CIPER tuvo acceso a la documentación que Daniel Andrade envió al Ministerio de Justicia. En esta queda en evidencia que el despliegue en Antofagasta era un objetivo de la fundación. En su balance 2022, la entidad denominó “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta” su trabajo para el Minvu, el que incluía mesas con líderes de ocho campamentos de esa ciudad. La Subsecretaría de Justicia calculó que el 66% de los fondos públicos se destinaron a honorarios y solo un 33% a financiar obras para las tomas. Al menos tres personas ligadas al oficialismo percibieron honorarios del convenio por trabajar en la zona: Paulina Cabrera, exasesora de Maite Orsini (recibía entre $1,5 millones y $2,3 millones); Karina Meneses, exasesora de candidatos de RD (entre $1,1 millones y $530 mil), y Catalina Guzmán, actriz y parte de la campaña del Apruebo (entre $200 mil y $500 mil).
En su balance de 2022, la fundación Democracia Viva definió sus líneas de acción en tres proyectos: Ciudades Sin Miedo, Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta y Escuela de formación para gestores territoriales.
Ese año, la fundación que presidía el RD, Daniel Andrade, había sellado con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Antofagasta del Ministerio de Vivienda (Minvu), los tres convenios que terminaron con la fundación investigada por posible tráfico de influencia y otros delitos, y que en total sumaron $426 millones. Ese trabajo fue denominado por Democracia Viva como “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta” en sus memorias.
Según lo publicado por Democracia Viva en sus redes sociales, el laboratorio utilizó la siguiente metodología participativa para llevar a cabo su tarea en Antofagasta: “Asambleas, mesas de trabajo, mapeos y talleres, e instancias de vinculación como los puerta a puerta y el uso de medios digitales para una comunicación directa con las y los vecinos”. Incluso, en otra documentación, se explica que ese laboratorio incluye un despliegue artístico y cultural, el que se caratuló como El Norte Nuestro.
CIPER tuvo acceso a la documentación y rendiciones de cuentas que el ingeniero civil y director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade (RD), entregó al Ministerio de Justicia tras ser requerido el 22 de junio pasado, en medio de una fiscalización realizada por la cartera. La auditoría se hizo luego de que se cuestionara que quien otorgó los convenios a la fundación, había sido el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), exjefe de gabinete de la entonces pareja de Andrade, la diputada RD, Catalina Pérez.
Se trata de cuatro archivadores que, aparte de contener el balance 2022, acumula boletas de honorarios, contratos, informes de respaldo de los pagos honorarios, fotos de parte del trabajo realizado, facturas, la mayoría respecto del convenio, pero además agrega la lista de todas las actividades que la fundación hizo antes y durante la realización de los cuestionados convenios. Todas esas actividades, salvo los convenios con el Minvu de Antofagasta, eran de carácter político, principalmente relacionadas con difusión del proceso constitucional y del estallido social (ver recuadro).
En la documentación revisada, aparecen pagos de honorarios para al menos ocho personas que se desempeñaron en la realización de los convenios con el Minvu, de las cuales dos tienen vinculación con RD, una con el PC y otra con la campaña del Apruebo:
Paulina Andrea Cabrera Pereira, cientista política, coordinadora del proyecto y contraparte con el Minvu para efectos de los convenios, integrante del directorio de la fundación Democracia Viva y exasesora de la diputada de RD Maite Orsini. Recibió pagos de entre $1,5 millones y $2,3 millones.
Karina Nicole Meneses Solís de Ovando, cientista política, según su linkedin asesoró al concejal RD por San Miguel, Andrés Dibán. El concejal señala a CIPER que esa asesoría fue ad honorem y realizada antes que se creara Democracia Viva. Para el convenio Meneses se desempeñó como encargada territorial en Antofagasta y figura con pagos de $1,1 millones, pero en la fundación era presentada como directora de formación e investigación.
Catalina Andrea Guzmán Cáceres, fundadora de Democracia Viva, encargada de la unidad de arte y cultura de la fundación. Trabajó con Felipe Caussen en un feat electrodance del Apruebo. Aparece en las rendiciones con pagos de $200 mil a $500 mil.
Susana Matilde Méndez del Canto, ligada al PC y excolaboradora en la Municipalidad de Santiago, ejerció las comunicaciones para el proyecto. Percibió $500 mil mensuales.
