CIPER tuvo acceso a informes internos de esta casa de estudios en los que se auditaron cientos de cuentas corrientes institucionales. El análisis contable reveló un aumento en más del cien por ciento del gasto en remuneraciones, el uso indebido de recursos provenientes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, la existencia de millonarias obligaciones financieras contratadas al margen de las exigencias legales y el empleo irregular del Aporte Institucional de Universidades Estatales.
La crisis financiera de la Universidad de La Frontera, que hasta ahora derivó en la salida del rector Eduardo Hebel y el despido de 298 académicos y funcionarios, incluyó la contratación irregular de millonarios endeudamientos, según revela documentación interna de ese centro de estudios revisada por CIPER. “En el mes de julio de 2024 ya no éramos capaces ni siquiera de pagar los sueldos. Esto nos llevó a realizar una última gestión, solicitar permiso para poder utilizar una línea de sobregiro, que teníamos aprobada en el Banco Santander”, narró el exdirector de Finanzas de la universidad, Orlando Delanoe, en una tutela laboral presentada ante el Tribunal del Trabajo de Temuco (ver documento).
Delanoe, sin embargo, omitió señalar ante la justicia que esa operación incumplía normas legales sobre endeudamiento de las universidades públicas, como evidenciaron investigaciones posteriores de la propia casa de estudios. Siempre según ese escrito, tras décadas de estabilidad, los problemas de liquidez comenzaron a evidenciarse en febrero de 2024, el primer mes en que hubo retrasos en el pago de honorarios.
Tras la salida del rector Hebel y del vicerrector de Administración y Finanzas, Jorge Petit-Breuilh, la dirección de esta institución quedó temporalmente a cargo del rector subrogante Renato Hunter, quien luego fue reemplazado por el académico Juan Manuel Fierro, exdecano de la Facultad de Humanidades.
En la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, en tanto, asumió el académico Sergio Salgado, quien ordenó la realización de una serie de auditorías para poder determinar la cuantía del déficit y sus orígenes.
CIPER tuvo acceso a esos reportes entregados en diciembre a la Junta Directiva de la Universidad, integrada por tres representantes del Presidente de la República ( Ana María Alarcón Muñoz, Millaray Curilem Saldías, Mario Venegas Cárdenas), tres profesionales universitarios distinguidos (Juan Carlos González Flaneigs, José Manuel Abarca González y Lidia Castillo Alarcón, quien ejerce como presidenta de esta instancia) y tres profesores de la propia universidad (Hernán Burgos Vega, Juan Pablo Riedemann y Berta Schnettler Morales) (ver enlace).
APORTE INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES
Una de las primeras auditorías efectuadas reveló a principios de diciembre de 2024 la existencia de millonarias irregularidades en el uso de recursos estatales, específicamente en los fondos provenientes del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), cuyo monto aprueba el Congreso cada año en la Ley de Presupuesto. En detalle, el oficio ordinario 119 indicó que “al 30 de septiembre de 2024, se identificaron fondos AIUE no rendidos, y no disponibles en cuentas bancarias exclusivas, por un total de $4.339.004.595”.
Consultado por CIPER sobre si ha sido posible determinar qué sucedió con esos recursos, el actual vicerrector de Administración y Finanzas, Sergio Salgado, respondió por escrito que “dichos recursos fueron destinados para cubrir gastos de operación, entre ellos, pagos de remuneraciones”. La cifra equivale a más de un cuarto del total de los fondos percibidos por la UFRO por este concepto. En concreto, desde 2021 el Estado transfirió $15.180 millones a esta casa de estudios por este ítem.
En este marco, el informe alertó que necesariamente los montos no habidos “deberán rendirse al mandante o caso contrario reintegrarse a la Subsecretaría de Educación Superior” (ver documento).
Una situación similar ocurrió con los recursos provenientes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, los que son depositados y mantenidos en dos cuentas corrientes, abiertas en los bancos Santander y BCI, según detalló el informe de auditoría contenido en el oficio ordinario 121 emitido por la propia Contraloría institucional.
La revisión efectuada por las nuevas autoridades de esta casa de estudios reveló que al 30 de septiembre de 2024 quedaba un saldo de apenas $155.330.617 en la cuenta N°5797505-9 del Banco Santander. Asimismo, la cuenta en el BCI estaba vacía.
Pero lo más complejo -según este documento- es que hubo un uso masivo de estos fondos en fines distintos a los autorizados por la ley, “generando una obligación de restitución por parte de la casa de estudios que al 30 de septiembre de 2024 ascendería a $11.090.157.862” (ver documento).
