Contraloría falta a la verdad ante la Corte de Apelaciones de Santiago

En octubre de 2017 postulé a un concurso para ocupar el cargo de jefe de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). Obtuve el máximo puntaje, siendo nombrado por la autoridad dentro de la terna generada al efecto. El 28 de febrero de 2018 acepté formalmente el cargo, debiendo renunciar ese mismo día al puesto que estaba ejerciendo como jefe del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Educación.

Los problemas comenzaron pronto. El 3 de mayo de 2018, vía mail institucional del Departamento de Gestión de Personas del Injuv, se me informó formalmente que la Contraloría General de la República (CGR) había tomado razón de mi nombramiento. Esto implicaba que la CGR lo había estimado ajustado a la normativa. Lo extraño es que, días después, el nombramiento dejó de estar “tomado de razón” y pasó a figurar en “estudio” en el sistema informático de la Contraloría.

El 23 de mayo de 2018, a media mañana, mi nombramiento volvió a aparecer como “tomado de razón” en el sistema, pero horas después nuevamente figuró en “estudio”. Era razonable pensar que algo extraño estaba pasando. Y así era.

El 12 de septiembre de 2018 llegó al Injuv un oficio de la CGR en que “representaba” mi nombramiento. Es decir, lo anulaba, pues consideraba que hubo vicios de legalidad en el concurso. En palabras simples, estaba fuera de mi cargo.

Como había existido una cadena de situaciones oscuras y apreciando la debilidad de los argumentos del oficio de la CGR, interpuse un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo hice convencido de que un reclamo contra un adversario como la Contraloría tenía escasas posibilidades de prosperar. Pero, el 5 de diciembre de 2018 la corte acogió mi recurso, ordenando a la CGR dejar sin efecto el oficio de representación y que se me reestableciera en el cargo (vea el dictamen de la corte y el oficio correctivo de la Contraloría).

Lo más grave de todo esto es que durante la tramitación de mi recurso la Contraloría faltó a la verdad ante los ministros de la corte. Esto, porque en mi recurso expuse que existían indicios de intervención de la autoridad política para anular mi nombramiento. Pero en su informe a la corte, la CGR sostuvo que tal intervención no era efectiva. No obstante, existe un documento que demuestra que, sobre este punto, la Contraloría faltó a la verdad o, en el mejor de los casos, omitió un antecedente clave.

Efectivamente, el 5 de diciembre llegó a mis manos el Oficio N° 1.026 del subsecretario de Servicio Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, cartera de la que depende el Injuv. En este oficio, luego de una extensa argumentación jurídica, el subsecretario Sebastián Villarreal le pidió directamente al contralor Jorge Bermúdez que dejara sin efecto (o anulara) los concursos de jefes de departamentos realizados antes de su arribo como autoridad (vea ese oficio):

“En conclusión, esta subsecretaría solicita a US. la representación de las resoluciones del antecedente por no ajustarse a derecho”, se lee en el oficio firmado por Villarreal.

El documento en cuestión está fechado el 5 de abril de 2018, seis meses antes de que la CGR le enviara el informe a la corte en que negó la intervención de la autoridad política (vea ese informe). En efecto, ese informe de la Contraloría es del 11 de octubre de 2018. En concreto, la CGR le ocultó temerariamente a la Corte de Apelaciones de Santiago la existencia del oficio del subsecretario:

“Resulta improcedente la aseveración sostenida por el actor (que interpuso el recurso) al expresar que en la situación por él recurrida hubo intervención de la autoridad política, que el ente contralor oculta y no transparenta”, señala el informe de la Contraloría enviado a la Corte.

Me pregunto por qué se mueve tal maquinaria política en contra de un abogado que toda su vida ha sido funcionario público y que hace años se dedica a la academia. Es cierto que años atrás tuve una militancia política que no sintoniza con el gobierno actual, pero el rechazo a las ideas personales no puede ser argumento para desconocer las normas que amparan los derechos de los ciudadanos. Y la Contraloría existe para garantizar a los ciudadanos –de cualquier color o pensamiento– el cumplimiento de esas normas.

La verdad es que pensé mucho si escribía o no esta columna. Siempre existe el miedo a represalias cuando uno se desempeña como funcionario público y se enfrenta al poder. Pero como dice un canto en homenaje a Víctor Jara: “La canción que es valiente, es canción para siempre”.