POR LEY LOS CLIENTES DEBEN PAGAR A LAS SANITARIAS OBRAS QUE GARANTICEN EL SUMINISTRO
Aguas Andinas: US$10 millones han pagado los santiaguinos por obras que debían evitar el corte de agua
02.05.2016
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POR LEY LOS CLIENTES DEBEN PAGAR A LAS SANITARIAS OBRAS QUE GARANTICEN EL SUMINISTRO
02.05.2016
Diez millones de dólares han pagado en dos años los santiaguinos a la empresa Aguas Andinas por las obras que supuestamente debían evitar un corte del suministro de agua potable si crecía la turbiedad del río Maipo. Pero ese dinero -que se comenzó a cobrar en la boleta mensual a partir de marzo de 2014, y por tiempo indefinido- no sirvió para impedir que casi cuatro millones de personas de 29 comunas de la Región Metropolitana quedaran sin agua entre el sábado 16 y la madrugada del lunes 18 de abril.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, quien encabeza el Comité de Emergencia cuando se produce algún desastre en la región, dijo a CIPER: “Es evidente que las inversiones que se han hecho son insuficientes para garantizar la seguridad de Santiago en materia de agua potable con un cambio climático que no es una amenaza, sino una realidad. Si yo tuviera atribuciones, lo que exigiría es un plan de mitigación ahora”.
Las obras de Aguas Andinas que no dieron abasto consisten en siete pozos subterráneos, estanques para 225 millones de litros de agua y un ducto para llevar otros 3.500 litros por segundo a la planta Las Vizcachas, donde la sanitaria produce el agua potable. Las obras fueron acordadas por Aguas Andinas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) después del corte de agua potable de mayo de 2008, cuando las lluvias en la alta cordillera enturbiaron el río Maipo y triplicaron el caudal normal, llegando a 427 m3/seg. (en ese mes el caudal normalmente fluctúa entre 50 y 100 m3/seg.).
Solo seis años después de rubricado el acuerdo, en marzo de 2014, estuvo terminada la Fase 1 del nuevo plan que garantizaría el suministro de agua frente a este tipo de emergencias en la Región Metropolitana. Desde ese mismo mes, la SISS –entidad estatal que regula a las empresas monopólicas del sector sanitario- autorizó un alza de 1,06% de la tarifa que paga cada cliente, destinada a financiar los US$70 millones que invirtió en ella Aguas Andinas. Como la reposición de las instalaciones cuando terminen su vida útil también la pagan los clientes, el superintendente de la SISS, Gabriel Zamorano, reconoció a CIPER que ese incremento de la tarifa se seguirá cobrando indefinidamente.
Para una familia que consume 15 metros cúbicos de agua potable al mes el cobro significa actualmente un alza de $129 mensual. En total, Aguas Andinas percibe por este concepto aproximadamente $3.300 millones al año, según cifras que la SISS entregó a CIPER.
Pero ese no es el único cambio de tarifa. En 2019 los habitantes de las 50 comunas a las que abastece Aguas Andinas en la Región Metropolitana verán aumentar nuevamente las cuentas para pagar más instalaciones que aseguren la llegada del agua potable. Aunque esas obras –en las que se invertirán US$ 90 millones– ni siquiera han comenzado. Un representante de Aguas Andinas dijo a CIPER que estarán operativas en la fecha pactada, momento a partir del cual se aplicará un alza de 1,12%, ya acordada con la SISS, que se sumará a la vigente de 1,06%.
En total, un extra de 2,18% en las cuentas (equivalente a $18 por cada mil litros de agua consumidos) para garantizar el suministro en caso de que llueva, como lo hizo en abril de 2016. Ello, porque con las nuevas obras aumentarán las reservas líquidas de Aguas Andinas, las que alcanzarán para producir agua potable durante 32 horas, contra las actuales 13 horas, según los datos del Informe Tarifario 2015-2020 de la SISS.
