La dolorosa ruta judicial que recorren los niños abusados sexualmente

Hacía poco que Alejandra había llevado por primera vez a E.M.M., su hija de siete años, a una psicóloga. Después de haberla dejado un mes con el padre, notaba a la niña extraña. Durante el día se chupaba el dedo, hablaba como guagua, estaba irritable y muy desobediente. Por las noches tenía tanto miedo de estar sola que las pesadillas no la dejaban dormir. Era febrero de 2012 cuando después de un primer encuentro, la profesional le dijo a la madre que había detectado baja autoestima y extrema sensibilidad en la menor, que tendría que verla de nuevo.

Pocos días después, Alejandra le hizo una broma a E.M.M. mientras veían juntas en su casa una película. Nunca olvidó lo que le respondió la niña: “No me gusta que me hagas bromas ni que el papá me muerda el potito”. Alejandra no supo qué hacer ni qué decir. En silencio escuchó a su hija decir que a veces su padre le pedía a ella que le mordiera el trasero. Optó por no decir nada y siguieron viendo televisión.

En la siguiente sesión con la psicóloga, la niña le contó que no quería ver a su padre porque no le gustaba que la tocara, y que aunque ella le pedía que no siguiera, él igual la tocaba. Solo después relataría que uno de los juegos de su papá que menos le gustaba era cuando jugaba a que sus dedos eran “un gusanito” que la recorría y al final se metía por su vagina y su ano.

El 6 de marzo de 2012, el mismo día que la psicóloga le entregó un preinforme psicológico de su hija, Alejandra fue a la 16ª Comisaría de Carabineros de La Reina. Ya no había vuelta atrás. Apenas firmó la denuncia contra su ex esposo, dio el primer paso para que E.M.M. ingresara a un engorroso sistema por el que sólo ese año transitaron 32.327 niños en todo el país. Ése fue el número de menores que durante 2012 fueron derivados a las unidades de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, por denuncias de delitos sexuales o violencia intrafamiliar, según informó el fiscal nacional Sabas Chahuán en su Cuenta Pública 2013. Al igual que ellos, E.M.M. comenzaba un largo y duro proceso judicial que, por su estructura, la obligaría a revivir sus peores recuerdos una y otra vez.

CIPER investigó cada una de las etapas en la ruta que siguen los niños cuando ingresan al sistema judicial por abuso sexual: la denuncia, los interrogatorios, los peritajes y el juicio. Un largo y tortuoso camino que los menores deben transitar por comisarías, fiscalías, el Servicio Médico Legal (SML) y Juzgados de Familia, en un sistema que pareciera estar estructurado, más que para protegerlos y hacer justicia, para volver a vulnerar sus derechos. El túnel incluye también la posibilidad de que el menor deba pasar por algún centro del Servicio Nacional de Menores (SENAME), donde como ya se ha comprobado, pueden ser víctimas de nuevos abusos (ver reportaje). Lo trágico es que la principal causal de ingreso a esos hogares es maltrato grave y/o abuso sexual (42,1%).

La primera etapa de esa ruta comienza con una denuncia, como la que presentó la mamá de E.M.M. en Carabineros, en marzo de 2012. Ese día la niña de siete años comenzó su travesía por un sistema que aún la tiene a la espera de un juicio oral.

EL ABUSO QUE SE REPITE

La victimización secundaria es una de las fallas graves que presenta el sistema judicial chileno frente a los abusos sexuales de menores, las que se traducen en un choque constante entre las garantías procesales de los imputados y los derechos de los niños como víctimas. Desde que se inicia el proceso con una denuncia, el niño, independiente de su edad, deberá relatar al menos siete veces qué le hicieron, quién se lo hizo, cómo se lo hicieron, cuándo se lo hicieron, dónde se lo hicieron y cuántas veces se lo hicieron. Primero a sus padres y luego a la policía, al fiscal, al médico, al psicólogo y al juez. Y cada vez le preguntarán más detalles.