Marcelo Andrés Briones Rojas, encargado de las finanzas del proyecto, ingeniero comercial. Según Linkedin, mientras trabajaba en los convenios, mantenía su labor en una empresa de tecnología. Sus honorarios por el proyecto en Antofagasta eran de $1,1 millones mensuales.
Francisco Javier Fernández Arias, asesor técnico, encargado de contratar y revisar proveedores. Percibía $800 mil mensuales.
Cynthia Gabriela Cisternas Moncada, artista y gestora cultural. Señalada en las rendiciones como “analista financiera”. Sus honorarios ascendían a $1,1 millones.
Belén Alejandra Torres Sandoval, socióloga, también encargada territorial en los campamentos. Percibía $660 mil.
El 13 de septiembre pasado, el Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la cancelación de la personalidad jurídica de la fundación, argumentado, entre otras razones, que el objeto que se señala en los estatutos de esa fundación no se condice con el objetivo de los convenios pactados en Antofagasta:
“Los objetivos de los convenios tenidos a la vista dan cuenta de labores propias de construcción, habilitación de espacios salubres y seguros, mediante la construcción de determinadas obras de carácter transitorio, instalación de luminarias, señales de riesgo, instalaciones sanitarias, que se elijan de su objeto social que es en extremo difuso pero que parece más a la difusión de ideas”, dice el escrito. Y agrega: “De acuerdo a la información aportada por la propia entidad, su gasto en materiales parece mínimo y desproporcionado en relación con los gastos que debiese realizar”.
Pese a que no fue un argumento esgrimido para pedir la disolución, en su fiscalización el ministerio cuestiona que la realización de los tres convenios destinó en total un 66% de los fondos al pago de honorarios, mientras que solo el 33% se gastó en trabajos de obras civiles. Esto, considerando que los convenios apuntaban principalmente a mejorar las condiciones materiales de habitabilidad de asentamientos precarios.
Al ser consultado, el jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, Carlos Aguilar, explicó a CIPER: “La estructura de gastos está concentrada especialmente en el pago de honorarios de diversas especies, alcanzando un orden del 70% aproximadamente y un 30% restante se destinaba básicamente para el objeto del convenio. Dos de los tres convenios eran de carácter operativos, de hacer cosas materiales. Entonces, llama la atención precisamente que en esos convenios también pasara lo mismo, que había pocos materiales y mucha más plata para los honorarios”.
El abogado hace referencia a los convenios N° 504 y N° 576. El primero firmado el 3 de octubre de 2022, y el segundo, el 27 de octubre del mismo año. Ambos precisan que en los campamentos se instalarán luminarias solares; se dará soluciones para enfrentar, controlar o mitigar incendios; también para abordar microbasurales; para la ejecución de cierros; que se instalarán contenedores de basura; que se adquirirán extintores y que habrá mejoras de espacios comunitarios.
Para la ejecución del primer convenio se traspasaron $200 millones. Y según el cálculo hecho por el ministerio, los gastos de ese proyecto se dividen en 66,28% en honorarios, mientras que el 33,72% restante se relaciona con gastos de contratos de construcción y otras facturas. Asimismo, para la ejecución del segundo convenio, el N° 576, se traspasaron $170 millones. Según el oficio del Ministerio, el gasto en honorarios en este convenio fue de 42,72%; mientras que, en construcción, 57,78%.
Respecto del tercer convenio, el N°641, la diferencia es todavía mayor: sólo un 2% fue destinado a gastos en construcción, mientras que un 98% a honorarios. Sin embargo, este convenio tenía como objetivo el despliegue de trabajo territorial y no de obras, puesto que en su detalle alude a la realización de un diagnóstico socioterritorial, al diseño de planes de intervención, al fortalecimiento de organizaciones comunitarias, en especial de infantes, migrantes y género, y a la participación ciudadana, entre otros objetivos.
CIPER se comunicó con Daniel Andrade para conocer la diferencia que a su juicio existe entre las actividades de trabajo político que la fundación venía haciendo desde que fue creada y el denominado “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta” que, según sus rendiciones, fue financiado a partir de los fondos traspasados por el Minvu para la ejecución de convenios. Sin embargo, declinó referirse al tema.
INFORMES DE HONORARIOS
Paulina Cabrera no solo estuvo en la primera reunión registrada en la plataforma de Lobby que Daniel Andrade y Carlos Contreras sostuvieron vía virtual para conversar acerca del proyecto. Ella fue la contraparte de la Seremi, la coordinadora del trabajo, quien armó los equipos y la persona que más remuneración percibió.
