los timoneles de ambas cámaras, Novoa y Álvarez, decidieron entonces coordinarse para impulsar una serie de cambios que buscan regular mejor el sistema de asignaciones y separar a los parlamentarios de las decisiones económicas, creando comités independientes que determinen cómo se gastan los dineros y sus posteriores auditorías. Reformas para el Congreso del Bicentenario, lo bautizaron.

En el intertanto, Abbott siguió avanzando en su investigación judicial. Ya se descartaron irregularidades en los pagos realizados por los diputados Julio Dittborn (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Joaquín Godoy (RN) y la independiente Marta Issasi. No tuvo la misma suerte el diputado Maximiano Errázuriz (renunció a RN y no se presentó a la reelección), quien fue formalizado el pasado 6 de noviembre por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso al triangular fondos para arriendo de sus sedes distritales.

Lo que viene es en parte conocido. Ya se sabe que el fiscal resolvió formalizar a la diputada Claudia Nogueira –trámite aplazado por distintas diligencias solicitadas por su defensa-, por haber recibido en su cuenta corriente parte de los pagos realizados por la Cámara a sus asesores. Entre esas diligencias, a la fiscalía le ha correspondido investigar a fondo la lista de otros 12 diputados, entregados por la defensa de la diputada UDI, que habrían usado mecanismos similares. En total, una veintena de parlamentarios han sido investigados este año por el Ministerio Público. Nada menos que un sexto de los integrantes de la Cámara Baja.

Y es precisamente allí donde se explica la inquietud del senador Sabag. Su hijo, el diputado Jorge Sabag (DC) y el diputado René Aedo (RN) son dos de los diputados que no han sido descartados por la fiscalía y cuyos antecedentes son evaluados en estos momentos para determinar los pasos a seguir judicialmente.

Los parlamentarios se han debatido entre el esfuerzo por mejorar la gestión y la fiscalización de los recursos que manejan, y atisbos de defensa corporativa respecto a la sanción por irregularidades ocurridas en el pasado. “De lado y lado ha habido intenciones de beneficiar a los afectados”, reconoce un diputado de la Alianza.

Delito penal para parlamentarios

Una de las propuestas -leída por algunos como un intento desesperado de defensa corporativa- fue una indicación presentada por Novoa y Álvarez que establecía una figura penal especial para los parlamentarios. Conscientes de lo delicado de los cambios que estaban promoviendo, los parlamentarios se hicieron asesorar por destacados abogados de la plaza, quienes rápidamente los convencieron de desestimar la idea.

La cita con los juristas tuvo lugar el lunes 17 de agosto pasado en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Los convocados fueron los penalistas Jorge Bofill, Jean Pierre Matus y Juan Domingo Acosta –quienes debían analizar la polémica figura-, y los constitucionalistas Jorge Correa Sutil y Patricio Zapata, quienes expusieron sobre la autonomía del Congreso Nacional.

“La fórmula era completamente impresentable, política y jurídicamente”, comenta uno de los abogados que asistió ese día y quien considera que la propuesta era reñida con el estándar de igualdad ante la ley de los parlamentarios.

Otro de los abogados consultado explica que lo más complejo era que se establecía un plazo de prescripción más corto para los delitos cometidos por los parlamentarios que para el resto de los ciudadanos. El artículo establecía la prescripción sólo seis meses después de que las cuentas de la Cámara fueran aprobadas por la Comisión de Auditoría, mientras que hoy las figuras penales para los mismos delitos prescriben entre 5 y 10 años después de cometido el ilícito. “Significaba sustraerse del sistema penal”, concluye uno de los abogados.

-Tomamos un concepto nuevo, que es el de la función parlamentaria, y en un minuto consideramos que era necesario impulsar tipos penales especiales, pero los abogados nos dijeron que no era así y ahí quedó -explica Álvarez.

Pese a los duros cuestionamientos que generó la iniciativa, varios de los juristas que asistieron ese día creen que no había mala voluntad en la propuesta de Álvarez y Novoa. Aunque todos coinciden en que era una pésima idea. “Los penalistas fueron muy críticos, pues más allá de la intención, podía interpretarse como una forma de bajar el castigo y por lo tanto una defensa corporativa. Mostraron con ejemplos cómo se les daría un tratamiento desigual”, recuerda Patricio Zapata.

De acuerdo al análisis de uno de los abogados, las penas establecidas en el artículo –pecuniarias, de prisión y de prohibición de ejercer cargos públicos- en algunos casos eran mayores y en otros menores que las que rigen actualmente. Pero al parecer, fueron hechas sin considerar que en abril pasado hubo una modificación del Código Penal que endureció las sanciones a delitos similares a los diseñados para los parlamentarios. Éstos castigaban a quienes en ejercicio de su función defraudaran o consintieran en defraudar a la corporación o usaran los fondos para un fin distinto para el cual le fueran asignados, tanto para cosas ajenas a su función como para actividades parlamentarias distintas del fin original. (Vea el artículo)

Un cambio en las sanciones y plazos es particularmente delicado. Y ello porque en principio, en cualquier juicio penal, el imputado tiene derecho a que se le juzgue con la norma que más lo beneficie, aunque ésta se haya dictado después de cometido el delito. En este caso, los cambios en los tipos penales podían tener impacto en las investigaciones que afectan actualmente a diputados en ejercicio.

-El proyecto introducía distorsiones. Se nos preguntó si estos hechos ya eran delitos y la opinión unánime fue que era así y que por lo tanto no se justificaba un tipo penal especial -cuenta otro de los abogados.

Otra pregunta que debieron responder los juristas es si los parlamentarios son o no funcionarios públicos. Más allá de las interpretaciones del senador Sabag, a la mayoría de los asistentes les quedó claro que si bien administrativamente no son funcionarios públicos, sí lo son para los tipos especiales de delitos considerados en el Código Penal. Esa fue una de las razones por las cuales no es necesario crear tipos nuevos.

Hasta ahora sólo se ha conocido el contenido de una de las respuestas de la Comisión de Régimen Interno al fiscal Abbot, la que fue publicada hace algunas semanas por El Mostrador. El texto señala expresamente que los parlamentarios “en caso alguno son funcionarios públicos”, sostiene que las asignaciones parlamentarias no son fondos fiscales sino que públicos, y que la LOC y el reglamento de la cámara son “el único marco del Derecho Parlamentario –especialmente financiero, autónomo y de aplicación previa y preferente a cualquier otro orden legal o administrativo” y diferente al Derecho Administrativo Público.

Esta interpretación los dejaría fuera de las normas penales aplicables a los funcionarios públicos, que en muchos casos agravan las penas con respecto a los ciudadanos comunes. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, aclara que el oficio fue enviado antes de escuchar la opinión de los penalistas y que ha llegado al convencimiento de que a los parlamentarios sí se les pueden aplicar algunos de los artículos con los que el Código Penal sanciona exclusivamente a los funcionarios públicos.

Además asegura que lo que se intentó dejar sentado fue que si bien originalmente los dineros asignados por la Ley de Presupuesto son fondos fiscales, es el Congreso el que controla su gasto, lo que los convertiría en fondos públicos. “Eso rompe varias líneas de defensa”, acota otro diputado.