Que las familias paguen de su bolsillo no solo el agua que consumen, sino también la seguridad del abastecimiento, es fruto del Decreto Ley 70, dictado en 1988, en las postrimerías de la dictadura, y que fue reforzado en democracia por la Ley 19.549, aprobada por el Congreso en 1998. Esa normativa es la que impide que sea la empresa sanitaria concesionaria la que financie esas obras con sus propias utilidades: Aguas Andinas obtuvo $701.705 millones desde 2010 a 2015 (US$1.063 millones al valor actual).
Ese marco jurídico estableció una fórmula para tarificar los servicios sanitarios, la que permite incluir en la boleta mensual todos los gastos indispensables para suministrar el servicio, y a la vez, garantiza una utilidad mínima de 7% sobre el capital a las sanitarias (ver reportajes CIPER: “El negocio del agua: ley que rige hace 26 años asegura millonarias utilidades a sanitarias” y “El negocio del agua: los vacíos de la ley que disparan las millonarias ganancias de Aguas Andinas”).
Fernando Balcells, director de la Fundación Chile Ciudadano y hasta comienzos de año vicepresidente del Consejo Social de la SISS, criticó a Aguas Andinas y a la superintendencia por “el modo de financiar las inversiones a través de los usuarios y ojalá sin que éstos lo noten”. Las obras –dijo a CIPER- “debieran anticiparse a los cambios climáticos”, que ya gatillaron tres cortes masivos de agua potable: mayo de 2008, febrero de 2013 y abril de 2016.
Por los casos anteriores, Balcells opina que el último corte de suministro no puede calificarse como de fuerza mayor: “Lo que pasó estaba previsto; no hubo sorpresa. Hubo negligencia”. Las responsabilidades en lo ocurrido es lo que deberá resolver la investigación que realiza la SISS, la que según explicó el superintendente Gabriel Zamorano determinará si era inevitable que Aguas Andinas suspendiera la captación de aguas del Maipo, si operaron debidamente las obras que se habían construido en 2014 y si podría haber sido menos extenso el corte del suministro.
En otro estudio –que no tiene plazo definido- también se abordará el Proyecto Alto Maipo. Tanto el intendente Orrego como la SISS dijeron a CIPER que no han recibido ninguna denuncia concreta sobre un escurrimiento de material hacia el río desde las faenas que realiza la empresa AES Gener en la construcción de la hidroeléctrica. Pero Balcells, la Conadecus y la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo sospechan que sí aportaron turbiedad al río.
El superintendente Zamorano reiteró a CIPER que por instrucción del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, iniciarán el estudio sobre el comportamiento de la Cuenca del Maipo:
-Esa investigación va por un carril paralelo a la investigación de la SISS al desempeño de Aguas Andinas en la emergencia. No cabe duda que el uso de suelo de una cuenca influye en la protección de las fuentes de agua potable y obviamente Alto Maipo es uno de los elementos que está en esa cuenca.
El jueves 14 de abril, la SISS instruyó a las empresas sanitarias que operan entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío adoptar “medidas operacionales y de infraestructura para mantener y asegurar la continuidad y calidad de los servicios de agua potable ante eventuales efectos del frente de mal tiempo pronosticado”.
El ahora vicepresidente de Aguas Andinas, Felipe Larraín –quien era presidente de la compañía durante la emergencia- explicó a CIPER por qué el corte de suministro había sido inevitable según la empresa. Recordó que en abril llovió en la Cuenca del Maipo a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando lo normal es que sobre los 2.500 metros solamente caiga nieve. Según los antecedentes de Aguas Andinas, la cuencatiene una superficie de 5.900 km2. En esta ocasión, aseguró Larraín, las precipitaciones abarcaron 3.200 km2, en circunstancias que lo habitual es que cubran 1.200 km2. De modo que, según el vicepresidente Larraín, toda esa agua fue a dar finalmente al río, cuyo caudal creció hasta 1.229 metros cúbicos por segundo.
La lluvia sobre las montañas generó arrastre de piedras y derrumbes en las laderas, que multiplicaron la turbiedad del río Maipo, la que de acuerdo a las mediciones que realizó Aguas Andinas, alcanzó un máximo de 79 mil Unidades de Turbiedad (UNT) y 24 mil UNT en promedio.
