Corrupción de funcionarios públicos: Sólo un 12.2% de los casos investigados entre 2010 y 2012 terminaron en condena

El pasado 21 de febrero, la Fiscalía Nacional entregó una conclusión lapidaria: los funcionarios públicos involucrados en escándalos de corrupción rara vez son sancionados. Así lo indicó un estudio realizado por el Ministerio Público, que establece que de los 5.098 casos investigados entre 2010 y 2012, apenas 725 terminaron con alguien condenado, es decir, un 12,2%.

Si bien las cifras entregadas por la Fiscalía Nacional –y que hoy publicó [shorturl url=»http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/02/680-510277-9-solo-un-137-de-los-casos-investigados-por-corrupcion-en-2012-terminaron-en.shtml» title=»» fuente_url=»http://www.latercera.com» fuente_nombre=»La Tercera»]La Tercera[/shorturl]– muestran un aumento de un 15% en el ingreso de causas de este tipo entre 2010 y 2012, en el mismo periodo las sanciones se mantuvieron prácticamente estáticas. Si en 2010 se registraron 217 condenas, en 2011 sólo aumentaron a 218 y, en 2012, a 290.

Para la Fiscalía, la respuesta al bajo número de condenados está en quienes cometen estos ilícitos: personas de gran relevancia pública a las que sólo pueden enjuiciar mediante altos estándares probatorios. Por ello, en muchos casos las sentencias terminan en salidas alternativas:

-Por lo general, las personas indagadas por corrupción no ingresan a las cárceles a cumplir sus sentencias, porque normalmente obtienen beneficios (…) generando una sensación de impunidad en la comunidad y en las personas que colaboraron con la investigación –indica el comunicado de la Fiscalía Nacional.

En efecto, de acuerdo a las estadísticas entregadas por el Ministerio Público, entre 2010 y 2012 la mayoría de las indagaciones terminaron en archivo provisional, con 1.734 de los casos investigados y 1.249 en suspensión condicional.

Entre los casos de corrupción emblemáticos que han involucrado a funcionarios públicos en el periodo analizado por el Ministerio Público destaca el de los diputados Maximiano Errázurriz (RN) y Claudia Nogueira (UDI), acusados de malversación de asignaciones parlamentarias. Sólo Errázurriz fue condenado. En diciembre de 2011 fue sentenciado a cuatro años de libertad vigilada y la imposibilidad de por vida a optar a cargos públicos por los delitos de fraude reiterado al Fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. Nogueira tuvo más suerte. En 2010 llegó a un acuerdo extrajudicial en el que sólo devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por 18 meses.

Una investigación aún en desarrollo es la que el Ministerio Público lleva contra el ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD), quien en enero de 2012 fue denunciado por concejales de la comuna por los delitos de corrupción pública, lavado de activos, fraude al fisco, cohecho y exacción ilegal. Si bien el Tribunal Electoral Regional del Biobío lo destituyó de su cargo en noviembre pasado, [shorturl url=»http://www.biobiochile.cl/2012/12/16/ministerio-publico-confiado-en-juicio-contra-marcelo-rivera-aunque-advierte-por-suspension.shtml» title=»» fuente_url=»http://www.biobiochile.cl/» fuente_nombre=»Radio Bio Bio»]el juicio oral que determinará la culpabilidad de Rivera se desarrollará recién en marzo[/shorturl], dos meses después de lo previsto inicialmente.

Dentro de la extensa nómina de funcionarios públicos relacionados con casos de corrupción están, por ejemplo, algunos de los involucrados en 2011 en millonarias irregularidades por contratos y compras con sobreprecios en el Departamento de Telecomunicaciones e Información de Carabineros (TIC), unidad que estuvo por más de una década bajo el mando el general inspector Gerardo González Teodor, quien debió dejar el cargo y su puesto como tercer hombre fuerte de Carabineros luego que una investigación de CIPER develara los negocios de esa unidad con la empresa Mellafe & Salas. También los ex funcionarios del Ministerio del Interior investigados por el llamado “Caso Sobreprecios”. Otro de los últimos delitos de este tipo conocidos es el del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz, acusado de soborno, cohecho y lavado de dinero por la venta de acreditaciones a universidades privadas. Él es el único de los imputados que aún está en prisión preventiva. Los ex rectores de las universidades Pedro de Valdivia y Del Mar, Ángel Maulén y Hector Zúñiga, fueron beneficiados con el arresto domiciliario mientras sigue la investigación judicial.

En el gobierno se muestran preocupados por los escasos resultados en casos de corrupción. Consultado por La Tercera, el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Alberto Precht, recalcó que, si bien estos delitos son de alta complejidad, “sin duda es preocupante que sólo un 13% llegue a una condena”.

La percepción de los chilenos coincide con los dichos de Precht. De acuerdo al último [shorturl url=»http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO%20GLOBAL%202010/INFORME%20DETALLADO%20SOBRE%20EL%20BAROMETRO%202010.pdf» title=»» fuente_url=»http://www.transparencia.org.es» fuente_nombre=»www.transparencia.org.es»]Barómetro Internacional de la Corrupción[/shorturl], realizado por la organización Transparencia Internacional en 2010, el país evalúa con nota 3.6 el nivel de corrupción en el aparato público, siendo 1 que la institución no lo es y 5 que lo es extremadamente.  Asimismo, sólo un 38% de los encuestados considera que los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción son eficaces. El 61% restante cree que son ineficaces (33%) o ninguna de las anteriores (28%).