Municipalidad de Independencia denuncia posible fraude en dos servicios licitados bajo la administración anterior

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, presentó ante la Fiscalía Centro Norte una denuncia por posible fraude al fisco, además de una querella por ese mismo ilícito y por estafa. Las irregularidades que se pesquisan habrían ocurrido bajo la administración de su antecesor, Gonzalo Durán, actual delegado presidencial metropolitano. La denuncia se materializó después de que se detectaron irregularidades en dos licitaciones a cargo de la Dirección de Aseo y Medio Ambiente (Dimap). Aunque el alcance de las eventuales irregularidades aún está siendo revisado al interior de la municipalidad, el alcalde Iglesias indica que hasta el momento han contabilizado un posible perjuicio de $2.498 millones solo en uno de los contratos investigados.

La semana pasada el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind-Chile Vamos), presentó una denuncia a la Fiscalía Centro Norte por posible fraude al fisco, además de una querella por ese mismo ilícito y estafa. Los hechos que se denuncian ocurrieron durante la administración anterior de Gonzalo Durán (FA), actual delegado presidencial de la Región Metropolitana. La acusación es investigada por la fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía de Alta Complejidad. La investigación comenzó luego de que se detectaron irregularidades en dos licitaciones de la Dirección de Aseo, Paisajismo, Arbolado, Medio Ambiente e Higiene Ambiental (Dimap). Una es por el servicio de mantención de áreas verdes y la otra por la recolección de basura y limpieza de la comuna. 

La municipalidad, además, realiza un sumario interno, recabando antecedentes para determinar responsabilidades. De hecho, la administración de Iglesias estuvo dispuesta a un allanamiento voluntario por parte de la PDI el viernes 21 de marzo. En esa instancia se incautaron computadores de trabajadores de la Dimap que tuvieron alguna relación con los procesos de licitación. 

La querella interpuesta por la municipalidad fue aceptada a trámite por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago este 26 de marzo de 2025.

El contrato para la mantención de áreas verdes se lo adjudicó la empresa Servicios Generales de Aseo Aromos SpA. El servicio de recolección de residuos y limpieza, lo prestó Tresur SpA. Ambos contratos siguen vigentes y finalizan en 2026. 

Según la denuncia presentada por el alcalde Iglesias se detectaron pagos que se realizaron a pesar de que los trabajos no se completaban, la contratación de los hijos del inspector técnico de la municipalidad en una de las empresas que prestaba servicios, multas no cobradas y doble facturación. Según los cálculos de la actual administración municipal, solo las irregularidades que se adjudican a uno de los contratos -con Tresur- habrían generado un perjuicio de $2.498 millones.

Iglesias, en conversación con CIPER, indicó: “Esto todavía está por demostrarse, todavía es un presunto delito, pero sería un perjuicio patrimonial al municipio gigante. O sea, es un 10% de los recursos municipales”. 

CIPER se contactó con el exalcalde de Independencia y ahora delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, quien indicó que no tenía conocimiento de la denuncia. Agregó que está de acuerdo con las diligencias que se están realizando, pues, a su juicio, corresponde realizar los sumarios administrativos para aclarar responsabilidades. 

Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno

MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES INCOMPLETA

En julio de 2022, la municipalidad abrió una licitación para contratar los servicios de mantenimiento de áreas verdes, a cargo de la Dimap. En diciembre de 2022, la licitación fue readjudicada a la empresa Servicios Generales de Aseos Aromos SpA, luego de que la primera empresa que se ganó el servicio no cumplió con las bases técnicas de la licitación. 

El contrato considera la mantención y reparación de 205.010 m² -espacios que contienen mobiliario urbano, zonas vegetales y pavimento blando-, durante 36 meses, iniciados el 2 de enero de 2023 y que se extienden hasta el 2 de enero de 2026. 

La denuncia que hace Iglesias sobre la licitación con Aromos SpA, en particular, ha identificado distintas irregularidades hasta el momento. Una de ellas es que a las solicitudes de pago que la empresa hace mensualmente, se debe adjuntar un informe con el detalle de las labores ejecutadas ese mes, con respaldos fotográficos del antes y después de las labores realizadas. La empresa debe cumplir con este punto para que la Unidad Técnica proceda a aprobar el pago. Según la denuncia ante la fiscalía, la empresa no ha cumplido con la entrega de todos los documentos requeridos, pero, de igual forma, el pago fue completo, sin cobrarle multas. 