La UNT resulta de medir la transparencia de un líquido ante la luz. Mientras más sedimentos en suspensión contenga, el valor de la turbiedad será mayor. La norma chilena obliga a que el agua potable tenga un máximo de 2 UNT. En Estados Unidos es de 1 UNT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que es peligroso beberla sobre 5 UNT.
El superintendente de la SISS dijo a CIPER que la turbiedad habitual del Maipo es entre 100 y 200 UNT. Esa agua se considera “cruda” y es tratada en las plantas de producción de agua potable de Las Vizcachas y La Florida, hasta convertirla en potable.
Pero las plantas están diseñadas para recibir el líquido hasta un límite de turbiedad, pues de lo contrario se llenan de barro que debe ser limpiado para volver a operar. “La planta (Vizcachas) podría tratar de 5 mil a 10 mil UNT en una condición más restringida. Sobre eso no es aconsejable ingresar el agua a las plantas. En esta oportunidad hubo un peak de 70 mil UNT y un periodo en que estuvieron las turbiedades en 30 mil y no bajaron”, indicó Gabriel Zamorano, quien dio la razón a Aguas Andinas: “Es más, si ingresara agua a la planta podría generar un daño y en vez de estar parada algunas horas estaría detenida una semana completa. Entonces, la decisión técnica que hay que tomar es que ya no se capta agua”.
CIPER solicitó a la SISS las mediciones detalladas de caudal y turbiedad del Maipo durante el frente de mal tiempo, pero la superintendencia se abstuvo de proporcionarlas hasta que concluya la investigación que inició sobre el corte del suministro.
Para atender a las 50 comunas que comprende la concesión, Aguas Andinas debe producir en promedio 16.000 litros de agua potable por segundo (16 m3/seg.), que en verano suben hasta 20 m3/seg. Justamente para seguir produciendo agua potable, aunque no se pueda captar del caudal del Maipo en la toma que existe cerca de Las Vertientes, fue que Aguas Andinas construyó las obras por las cuales ya está cobrando a sus clientes.
Las instalaciones se diseñaron para enfrentar un “evento de turbiedad similar al histórico de mayo de 2008”, dice el Informe de tarificación de la SISS. Con ello se esperaba aumentar a 13 horas la capacidad de producir agua potable sin recibir líquido del río, tiempo que antes alcanzaba apenas a 3,3 horas. Consistieron en la construcción de 14 estanques para almacenar 225 mil m3 de agua no potable (cruda), más siete nuevos pozos subterráneos en La Pintana que iban a aportar 300 litros de agua por segundo. Esto es lo que se consideró para el alza de tarifa de 1,06% según el documento de la SISS. Adicionalmente, la empresa tendió una tubería de 5 km para unir el embalse El Yeso con el acueducto Laguna Negra, que corre paralelo al Maipo. De ese modo, 3,5 m3/seg. de agua de baja turbiedad pueden ser llevados desde El Yeso hasta la planta Las Vizcachas.
Desde Aguas Andinas se informó a CIPER que “las obras estuvieron operativas a fines de 2013 y han permitido enfrentar eventos de altas turbiedades sin comprometer el suministro de Santiago”. Pero no detallaron los “eventos de altas turbiedades” que enfrentaron.
Pero en enero de 2013 se comprobó que las nuevas obras eran insuficientes. “No estaban construidas, pero aun cuando lo hubieran estado, igual habría habido corte de agua potable”, dijo el superintendente Zamorano a CIPER. En todo caso, Zamorano apuntó que durante la reciente emergencia, Las Vizcachas siempre recibió agua por el acueducto y se mezcló con líquido más turbio para producir entre 6 y 10 m3/seg. de agua potable. Por eso es que algunas comunas tuvieron suministro.
