El mismo día en que los presidentes de la Cámara y del Senado afinaban el nuevo sistema de control del gasto de las asignaciones que reciben los parlamentarios y que se anunciaría a la mañana siguiente (ver recuadro), en la Fiscalía de Valparaíso se desarrollaba una diligencia que causó profunda inquietud entre los diputados. Por primera vez, los tres ejecutivos de cuenta que llevan el registro de los gastos de los miembros de la Cámara, declaraban ante el fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott.

Viviana Lagos, José Astudillo y Patricio Aguilera son los funcionarios de la Dirección de Finanzas de la Cámara que se sentaron este miércoles 24 frente a Abbott. Cada uno lleva las cuentas de 40 diputados. Ellos saben cuánto gastan en teléfonos, arriendo de sedes y remuneraciones de sus secretarios y asesores. Ellos son los que reciben llamados de asistentes de los diputados -o de los mismos parlamentarios- que les consultan por el excedente que les queda por gastar cuando ya se acerca el 19 de cada mes, la fecha de pago. Ellos saben mejor que nadie que son cerca de 40 los diputados que exprimen hasta el último peso sus asignaciones cada mes. Y también qué parlamentarios sacan a último minuto las milagrosas boletas de honorarios que completan el monto total que tienen asignado.

Esa familiaridad y falta de autonomía entre el aparato administrativo de la Cámara y las oficinas de los diputados es uno de los aspectos que busca neutralizar el acuerdo anunciado el jueves 25 por el presidente de los diputados, Rodrigo Álvarez (UDI), y el de lo senadores, Jovino Novoa (UDI). Una familiaridad que llega a niveles sorprendentes, como lo acontecido cuando funcionarios de Finanzas le devolvieron al diputado Maximiano Errázuriz (RN) los contratos de arriendo de sus sedes parlamentarias. Poco les importó que todo el país ya supiera que el parlamentario era investigado por graves irregularidades en esos pagos, debido a una incontrarrestable denuncia del diario La Nación.

Por lo mismo, la investigación del Ministerio Público – y otra ordenada por el propio presidente de la Cámara- incluye a los responsables administrativos de la corporación. Todos estos movimientos han tenido como telón de fondo un ácido clima de sospecha y duda sobre cómo administran los diputados los dineros que reciben para sus asignaciones luego de que el programa Informe Especial de TVN revelara el 3 de junio varias irregularidades.

El auto arriendo que se hizo el diputado Errázuriz es la segunda grave irregularidad en el manejo de las asignaciones que cae en manos de la fiscalía porteña y que puede configurar un delito (fraude al fisco). La primera fue la de la diputada Claudia Nogueira (UDI), quien será formalizada por Abbott debido a que pagaba a dos asesores una suma total cercana a $ 1,8 millón, cantidad que posteriormente era depositada en una cuenta de la parlamentaria y su esposo, el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Ahora, el fiscal podría seguir abriendo el abanico de nombres con la hebra que lo ha llevado al corazón administrativo de la Cámara.

La utopía del autocontrol

Los dineros en juego son más de lo que se ha dicho hasta ahora. Los diputados reciben una cifra global de $ 13.049.597 y de ese monto administran sin control la suma de $ 8.482.075. Es lo que constató CIPER tras una exhaustiva revisión de la información que publica la propia Cámara y de entrevistas con diputados, funcionarios y asesores legislativos. Los más de 8 millones de pesos que manejan a su arbitrio corresponden a la suma de su dieta o sueldo mensual ($ 4.978.479 líquido), la asignación para movilización ($ 846.000) y a la asignación para el desempeño del cargo ($ 2.657.596).

Los diputados sólo deben rendir cuentas por un monto de $ 4.567.522, desglosados en la asignación destinada a remunerar a sus secretarios y asesores ($ 3.181.756); la asignación para arriendos de sedes y telefonía ($ 690.327); y el monto mensual para pagar un bono en compensación por la extensión de jornada a su personal contratado ($ 695.439). No obstante, los controles sobre estos ítems son casi inexistentes, como quedó demostrado con las triangulaciones hechas por Errázuriz y Nogueira.