CIPER se contactó con el jefe de operaciones de Aromos SpA, Cristián Serrano, quien mencionó que los informes han sido presentados todos los meses: “No hay pago si no está autorizado (el informe) por la municipalidad, si falta información ellos la piden y nosotros se la enviamos, todos los meses”.

Durante el mes inicial de la prestación de servicios -enero de 2023- la municipalidad no cobró multas, aunque, de acuerdo con la sostenido en la denuncia, en los primeros días de ese mes no realizó las labores que le correspondían. Sin embargo, la acusación señala que el inspector técnico, encargado de la supervisión de la ejecución y recepción del servicio en representación de la municipalidad, extendió el certificado de recepción conforme. Así, Aromos SpA recibió el pago mensual completo, a pesar de no haber prestado todos los servicios de ese mes. 

Al revisar los decretos de pago y certificados de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores de Aromos SpA, en la municipalidad se dieron cuenta de que dos hijos del inspector técnico, aparecían contratados como chofer y jardinero de la empresa. Según la denuncia del alcalde Iglesias: “(…) resulta del todo contrario a la probidad administrativa, ya que se contrató a dos hijos de este funcionario con posterioridad a la adjudicación del contrato”. CIPER contactó al funcionario, quien indicó que no tenía conocimiento de que sus hijos estuvieran contratados por la empresa que debía supervisar. 

Los 205.010 m² se dividen en 108 espacios, entre plazas, bandejones, parques y plazoletas. El contrato comprende la mantención y reparación de todos esos espacios. No obstante, la municipalidad no ha podido verificar si se ha cumplido con todo el metraje licitado. En sus informes, la empresa indicó lo que realizó por día, pero, de acuerdo con la denuncia de la municipalidad, esas referencias solo corresponden a uno o dos lugares de la lista de áreas verdes. El jefe de operaciones de la empresa explicó que los lugares en los que realizan mantenciones les son indicados por la municipalidad diariamente: “No puedo ir a hacer un trabajo por cuenta mía, sino que es el municipio quien me obliga a hacer tal cosa”, agregó.

Créditos: Facebook Municipalidad de Independencia

IRREGULARIDADES DE LA LICITACIÓN CON TRESUR

El servicio de recolección y retiro de basura, escombros, limpieza y lavado de calles a cargo del Departamento de Aseo y Ornato, parte de la Dimap, se licitó en agosto de 2021, y debe extenderse hasta noviembre de 2026. La licitación se la adjudicó la Unión Temporal de Proveedores compuesta por las empresas Suat SpA y Tresur SpA. Esta última es investigada por la Fiscalía por diversas irregularidades denunciadas por la municipalidad. 

En julio de 2024, según la acusación municipal, Tresur emitió doble facturación respecto de un mismo periodo de prestación de servicios. Una de las facturas fue remitida a la municipalidad con los respectivos antecedentes de pago y la segunda era factorizada de forma inmediata, sin ser enviada a la municipalidad. El alcalde Iglesias dijo a CIPER que la doble facturación detectada se repitió varios meses y que aún se desconoce desde cuando se realizó. La duplicidad de los cobros del servicio prestado por Tresur SpA generó, según la acusación municipal, un perjuicio de $2.278 millones. 

CIPER se contactó con la empresa Tresur SpA y envió las respectivas consultas. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se recibieron respuestas. 

Desde el inicio del servicio, la empresa ha recibido 103 multas asociadas al incumplimiento del contrato, extendidas por los inspectores en terreno. Pero, de esas multas, sólo se cobraron seis. Quedaron 97 multas sin efecto y sin cobrar, lo que implica un monto que asciende a 1.648 UTM, es decir, alrededor de $112 millones al valor actual. 

En total, el perjuicio municipal asociado al contrato con Tresur SpA sería de $2.498 millones. Eso, hasta el momento, puesto que en la municipalidad indican que es un caso que sigue en investigación.