Consultado por CIPER sobre cómo se devolverán estos recursos, el actual vicerrector de Administración y Finanzas, Sergio Salgado, respondió de nuevo por escrito que su unidad “se encuentra examinando el método de reintegro de dichos recursos”, agregando que “la Dirección de Auditoría de la Universidad, determinará una nueva situación de los recursos utilizados al 31 de diciembre de 2024, al efectuarse el cierre financiero y presupuestario de la Universidad”.
Sobre estas cifras, el exvicerrector de Administración y Finanzas, Jorge Petit-Breuilh, aseveró a CIPER que hasta el momento que estuvo en su cargo nunca tuvo un informe que detallara esta situación. “Este detalle, con estos valores, los conozco como resultado del oficio 121, tema que está también en investigación en búsqueda de las responsabilidades, por el uso del Fondo de Crédito más allá de los excedentes autorizados”, explicó.
Adicionalmente, la investigación interna ordenada por el vicerrector Salgado evidenció un descuadre de millones de pesos entre lo informado en los estados financieros y lo que efectivamente existía en estas cuentas corrientes al cierre de los ejercicios contables analizados entre los años 2019 y 2023. Esa diferencia fue de $173,7 millones en 2019, $616,0 millones en 2020, $3,2 millones en 2021, -$49,5 millones en 2022 y $3,6 millones en 2023. Al intentar explicar lo sucedido, el reporte señaló como una debilidad el hecho de que jamás existió un manual de procedimientos relacionado con aspectos de control interno en la gestión de estos recursos.
Asimismo, la auditoría criticó que la administradora general del Fondo Solidario de Crédito Universitario, la funcionaria Gissela Galindo Frei, no hubiera sido nombrada formalmente en el cargo hasta el 15 de septiembre de 2024, una vez detectada esta situación. Esta persona, aunque era la responsable de estos fondos no contaba “con acceso directo a la información respecto de las cuentas corrientes particulares del Fondo, ni con autorización de firma para el giro de documentos”, preciso la auditoría.
Ante este escenario, Contraloría de la Universidad de La Frontera recomendó profundizar el análisis contable, para aclarar cuántos recursos fueron transferidos efectivamente a la universidad a través del Fondo Solidario, así como para determinar el destino de los montos faltantes. También para evaluar la vigencia y situación de los contratos con empresas de cobranza a deudores de estos fondos, entre otros ítems.
CUENTAS CORRIENTES
Al 30 de septiembre de 2024, fecha de cierre de la auditoría contenida en el oficio ordinario 123, la Universidad de La Frontera mantenía en sus arcas $15.659.056.625 depositados en 255 cuentas corrientes abiertas en cinco bancos.
De ellas, las cuentas exclusivas o dedicadas eran 184 y representaban el 89% del total de los fondos En total, sumaban $13.874.311.728. Por su parte, los fondos de cuentas corrientes de uso general constituían a esa fecha el 11% de estos recursos, con $1.784.744.897.
El análisis contable precisó que el 95% de los fondos se encuentran alojados en cuentas del Banco Santander, con un monto de $14.845.506.752. “Las demás instituciones bancarias -Banco Estado, Banco de Chile, Banco Scotiabank y Banco BCI – manejan volúmenes de recursos relativamente pequeños”, agregó el documento.
El estudio reveló que la Universidad de La Frontera mantuvo saldos negativos en una de estas cuentas por hasta $3.809.083.614. “Lo relevante de ello, es que, a las fechas indicadas, la Universidad no contaba formalmente con línea de crédito o sobregiro, ni autorización para su contratación de parte de las autoridades correspondientes”, observó la auditoría.
Asimismo, se verificó que los giradores de las cuentas corrientes institucionales no contaban con la autorización requerida por la Contraloría General de la República.
Ante estas situaciones, se sugirió en el referido oficio ordinario auditar el origen de los sobregiros en cuentas corrientes, revisar el estado de las conciliaciones bancarias y evaluar los propios procedimientos de administración de las cuentas corrientes.
El vicerrector Salgado confirmó a CIPER que dichas revisiones están en marcha.
Una cuarta auditoría efectuada por la Contraloría de la Universidad de La Frontera, detallada en el oficio ordinario 120, buscó “verificar que los recursos de proyectos con saldos pendientes de ejecutar se encuentren disponibles”.
A la fecha de este reporte, la universidad gestionaba 441 proyectos con recursos de terceros. De ellos, sólo 52 eran administrados en cuentas exclusivas, mientras que 97 en cuentas generales. Al cierre del mencionado informe, no se pudo establecer donde estaban depositados los recursos de otros 292 proyectos.