Después del corte de 2013 -que duró tres días en algunos barrios pues la planta Las Vizcachas estuvo sin producir durante 18 horas- la SISS pidió a Aguas Andinas un nuevo plan de obras: la “Fase 2”. Según el superintendente Zamorano “corresponde a un tranque con capacidad para almacenar 1,5 millón de m3, comprometido para marzo de 2019. Ahí se tendrá 32 horas de autonomía respecto de lo que esté pasando en el río, lo que permitirá resistir sin cortes, como el de 2013 y el de ahora”.
Pero para Aguas Andinas no es un tranque, sino son seis estanques de hormigón, con capacidad para almacenar el 1,5 millón de m3 y una planta elevadora, todo en un predio de 72 hectáreas. La inversión será de US$90 millones, según la respuesta que la empresa dio a CIPER.
Consultada la compañía del por qué la obra será distinta al “tranque” que describe la SISS, desde Aguas Andinas se respondió que “inicialmente se pensó en esa posibilidad. Finalmente se llegó a una solución más operativa, menos intrusiva en el medio natural, segura, que son los seis estanques”.
En Aguas Andinas reconocieron a CIPER que en un comienzo la obra se proyectó para estar lista en 2017 en la medida en que se cumplieran condiciones como la expropiación del terreno y el proceso de evaluación ambiental, “cuyos plazos no dependen de nosotros”. Pero la expropiación se prolongó y hubo que revisar los plazos en conjunto con la SISS. Según se informó, los estaques estarán funcionando en 2019 “y se avanza de acuerdo a lo programado”.
Los cierto es que las obras aun no se inician en el predio ya expropiado en Pirque. Y tampoco Aguas Andinas ha ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA),el Estudio de Impacto Ambiental, trámite que se realizará en julio, según aseguraron en Aguas Andinas. Lo único que la sanitaria ya inició es el proceso de participación ciudadana.
-Pienso que Aguas Andinas va a cumplir el plazo y si no la empresa se expone a sanciones importantes –afirmó a CIPER el superintendente Zamorano.
Visto el avance de las obras, de lo que no hay duda es que si antes de 2019 se producen lluvias en la alta cordillera, similares a las de abril, inevitablemente volverán a secarse las cañerías de Santiago. Por esa razón, el intendente Orrego ya comunicó a la SISS su inquietud:
-Le hemos representado a la superintendencia nuestra preocupación porque nos damos cuenta que después de este último fenómeno, las inversiones que se han realizado no son suficientes, y si bien son de público conocimiento las situaciones excepcionales en que ocurre este corte, después de 2013 no es algo que alguien podía no sospechar”.
Para Claudio Orrego llegó la hora de realizar inversiones que él llama “estructurales” y pide una actitud estatal más fuerte: “No sé si la solución es el tranque. Lo que resulta evidente es que lo hecho es insuficiente. Como autoridad es con lo que yo me quedo”.
Fernando Balcells, de Chile Ciudadano, opina que las obras de aseguramiento del agua debieron estar concebidas para saltarse el río en casos de turbiedad extrema: “No creo que las piscinas de acopio basten”.
Pero tanto la SISS como Aguas Andinas han desechado la solución de una tubería que sea capaz de llevar suficiente agua -16 m3/seg.- desde el embalse El Yeso hasta Las Vizcachas.
-Nos tiene que animar la prudencia porque todas estas inversiones tienen un impacto tarifario y no se trata de hacer obras que finalmente no van a operar y cargar eso a las personas y permitir a la empresa que rente sobre esas inversiones que no se justifican. La solución del tranque es más eficiente. La ciudad deLima lo tiene y ha andado bien –afirmó el superintendente Gabriel Zamorano.
En Aguas Andinas dijeron a CIPER que “el embalse El Yeso es una fuente vulnerable a la sequía, como quedó demostrado en los últimos años. Por lo tanto, concentrar toda la seguridad en una sola fuente no parece razonable”.
Para la SISS tampoco es una solución mejorar la planta Las Vizcachas:
-No es razonable caminar por ahí. Vizcachas tiene sus años, pero sus procesos son los mismos que se aplican en el mundo. Uno podría estrujar el lodo y sacarle el agua, pero a qué precio. Si la empresa viene con una súper tecnología que es carísima, yo en la tarifa (que pagan los clientes) le voy a aceptar un tranque, porque la normativa es que se tarifiquen solamente los costos indispensables para el servicio –afirma el superintendente Zamorano.