-Como Ministerio Público lo que más nos preocupa -e intentamos evitar en los menores víctimas de abuso- es la “victimización secundaria”, una de las grandes falencias que tiene el sistema. Si a un niño lo haces hablar una, dos, tres o cuatro veces sobre lo mismo, nadie puede sostener que no se están vulnerando sus garantías y derechos. Ese es uno de los puntos de inflexión que tenemos que tener en cuenta. Porque a pesar de que Chile firmó la Convención de Derechos del Niño, no siempre se respeta –dijo a CIPER la ex fiscal Patricia Muñoz, actual directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.

El niño será sometido también a duros exámenes médicos para determinar si hay marcas del delito en su cuerpo: alguna herida, algún moretón o cicatriz que prueben su relato. Porque sus dichos estarán siempre bajo un manto de duda. Entonces, deberá ser consistente en cada una de las instancias del proceso. Se elaborarán informes periciales psicológicos que dirán si es creíble o no. Luego tendrá que defender todo lo que ha dicho frente a un magistrado en un juicio oral y convencerlo de que dice la verdad. Lo mismo tendrán que hacer los profesionales que elaboraron los informes periciales. Para ese momento, lo importante ya no serán los informes en sí, sino la capacidad de transmitirle al juez la seguridad de que son certeros. Pero como también las partes pueden pedir contra peritajes a un experto externo, el niño deberá pasar una vez más por todo el proceso, salvo que el magistrado lo impida.

Pero eso no es todo. De acuerdo a los registros públicos, es muy probable que a pesar de todo ese traumático proceso al que ha sido expuesto el menor, el veredicto judicial no encuentre culpables.

Desde enero de 2011 hasta junio de 2013, de acuerdo a una publicación de La Tercera, de las 39.639 agresiones sexuales contra menores que investigó el Ministerio Público, sólo 4.935 acabaron en condena en tribunales. Es decir, el 12,4%. Y factores hay varios. En la fiscalía señalan que el bajo número de sentencias condenatorias tiene que ver con los cuestionamientos a los organismos auxiliares de la justicia que participan en las pericias. El senador Patricio Walker (DC) dice que también influyen la alta rotación de fiscales y la falta de estándares científicos que hagan de los peritajes procedimientos 100% confiables. En el Servicio Médico Legal (SML) dicen que falta especialización, que las condiciones en que llegan los niños no son las óptimas y que es muy difícil comprobar un delito que suele no dejar huellas ni testigos. Otros señalan la falta de coordinación entre los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales. Mientras, los abusos sexuales a niños aumentan.

RELATOS EN DUDA

Los días pasaban, pero parecía que la acusación por abuso sexual que la mamá de E.M.M. puso contra su ex pareja no avanzaba y se había convertido en una más de las 6.537 denuncias que registró el Ministerio Público durante 2012 por abuso sexual “a menor de 14 años”. Un delito que aumentó un 31,5% respecto del año anterior. El 13 de marzo Alejandra fue junto a su abogada a pedir audiencia al Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago. Solicitó una orden judicial para impedir que su ex marido se acercara a su hija. Se la denegaron. Lo único que consiguió fue una orden que emitió un fiscal especialista en delitos sexuales para que Carabineros realizara rondas periódicas en su casa por 30 días y con “contacto telefónico preferente”.

En el Ministerio Público existe un protocolo para actuar en casos de delitos sexuales que se distribuyó en todo el país en marzo de 2009. El instructivo con los criterios para actuar frente a ese tipo de crímenes, señala, entre otras cosas, las diligencias que los fiscales deben efectuar en sus investigaciones. Después de recibir la denuncia, donde sólo aparecen los datos de la víctima y las circunstancias del hecho, lo primero es la toma de la declaración. El instructivo indica que el fiscal deberá tomar las “medidas necesarias para que la víctima preste la menor cantidad de declaraciones posibles, evitando la repetición innecesaria de esta diligencia”.  Algo que en el caso de los niños no ocurre.

