Adopciones ilegales de niños chilenos no se han detenido: uno de los últimos casos denunciados es de noviembre de 2024

Aunque la justicia indaga cientos de adopciones irregulares ocurridas hasta 2004, muchas realizadas durante la dictadura, una extensa investigación hecha por periodistas europeos y chilenos muestra que los casos de padres que han sido despojados ilegalmente de sus hijos siguen ocurriendo en nuestro país. CIPER publica un adelanto de ese trabajo periodístico, centrado en cuatro casos de adopciones irregulares concretadas en 2024, 2021, 2011 y 2004, y en hogares que han sido objeto de denuncias permanentes. Los padres afectados siempre son pobres, a menudo madres solteras, sus hijos ingresan a hogares donde se les prohíbe visitarlos y los niños son dados en adopción, muchas veces a parejas extranjeras, sin comprobar si hay otros familiares que puedan hacerse cargo de ellos, como exige la ley. La exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, confirma que en sus cinco años en el cargo (2018-2023) denunció múltiples “procesos viciados en que los padres biológicos no tenían ninguna posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos”.

Este artículo contó con la colaboración de la periodista Paulette Desormeaux.

MARÍA JOSÉ, UNA NIÑA DESAPARECIDA EN DEMOCRACIA

Isabel Araya Soto se encoge de hombros y mira a su madre. Las dos están paradas en la pequeña cocina del departamento donde viven, en el centro de Coyhaique. “Para mí es como si mi hija estuviera muerta, pero es peor, porque, en realidad, no sé si está viva o muerta. No sé dónde está, no sé nada. Si estuviera muerta, al menos sabría dónde está”, dice Isabel, mientras su madre llora en silencio. Isabel tiene 45 años y lleva años denunciando la adopción irregular de su hija María José.

El caso de Isabel Araya no figura entre las miles de adopciones ilegales que se produjeron en Chile hasta 1990, antes y durante la dictadura. María José fue entregada en adopción en 2011, en plena democracia. No es el único caso. Para este reportaje se acreditaron episodios ocurridos, incluso, en 2024. De hecho, Isabel hoy forma parte de un grupo de padres de la Región de Aysén que denuncian adopciones irregulares de sus hijos ocurridas en los últimos 15 años.

Isabel vivía en Chile Chico, un pueblo de 4.800 habitantes en la Región de Aysén. Ya era madre de cuatro hijas y, a pesar de sus precarias condiciones económicas, ella y su pareja siempre lograron sobrellevar los gastos familiares, hasta que el hombre perdió su trabajo y se fue a Argentina a buscar otro empleo. Pero, él no dio más noticias ni ayuda económica. Isabel se quedó sola con sus cuatro hijas. Así que se vio obligada a trabajar duramente, hasta que, en 2011, su marido la denunció por abandono. Ahí para Isabel empezó el suplicio. Hasta hoy, ella no sabe en que se basó la acusación de su expareja, ya que nunca ha podido acceder a los registros del caso que terminó con la adopción ilegal de su hija María José, pues, aunque entra al sistema de consultas con su clave única, la plataforma le indica que los “archivos están dañados”. 

Isabel Araya Soto y su madre en su casa de Coyhaique.

Tras la denuncia de su expareja, intervinieron asistentes sociales del Sename. Entonces, sus hijas tenían 11, 8, 5 y 2 años. Las cuatro fueron llevadas a hogares. Las tres mayores, al hogar Betania, de Coyhaique. La menor, María José, de sólo 2 años, al Eleonora Giorgi, de Puerto Aysén. Ese lugar, que funcionaba junto al hogar El Ángel, era manejado por monjas y acreditado por el Sename. El hogar Eleonora Giorgi cerró tras los testimonios de decenas de madres que en 2014 denunciaron públicamente irregularidades en el proceso de adopción de sus hijos, la mayoría de los cuales fueron entregados a parejas europeas. De hecho, la situación fue expuesta en la Cámara de Diputados por el entonces legislador Ramón Farías (vea el acta de esa sesión, página 81).

