Alcalde Vittori decide destino de la basura de Maipú sin licitación ni venia del concejo

Está formalizado por el llamado “Caso Basura”, pero eso no impidió que el alcalde de Maipú, Christian Vittori, optara por el camino menos transparente a la hora de definir quién se hará cargo de los desechos de la comuna que produce más residuos domiciliarios del país. Un día antes de que venciera el contrato vigente, el viernes 29 de julio Vittori simplemente avisó al concejo municipal que había decidido enviar la basura de Maipú al relleno Santiago Poniente y que para ello no necesitaba la aprobación de los concejales.  De oficio y sin licitación, el alcalde optó por adscribir a un convenio que le costará a la comuna $2.200 millones al año.

Para justificar legalmente la decisión, Vittori desempolvó la relación de la comuna con la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres), de la que Maipú es uno de sus 21 municipios socios. Tras el cierre forzado de los vertederos de Lepanto y Lo Errázuriz, Emeres licitó la disposición de la basura de sus socios en 2001, adjudicando los contratos a Santiago Poniente y Santa Marta. Más de 15 años después, Christian Vittori desempolvó está licitación para amarrar a Maipú al relleno Santiago Poniente.  Emeres había dejado de ser un protagonista de las frecuentes polémicas de los desechos de la capital y muchos creían que había desaparecido, pero la jugada que hizo Vittori demuestra que sigue operando. Y tiene nuevos proyectos (ver recuadro).

En el último concejo municipal, el director jurídico de Maipú, Cristián Mella, explicó que como la municipalidad es socia de Emeres y ésta tiene contrato con Proactiva (la empresa que opera Santiago Poniente), sumarse a ese acuerdo no equivale a entregar un servicio municipal a un tercero. Aseguró además que, como Maipú es parte de Emeres, la aprobación de los convenios de esa empresa con sus distintos contratistas no requiere el visto bueno del concejo, sino sólo del alcalde. La normativa general establece que el concejo municipal debe aprobar todos los contratos sobre 500 UTM y, según la lectura de Mella, esta sería una excepción. Pero, pese a que la basura comenzaría a ser enviada a Santiago Poniente el martes 2 de agosto, apenas cuatro días después de esa sesión del concejo, Mella anunció que pedirían a Contraloría que ratificara la decisión.

Jaime Cataldo (Fuente: seminariorelagres.org)

La decisión de Vittori de recurrir al contrato de Emeres fue tomada a última hora y aún no tiene explicación clara. Hasta el 1 de agosto Maipú tenía vigente un contrato con KDM por la utilización del relleno Loma Los Colorados. Si hubiera querido hacer una licitación para reemplazarlo, debería haberlo planificado con meses de anticipación. Sin embargo nada se hizo. Recién el 6 de julio –menos de un mes antes del fin del contrato con KDM– la administradora municipal (s) de Maipú, Alejandra Bustamante, envió una carta a Emeres preguntando por las tarifas de sus convenios con los rellenos y la capacidad disponible, entre otros detalles (ver carta de Bustamante a Emeres).

El 12 de julio el gerente general de Emeres, Jaime Cataldo, respondió la misiva, explicando el marco legal en que operan los convenios. Citando un dictamen de Contraloría de 1997, explicó que las municipalidades socias de Emeres no están obligadas a licitar ni “el lugar que utilizarán como vertedero” ni las condiciones. Y aunque Cataldo sostuvo que no hay norma que obligue a que los concejos aprueben los convenidos concesionados por Emeres, también le advirtió que “atendida la volatilidad de la jurisprudencia de la Contraloría en el último tiempo, puede ser razonable que se someta a aprobación del concejo municipal” (ver carta de Emeres a Bustamante).

Consultado por CIPER, Cataldo explicó que no hay precedente de otra comuna que haya dejado de operar con Emeres y luego haya vuelto a hacerlo.»Nosotros sugerimos que preferíamos que lo pasaran a concejo municipal, pero no tengo una norma jurídica como empresa que diga que cuando vuelva un municipio tiene que nuevamente ser aprobado por el concejo municipal”, dijo Cataldo.

Si bien contar con la aprobación del concejo parece a todas luces razonable, el de Maipú es un caso particular: cuatro concejales y el alcalde están formalizados por supuestos actos de corrupción en las anteriores licitaciones por recolección y disposición final de la basura.