-Lo que hace el sistema es instrumentalizar a los niños que han sido víctimas de un delito sexual. El niño que devela una situación de abuso se arma de coraje y valor para contarle el hecho a un adulto que supuestamente lo va a proteger. Pero entra al sistema y se ve enfrentado a un desequilibrio y a una desigualdad, ya que él, a sus 4, 6 ó 12 años, debe asumir gran parte de la carga probatoria. Cuando decide hablar, el niño da por hecho que el sistema judicial lo va a proteger y contener, pero por el contrario, lo cuestiona –dice la abogada Paulina Solis, subdirectora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU).

Dos semanas después de haber puesto la denuncia, el 22 de marzo de 2012, el fiscal citó a la niña E.M.M. y a su madre a la Fiscalía Local de Las Condes. Esa mañana, la niña debió recordar y relatar con extremo detalle en un lugar ajeno e intimidante. Frente a la fiscal y una psicóloga de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), tuvo que contarlo todo: los toqueteos, lo del “gusanito”. Y debió precisar dónde dormía cuando se quedaba con su padre, el tipo de pijama que usaba y cómo el hombre metía su mano por debajo de su ropa.

Para que el sistema judicial considerara creíble su relato, no bastaba con la declaración de la niña. Se necesitaba que entregara pruebas.

Según explica Patricia Muñoz, siempre está la posibilidad de que el relato de un menor haya sido impuesto, inoculado o intencionado por un adulto. Así ocurrió en el caso de M.I.M., una pequeña de tan sólo cuatro años que llegó a fines de 2012 a la oficina de la psicóloga forense y perito de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Gómez, diciendo que su papá le pegaba y que no quería estar con él. Lo decía de entrada, sin que nadie se lo preguntara, casi de forma automática. La niña llegó ahí llevada por su madre, sin ninguna orden judicial, para que fuera evaluada y se acreditara un supuesto abuso sexual por parte de su ex pareja. Pero el resultado no fue el que esperaba la mamá de M.I.M.

La profesional evaluó tanto a M.I.M. como a sus dos padres, y logró acreditar que la niña sí presentaba indicadores de abuso, pero no por parte del progenitor, sino que del abuelo materno. De hecho, el informe dice que cada vez que se le preguntó por el abuelo, la niña evitó responder y se tocaba la entrepierna. También menciona el juego que jugaba con su abuelo y que ambos llamaban el “Hombre Araña”, el que implicaba “apoyar o introducir los dedos de un otro en la vagina”. Además, el informe concluye que habría sido la mamá de la menor quien le habría dicho lo que tenía que decir contra su padre. A eso se le llama “alienación parental”. La misma conclusión que ya había arrojado otro informe psicológico del Centro Nacional de la Familia (CENFA) y que derivó en una denuncia por abuso sexual contra el abuelo en la Fiscalía Oriente.

Para evitar que uno de los padres siembre sobre su hijo la idea de que el otro es “malo” y ha cometido abusos, el sistema judicial chileno parte de la base de que el niño, por el hecho de ser niño, está mintiendo. De allí que, para que una denuncia de abuso sexual a un niño llegue a juicio, los tribunales exigen pericias médicas y psicológicas que permitan determinar la credibilidad del menor. Tanto por la consistencia de su relato como por las eventuales secuelas en su cuerpo. Ese es el paso que sigue a la toma de declaración de acuerdo al instructivo del Ministerio Público. Comienza así la segunda etapa del proceso judicial, quizás una de las más traumáticas para los niños y la más compleja para acreditar la existencia del delito: los peritajes médico legales.

