San Ramón: caída de concejal PS por corrupción abre la puerta a destitución de alcalde Aguilera

El Tribunal Calificador de Elecciones confirmó la destitución del concejal José Miguel Zapata por  “falta grave a la probidad”. Zapata era uno de los pilares que sostienen en el cargo al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, luego de que se conocieran los vínculos de ese municipio con el narcotráfico. En reemplazo de Zapata asumirá un militante DC. Con su llegada comienza a despejarse la vía para la eventual destitución del alcalde. Se requieren tres concejales para iniciar el proceso. Un RN, un independiente y una representante del Frente Amplio están en la lista de los que pueden sumarse.

El alcalde Miguel Ángel Aguilera pende de un hilo. La abrumadora mayoría de votos con que ganó la reelección como jefe de San Ramón en 2016 le permitió instalar a un grupo de fieles en el concejo municipal. Pero ahora pierde a uno de ellos. A los cuestionamientos por su relación con el narcotráfico se suma la caída de uno de sus concejales más cercanos –José Miguel Zapata– cuya permanencia era clave para bloquear la eventual destitución del alcalde.

Este martes 5 de noviembre el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó el fallo del Tribunal Electoral Regional y destituyó a Zapata por cinco votos a cero (vea aquí la resolución). Fue unánime. ¿La razón? Faltas graves a la probidad. La decisión la tomaron los ministros Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm, Juan Fuentes y el ex ministro del Interior Jorge Burgos. Este último renunció a su militancia en la DC en marzo de este año para asumir en el Tricel. Por esta razón dijo a CIPER que no ve un conflicto de interés en su resolución, que terminó beneficiando a uno de sus ex camaradas: Gustavo Toro, el militante DC que asume como concejal en el puesto del caído Zapata.

El argumento para destituir al concejal José Miguel Zapata (PS) está contenido en un informe de la Contraloría de octubre de 2018. Allí se sostiene que el destituido concejal operó desde la municipalidad y el gobierno regional para que su empresa –Asesorías en Investigación Social (AEIS)– se adjudicara millonarios contratos con el mismo municipio de San Ramón entre 2015 y 2018. Aunque Zapata se defendió indicando que la empresa no es de su propiedad, la Contraloría utilizó los documentos publicados por CIPER que muestran que nunca dejó en la práctica el control sobre AEIS (vea reportaje de CIPER “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política”).

Antes de asumir como concejal, Zapata era director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de San Ramón, desde donde conoció el detalle de una serie de licitaciones que ofertó el municipio. Desde ese rol también participó en la evaluación y supervisión técnica de las propuestas de distintas empresas para adjudicarse cinco proyectos en San Ramón. Entre esas propuestas estaba la de su empresa AEIS, la que ganó las licitaciones. AEIS recibió millonarios fondos desde el Gobierno Regional, donde Zapata también jugó un rol como jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, cuando aprobó los convenios con San Ramón que permitieron financiar estos mismos proyectos.

Parecía un negocio redondo. En medio de ese ir y venir de oficios y licitaciones que él visaba a ambos lados del mesón, Zapata ganó un cupo como concejal de la comuna en las elecciones municipales de 2016.

El informe de la Contraloría dice que las acciones de Zapata constituyeron una “vulneración al principio de probidad administrativa”, que el municipio de San Ramón no cobró multas por $600 millones por el atraso en las obras licitadas y que se realizaron pagos autorizados por Secpla por más de $80 millones que no estaban “suficientemente acreditados”. La Contraloría remitió los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.

José Miguel Zapata.

En su defensa, Zapata dijo a CIPER que este fallo es solo de un tribunal electoral y que hasta ahora la justicia no lo ha condenado: “En Chile rige el principio de inocencia”. A pesar del duro informe de la Contraloría, sostiene que no se le han probado actos de corrupción mientras ejerció como concejal:

«Lo que hace el Tricel es confirmar la sentencia de primera instancia. Y en esa sentencia no se menciona un solo hecho en específico sobre faltas a la probidad. Todo lo que se menciona son hechos ocurridos antes de que yo asumiera como concejal. Lamentablemente, ya no tengo instancias para apelar».

¿QUÉ VIENE AHORA?

Para solicitar la destitución del alcalde Miguel Ángel Aguilera se necesitan las firmas de tres de los integrantes del concejo municipal. Uno que apoya abiertamente esa opción es David Cabedo, el único de los ocho concejales que milita en un partido oficialista: Renovación Nacional. Cabedo dice que los argumentos están sobre la mesa:

“Vamos a tratar de destituir al alcalde. Hay argumentos y motivos. El mismo informe de la Contraloría por el que fue destituido Zapata, establece causales de notable abandono de deberes del alcalde Aguilera. Espero que el concejal que reemplace a Zapata tenga la disponibilidad de firmar y lo mismo haga la concejala del Frente Amplio”.