Asimismo, y en una primera revisión de los 52 proyectos en ejecución alojados en cuentas bancarias exclusivas se logró establecer que de estos programas la universidad debe ejecutar recursos comprometidos por $8.584 millones, pero que el saldo disponible en las cuentas corrientes que administran dichos proyectos asciende a solo $3.666 millones. Es decir, “se podría inferir que faltan $4.978 millones”, sostuvo el reporte.
Sin embargo, el mencionado informe añadió que con la información entregada a los auditores “no se logra determinar si la utilización de los recursos se encuentra en estricto apego a las bases y convenios suscritos” con terceros.
Asimismo, el análisis contable advirtió que, en este momento, y dada la falta de información, “es difícil discriminar en esta instancia aquellas remesas que aún no son entregadas a la Universidad. Por lo tanto, la diferencia de $4.978 millones es una suerte de importes acumulados al 30 de septiembre de 2024 en la cual se incluyen montos que probablemente la Universidad aún no ha recibido o hayan sido ocupados”.
Por lo mismo, la Contraloría de la Universidad de La Frontera subrayó que resulta imprescindible continuar el proceso de auditoría, “toda vez que en esta etapa preliminar no fue posible cuantificar con certeza el monto que debería ser administrado y estar disponible en las cuentas corrientes de la Universidad” (ver documento).
REMUNERACIONES Y HONORARIOS
Otra de las áreas auditadas fue la de pagos de personal. En detalle, el equipo contralor de la UFRO revisó los libros de remuneraciones entre el 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2024, detectando desembolsos por $307.174.784.415. En honorarios, el análisis abarcó desde enero de 2020 hasta septiembre de 2024, incluyendo giros por $45.428.485.326.
La revisión contable estableció además que el costo anual en remuneraciones escaló desde $33.032 millones en 2018 a un gasto proyectado de $70.281 millones para 2024, reflejando un alza de $37.249 millones.
Este incremento -según subrayó el reporte al que accedió CIPER- “tiene relación directa con las distintas políticas institucionales generadas durante los períodos analizados”, en materia de personal.
Por ejemplo, la dotación institucional pasó de 1.927 personas en enero de 2018 a 2.290 funcionarios en septiembre de 2024. Pero esta alza no es la única razón que explica el mayor gasto en personal. Según la auditoría, también influyeron otras medidas, como la aprobación de bonificaciones extraordinarias y el pago de un decimotercer sueldo.
Una primera medida en este sentido se adoptó en diciembre de 2019, cuando se realizó una negociación entre el Gobierno Universitario, representado por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y la Asociación de Funcionarios de la Universidad de La Frontera (AFUF).
En esa ocasión, las partes acordaron fijar una renta bruta mensual mínima de $500 mil para quienes trabajaren en la UFRO. Además, se creó una asignación de $75 mil para el personal no académico adscrito en forma permanente o transitoria en las plantas de auxiliares, administrativos y técnicos, cuya remuneración fuera igual o superior $500 mil. Esta asignación mensual tendría un carácter reajustable, imponible y tributable.
Desde su aplicación, ambas medidas supusieron un costo de $4.538.051.905. De hecho, solo en 2024 estas asignaciones elevaron el gasto en remuneraciones en $1.180.263.112, cifra que equivale a un 1% del gasto total en este ítem.
El análisis contable al que accedió CIPER subraya que estas decisiones fueron presentadas a la Junta Directiva de la Universidad sin certificado de disponibilidad presupuestaria.
Otra medida que impactó en los estados financieros fue la distribución de una bonificación extraordinaria, equivalente a un decimotercer sueldo. Este beneficio fue otorgado en enero de 2023 y febrero de 2024. El efecto económico total de estas decisiones, informadas siempre a la Junta Directiva, fue de $7.812.506.424, cifra que equivale a un 7,3% del presupuesto de remuneraciones anuales, según precisa el estudio en poder de CIPER (ver documento).
El exvicerrector Jorge Petit-Breuilh dijo por escrito a CIPER que otros factores que incidieron en el aumento del costo laboral fueron la creación de nuevas estructuras por requerimientos legales o reglamentarios. “Ejemplo de ello es la Dirección de Equidad de Género, además se tuvo que generar mayores estructuras de control, para la realización de procedimientos disciplinarios, procesos de calidad entre otros. Esto hizo aumentar la dotación de personas principalmente profesionales del estamento administrativo”, aseveró,
“En pandemia, por otra parte, se tomó la decisión institucional de financiar recurso humano de unidades que generaban recursos autogestionados, pero que en este período no podían generar esos ingresos, la decisión fue por unos meses financiar esos equipos, ya que no se podía prescindir de ellos para el futuro”, ahondó.