La fiscalía acusa al concejal Marcelo Torres (RN) de haber recibido millonarios pagos de la empresa KDM para repartirlos entre los concejales Carlos Jara (PPD) y Carol Bortnick (PPD), el actual alcalde Christian Vittori (ex DC) y el ex concejal Carlos Richter (RN). Esto, con el objetivo de asegurar que KDM fuera la empresa elegida para recibir la basura de Maipú durante cinco años, por más de $10 mil millones. Dentro de las pruebas que sustentan la teoría de la Fiscalía existe un audio que registra una reunión entre Torres y ejecutivos de KDM, en que el concejal les ofrece una vía para sacar de la competencia a su principal rival, Proactiva, la empresa que ahora fue elegida por Vittori para recibir los residuos de Maipú. Por su parte, al concejal Antonio Neme (UDI) se le imputa haber recibido dinero de Proactiva.

Los concejales Ariel Ramos (PC) y Mauricio Ovalle (DC) cuestionaron a Vittori por no haber licitado la disposición de la basura en búsqueda de un mejor precio y por decidir a última hora, sin darles la posibilidad de objetar su determinación. Cuando Ovalle pidió conocer los plazos del convenio con Emeres, Vittori sólo contestó que si la próxima administración que asuma en diciembre quiere licitar, puede hacerlo.

Sobre eso tampoco hay certeza. El gerente de Emeres dijo a CIPER que el contrato con Santiago Poniente vence en 2020 y respecto a la salida de los municipios que disponen ahí la basura, sostuvo que los estatutos tienen “una ambigüedad que vamos a tener que resolver”. Hay un precedente: cuando en 2002 Maipú decidió enviar sus residuos a Loma Los Colorados, Emeres demandó al municipio por incumplimiento de contrato, pero llegaron a un acuerdo extrajudicial. Cataldo dijo a CIPER que la política de Emeres es que los municipios se queden hasta el final de los contratos, por lo que anunció que iría  al concejo de Maipú a solicitar eso.

De acuerdo a la presentación hecha en el último concejo, al enviar sus desechos a Proactiva la Municipalidad de Maipú pagaría $2.244 millones al año, en vez de los $2.627 que costaría ampliar el contrato con KDM.  Un ahorro de $383 millones al año.  Lo que Vittori no dijo es que es una incógnita el precio que habrían ofrecido las tres empresas con rellenos disponibles en Santiago –Proactiva, KDM y Santa Marta– si es que se hubiera hecho una licitación competitiva.

OTRA DECISIÓN POLÉMICA

La disposición de la basura en Santiago Poniente no fue la única decisión polémica y de última hora que tomó Vittori el viernes 29. Ese día también sometió a votación del concejo –en esto sí tuvo que preguntar– la extensión por un año de los contratos de recolección de basura.  Consiguió que esto se aprobara con seis votos favorables, dos en contra y dos abstenciones. De los ediles investigados por el “Caso Basura”, dos votaron a favor (Vittori y Carlos Jara) y dos se abstuvieron (Antonio Neme y Carol Bortnick), según informó La Tercera.

Concejo Municipal de Maipú

La extensión de contrato sin licitación es particularmente polémica porque beneficia a dos empresas, Dimensión y Demarco (del Grupo Urbaser-Danner, al igual que KDM), que se adjudicaron los contratos en el proceso que está en el origen de la investigación del Ministerio Público por la basura. Tal como informó CIPER en ese momento, la licitación de 2010 desde un inicio presentó indicios de irregularidades.

En esa oportunidad, Dimensión hizo la oferta más barata y cinco concejales se negaron en reiteradas votaciones a asignarle el contrato. Finalmente, el entonces alcalde Alberto Undurraga (DC) debió hacer cambios y terminó entregándose la recolección a Dimensión y Demarco en zonas distintas de la comuna, con un costo extra de casi $1.000 millones. Los cinco concejales que trabaron las licitaciones –Marcelo Torres (RN), Carlos Richter (RN), Christian Vittori (DC), Carol Bortnick (PPD) y Carlos Jara (PPD)– están formalizados hoy en el “Caso Basura”.