LAS DEFICIENCIAS DEL SML

Un día de octubre de 2013, C.S.L., de 9 años, llegó junto a sus padres a la 18ª Comisaría (Ñuñoa). Poco antes le había confesado a su mamá que había sido abusado por uno de sus tíos. El carabinero tomó nota de la acusación y ubicó al fiscal de turno, quien dio la orden para que fueran de inmediato al SML, tal como lo indica el instructivo del Ministerio Público (“con la mayor prontitud y urgencia, e incluso antes de tomarle declaración”). Como los trámites en la comisaría se extendieron durante casi toda la tarde y los policías no contaban con un vehículo disponible para llevar a la familia hasta Avenida La Paz Nº 1012, recién pasada la medianoche el niño llegó al SML para hacerse los exámenes médicos.

Servicio Médico Legal, Santiago

Escoltado por sus padres, C.S.L. ingresó cansado, con hambre y casi dormido a la fría sala de espera, donde constantemente hay personas en duelo reciente. Una secretaria sería la encargada de explicarles en qué consiste el examen. Frente a todas las demás personas que estaban allí, los padres del niño firmaron la autorización. Después de un rato esperando, el ginecólogo de turno los hizo pasar al único box de atención para peritajes por delitos sexuales. Fue entonces que el niño le dijo lo mismo que le había dicho a sus padres y al carabinero que le tomó la denuncia: que el abuso por parte de su tío había ocurrido hacía más de un año.

-Evidentemente no encontramos ningún rastro, ya que es muy poco frecuente encontrar algo cuando ha pasado tanto tiempo. Diría que de cada 100 casos que nos llegan, entre cinco y siete viene con secuelas. En las niñas, la recuperación de lesiones vaginales o anales es increíble. A una niña lacerada, uno la vuelve a periciar una semana ó 10 días después, y ya no hay rastros de la lesión. Ahora bien, los jueces y los fiscales esperan que las pruebas sean evidentes e irrefutables, casi que saques esperma del niño abusado, la que indique quién es el agresor –cuenta el médico.

Como existía una orden del fiscal, y no hay ningún instructivo sobre cómo proceder en ese tipo de casos, la pericia igual se llevó a cabo según el protocolo, a pesar de que el médico sabía que no encontraría ninguna huella del abuso. Aún así le pidió a C.S.L. que le relatara de nuevo cómo, cuándo y dónde había sido abusado por su tío. Después le practicaría el examen clínico, el que se divide en dos partes: una general y otra segmentada.

La primera consiste en una revisión general del cuerpo del niño, desde la cabeza hasta la pelvis, en busca de alguna lesión provocada por la agresión sexual: escoriaciones, erosiones, hematomas, contusiones o cualquier otro tipo de lesión. También incluye una apreciación del médico de su estado mental: si sufre angustia, bloqueo emocional o pánico, entre otros. Luego viene la segunda parte: el examen segmentario, que es mucho más específico e invasivo. Éste incluye, en el caso de las niñas, la revisión ginecológica que determina la presencia de lesiones traumáticas en la región vulvar y el himen. En el caso de los varones, se incluye un examen genito-urológico para detectar posibles lesiones en el pene, el prepucio, el escroto o los testículos. Por último, a los menores de ambos sexos se les practica un examen proctológico en busca de heridas anales.

En 2010 y según estadísticas del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), en Chile se cometía un promedio de 20.000 abusos sexuales al año, aunque de ellos sólo se denunciaban cerca de 4.500. Desde entonces, ambas cifras no han hecho más que aumentar (en el primer semestre de 2013, las denuncias tuvieron un alza de 10%). Como todos los establecimientos de salud públicos o privados están facultados para periciar delitos sexuales, gran parte de los exámenes, sobre todo cuando se trata de personas del sector socioeconómico alto, se realizan en centros privados. Aún así, la mayoría de las veces los informes que tienen más peso frente a un juez siguen siendo los del SML.

Sólo en Santiago, entre 2011 y 2012, se registró un aumento del 30% en la cantidad de peritajes realizados en el SML por violencia sexual. Esa sobrecarga ha afectado la calidad del trabajo de ese servicio público que funciona las 24 horas del día, lo que se suma a otros problemas que ponen en duda el resultado de los peritajes que se presentan como pruebas en los juicios.