Universidad de La Frontera (Créditos: ufro.cl)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
La auditoría en esta área -contenida en el oficio ordinario 122- revisó dos contratos celebrados con el Banco Santander de fechas 27 de diciembre de 2022 y 19 de julio de 2024. Ambos fueron reportados a la Junta Directiva de la Universidad. El primer documento era por un crédito que buscaba financiar la construcción de un aulario y de un jardín infantil, entre otras obras, además de proveer fondos para pagar incentivos al retiro de personal.
La investigación contable estableció, sin embargo, que “en lo concerniente a la ejecución del empréstito requerido, se constató que se hizo uso indiscriminado del crédito que se alude, no dando cumplimiento a los objetivos comprometidos para su uso”.
“A su vez, se confirmó con los jefes de las divisiones y el director de Finanzas que, no se registra control de la ejecución de los recursos del empréstito y que este fue utilizado, de manera tal que no se implementaron los mecanismos de control para garantizar que el empréstito fuera utilizado exclusivamente para los fines declarados. Al respecto, la Dirección de Auditoría sugirió, según consta en el acta del Consejo Universitario de la sesión del 15 de diciembre de 2022, implementar un plan de seguimiento para el control del gasto del empréstito. Situación que en los hechos no aconteció”, indica el texto revisado por CIPER.
La contratación del segundo empréstito, en tanto, fue objetada por Contraloría Regional, entidad que se negó a tomar razón de éste, pese a lo cual, la operación igualmente se realizó. En detalle, el 11 de julio de 2024, según consta en el acta de la Junta Directiva N° 349, el entonces vicerrector de Administración y Finanzas, Jorge Petit-Breuilh Sepúlveda, expuso una propuesta de “trato directo para la contratación de línea de crédito”.
En específico, se planteó la necesidad de contratar una línea de crédito por $20 mil milloes, la cual constaría de una línea de sobregiro -asociada a cuenta corriente – por un monto de $10 mil millones y una línea de crédito para boletas de garantía -no asociada a cuenta corriente – por otros $10 mil millones.
La operación fue autorizada en el Decreto Universitario N°14, del 15 de julio de 2024 y cuatro días después fue firmado el contrato con el Banco Santander. En ese mismo acto, las autoridades de la universidad hicieron uso de $3.972.804.814.
No obstante, el 30 de julio de 2024 la Contraloría Regional objetó el acuerdo por no ajustarse a derecho, según reconoce el propio informe contable elaborado por la Universidad de La Frontera (ver documento).
El órgano contralor sostuvo que el convenio no incluía la aprobación del Ministerio de Hacienda y además incumplía los requisitos para ser trato directo. Pese a estas observaciones, la línea de crédito siguió operativa y al 27 de noviembre de 2024 ya se habían gastado $9.940.844.777, sin existir claridad contable del destino de esos fondos, según el reporte interno de la universidad.
Sobre estos montos, el exvicerrector de Administración y Finanzas Jorge Petit-Breuilh comentó por escrito a CIPER que “en términos generales (…) la Universidad de La Frontera no tiene una deuda bancaria considerable, aunque si un problema de equilibrios de flujo que desde hace un par de años se venía advirtiendo y tomando medidas para reducir y controlar la dotación de personal”.
“La Universidad de La Frontera -continuó- tiene un patrimonio de cerca de 300 mil millones de pesos, aumentando de manera considerable durante los últimos cinco años, y tiene una deuda bancaria de 10 mil millones de pesos con un crédito de largo plazo”. A ello se suma, dijo, una línea de sobregiro para capital de trabajo: “Lo demás son pasivos internos, y que hasta donde me correspondió estar como vicerrector de Administración y Finanzas, no tenía el detalle de los valores informados por las auditorías”.
A su juicio, la UFRO enfrenta un problema de flujo de caja, que ha afectado la gobernanza y las confianzas.
ACCIONES LEGALES
Una vez conocidos los informes de la Dirección de Auditoría, la Junta Directiva de la Universidad de La Frontera acordó remitir dichos antecedentes al Ministerio Público mediante una denuncia a cargo de la Dirección Jurídica de esa casa de estudios.
Consultado por CIPER sobre si las autoridades se harán parte de la investigación a través de una querella, el vicerrector de Administración y Finanzas, Sergio Salgado sostuvo que esa decisión no está adoptada aún: “Ahora nos encontramos en la etapa de investigación del Ministerio Público, en la que la Universidad colaborará a puertas abiertas, mediante sus unidades especializadas. En cuanto a la querella, se examinará el mérito de ésta una vez que contemos con todos los insumos”.
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Informes internos revelan cómo se gestaron millonarias deudas y caos administrativo en la Universidad de La Frontera
