Comisión parlamentaria responsabiliza a ex director del INE por irregularidades del Censo

Descargue el Informe Final de la Comisión

El voto de la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) fue determinante en la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que, por siete sufragios de la Nueva Mayoría contra seis del oficialismo, le asigna responsabilidades administrativas al ex director del organismo, Francisco Labbé, en irregularidades detectadas en el proceso del Censo 2012.  El informe también cuestionó a su sucesor, Juan Eduardo Coeymans, por “haber sido errático y poco claro sobre las vías de solución para remediar los problemas identificados”.

La votación se llevó a cabo el miércoles 8 de enero de 2014 y a ella no pudo asistir el diputado independiente Miodrag Marinovic, quien mandató a la diputada Alejandra Sepúlveda para reemplazarlo en la comisión investigadora. Al votar por el informe propuesto por el diputado (DC) Juan Carlos Latorre y su colega PPD Ramón Farías,  la presencia de la parlamentaria permitió destrabar el empate que se había producido en esa instancia, pues la derecha y la oposición tenían seis votos y cada sector presentaba conclusiones distintas.

Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Censo 2012, presidida por Juan Carlos Latorre

En el informe de mayoría se constató que es “responsabilidad del ex director Francisco Labbé el no resguardar el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera S.E. el Presidente de la República, así como no proteger datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios irregulares –Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, etc.), sobre datos y productos sensibles de la Institución”.

El documento se hace cargo de cada uno de los aspectos denunciados en el primer reportaje de CIPER que destapó las irregularidades del Censo 2012. Advierte, por ejemplo, de las contrataciones a honorarios de Juan Pablo Raide Prunes, Antonio  Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali sin que se hubiesen efectuado verdaderamente los servicios que se les encomendaron, esto con la finalidad de pagar las asesorías de Maximiliano Raide Prunes.

Maximiliano Raide, uno de los principales asesores del ex director del INE, Francisco Labbé, no aparecía en ninguna dotación del organismo, pese a que gozaba de todos los privilegios de los miembros de su plana ejecutiva. Y como no poseía título profesional se ideó un mecanismo para poder pagarle a través de otras dos personas un sueldo que ascendía a $3.900.000.

“Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, no desarrollaban las funciones que señalaban sus contratos y no eran conocidos por los funcionarios del INE que asistieron a esta Comisión Investigadora. Sólo la Sra. Mariana Alcérreca quien ejercía el rol de “gerente” del INE y el ex jefe de gabinete del Director Raúl Sepúlveda Faúndez, dieron cuenta de conocerlos, ya que ellos mismos solicitaron al ex director Labbé que estos asesores asistieran a una reunión semanal de 2 horas con la finalidad de justificar y acallar las molestias que existían por parte de los funcionarios del INE ante los elevados honorarios que se les cancelaban a pesar de no asistir a la institución”, señala el informe de la Cámara de Diputados, que debería votarse la próxima semana en la sala.

ESTRUCTURA PARALELA

La comisión investigadora del INE constató que con la llegada de Maximiliano Raide en  2012 se gestaron diversas decisiones en forma paralela al equipo directivo del INE, mientras que la gestión del director Labbé comenzó a volverse más cerrada, llegando a dejar fuera a los equipos técnicos del organismo al momento de opinar y tomar decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos del INE.

Maximiliano Raide

“En esta estructura paralela de funcionamiento de la dirección del INE participaban su ex Director Francisco Labbé, la llamada “gerente” del INE Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Sr. Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Sr. Maximiliano Raide Prunes y Sebastián Mathews. Entre este grupo de personas, se tomaban decisiones de particular relevancia como lo fueron el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del Censo para darla a conocer al país sin dar cuenta del detalle de las imputaciones que se efectuaron”, indica el informe.

A través de declaraciones de invitados a las sesiones de la comisión, la comisión estableció que “existía un ambiente laboral de mucha tensión en el INE durante la administración del ex director Labbé, principalmente debido a que este fue excluyendo a los equipos técnicos del INE en la toma de decisiones técnicas que a la larga fueron las que llevaron al fracaso del proceso Censo 2012. Dicho ambiente fue generando conflictos dentro de la institución, tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales de los funcionarios del INE”.

Los diputados advierten que dicho ambiente laboral se mantiene en la actual administración del director Juan Eduardo Coeymans, ya que se ha establecido “una nueva estructura que no ha tenido interrelación fluida con los demás departamentos técnicos del INE”, en especial en el proceso de revisión y elaboración del plan de acción para corregir los errores del CENSO.

CAMBIO DE CENSO EN 25 DÍAS

La decisión del cambio de metodología del Censo 2012, es decir pasar de un censo de hecho (se pregunta dónde se pernoctó la noche anterior) a un censo de derecho (se consulta dónde habitualmente vive la persona), también fue abordada por la comisión investigadora. Y al igual que la comisión de expertos que analizó la encuesta nacional y el director de Celade, Dirk Jaspers, determinaron que ésta fue “una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación”.