El Ministerio de Justicia cuestiona, de hecho, que siendo presidenta del directorio de Democracia Viva desde el 17 de marzo de 2023, a la vez estuviera contratada por la misma fundación. Y no solo en un convenio, sino en dos: entre octubre de 2022 y junio de 2023, percibía $1,5 millones por un convenio; mientras que entre febrero y junio de 2023, $800 mil por otro.
En sus informes de honorarios, la cientista política señaló detalles de lo que hizo:
Coordinación general de proyecto y representación de la Fundación en la Región de Antofagasta.
Búsqueda y contratación de equipo técnico y social para implementación del convenio 504.
Generación de protocolo de comunicación para equipo técnico y social.
Asistencia en reuniones virtuales con el equipo de Seremi Serviu sobre aspectos técnicos y generales del convenio.
Asistencia a reunión de coordinación con otras fundaciones vinculadas.
Gestión y asistencias reuniones de coordinación equipo de fundación.
Agrega que la persona que visa el correcto desempeño de las asesorías prestadas era Daniel Andrade, director ejecutivo de Democracia Viva.
Daniel Andrade
Según testigos, Marcelo Briones llegó a trabajar al proyecto “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta”, que se financió con fondos del Minvu, invitado por Paulina Cabrera. Según su Linkedin, él es gerente de Administración y Finanzas en Socialab Chile desde 2019.
Según sus informes, sus tareas para el convenio eran:
Creación de sistema de gestión interna.
Protocolo de manejo de proveedor y prestadores de servicios asociados al convenio 504.
Confección de contratos de prestación de servicios asociados al convenio y gestión de firmas digital.
Asistencia reunión de capacitación sobre gestión de rendición de gastos, en oficina de Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Confección de presupuestos de convenio.
Asistencia a reuniones virtuales con equipos de Seremi y Serviu sobre aspectos técnicos y generales del convenio.
Asistencia a reuniones de coordinación con equipos de fundación.
Gestiones de contratación e implementación de plataformas para Firma YA, para firma avanzada documentos de la fundación.
Reuniones de negociación de ERP Nubox, para su contratación e implementación.
Y gestión de pagos mensuales del convenio.
Explica que la persona que visaba el correcto desempeño de la asesoría prestada era Paulina Cabrera Pereira, coordinadora del proyecto.
Nicole Meneses Solís de Ovando, cientista política, aparece en una reunión en Santiago junto a Daniel Andrade el 16 de octubre de 2022. También en encuentros virtuales de la fundación y otras actividades. Era la encargada de formación y en su linkedin señala que fue asesora de campañas. Detalla lo siguiente sobre su labor en el proyecto en Antofagasta:
Asistencia reunión con el establecimiento de trabajo con el equipo de personal del proyecto.
Realizar asamblea.
Realizar mesa de trabajo con presidentes de los comités.
Reunirse con bomberos.
Iniciar informes de seguridad de campamento.
Asistencia realizar puerta a puerta.
Asistencia de reuniones de coordinación de seguimiento del trabajo con el equipo de profesionales del proyecto.
Visita de reconocimiento de los campamentos.
Creación de documento de revalidación del diagnóstico.
Reunión con dirigentes de Ecuachilepe.
Reunión con dirigente de Irarrázabal Etapa I.
Organizar asambleas con ambos campamentos junto a los dirigentes.
Incorporación de información de contacto de vecinos de Ecuachilepe a base de datos.
Preparación de asambleas junto a dirigentes.
Control de los avances cuantitativos y cualitativos de los convenios en tiempo y forma.
Revisar y recuperar los informes de gestión mensual del convenio y de las profesionales.
Cynthia Gabriela Cisternas Moncada, es técnico en administración y gestora cultural mención en artes. Fue mencionada en el informe de Contraloría que cuestiona el hecho de que ella tuviera oficina en la Seremi de Antofagasta. Según explican conocedores del proyecto, fue desde la Seremi que se dispuso así para que cumpliera labores de gestión financiera. De hecho, en su informe señala que era Priscila Rodríguez la encargada de supervisar sus labores, funcionaria del Seremi de Antofagasta que figura a contrata hasta julio de 2023.
En sus informes de rendiciones, Cisternas explica parte de lo que realizó:
Responsable de la coordinación y administración de los convenios de transferencia de recursos.
Responsable de elaborar y administrar base de datos con la información relativa a los convenios, en especial, vigencia y procedimientos de contrapartes.
Montos de recursos: toda aquella información que sea relevante para la buena gestión de los convenios.