El ingeniero Humberto Peña, director de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica y ex director general de Aguas del MOP, dice que el problema mayor es que existe poca información sobre los fenómenos de sedimentación de los ríos chilenos producto del cambio climático, por lo que aun no es posible predecir su comportamiento:
-La turbiedad da saltos tan grandes que si hacemos una planta que pueda tratar 20 mil UNT, igual puede quedar detenida porque la turbiedad llega a 100 mil UNT. Si alguien hace un análisis cuidadoso podría concluir que la planta no es lo relevante, sino la capacidad de agua almacenada. Las preguntas que me haría es si necesito ampliar el abastecimiento de agua de pozos subterráneos y si es más eficiente construir un embalse de 5 millones de m3.
CIPER preguntó al superintendente Zamorano si ya se están estudiando nuevos proyectos para dar seguridad de abastecimiento más allá de los futuros estanques de Pirque:
-En este momento no hay otras obras en el análisis. Tengo la impresión de que con las planificadas perfectamente pudimos haber pasado este último evento.
-¿Y qué ocurrirá si la alta turbiedad dura más de 32 horas?, consultó CIPER a Aguas Andinas.
La respuesta desde la empresa es que “no existen obras ni sistemas infalibles. Las obras Fase I y II cubren todos los eventos de turbiedad registrados a la fecha y se diseñan para cubrir eventos de una determinada intensidad y duración acordadas con la autoridad”.
En otras palabras, si la emergencia supera las 32 horas, es posible que se corte el agua potable.
No solo los cortes de agua son un fantasma que pena a Aguas Andinas. Desde el año pasado la empresa también está apremiada por la investigación del financiamiento ilegal de la política. El Ministerio Público e Impuestos Internos detectaron en su contabilidad pagos por fuera de la vía legal del Servel a sociedades relacionadas con políticos: Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Laurence Golborne y también millonarios aportes a thinks tanks de todo el espectro ideológico (ver reportaje CIPER “Platas políticas: la generosa billetera de Aguas Andinas”).
En medio de estos cuestionamientos, Aguas Andinas realizó un abrupto cambio en su directorio en la Junta de Accionistas de abril de 2016. Dejó la presidencia de la compañía Felipe Larraín –quién pasó a ocupar la vicepresidencia- y asumió el máximo cargo el ex subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Eduardo Frei Rui-Tagle, Guillermo Pickering (DC), cuya firma quedó estampada en la ley que reforzó la privatización de las sanitarias, promulgada en 1998.
En 2009, Pickering fue coordinador del equipo programático de la campaña presidencial de Frei y posteriormente se vinculó a Aguas Andinas como presidente de la sanitaria ESSAL, que pertenece a la misma empresa. Hasta abril Pickering fue presidente de ANDESS, gremio que agrupa a las empresas sanitarias.
Siendo Aguas Andinas una empresa regulada por el Estado, cuya tarifa a los clientes se fija en una negociación con la SISS, la interrogante es si las platas políticas se habían incluido de alguna manera en el precio acordado con la autoridad.
El superintendente Gabriel Zamorano lo descartó: “Todos los antecedentes del último proceso tarifario son públicos y pueden ser revisados. Una cosa son los gastos reales de la empresa y otra son los gastos que la SISS le reconoce para entregar el servicio. En la negociación se hace una depuración de los gastos que presenta la sanitaria y se reconocen solo aquellos que establece la ley: los costos indispensables para proveer el servicio. Entonces, si en este conjunto de costos que la empresa presenta hay elementos que no responden a esa condición, se eliminan. Por eso, el nivel de gastos que va a la tarifa es significativamente inferior a los que la empresa tiene. Ella podrá gastar en lo que quiera, pero en cuanto a la SISS solo van a la tarifa los gastos necesarios para la prestación de servicios”.