San Ramón: tres investigaciones cercan al alcalde vinculado a narcotraficantes

Dos indagatorias del Ministerio Público y una de la Contraloría tienen al alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS) bajo fuego cruzado. El golpe más letal puede darlo la Contraloría, que culmina una auditoría que acredita múltiples irregularidades en el municipio. Una de las más graves es la falta de control en la entrega de un barbitúrico de efecto hipnótico en el Cesfam de La Bandera, zona donde opera el “Chino” Pinto, el narco que estaba contratado en San Ramón. La Fiscalía apunta a cuatro delitos: fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, negociación incompatible y nombramientos ilegales.

Nueve meses han pasado desde que estalló el escándalo de los vínculos entre narcotraficantes y el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Y aunque ante sus cercanos el edil insiste en su inocencia, acusa un montaje y alega que hasta ahora solo lo ha condenado la prensa, tres investigaciones que han avanzado silenciosa y sostenidamente pueden darle un golpe letal: dos del Ministerio Público y una de la Contraloría. Los antecedentes acumulados en esas indagatorias indican que el cúmulo de irregularidades detectadas en esa municipalidad configurarían al menos cuatro delitos: fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y nombramientos ilegales.

Pero si Aguilera -quien fue expulsado del PS tras el escándalo- no logra demostrar el origen de los recursos con los que adquirió en 2016 una casa de $350 millones en La Reina, el ilícito por el que podría enfrentar a la justicia sería de un peso mucho mayor: lavado de activos. Un golpe que podría resultar definitivo para quien era hasta hace pocos meses el líder de una de las máquinas de poder más influyentes del Partido Socialista.

La primera investigación que golpeará a Aguilera es la que lleva la Contraloría General de la República (CGR). Un mes y medio después de que la edición de Informe Especial del pasado 1 de octubre reveló los vínculos entre la Municipalidad de San Ramón y el narco Jorge “Chino” Pinto, un equipo de auditores de la CGR se instaló en la sede comunal. Durante dos meses, desde el 17 de diciembre hasta el 18 de febrero, los funcionarios revisaron documentación y tomaron declaraciones. Algunos de los informes resultantes de esta inspección ya están sobre el escritorio del contralor Jorge Bermúdez, a la espera de su firma. Y prometen ser demoledores.

BAJO EL FUEGO DE LA CONTRALORÍA

La CGR está realizando varias auditorías a la Municipalidad de San Ramón a raíz de diversas denuncias efectuadas de forma personal o a través del portal “Contraloría y Ciudadano”. Todas ellas fueron presentadas después de que se hicieron públicas las graves acusaciones contra Aguilera (vea aquí algunas de esas denuncias).

Una de las inspecciones de la CGR arrojó un dato inquietante: en el Centro de Salud La Bandera (la población donde opera el “Chino” Pinto) no se registró ni el ingreso ni la salida del fármaco Fenobarbital, un barbitúrico de efecto sedante e hipnótico. La pérdida de control sobre este medicamento impide determinar a quién se entregó y en qué cantidad. El hecho adquiere una connotación más grave, ya que la misma CGR estableció que 28 personas fueron contratadas en los programas de salud de San Ramón sin presentar sus certificados de antecedentes ni declaraciones juradas de probidad.

Roberto Martínez

Las auditorías de la CGR –algunas todavía en etapa de levantamiento de información– han acreditado hasta ahora graves fallas en control financiero y administrativo, como irregularidades en contrataciones y pago de sueldos, así como vacíos en registros contables. Funcionarios de la Municipalidad de San Ramón que conocen esas investigaciones, dijeron a CIPER que lo que ocurre en San Ramón “es sorprendente” y que es probable que el contralor Jorge Bermúdez notifique al Ministerio Público la eventual configuración de ilícitos penales.

Consultada la Contraloría por el curso de estas investigaciones, su Departamento de Comunicaciones solo confirmó a CIPER: “Efectivamente, están en curso diversas fiscalizaciones  referidas al Municipio de San Ramón”, sin agregar más detalles.