Es un hecho que la Cámara no fiscaliza si las asesorías se hacen realmente o si su calidad corresponde a lo que se paga por ellas. Tampoco si los inmuebles arrendados como sedes cumplen con ese rol y si su propiedad está relacionada con el parlamentario. La misma carencia se constata en el pago de los planes telefónicos, ya que no se verifica si tienen como usuarios al diputado y sus asistentes y no a su familia, por ejemplo. (Vea el detalle de las asignaciones, a cuánto ascienden y en qué consisten)

El sistema de fiscalización que se aplica se basa en que ese dinero debe ser administrado por el diputado y que es responsabilidad suya que se gaste de manera correcta. La Cámara, en este contexto, es sólo una caja pagadora que no hace preguntas ni asume responsabilidades. El buen uso del dinero público queda, de esta forma, sujeto a un acto de fe. Aunque se subentiende que las asignaciones deben usarse para apoyar las labores legislativas, fiscalizadoras y representativas que les corresponden a los diputados, no hay normas que lo regulen.

La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional sólo expresa en su artículo 4º que «cada Cámara tendrá la facultad privativa de dictar sus propias normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno». Y en el artículo 5º A, se establece que «el principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función con preeminencia del interés general sobre el particular».

-Si un colega utiliza completamente la plata asignada a movilización para comprar bencina o en gastos de traslado hacia su distrito o hacia Valparaíso, eso sólo lo sabe él. Si efectivamente usa toda la plata destinada a la representación del cargo para recibir a delegaciones y autoridades, para hospedaje y alimentación de él o sus asistentes, eso queda exclusivamente a su conciencia -asegura la diputada María Antonieta Saa (PPD), que entre los funcionarios del Congreso tiene fama de ordenada con sus cuentas y justa en los pagos.

La parlamentaria indica que este sistema de alguna forma compensa otros gastos en que incurren los diputados:

-Yo gasto casi toda mi asignación de arriendo y telefonía en el arriendo de mis sedes, así que el teléfono lo pago con mi dieta, porque cuando nos excedemos del tope, nos descuentan del sueldo la diferencia. En ese contexto no sería extraño que un diputado incluya en su plan de telefonía a sus hijos o su pareja, si al final lo paga de su bolsillo. El problema es que el límite es difuso y eso es lo que debe corregirse.

El diputado Sergio Ojeda (PDC), que también tiene fama de ordenado, cuenta que sólo en arriendo de sus sedes gasta casi 600 mil pesos, por lo que la telefonía sale de su dieta: «Tengo una sede grande en Osorno, con cuatro asistentes, que recibe a unas 80 personas por día. Sólo esa oficina cuesta más de 400 mil pesos.».

– Tenemos un gasto no compensado por el desgaste de nuestros vehículos -señala Saa-, porque si me compro un auto de $ 7 millones, a los dos años lo tengo que vender en $ 3 millones, porque ya tiene más de 200 mil kilómetros. Y alojarse dos o tres veces por semana en Valparaíso, en un lugar barato, sale unos $300 mil mensuales.

No obstante, ambos parlamentarios reconocen que, en pro de la transparencia, se requieren controles y límites precisos. «El sistema, así como está, es vulnerable», dice Saa. Un diagnóstico que comparte plenamente el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez (ver entrevista en nota aparte).

Asesorías externas

¿Cuánto gasta en total la Cámara en servicios para apoyar la labor de los parlamentarios? Las asignaciones mensuales por cada diputado suman $ 8.503.596. Si se multiplica esa cifra por los 120 escaños y los 12 meses del año, la suma anual del gasto en asignaciones se eleva a $ 12.245.178.240. Pero no es esa la cifra final. Falta lo que la Cámara gasta en secretarios y asistentes de los siete comités parlamentarios (UDI, RN, PDC, PS, PPD, PRSD e Independientes). Al año, el gasto global en comités es de $ 184.241.904. De esta forma, la cifra del gasto público para mejorar la calidad de la labor parlamentaria asciende anualmente a $ 12.429.420.144. Y hay más.

Al finalizar el año, habrá que sumar también lo que gasta la Cámara en asesorías legislativas externas, que son pagadas directamente por la corporación pero encargadas por los diputados. En lo que va de este año, esas asesorías ya suman $193.209.167.