Un ginecólogo del SML explicó a CIPER que desde que llegó a ese servicio nunca tuvo una reunión de equipo ni discusión de casos. Eso fue hace más de cuatro años y desde entonces ha ido aprendiendo en el camino de sus colegas que tienen más experiencia, especialmente de los técnicos paramédicos. También cuenta que, la mayoría de las veces, y dado el recorrido que debe hacer el menor desde que hace la denuncia ante la policía, los fiscales de turno terminan derivando al menor que dice haber sido abusado en la madrugada. “Llegan al box para que hagamos el examen pericial cansados, sin haber comido y casi durmiendo”, dice uno de los médicos del SML, y agrega: “Esto merma el desempeño del perito, pero aún más importante, aumenta la revictimización de los menores y la ansiedad de sus cuidadores, que muchas veces ingresan con el convencimiento de que aquí se les entregará algún resultado preciso de lo que ocurrió”.

Otro aspecto que entorpece las facultades del SML para determinar si hubo o no abuso tiene que ver con las herramientas que le entrega la ley. Como depende del Ministerio de Justicia y no del de Salud, los peritos no pueden realizar pruebas para detectar posibles infecciones de transmisión sexual (ITS). En los casos de niños en los que no se registran lesiones, sería de gran utilidad, ya que permitirían revelar sin lugar a dudas la existencia de abuso. Pero para obtener ese examen, el fiscal debe solicitarlo a un centro de salud, lo que implica para el menor otro trámite que le recuerda que fue abusado.

Como era de esperar, a C.S.L. no le detectaron ningún rastro físico de abuso. En cambio, cuando E.M.M. fue junto a su madre al SML en marzo de 2012, le realizaron un examen genito-anal que sí entregó antecedentes que servirían como prueba. Le revisaron sus genitales y la hicieron apoyarse en los codos con la cola hacia arriba (posición genupectoral) para observar si tenía lesiones en el ano. Cuando al iniciarse el procedimiento le preguntaron si sabía por qué estaba allí, la niña de siete años respondió que fue porque su padre le tocó su “potito”. El peritaje arrojó por resultado un “desgarro incompleto del himen, explicable por lo relatado por la menor”. También hubo una sugerencia para el fiscal: ordenar un peritaje psicológico. Ahora E.M.M. tendría que pasar a la tercera etapa de esta ruta.

ES MENTIRA HASTA QUE SE PRUEBE LO CONTRARIO

Ha pasado más de un año desde que M.A.V., una niña de 10 años, fue violada. Era agosto de 2012 cuando sus padres escucharon los desgarradores gritos de dolor que provenían del baño. Fue así que se enteraron. La llevaron de inmediato al Hospital Parroquial del San Bernardo, donde apenas la doctora de turno la vio ordenó que fuera llevada hasta el SML. Allá le hicieron todos los exámenes que contempla el protocolo. El diagnóstico pericial: desgarro anal. Fueron los mismos médicos quienes pusieron una denuncia por violación en la Fiscalía de San Bernardo.

La pequeña quedó internada en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Sótero del Río. Aunque M.A.V. no había entregado ningún antecedente sobre la identidad de su agresor, la denuncia pasó a manos de un Juzgado de Familia. Y se entiende. Las estadísticas del SENAME señalan que el abuso sexual es un delito principalmente intrafamiliar: en el 84,7% de los casos el abusador es pariente de la víctima. Además, la fiscalía había obtenido en el intertanto antecedentes de que el abuelo materno de M.A.V. había estado preso dos años por haber abusado de una de sus hijas.

Aún así, la niña salió poco después del hospital y volvió a su casa junto a su familia, sin ningún tipo de medida cautelar, totalmente desprotegida. Recién dos meses después, el tribunal ordenó que la menor fuera llevada a Casa Paternitas, un centro de acogida que forma parte de la red SENAME y donde actualmente residen 38 niños vulnerados. Desde entonces la niña ha estado en tratamiento psiquiátrico y en reiteradas ocasiones ha ido a declarar sobre su violación. Una y otra vez ha debido relatar cómo, dónde y cuándo fue violada. Pero nunca entregó el nombre de su agresor. Hasta que en septiembre de 2013, finalmente se lo confesó a Edith Martino, una de las responsables del hogar del SENAME.