Empleados de la municipalidad, quienes pidieron la reserva de sus nombres, dijeron a CIPER que la CGR levantó documentación que demuestra la contratación de operadores políticos y de sus familiares, así como de personas con antecedentes penales (como el caso del mismo “Chino” Pinto) que han apoyado las campañas de Aguilera. Muchos de ellos cobraban sus sueldos u honorarios sin prestar servicios reales.

Los mismos funcionarios señalaron que entre la información que se entregó a la CGR, figuran seis licitaciones municipales adjudicadas a una empresa del concejal socialista José Miguel Zapata, por un total de $283,5 millones. Al menos en dos de ellas se efectuaron pagos correspondientes al 70% de los contratos (lo que suma alrededor de $74 millones), aunque los servicios o productos nunca se entregaron.

Zapata es parte del círculo político más estrecho de Aguilera. Como funcionario del Gobierno Regional Metropolitano estaba encargado de colaborar en la elaboración, ejecución y control del presupuesto de inversión regional. Configurando un círculo perfecto, con esos mismos fondos se pagaron los servicios que su empresa –la consultora AEIS– se adjudicó en las licitaciones de la Municipalidad de San Ramón que ahora están bajo el microscopio de la Contraloría y del Ministerio Público.

Jorge «chino» Pinto

Aunque la municipalidad demandó a AEIS por el incumplimiento de los contratos, lo hizo recién el 23 de marzo de 2018, casi cinco meses después de que CIPER publicó las irregularidades en estas licitaciones y los estrechos nexos entre el alcalde Aguilera y José Miguel Zapata (vea ese reportaje de CIPER).

“Esa demanda es un volador. La presentaron cuando Aguilera ya no controlaba la situación, después que la Contraloría se había llevado todos los documentos en febrero. Lo hizo porque sabía que  todo esto iba a aparecer”, señaló a CIPER un funcionario de la misma municipalidad que conoce el detalle de los archivos que revisó la CGR.

Otro contrato que está en la mira de los investigadores es el que concesionó un amplio paño de 15 mil metros² aledaño a la sede municipal y que enfrenta la Autopista Vespucio Sur. El terreno es un bien nacional de uso público que administra la municipalidad, la que lo entregó en concesión a una sociedad integrada por Marcela Rosales Belmar, miembro del Comité Central del Partido Socialista e integrante del círculo político del alcalde Aguilera.

El negocio que instaló Marcela Rosales en el predio es la bullente automotora Parque Automotriz Vespucio San Ramón, que subarrienda 80 espacios para la compra y venta de vehículos usados. Lo que está bajo investigación es si el pago por la concesión (200 UTM mensuales, cerca de $9 millones) es muy bajo en relación a los ingresos generados por el negocio, y si ello se origina en los nexos que unen a sus dueños con el alcalde Aguilera.

LOS PASOS DE LA FISCALÍA

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Metropolitana Sur, lleva dos investigaciones originadas por las denuncias sobre vínculos entre el municipio comandado por Aguilera y narcotraficantes. La primera es por ilícitos relacionados con la Ley de Drogas y está cargo del fiscal Leonardo Zamora. La segunda es por delitos funcionarios y está en manos del fiscal Víctor Núñez.

Consultado por CIPER, el vocero de la Fiscalía Sur, Marco Pastén, informó que en la investigación que dirige el fiscal Zamora hay tres personas en prisión preventiva: Jorge “Chino” Pinto y su yerno, Miguel Ángel Sánchez, ambos detenidos por enviar un cargamento de 20 kilos de pasta base a Concepción. La operación fue descubierta en septiembre del año pasado, cuando Pinto ya figuraba como empleado del municipio –con un sueldo de $500 mil– a pesar de que tenía antecedentes por narcotráfico.