Las bancadas tienen sus instituciones favoritas para encargar las asesorías externas (vea la nómina completa de las asesorías en 2009). La UDI, por ejemplo, este año ya le ha pedido 34 asesorías a la Fundación Jaime Guzmán por un total de $ 81.908.750; RN ha hecho lo propio con el Instituto Libertad (21 estudios correspondientes a $ 50.105.834); el PDC encarga las asesorías a Puerto Consultoría Limitada (5 trabajos por $ 11.250.000); el PS se asesora con Celap Limitada (11 informes por $ 25.981.250); y el PPD es asistido por Agora Limitada (con 2 asesorías por $ 4.500.000).

Un dato curioso es que uno de los socios de Agora Limitada, René Canales, es al mismo tiempo jefe de gabinete con contrato indefinido del Comité PPD. Algo similar ocurre con el socio de Celap Limitada, Enrique Aldunate, que en paralelo es asesor del Comité PS. Ambos explican que no hay normas que hagan incompatible trabajar para los comités en materias relacionadas con asesoría legislativa y al mismo tiempo vender asesorías – a través de sus empresas- a los miembros de esos comités. Aldunate figurará desde el próximo mes como empleado del Comité PS y su sociedad Celap está contratada directamente por ese mismo comité para realizar una asesoría por un valor de $ 3.481.250.

-Yo soy un empleado del comité y mi labor es coordinar temas legislativos para los diputados que integran el comité. Fuera de mi horario de trabajo puedo hacer otras asesorías. Las asesorías externas se hacen por encargo de la Cámara, a petición de un parlamentario, entonces el mandante no es el comité, sino la Cámara. Son dos trabajos distintos- explica Aldunate.

La asignación de la discordia

En agosto del año pasado el Sindicato de Trabajadores del Parlamento (Sintrapar), que agrupa a los empleados contratados directamente por los diputados, inició un movimiento para obtener diversos beneficios, como seguros de salud, uniformes y que se contratara a personas que llevaban años boleteando para los parlamentarios. Una irregularidad de acuerdo a las normas laborales.

El 21 de agosto de 2008 los dirigentes del Sintrapar enviaron una carta a cada diputado donde detallaban sus demandas. En ella quedó consignada la existencia de un beneficio que no está a la vista en la sección de Transparencia Activa de la web de la Cámara. «Deseamos que el bono de jornada laboral (entregado en marzo, septiembre y diciembre, que asciende a un sueldo bruto en cada uno de esos meses), el cual cumple la función de suplir el no pago de las horas extraordinarias que se trabajan, sea efectivamente entregado al trabajador y no se le incluya en la dieta del Honorable Diputado», decía la carta.

Un asesor legislativo cuenta que a esa fecha había empleados de diputados que no tenían idea que tal bono existía. No obstante, los recursos para pagarlos son entregados a los parlamentarios. ¿Dónde se quedan esos $8.345.268 que reciben cada año?

-Sólo hay 15 diputados -dice el asesor- que pagan sagradamente ese bono tal como se definió originalmente: tres sueldos brutos extra que se pagan en marzo, septiembre y diciembre. El resto lo paga prorrateándolo en los 12 sueldos del año. Pero hay una trampita, porque muchos diputados declaran que la remuneración mensual de su empleado contiene ese bono, pero no es así.

Fuentes del sindicato confirmaron que no son más de 15 los diputados que efectivamente pagan los tres sueldos extra. El resto lo prorratea y varios diputados solicitaron recibir ellos el dinero y administran su distribución.

-Yo no le pago lo mismo a todos. Le doy más a los que trabajan mejor y a los que ganan menos. Es como un premio- cuenta un diputado.

Otro miembro de la Cámara señaló a CIPER que el bono es sólo para los empleados con contrato y que para ser justo con los que reciben honorarios, decidió asignar un monto más alto a su jefe de gabinete y éste a su vez lo reparte entre los asistentes a honorarios. No obstante, también hay parlamentarios que no dividen todo el monto entre sus empleados y que generan un excedente para contratar más asesores.

-Se permitió esa posibilidad -indica otro diputado-, porque hay colegas que tienen distritos muy extensos, hasta con nueve comunas, y realmente necesitan contratar más gente porque requieren tener más sedes. Entonces se maneja este bono con flexibilidad.