Martino de inmediato informó a la fiscalía. Supuso que la investigación se agilizaría. No fue así. Como el autor del delito no es un familiar de la niña, el caso se trasladó a un tribunal penal, donde partió prácticamente de cero. A pesar de que su denuncia tenía como respaldo un peritaje científico que demuestra que fue violada, un diagnostico de “síndrome depresivo secundario a estrés postraumático” y de haber tenido que declarar una y otra vez durante más de un año cada detalle de la violación, M.A.V. tendrá que someterse ahora a un peritaje psicológico de credibilidad. Para que el juez le crea.

-Esa es otra de las grandes falencias del sistema. ¿Para qué tenemos un SML si después se le exige al niño vulnerado un informe de credibilidad? El peritaje del SML es un informe hecho por un organismo oficial del Estado, y en definitiva, se pone en duda. Esta niña deberá empezar a recordar todo otra vez. Y mientras está siendo tratada, el violador sigue libre en su casita hasta que se pueda probar que ella dice la verdad. En el año y poco más que lleva este caso, ¿cuántas niñas más han podido ser víctimas de este sujeto? –dice la asistente social Edith Martino.

Según el instructivo de los fiscales, “en los casos de delitos sexuales cometidos al interior de la familia, o cuyas víctimas son menores de edad y no se cuenta con evidencias físicas ni testigos, además de su propio testimonio, la necesidad de recurrir a evaluaciones periciales psicológicas de credibilidad de las declaraciones y de daño a la víctima, se encuentra más justificada que en los atentados cometidos fuera de estos ámbitos”.

Patricia Muñoz, directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional

En otras palabras, sirven como herramienta para proveerle al juez elementos de convicción que puedan servir de base para su sentencia. Aún así, a juicio de la directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, esa diligencia no hace más que retrasar el proceso completo. Patricia Muñoz asegura que el sistema está tan colapsado que si se le pide al SML, al CAVAS, a un DAM (Programa de Diagnóstico Ambulatorio) o a cualquier otra entidad que realiza peritajes psicológicos de credibilidad, no habrá disponibilidad sino hasta dentro de nueve meses o incluso un año. El niño quedará inscrito en una especie de lista de espera. A partir de ese momento, y mientras es sometido a terapia, comienza su período de recuperación, hasta que lo llamen y nuevamente tenga que recordar para contar con todos los detalles la experiencia traumática del abuso. Estas nuevas pericias determinarán si el niño es creíble o no. El requisito para que se pueda probar ante un juez que el menor ha dicho la verdad.

Este último informe le será entregado al fiscal para que lo pueda usar como prueba en el juicio oral. Pero tampoco existen las garantías de que ese reporte cumpla con estándares que permitan comprobar  de forma fehaciente ante el tribunal que el relato del niño abusado es creíble.

-Es muy importante que los niños sean entrevistados por personas con preparación suficiente, idoneidad técnica y formación especializada. Pero eso no siempre ocurre. El principal instrumento utilizado en Chile para evaluar la credibilidad, el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios), se recomienda sólo para niños mayores de 9 años, porque recién a esa edad son capaces de entender todas las preguntas y comprender lo que vivieron de manera de poder expresarlo y relatarlo. Pero aquí se aplica en muchos casos a preescolares o a menores con trauma intenso, sin tener en cuenta previamente las condiciones de seguridad ni la edad del niño -explica el abogado Hernán Fernández, director del Centro de Atención Jurídica para Niños Víctimas de Maltrato Grave  “Umbrales”, dependiente de la  Fundación Tierra de Esperanza.