El tercer detenido es Roberto Martínez, quien trabajaba en el área de seguridad de la Municipalidad de San Ramón, era guardaespaldas del alcalde Aguilera y había oficiado como administrador de la última campaña electoral del edil. Martínez cayó cuando conducía un auto con patente falsa y llevaba un centenar de municiones que desde la cárcel le fueron encargadas por el “Chino” Pinto (vea ese reportaje de CIPER).

Respecto de la indagatoria por delitos funcionarios, el vocero de la Fiscalía señaló que se trata de una investigación desformalizada, en la que aún no se formulan cargos y que está en pleno desarrollo. Se han tomado múltiples declaraciones y encargado diversas diligencias. Entre estas últimas se cuenta la revisión de los computadores y documentos incautados por la PDI en la municipalidad el 2 de octubre pasado, un día después de la emisión de Informe Especial. El análisis de los materiales requisados aún está en proceso.

La Fiscalía, además, se encuentra a la espera del o los informes que evacúe la Contraloría sobre incumplimientos administrativos en la Municipalidad de San Ramón que puedan dar pie a la persecución de delitos penales.

Marco Pastén informó a CIPER que los posibles ilícitos a los que hasta ahora está apuntando la investigación del fiscal Núñez son los cuatro mencionados al inicio de esta nota: fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y nombramientos ilegales.

LA CASA EN LA REINA

El 10 de mayo de 2016 el alcalde Miguel Ángel Aguilera compró con su esposa Giovanna Barrera Pino, en sociedad conyugal, una casa en el Condominio Álvaro Casanova, en La Reina. Pagó 13.155 UF (cerca de $350 millones), de acuerdo a lo que indican los registros del Conservador de Bienes Raíces. Es la compra más cara que ha hecho. También tiene una casa en La Florida y un terreno en Nogales, según apuntó en sus declaraciones de patrimonio.

Las mismas declaraciones indican que Aguilera no tiene otra actividad profesional o económica al margen de la alcaldía y que tampoco cuenta con otros valores. Es decir, vive con lo que gana en San Ramón: poco más de $4 millones líquido, de acuerdo con la web de transparencia municipal, que solo está actualizada hasta diciembre de 2017.

Su esposa, Giovanna Barrera, fue contratada por la Municipalidad de Independencia durante nueve meses, entre octubre de 2015 y junio de 2016. Según los informes de desempeño que exhibe la Dirección de Desarrollo Comunitario de Independencia, ella trabajó a honorarios primero en temas relacionados con organizaciones de mujeres y luego con mujeres deportistas, percibiendo $1,1 millón mensual (vea esos informes).

En la última declaración de patrimonio de Aguilera, fechada en este mes de junio, su esposa figura percibiendo ingresos pagados por la Municipalidad de Lo Espejo desde noviembre del año pasado. Sin embargo, en la web de Transparencia de esa comuna, CIPER no encontró referencias al trabajo que allí realiza Giovanna Barrera.

Aunque parte de la adquisición de la casa en La Reina fue financiada con un crédito hipotecario, el alcalde podría verse obligado a justificar el origen de los recursos con los que financió el pie de la operación: por sobre el 25% de los $350 millones que costó el inmueble. Si la Fiscalía llegara a establecer que efectivamente hubo fraude al Fisco en San Ramón, con participación del edil, es altamente probable que se indague un posible lavado de activos, para establecer si hay una conexión entre esas operaciones ilícitas y la adquisición del inmueble en La Reina.

El desarrollo de estas tres investigaciones que hoy acechan a Miguel Ángel Aguilera, pone en jaque la operación que el alcalde de San Ramón preparaba desde hace meses para recomponer su fuerza política y su poder en el Partido Socialista. Consciente de que su máquina electoral es imbatible, y de que si se presenta como independiente sale electo de todos modos, Aguilera confiaba en que su partido le abriría las puertas. Pero las fichas que jueguen la Contraloría y el Ministerio Público pueden obstaculizar sus planes.