Según publicó La Tercera, uno de los argumentos de Vittori para extender ese cuestionado contrato por un año fue que “la ampliación del actual servicio es más económica que una nueva licitación”. Una afirmación difícil de sostener sin conocer nuevas ofertas. En la presentación en power point (ver documento) del municipio se afirmó que si se licitara, deberían incorporarse nuevos servicios, como recolección de residuos reciclables, además de una nueva flota, pero no se cuantifica el costo de aquello.

La extensión se realizará en las condiciones actuales, lo que en un año significa unos $1.700 millones para Demarco y unos $1.900 millones para Dimensión. Sin embargo, las utilidades de ambos por el mismo servicio podrían aumentar durante el mismo periodo, pues en el concejo no se trató un punto clave: con el cambio de relleno debería haber un ahorro de costos importante, pues la planta de transferencia de KDM con la que se licitó originalmente estaba en Quilicura y ahora la basura se dispondrá en Santiago Poniente, que queda en Maipú, con lo que la distancia que debe recorrer cada camión se acorta en unos 12 kilómetros en promedio.

PROBLEMAS HISTÓRICOS DE MAIPÚ CON EMERES Y SANTIAGO PONIENTE

La decisión de Vittori de sumarse nuevamente al contrato de Emeres y enviar los residuos al relleno de Santiago Poniente es llamativa, además, porque la Municipalidad de Maipú tiene una historia problemática con ambos.

Los roces de Maipú con Emeres comenzaron en 2002, cuando el entonces alcalde Roberto Sepúlveda (UDI) decidió no enviar los residuos a Santiago Poniente y dejar de pagar las cuotas que le correspondían al municipio como socio de Emeres. La empresa no se quedó de brazos cruzados: demandó a Maipú por incumplimiento de contrato y por boletas impagas, correspondientes al cierre de los vertederos de Lepanto y Lo Errázuriz. En 2010, Emeres –entonces en quiebra– le propuso a Maipú pagar $154 millones en vez de los $600 millones en que valorizaba la deuda. La salida extrajudicial fue aprobada por el concejo.

Cuando Sepúlveda optó por no enviar los desechos a Santiago Poniente la medida parecía coherente,  pues había una fuerte oposición entre los vecinos de Maipú a que se instalara un relleno sanitario en la comuna. Pero el camino alternativo que siguió Sepúlveda es visto hoy como el inicio de la relación impropia entre Maipú y KDM: en vez de licitar el servicio o consultar al concejo, el alcalde se sumó al contrato que otros 22 municipios tenían con KDM para depositar la basura en Loma Los Colorados.  Ese acuerdo incluía una cláusula de renovación automática que los amarraba hasta 2027.

Relleno sanitario Santiago Poniente (Fuente: wikimapia.org)

Cuando Undurraga, quien sucedió a Sepúlveda en la alcaldía, anunció en 2010 que no se renovaría el contrato (que de todas maneras se adjudicó KDM en la licitación del año siguiente), en Maipú las sospechas de que había pagos irregulares de KDM  a los concejales ya eran un secreto a voces. Hasta en youtube circulaba una grabación de una conversación entre el concejal Torres y el gerente de KDM Fernando León en que hablaban de buscar el cierre de Santiago Poniente.

Los problemas entre Maipú y Proactiva también tienen una antigüedad de al menos tres lustros. El relleno que Proactiva (entonces Coinca) instaló en Maipú obtuvo su autorización ambiental en 2001. Desde un comienzo tuvo la oposición del municipio por el impacto que tendría para los vecinos tanto la disposición de la basura como la masiva circulación de camiones. Los problemas persistieron cuando el relleno comenzó a operar, pues nunca cumplió con todas las exigencias de su Resolución de Calificación Ambiental. Un punto crítico era la construcción de un camino alternativo para la circulación de camiones, de modo de que no utilizaran la ruta de Rinconada. Proactiva no lo construía, pero además la municipalidad ponía trabas administrativas.

Aunque finalmente la Municipalidad de Maipú otorgó las servidumbres que se necesitaban para la habilitación de la nueva vía, Proactiva inició diversas gestiones para fijar el camino de Rinconada como acceso definitivo al relleno, argumentando que no podían expropiar para construir una nueva ruta.  En 2013 presentó un nuevo estudio de impacto ambiental que busca regularizar el uso del camino Rinconada. Si bien fue aprobado, Proactiva estima que se le impusieron exigencias “de manera ilegal”, como el desarrollo de un Estudio de Ingeniería Definitivo para un circuito vial de 12 kilómetros, la construcción de ciclovías, veredas y de un puente peatonal, entre otras. En enero pasado la empresa presentó un reclamo ante el Segundo Tribunal Ambiental, del que aún no hay fallo.