Fernández agrega que a lo anterior se suma que no todas las instituciones tienen los mismos estándares y niveles de calidad, por lo que «la credibilidad del niño depende tanto del momento y las condiciones en que es evaluado como de quién lo evalúa».

La mayoría de los profesionales que trabajan en los DAM y en los CEPIJ (Centros de Protección Infanto Juvenil), y que se encargan de evaluar la credibilidad de los niños vulnerados, son personas jóvenes y sin experiencia que se ven sometidos a exceso de trabajo. El sueldo promedio que reciben varía entre los $650.000 y los $700.000 bruto. Es por eso que muchos de ellos, una vez que cuentan con la capacitación y la experiencia suficiente, optan por otras áreas laborales que les aseguran una mayor renta. Por otro lado, existen también instituciones o profesionales que realizan estas pericias de forma privada, lo que se convierte en un riesgo, ya que si bien pueden tener un buen nivel técnico, hacen que el sistema no sea igualitario.

Según Fernández, todos esos factores influyen en la gran incidencia de denuncias que terminan archivadas.

-El gran problema es que, después de meses, las investigaciones judiciales no alcanzan el nivel necesario para demostrar en un tribunal el delito: sólo el 10% llega a la etapa de un juicio oral y cerca del 60% se archiva sin que siquiera se formalice al imputado. Y no se trata de falsas denuncias, sino que de investigaciones que no pudieron avanzar producto de las características de los niños: son muy pequeños y no pueden hablar o luego se sienten culpables por denunciar y «destruir la familia». Por algo se dice que en Chile el abuso de menores es prácticamente “el crimen perfecto” -dice el abogado.

Un buen resultado en las evaluaciones de credibilidad resulta clave para que una investigación llegue a la etapa del juicio oral. Pero ya en esta instancia, poco importan los informes, porque al final, lo que pase dependerá de tres cosas: la capacidad que tengan los peritos para defender ante el juez sus evaluaciones (psicológicas y médico legales); la habilidad del niño para convencer personalmente al juez de que dice la verdad; y los recursos que la defensa invierta en peritajes privados que compitan con los de la fiscalía.

EL MOMENTO EN QUE TODO SE PUEDE REVERTIR

En la Unidad de Sexología del SML trabajan nueve médicos. Seis son ginecólogos y de ellos, dos tienen subespecialidad de ginecología infantil y adolescente. Los otros tres son becados del programa de Ginecología y Obstetricia. Estos últimos son los que tienen menos experiencia en evaluaciones médico legales de delitos sexuales. Lo que saben, lo han aprendido allí. Aún así, han tenido que elaborar varios peritajes en los que han registrado lesiones graves que reportan al fiscal y que luego se convierten en pieza clave de una investigación judicial. Su rol los convierte en protagonistas activos del proceso.

La Reforma Procesal Penal generó un cambio en la participación que tienen los peritos en los procesos judiciales. Si antes se encargaban sólo de elaborar informes, ahora deben comparecer a las audiencias, donde pueden ser interrogados y contra interrogados. En ese sentido, ya no sólo importan las habilidades técnicas del experto al momento de generar reportes, sino que también deben ser capaces de exponer su trabajo ante un juez y defenderlo. En muchos casos, de esa capacidad depende si un juicio termina o no en condena.

-Haces un informe donde descubres lesiones y se lo mandas al fiscal para que lo presente como prueba. Pero el día del juicio es como si ese documento no existiera. El juez sólo va a tomar en cuenta lo que digas en la audiencia. Al final, sientes que tienes que convencer al magistrado de que tu informe está bien hecho y de que efectivamente la víctima tenía las lesiones que describes el día que la examinaste –cuenta otro médico del Servicio Médico Legal.