El concejal que asumirá será Gustavo Toro (DC), quien declinó referirse a esta posibilidad. No obstante, fuentes de la DC comunal dijeron a CIPER que su apoyo a la  solicitud de destitución está confirmado. La otra concejala que podría respaldar la destitución de Aguilera es Juana López, quien ganó su cupo en el concejo como PPD, pero que ahora milita en el partido Comunes, colectividad que integra el Frente Amplio.

En conversación con CIPER la concejala López no descartó su firma: “Tendría que examinar los antecedentes. Hasta ahora soy la única concejala que rechaza algunos proyectos que se presentan en San Ramón y que no me parecen correctos. Hay una relación muy cercana del resto de los concejales con el alcalde Aguilera, hay algunos que apoyan todo lo que dice y hace el alcalde. Votan en bloque. Yo no comparto con ellos”.

La concejala señaló  que lo que le preocupa más la imagen de la comuna que la situación personal del alcalde: “Todo lo que ha sucedido me ha complicado bastante por la imagen de la comuna, no por la del alcalde. Me preocupa la visión que tiene la gente del poblador de San Ramón, porque es gente de mucho esfuerzo y todo este tema le ha traído dificultades. Hay jóvenes que han tenido que ocultar que vienen de San Ramón”.

-¿Hay responsabilidad del alcalde Aguilera en esa imagen que se tiene de la comuna?

-Creo que sí. Él es el jefe comunal. Hasta ahora no ha habido un mea culpa por parte de él.

Fuentes del partido Comunes señalaron a CIPER que hay un compromiso partidario para solicitar la destitución del alcalde, pero hasta ahora su concejala no ha manifestado su opción en público.

Otros concejales, que solicitaron resguardo de su identidad, consideran que el factor tiempo complica poner en marcha el proceso de destitución. Esto, porque queda un año para la próxima elección municipal (noviembre de 2020), y la tramitación podría ser más larga. De hecho, la caída de Zapata tomó más de un año.

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Reunión del circulo cercano al alcalde Aguilera en 2017. Se ve al senador José Miguel Insulza y a Pedro Jaque (ex asesor de Aguilera).

Se puede demorar bastante, pues primero debe resolver el Tribunal Electoral Regional y si hay apelación, pasa al Tricel”, dijo a CIPER el ministro de ese tribunal, Jorge Burgos.

Otro concejal que podría llegar a firmar la solicitud es Genaro Balladares, que renunció hace poco a su militancia DC: “Para mí es una cosa estudiable, no descartable. Pero tampoco es un dogma de fe”.

También se cruzan intereses políticos: tanto David Cabedo (RN) como Balladares (ex DC) están interesados en postular al puesto de alcalde en las municipales del próximo año.

Los otros cuatro concejales son fieles a Aguilera y no hay margen para que firmen la solicitud: están los socialistas Roxana Riquelme, María Jopia y Ricardo Torres, además del independiente Juan Pablo Luna Sepúlveda. De hecho, la concejala Riquelme, quien mantiene la relación más cercana con el alcalde, declaró a favor de Zapata en el proceso de destitución: «En mi calidad de concejal no conozco ningún hecho o falta a la probidad administrativa», testificó el 28 de marzo de 2019.

Si no se presenta la solicitud de destitución contra el alcalde Aguilera, serán las urnas las que determinen su futuro. Hasta antes de que estallara el escándalo por las vinculaciones del municipio con narcotraficantes, Aguilera y sus fieles habían construido una base de apoyo férrea. Prueba de ello son el 70% de los votos que logró en la elección municipal de 2016; que San Ramón es la comuna que tiene la mayor cantidad de militantes PS del país; la hermana del edil, Mónica Aguilera, fue elegida consejera regional metropolitana, y un ramillete de sus cercanos llegó al Comité Central del PS (vea el reportaje de CIPER “Los negocios del alcalde Aguilera que están en la mira de la UAF y la red de poder que lo encumbró en el PS”).

Pero ahora todo es distinto. Aguilera ya no es militante socialista y ha perdido poder en la interna del partido. En San Ramón aparentemente quebró con operadores locales que sustentaban parte de su red clientelar y ahora perdió a uno de sus concejales más fieles (aunque el municipio demandó a la empresa de Zapata después del informe de la Contraloría, el concejal ha seguido en sintonía con la gestión del alcalde).

El aparato del alcalde también ha perdido fuerza electoral. Es cosa de comparar los 15.590 votos que cosechó Miguel Ángel Aguilera en 2016 con los 4.885 que logró su hermana Mónica en noviembre de 2017, en la elección de Cores, cuando Informe Especial ya había expuesto los vínculos de Aguilera con un narcotraficante (Jorge “Chino” Pinto) de San Ramón.

Empieza a correr el reloj. Ahora el secretario municipal de San Ramón tiene que tomar conocimiento de la resolución del Tricel que destituyó a Zapata. Luego se le hará el llamado a Gustavo Toro para que acepte o rechace el cargo de concejal. Toro dirá que sí, según confirmaron a CIPER en la DC. Luego de eso, el concejo municipal debe investirlo como nuevo integrante. Recién ahí se podría presentar la solicitud de destitución contra el alcalde Aguilera. Está por verse.