Francisco Labbé, ex director del INE

-La decisión se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica, ni contaron con ningún tipo de insumo técnico preparado por los equipos técnicos del INE, por tanto, no se cuantificó, ni ponderó la decisión del cambio de metodología y sus consecuencias en el proceso de levantamiento del Censo -señala el informe.

Advierte que desde que la Comisión Nacional Censal consideró y hasta que se consolidó administrativamente dicho cambio, sólo transcurrieron 25 días, con lo que se dejó de lado más de cuatro años de preparación.

“La posibilidad de cambio se comienza a vislumbrar recién el día 20 de agosto de 2011, fecha en la que el Sr. Labbé, su asesora Mariana Alcérreca y el jefe del Censo, Sr. Carrasco, concurren a una reunión con el Ministro de Economía, Sr. Longueira, donde, entre otras materias, se le explica la diferencia entre un Censo de derecho y de hecho –antecedentes preparados sólo por Alcérreca, sin sustento de ningún equipo técnico del Servicio”, indica el texto de la comisión.

Según testimonios e informaciones recopilados por la comisión investigadora, la motivación principal del cambio de metodología del Censo 2012 habría sido impulsada por “la inconveniencia de depositar la realización del Censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el 2011”. La participación de los voluntarios y en especial de los estudiantes de educación secundaria, correspondía a más del 75% del personal requerido.

La responsabilidad en la inadecuada forma de tomar la decisión de cambio de metodología, según los antecedentes constatados por la comisión, recae principalmente en el ex director y de manera secundaria en los otros profesionales que participaron de las reuniones: Eduardo Carrasco, jefe de censo; Mariana Alcérreca, asesora del director; Lucas Palacios, asesor de la Dirección de Presupuestos, y el asesor de la Presidencia de la República, Fernando Zavala.

MORADORES AUSENTES

La comisión investigadora constató que fue decisión del ex director del INE el incorporar en las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012 una proyección de los “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, sin precisar que esas eran imputaciones y no personas efectivamente encuestadas. El informe parlamentario señala que Labbé tomo esa decisión a pesar de la recomendación y prevención realizada por los equipos técnicos, respecto a la necesidad de mencionar claramente en la publicación y difusión de los datos que en estos se había incorporado una proyección de «moradores ausentes».

“En abril de 2013, nuevamente se publican las cifras, pero sin hacer mención a las imputaciones que se efectuaban, distorsionando la cobertura lograda del Censo, y no dando cuenta en parte alguna, que la población efectivamente censada llegaba a los 15,8 millones y toda la demás población -para llegar al total de 16,6 millones-, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y viviendas no logradas”, destaca el informe.

El documento consigna que en el libro que se entregó al Presidente Sebastián Piñera el día de difusión de los resultados finales del Censo, en ninguna parte de su contenido se señala la operación de imputación que se realizó, tendiendo siempre a que se entendiera que la población efectivamente censada era de 16,6 millones, de tal manera que con ello se constatara una baja omisión.

-La ex asesora del sr. Labbé, Mariana Alcérreca, dio cuenta ante la Comisión que hizo gestiones ante el jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Economía, Sr. Vicente Correa. Y se reunió en Minecon (Ministerio de Economía) con él y junto a la directora subrogante Sra. Julia Ortúzar, para comunicar lo inadecuado de la imputación y forma de comunicar cifras, de acuerdo a lo señalado por ella, para “proteger al Presidente de la República”-, señala el texto.

La comisión destaca que sólo a través del reportaje realizado por CIPER se pudo conocer que las cifras no correspondían a la población efectivamente censada, sino que en la cifra dada a conocer por el primer mandatario también se encontraban las imputaciones mencionadas.

Además, se responsabiliza al ex director Francisco Labbé por no resguardar el secreto de los resultados del Censo, así como no proteger datos sensibles.  “En ese sentido, sin perjuicio de los protocolos existentes, respecto de la filtración de los datos del Censo, se vulneraron las normas de resguardo de la información, y lo que es más grave, frente a requerimiento de profesionales del INE, para efectos de iniciar una investigación y determinar responsabilidades administrativas, no procedió a iniciar la investigación en un tiempo apropiado dilatando la decisión y cuestionando la solicitud del profesional”, establece el informe.

Si bien los diputados valoran la evaluación del trabajo censal, realizados tanto por la comisión nacional como por la internacional, adhirieron a las conclusiones de la comisión de expertos nacionales en un punto  relevante como la omisión censal calculada en un 9,3 %.

«Considerando además los informes del consultor (Eduardo) Arriaga y del Subdepartamento de Estadísticas Demográficas, (del INE), podemos concluir que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es imprescindible tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un censo abreviado (censo de hecho acotado en los términos expuestos por la comisión nacional), u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia, concluye el informe de la comisión investigadora.