Un funcionario del SML contó a CIPER que no existe un protocolo en esa institución que indique cómo deben actuar los peritos ante un tribunal. Tampoco ningún tipo de preparación que les diga qué hacer y cómo enfrentar la situación. Si los citan, tienen la obligación de ir. Y esas horas no se las pagan. Lo único que les dicen es que deben evitar contradecirse y mantener siempre la misma versión. Uno de los médicos del SML  agrega que para algunos la situación es tan tediosa y estresante, que optan por emitir informes que descartan lesiones, a pesar de que sí las hay. Lo hacen así para que su peritaje sea desestimado y no lo citen a declarar.

La parte más compleja de un  juicio oral por abuso sexual es cuando aparecen los metaperitajes y contraperitajes que puede solicitar tanto la defensa del agresor como la fiscalía. El primero está a cargo de un perito del tribunal cuyo objetivo es destruir los informes de sus colegas planteando la duda razonable. Son profesionales con mucha experiencia en juicios que pueden llegar a cobrar hasta $30 millones por cuestionar cada uno de los resultados y los aspectos metodológicos de los reportes periciales. Por ejemplo, si el peritaje presentado como prueba indica que la víctima tiene una lesión anal, el perito a cargo del metaperitaje dirá que esa lesión no es producto necesariamente de un abuso, sino que pudo haber sido provocada por otros motivos. Si el médico que hizo la pericia no es capaz de argumentar sólidamente que el tipo de lesión sí corresponde a un abuso, y el juez queda con la duda, su pericia será simplemente desechada y toda la experiencia del niño habrá sido en vano.

Algo similar ocurre con los contraperitajes, evaluaciones encargadas a peritos privados para contrarrestar los informes de la contraparte. También son pagados por quien los solicita. Lo que se traduce muchas veces en un desequilibrio en el tribunal ya que, respecto de las pruebas, carga la balanza a favor de la parte que tenga más recursos: una justicia distinta para ricos y pobres.

-Si está establecido que el SML es el método de pericia del Estado, lo lógico es que sirva para dar una justicia equitativa a todas las partes. Pero la posibilidad de que se recurra a un perito privado, es como decir que el SML no sirve o que está haciendo mal la pega. No se puede olvidar que a los peritos privados se les paga para que demuestren otra verdad. Lo que está pasando es que va el perito del SML a un juicio y, al final, el fallo se basa en dos cosas para declarar que el sujeto es culpable o inocente: si el perito fue o no lo suficientemente fundamentado para convencer al tribunal; y si la credibilidad de las víctimas queda o no acreditada respecto de la coherencia con sus declaraciones anteriores. Esto muestra que las instituciones auxiliares de la justicia en Chile están desacreditadas –asegura Bernardo Morales, médico tanatólogo forense y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.

Lo que precisa el doctor Morales indica que, en esta etapa del juicio oral, el menor abusado vuelve a ocupar un rol protagónico. Y aunque haya transcurrido un año o más desde que sufriera el abuso sexual, deberá una vez más recordar lo que vivió. Con el agravante de que es aquí donde se le exigirá la mayor precisión y coherencia en los detalles. Esta vez estará solo con el juez. Cualquier inconsistencia en su relato podrá significar que el magistrado lo considere no creíble.

A fines de septiembre, durante la inauguración del IV Seminario Internacional sobre Agresiones Sexuales Infantiles, el ministro del Interior Andrés Chadwick anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para proteger a los niños víctimas de abuso sexual. El proyecto pretende evitar la “victimización secundaria” de las víctimas a través de una entrevista única por videoconferencia, crear un registro nacional de profesionales especializados que acrediten la credibilidad del relato y establecer un sistema de protección y red de apoyo psicológico a los menores vulnerados. Mientras los parlamentarios discuten la factibilidad de sacar adelante el proyecto del gobierno, los niños siguen insertos en un sistema garantista que se ha olvidado de sus derechos y los trata como pequeños adultos.

-Aquí hay algo que te indica por qué uno tiene que resolver el enfoque de derechos humanos del niño. Y no se trata declarar culpable a alguien que puede ser inocente, sino que de agotar todas las acciones para proteger a ese niño y a esa familia –dice la abogada Paulina Solis.