EMERES NO ESTABA MUERTA

En 1986, gracias a  la autorización del ministro del Interior, Ricardo García Rodríguez, 14 municipios metropolitanos formaron la empresa Emeres con el objetivo de administrar  los lugares destinados a la disposición final de su basura, además del “tratamiento, comercialización e industrialización de esos productos” (vea el acta de constitución). Estas 14 municipalidades -Maipú, Santiago, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Estación Central, Macul, Peñalolén, San Ramón, La Pintana, La Cisterna, La Florida, San Miguel y La Granja – ya se habían asociado unos años antes para administrar el vertedero Lo Errázuriz, que fue construido en 1984 en medio de una población de Estación Central. Un conflictivo, pero lucrativo negocio para los municipios.

Sede de Emeres en La Cisterna (Fuente: emeres.cl)

El gas que producía la basura en Lo Errázuriz se filtraba y amenazaba a los vecinos que vivían a su alrededor, pero también le reportaba ganancias a los ediles. En su edición de junio de 1986, la revista Mensaje detalla los alcances del negocio: “Las 14 municipalidades -dueñas del vertedero-  lo venden a Gasco (…) Lo que no se sabe es cuánto significa en ingresos para las municipalidades. De los egresos sí  se sabe que pagan casi $200 por tonelada de basura a la empresa encargada de construir el relleno sanitario: Ruiz y Cía., que opera bajo la sigla Starco” (actualmente propiedad de KDM). Según publicó La Tercera en octubre de 1986, alrededor de 3.500 toneladas de basura se depositaban en el vertedero diariamente.

En medio de esa polémica, los 14 alcaldes formaron Emeres y a través de ella operaron Lo Errázuriz hasta 1995 cuando cumplió su vida útil. Luego de eso, arrendaron el vertedero de Lepanto, en San Bernardo, para disponer la basura de los municipios socios, el que también estuvo rodeado de cuestionamientos. A comienzos de este siglo, y ante la inminente clausura de Lepanto, Emeres convocó a una licitación internacional para construir dos rellenos sanitarios en la zona sur de la capital, los que funcionan hasta hoy: Santiago Poniente (Proactiva) y Santa Marta (Consorcio Santa Marta).

Las dos empresas seleccionadas quedaron a cargo de pagar los terrenos, construir y administrar los rellenos, mientras que Emeres se comprometía a disponer la basura de sus 14 socios en alguno de los dos. Tras la clausura de Lepanto, en 2002, y la apresurada apertura de los rellenos recién construidos, la Intendencia Metropolitana ordenó enviar la basura de un grupo de municipios socios al relleno de KDM, en TilTil, ya que los otros no estaban en condiciones de recibir lo prometido.

Entre 2006 y 2010, tras acumular años de deudas, Emeres entró en un proceso de quiebra, pero el terreno del ex vertedero Lo Errázuriz la salvó. Lo vendió por cerca de $1.700 millones al Gobierno Regional Metropolitano, que construiría un parque en su lugar. Las deudas fueron saldadas y la administración volvió a manos de los alcaldes, quienes comenzaron a preparar un nuevo plan estratégico para la empresa, asesorados por la Universidad de Santiago.

Además de los contratos iniciales con Proactiva y Santa Marta, que duran hasta 2020 y 2022, respectivamente, Emeres mantiene convenios con al menos nueve empresas más para disponer distintos tipos de residuos -escombros, baterías, desechos de establecimientos de salud, entre otros- y está en busca de financiamiento para tres grandes proyectos: una planta de tratamiento de residuos secos reciclables, un centro de acopio y comercialización de desechos voluminosos y una planta de biogás con residuos de ferias libres. Actualmente, Emeres cuenta con 21 municipios socios, su directorio está presidido por Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín, y  Raúl Donckaster, alcalde de La Reina, como vicepresidente. Como directores, Claudina Núñez, alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda; Sadi Melo, de El Bosque, y Santiago Rebolledo, de La Cisterna.