Recopilar y revisar los medios verificados para el cumplimiento del objetivo y producto establecidos en los convenios.
Apoyar en la coordinación en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de transferencia y rendiciones de cuenta.
Administrar y hacer seguimiento y control de los avances cuantitativos y cualitativos de los convenios en tiempo y forma.
Revisar y recuperar los informes de gestión mensual del convenio y de las profesionales asociadas a los convenios.
Persona que visa: Priscila Rodríguez, encargada de Unidad de Administración y Finanzas.
En algunos de los informes se señalan reuniones sostenidas por colaboradores de Democracia Viva con otras fundaciones que trabajaban en la zona, señalando a tres que hoy están siendo investigadas por el Ministerio Público: Procultura, Tomarte y Espacio Lúdico. Así se señala en reportes de Francisco Fernández, Belén Torres, Paulina Cabrera y Nicole Meneses.
En las rendiciones existen dos contratos a dos empresas constructoras:
Servicios Manuel Alvarado Belmar SpA, de propiedad de Manuel Alvarado, y Factoría Desierto SpA, de Héctor Valdebenito Chavarría. CIPER no tuvo a la vista la totalidad de estas rendiciones, por lo que no ahondaremos en detalles parciales.
LOS HITOS DE LA MISIÓN POLÍTICA DE DEMOCRACIA VIVA
El 16 de diciembre de 2022, la diputada Catalina Pérez compartió panel en un foro sobre el proceso constitucional con quien entonces era su pareja y director de Democracia Viva, Daniel Andrade. Según los informes de quienes desempeñaron labores virtuales y presenciales para el proyecto “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta”, que se financió con fondos del Minvu, por esos días la iniciativa marchaba a tranco veloz.
El Ministerio de Justicia solicitó, en su fiscalización, que Democracia Viva le detallara los inmuebles y muebles que posee, el costo del arriendo de su sede ubicada en Ñuñoa, de dónde provenían $300 mil del patrimonio inicial de la fundación y en qué se gastaron.
El 16 de diciembre de 2022, la diputada Catalina Pérez compartió panel en un foro sobre el proceso constitucional con quien entonces era su pareja y director de Democracia Viva, Daniel Andrade.
Sobre sus bienes inmuebles, Daniel Andrade respondió que no posee. Respecto del arriendo de la sede ubicada en calle Ezequiel Fernández, de propiedad de la investigadora Cecilia Paz Millán, este acreditó que el arriendo era de solo $10 mil mensuales. Y sobre los $300 mil no detalló de dónde provinieron, pero explicó que se utilizaron para financiar los gastos notariales y redacción de la escritura para constituir la fundación.
El ministerio también quería saber a qué se dedicaba la fundación tanto antes como durante la realización del convenio. Andrade realizó un punteo de varias actividades realizadas por la fundación, donde resalta todavía más su objetivo de incidir en la política partidista, constitucional y territorial.
“Se adjuntan books de proyectos donde hay dos categorías: por un lado, los que se hicieron cuando la fundación funcionaba de hecho, es decir, sin personalidad jurídica y sin cuentas corrientes. Y por otro, los que se realizaron posterior a poseer la personalidad jurídica y obtener las cuentas corrientes que permite tener la contabilidad”, introdujo Andrade, para luego enumerar las actividades que CIPER complementa de qué trataron.
Sin personalidad jurídica:
Maletín Constituyentes: El proyecto se hizo en Aysén, en conjunto con la universidad de esa región, dirigido a niños, niñas y adolescentes. Según explicó la universidad en un oficio dirigido al diputado DC, Miguel Ángel Calisto, “para el desarrollo de estas acciones, se costearon pasajes aéreos y alojamiento para dos talleristas de la fundación, sin contemplar pago de honorarios (…). Respecto de la participación de la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino Acuña, en el Consejo Asesor de la Fundación Democracia Viva, el año 2022 se convoca a diferentes actores y actrices de la sociedad civil para integrar el consejo asesor de la fundación. Esta labor, ad honorem, se realizó durante el año 2022, ocasión en la que participó en una actividad vinculada al proceso constituyente (realizadas vía Zoom), sin desempeñar ningún cargo directivo. La rectora Pino no ha tenido desde entonces, ninguna vinculación con la mencionada fundación”.
Museo Itinerante de Estallido Social: se realizó en algunas comunas de la Región Metropolitana.
Proyecto Pregunta: dispositivo de participación sobre temas constituyentes, centrado en la generación, visualización y viralización de debates. Según un documento de Democracia Viva, se hizo en Valparaíso, Coyhaique, Los Ríos y Copiapó.