Pero los empleados no están satisfechos con esa respuesta:

-El punto es que ese dinero -señala un asesor legislativo- está destinado a pagar una gratificación, en compensación por las horas extras no remuneradas, y hay diputados que terminan usando parte de esa plata para otro fin, que en el mejor de los casos será contratar a más asesores. Si eso pasara en un organismo de gobierno, como un ministerio o una intendencia, es un ilícito que se denomina «malversación de caudal público», que es usar la plata en otra cosa distinta a la que estaba prevista en el presupuesto. Acá en la Cámara se llama «flexibilidad».

Los funcionarios citan casos similares para demostrar que «los diputados no son iguales al resto de los ciudadanos ante la ley». Uno ocurrió en Valparaíso en 2008, protagonizado por el ex director regional de Chiledeportes, Luis Céspedes, que fue condenado a 541 días de presidio remitido por haber utilizado fondos públicos destinados a otros fines para costear un paseo de los funcionarios del organismo.

Otro round de Correa de la Cerda

Juan Riveros García durante tres años fue chofer del diputado Sergio Correa de la Cerda (UDI), reconocido por sus pugilatos en el hemiciclo con representantes de la Concertación. El 14 de octubre de 2008, el conductor fue llamado a la oficina del parlamentario, quien le solicitó que firmara un anexo de contrato en el que certificaba que sus remuneraciones mensuales incluían el bono por extensión de jornada. Riveros dice que fue la primera vez que escuchó hablar de esa gratificación, pues el propio diputado le había fijado un sueldo bruto de $ 300 mil y nunca le mencionó que incluía el equivalente a tres sueldos en el año.

Correa de la Cerda asegura que el chofer estaba en conocimiento de que su remuneración mensual incluía todo tipo de gratificaciones y que así había quedado estipulado en un primer contrato de trabajo, pero que por error dicha cláusula no se reiteró en el segundo contrato. Efectivamente, todos los empleados de los diputados son finiquitados cuando termina el período de cuatro años de los legisladores, aunque su jefe haya sido reelecto. Si el patrón vuelve a la Cámara, se les recontrata. Así, dice Correa, pasó con su chofer: fue finiquitado y recontratado en marzo de 2006. Lo cierto es que las liquidaciones de sueldo de Riveros en 2008 no consignan el pago de una «gratificación pactada», un «bono de compensación» u otra figura similar, salvo la de septiembre, que contiene un «bono especial» de $ 76 mil pesos que según el chofer correspondería a un aguinaldo por fiestas patrias.

Riveros rechazó firmar el anexo y pidió que se le pagara el beneficio que a su juicio se le había negado.

-Le dije que me diera unos días para pensar. El diputado también le pidió a dos secretarias que le firmaran y ellas aceptaron. Fui a conversar con los dirigentes del sindicato y recién ahí supe lo de los tres sueldos extra- cuenta el conductor.

Dos semanas después, el 30 de octubre, el diputado lo despidió. Según el parlamentario no fue por su negativa a firmar el documento, sino «porque había perdido la confianza por otras razones». El caso llegó a la justicia laboral de Valparaíso, donde se cerró con un acuerdo. Más allá del fin que tuvo la demanda de Riveros, el caso del chofer tiene el mérito de haber sido el primero que llevó fuera de las paredes del Congreso esta desconocida asignación y la curiosa «flexibilidad» con que se paga.

Asesores y correligionarios

Bajo los actuales parámetros con que se administran los dineros que se asignan a los parlamentarios para que contraten asistentes, es imposible saber si una asesoría legislativa realmente se ha hecho o si es de calidad. Tampoco si está justificado el trabajo de los asesores que laboran en los distritos, la mayoría correligionarios que operan como coordinadores territoriales para los diputados. El límite entre pagar una asesoría y financiar al partido, es tenue. Y la práctica, transversal.

En las nóminas de asesores y secretarios que se pueden ver en la sección de Transparencia de la web de la Cámara, hay casos que llaman la atención. Por ejemplo, que la diputada por Puente Alto, Isabel Allende (PS), tenga como asesor a un concejal de Copiapó, precisamente la circunscripción por la que aspira al Senado.

