Todos los chilenos sabemos que nuestras ciudades son cada vez más segregadas y nos consolamos creyendo –porque así se nos dice- que la fragmentación entre zonas de ricos y zonas de pobres son problemas inevitables del mundo moderno. Sin embargo, un informe de la OCDE conocido a comienzos de marzo de 2013 ha mostrado que Santiago es la ciudad más segregada de entre 30 urbes estudiadas por ese organismo. Esto quiere decir que hemos llevado la desigualdad a niveles que nadie tolera, salvo los chilenos. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? ¿Qué vías pueden sacarnos de esta enferma forma de construir ciudades? La arquitecta Camila Cociña abordó esos temas en esta serie de columnas publicadas en CIPER a fines del año pasado. Siguiendo la línea de las exitosas y clarificadoras reflexiones de los abogados Fernando Atria (10 lugares comunes falsos sobre la educación chilena) y Francisco Saffie (Un sistema tributario diseñado para privilegiar a unos pocos), los textos de Cociña examinan en profundidad un área clave de las políticas pública, pues “una política de vivienda que tienda a que los distintos sectores sociales vivan juntos, puede ser una muy poderosa herramienta de cambio social”.

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La situación ha llegado a tal punto que el gobierno anunció que deberá demoler y reconstruir muchas zonas que se han vuelto invivibles para sus habitantes y focos de peligro para las poblaciones cercanas, lo que significa reconocer que miles de millones de pesos fueron tirados a la basura.

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En esta segunda entrega, Cociña aborda un punto central para una vida social más igualitaria: construir ciudades más vivibles consiste, en parte, en permitir a los distintos grupos sociales vivir en buenas ubicaciones, aunque no puedan pagar por ellas.







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En esta tercera columna, la arquitecta Camila Cociña analiza el rol de los privados en una política de vivienda. Afirma que “tanto constructoras como inmobiliarias lucran a costa de la reproducción de la pobreza y la desigualdad, con dineros provenientes del Estado y del ahorro de las familias más vulnerables”. No propone terminar con el lucro, sino crear instancias para que las constructoras lo obtengan de los sectores altos y medios y no de los pobres ni del Estado.

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La segregación social y su raíz amarga, el miedo al otro, se encuentra en múltiples áreas de la vida nacional. Y las familias pobres que son apartadas en barrios para pobres, terminan mandando a sus hijos a escuelas que solo reciben a jóvenes pobres. La arquitecta Camila Cociña postula aquí que una política de vivienda que tienda a que los distintos sectores sociales vivan juntos, no solo es posible. Puede ser además, una muy poderosa herramienta de cambio social.

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En esta última columna la arquitecta aporta una vía de solución a la que recurren las ciudades que buscan enfrentar sus guetos: la mirada intersectorial, que piensa la urbe como un todo que funciona junto y no como una serie de proyectos inmobiliarios privados donde cada uno renta lo que puede a costa de lo que sea.

1. Por qué hemos construido guetos y lo seguimos haciendo

Entre 1990 y 2009 Chile redujo las familias con problemas de vivienda de 30% a 9%. La veloz construcción de casas, que nos dio fama internacional, tiene su sostén en un Estado que subsidia a las familias y en constructoras privadas que obtienen grandes beneficios. Debajo de los exitosos números, sin embargo, ha crecido un problema enorme. Casi con la misma velocidad con que se levantan nuevos barrios, estos se transforman en guetos, en zonas de excluidos.

2. La ciudad es un derecho

En los próximos años el Estado invertirá millones de dólares en demoler y reconstruir poblaciones que construyó hace menos de 20 años. A la pérdida de recursos fiscales y al daño para las familias que quedaron atrapadas en guetos, se suma el daño por la fragmentación en zonas de ricos y zonas de marginados. Se olvida, dice la arquitecta Camila Cociña, que la política de vivienda tiene una ineludible dimensión pública que desaparece cuando las decisiones de construcción quedan en manos de inmobiliarias que maximizan sus utilidades levantando poblaciones en zonas aisladas y, por lo tanto, baratas.

3. Un sistema que lucra con los “sin techo”

La política de vivienda, en su actual estado, es una fuente de consolidación de desigualdades. Una sociedad que no considera la vivienda como un derecho, sino como un bien a adquirir, ha puesto al Estado en el rol de garante de mercados y de repartidor de subsidios, pero casi sin ningún control sobre la ciudad que se está llenando de guetos. Ese desastre social produce enormes ganancias a privados.

4. Una política de vivienda como instrumento de cambio social

Países que intentan detener la “guetificación” de sus ciudades están obligando a sus empresarios de la construcción a pensar comunitariamente. Si levantan un condominio de sector medio o alto, deben construir al lado, como parte del mismo proyecto, un conjunto de viviendas sociales. La idea es que solo se construyen ciudades democráticas y vivibles si ricos y pobres viven juntos, comparten las mismas calles, las mismas plazas ¿Funcionaría eso en Chile?

5. La hora de pensar en la ciudad de todos y no en el bolsillo de unos pocos.

La serie de columnas de la arquitecta Camila Cociña ha mostrado a los lectores de CIPER un aspecto poco discutido de la segregación: la que se produce a través de una política de viviendas sociales que junta a los chilenos más pobres en los extremos más baratos de las ciudades. Construyendo de ese modo, las inmobiliarias obtienen grandes ganancias y la ciudad grandes pérdidas pues las viviendas se transforman en guetos que no permiten el desarrollo de sus habitantes y constituyen focos de temor para el resto de los barrios.