Diplomado Superior en Formación Política, Clacso: se anunció antes que Democracia Viva estuviera cuestionada, que iba a participar en el Diploma Superior en Formación Política 2023 (3° cohorte), el que se haría de forma virtual entre mayo y septiembre de este año.
Presentación y producción del documental “El precio de Las Flores”: se lanzó en el Museo del Estallido Social el 12 de julio de 2022.
Cabildo Artístico.
Apoyo en asesorías en mediación comunicacional.
Iniciativas Populares de Norma.
Movimientos sociales.
Con personalidad jurídica
Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta: el trabajo en los campamentos que se financió con los fondos públicos provenientes del convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Repositorio El Norte Nuestro: parte del “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta”, pero que, según se describió en la web de Democracia Viva, se enfoca en el arte y la cultura. Es parte del convenio N° 641.
Presentación del proyecto habitabilidad primaria: también circunscrito al “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta”.
Apoyo en la campaña del Apruebo: fondos para el financiamiento de la campaña de la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
Bueno, qué decir, buena investigación de Ciper. Sin embargo a mí me asaltan 2 reflexiones respecto al tema:
1° Creo que este problema es una consecuencia directa del Estado subsidiario, ya que al jibarizarse el Estado durante la implantación de modelo neoliberal en los primeros años de la dictadura, la ejecución de los recursos públicos se ha hecho más burocrática, tercerizando buena parte de lo que el Estado hacía en forma autónoma antes.
Por tal razón, una de las zonas que se prestan para la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de interés es justamente aquella que tiene que ver con el traspaso de recursos públicos para implementar políticas públicas.
2° La situación denunciada es lamentable porque ahora, independientemente de su giro, las fundaciones han caído en un tremendo descrédito, salpicando injustamente a aquellas que realizan un trabajo honesto y probo con recursos del Estado.
Lo más probable es que este problema conlleve a la implantación de nuevas medidas y controles por parte de los organismos públicos que redundarán en más burocracia para la inversión que hace el Estado.
La solución en mi opinión va por pasar de un Estado subsidiario a uno solidario donde prime el bien común y permita reforzar el Estado para hacer bien su trabajo eliminando o minimizando la tercerización.
Alejandro River | 25.09.2023
No veo nada malo aún, aparecen detalladas las actividades que hizo cada persona. En ese detalle no hay actividades del partido o de la constitución que no fue. No logro ver el robo que ven todos los que han escrito antes. Obviamente que una fundación de izquiera cercana al extremo, no van a invitar a un abogado UDI, republicano o RN a asesorarlos, veo gente del PC y similares, lo que me parece obvio. No soy amigo ni defensor de democracia viva, solo trato de ver los hechos.
Nelson Cardenas_Ulloa | 22.09.2023
Nadie debe extrañarse pues se trata de un esquema nacido desde las cúpulas de gobierno. No sucedera nada, se hará como que se persigue, como que se castiga pero la justicia sera incapaz de sancionar. Lo que procede es querella del Estado por asociación ilicita para defraudar, y ello no ha ocurrido ni ocurrirá
Kike Arriagada | 22.09.2023
Impecable el trabajo de ciper completo no como el de contraloria y fiscalia ..aun no hay sumario en contraloria para los jefes de auditoria y contabilidad por los trabajos mal hechos excusas de que no tienen gente en cambio ciper con.pocos recursos siempre sus trabajos intachables y bien fundados
Nancy Henriquez | 22.09.2023
No puedo entender , que se destinen tantos fondos públicos para invertir en espacio de tomas ilegales y dejan sin beneficio a tanta gente que si se preocupa de hacer las cosas como el ministerio de vivienda lo exige.
Milton | 22.09.2023
Cuando irán presos todos estos ladrones? Hasta el momento van miles de millones defraudados y apenas uno procesado. Hasta que ocurra ello recién podremos confiar en la política
Isabel Nuñez Pinto | 22.09.2023
Con sabor amargo de personas jóvenes y tan pillo y ladrones.Los viejos mendigamos para tener los remedios y que la plata nos alcance para llegar a fines del mes....rabia y desolación
Pablo | 21.09.2023
Ojalá no se pierda la plata
Amarito Rojitas | 21.09.2023
Como todo político, estos que estaban empezando, por familia ya tenían la expertice de ser corruptos, sobre todo el Andrade, hijo de madre y padre sinverguenzas .