El diputado del PRI Jaime Mulet, tiene 13 asistentes. Entre ellos figuran el prosecretario general del PRI (Jorge Brito); la coordinadora juvenil del PRI (Daniela Campos, asesora además del Comité PRI y de los diputados Araya, Olivares y Sepúlveda); un consejero regional representante del PRI en el gobierno regional de Atacama (Jaime Cruz); la concejal del PRI por Caldera (Soledad González). Por último, su secretaria en la sede del PRI (Valeria Berríos) también se paga con la asignación de la Cámara.

En el equipo que declara el diputado Iván Norambuena (UDI) hay un consejero regional de la UDI en el gobierno regional del Bio Bio (Luis Aguayo) y un concejal por Curanilahue (José Aguilera). El diputado Mario Bertolino (RN), tiene entre sus asesores a una ex candidata a concejal RN por Andacollo (María Cristina Aguirre), la hija de una ex alcaldesa de Vicuña (Pamela Pinto), una ex Miss Andacollo y jefa de comunicaciones de la municipalidad de esa comuna (Andrea Vásquez). Un hecho curioso es que su secretaria en el distrito (Rosa Vargas) figura representándolo en el acta de socios ordinaria del Club Hípico de Peñuelas. Bertolino también tiene como asesora legislativa a María Eugenia Ribera, hermana del ex diputado de RN, Teodoro Ribera, y quien tiene el récord de asesorías parlamentarias. La abogada trabaja con ocho diputados: Becker, Vargas, Verdugo, Galilea, García, Delmastro e Isasi.

El mismo Bertolino figura como uno de los diputados que más viajes en avión ha cedido a su esposa con financiamiento de la Cámara. En abril, su señora, Ana María Cooper, figura con tres viajes (dos La Serena-Santiago y uno Santiago-La Serena) y en mayo con uno (Santiago-La Serena).

Aunque se supone que los pasajes en avión asignados a los diputados (48 nominativos y 12 al portador, todos de ida y vuelta dentro del país), debiesen ser usados en apoyo a la labor legislativa y fiscalizadora de los parlamentarios, en los hechos muchos los ceden a personas ajenas a esas funciones. Al revisar los pasajes que han sido usados por personas no relacionadas con el trabajo de los diputados en los meses de abril y mayo de este año (la única información disponible y difundida gracias a la nueva Ley de Transparencia), se puede apreciar que varios fueron cedidos por razones humanitarias a personas de escasos recursos que enfrentaban emergencias, pero hay también muchos que se endosaron a familiares directos o dirigentes de sus partidos.

-Si los usan parientes, corresponde considerar el valor del pasaje como parte de los ingresos que recibe el diputado -dice un antiguo asesor legislativo.

Incluso, aquellos diputados que tienen fama de austeros y ordenados con sus cuentas han usado pasajes para sus parientes. Es el caso de Sergio Ojeda, que en abril cedió un pasaje (Santiago-Osorno) a su hijo Rodrigo: «Necesitaba unas carpetas con urgencia para mi trabajo legislativo, y él me las trajo», explica. En mayo, viajó dos veces (Santiago-Osorno y Osorno-Santiago) su hija Verónica: «Fue una urgencia. Estaba enferma, tenía que viajar y uno como padre se preocupa de que no le pase nada. Pero nunca le he facilitado pasajes a alguien que no sea de mi círculo familiar o de mi equipo de trabajo».

También se financian viajes de dirigentes partidarios, como es el caso del secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes, que en abril viajó ida y vuelta Santiago-Balmaceda con pasajes aportados por el diputado de Aysén, René Alinco; y en mayo fue a Puerto Montt y a Balmaceda con boletos que le cedió el diputado por Cerro Navia, Guido Girardi Briere.

-Yo reconozco que he entregado pasajes para que viajen delegados al Consejo General de mi partido. Y no me arrepiento, porque mientras no exista una ley de financiamiento a los partidos políticos, no nos queda otra alternativa que usar estos recursos. Y también los partidos usan nuestras oficinas distritales como sedes para sus reuniones. Y si no lo hacemos así, ¿dónde se reúnen los militantes? -confiesa una diputada.

* Asistentes de investigación: Jorge Sullivan y Matías Fouillioux

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