Isabel, más de diez años después, recuerda todos los detalles de la permanencia de sus niñas en los hogares: los horarios y días en los que se permitían las visitas, las habitaciones y salones de ambas instituciones y las personas que los administraban. Y recuerda que con María José, su hija menor, hubo algo extraño desde el principio. Desde la primera vez que la visitó en el hogar Eleonora Giorgi, la niña reaccionó mal, gritándole y diciéndole que ella no era su madre, que tenía dos padres esperándola. Una frase que repitió durante todas las visitas. “Con las visitas era una pesadilla: nos las suspendían o prohibían constantemente sin motivo alguno”, dice.

El relato de Isabel menciona patrones que se repiten en distintos casos que fueron investigados para este reportaje. Ya sea en Aysén, Biobío o Valparaíso, las madres y padres afectados reiteran que todo comenzaba prohibiéndoles arbitrariamente algunas visitas. Luego, los encargados del hogar describían a las mamás o papás, ante los funcionarios del Sename o del tribunal de familia, como personas que no querían ver a sus hijos o hijas. Poco después, venía el golpe más duro: les impedían todas las visitas y contactos. Por último, el hogar pedía a un tribunal que declarara a los menores susceptibles de ser adoptados. 

En esta etapa, las mamás no entendían lo que pasaba. Desorientadas y angustiadas, no sabían a quién recurrir, dónde reclamar y chocaban, una y otra vez, con las puertas de los hogares. Las que se enteraban de que habría una audiencia en un tribunal para determinar si sus hijos serían dados en adopción, tampoco tenían recursos para buscar asistencia de abogados. Ese fue el caso de Isabel: sola y sin recursos, al igual que la mayoría de las mamás y papás despojados de sus hijos que fueron contactados para este reportaje.

Hogar El Ángel, de Puerto Aysén.

SOLO TRES DE LAS CUATRO HIJAS

Tras dos años de continuas audiencias judiciales y de hacer todo lo posible por cumplir con las peticiones que le hacían los jueces, a Isabel le devolvieron sus hijas. Sin embargo, no todas. A casa volvieron sólo las tres mayores, mientras que María José, la menor, fue dada en adopción. El caso es paradigmático: la justicia la consideró apta para criar a tres hijas, pero le arrebató la cuarta.

De un día para otro, cuenta Isabel, a ella y a su madre se les prohibió ver a María José y desde entonces no supieron de la niña. “No entiendo cómo es posible que el Estado chileno me considere apta para la custodia de tres hijas y de otra, no. No tiene ningún sentido. Y no creo que sea casualidad que me quitaran a la hija menor: a esa edad es mucho más fácil que la adopten”, relata Isabel. Y, como ocurrió con todos los padres entrevistados para este artículo, ella recuerda que los funcionarios del Sename y del hogar, en lugar de priorizar el derecho de la niña a vivir con su familia biológica, le decían que debía estar feliz porque su hija tendría un mejor futuro: “Me decían que no me quejara, que estuviera contenta, porque seguro que la adoptaría una pareja rica extranjera y que cuando María José volviera lo haría con mucho dinero”.

La ley que en Chile regula los motivos por los que un juez puede solicitar la susceptibilidad de adopción de un niño es muy ambigua. La patria potestad puede retirarse a un progenitor tanto por razones físicas como “morales”, dos categorías muy amplias.  En el curso de esta investigación, por ejemplo, se nos informó del caso de una pareja de la Región de Aysén a la que un juez le quitó a sus hijos por “razones físicas”: ambos progenitores habían contraído SIDA en su juventud. “Ahora estoy siguiendo un caso en que el juez se negó a entregar un niño a su padre biológico por razones ‘morales’. Y en este caso, la única falta del padre, según el juez, es que es ‘perfeccionista’”, explica Natalie Reyes, abogada que trabaja en Aysén. A lo largo de los años, Reyes ha seguido varios casos de niños que han sido declarados susceptibles de adopción en la región y afirma: “Los niños que terminan en los hogares de Puerto Aysén se van siempre todos adoptados”.

Interior del hogar Eleonora Giorgi, ahora en desuso tras su cierre.

Natalie Reyes trabaja junto a Lorenzo Avilés, el abogado que defendió a Isabel. Hoy, Avilés recuerda: “Isabel vivía a unos 200 kilómetros del hogar Eleonora Giorgi. Hacía todo lo posible para visitar a su hija, pero tardaba horas. Se veía obligada a hacer el viaje a pie o ‘a dedo’ (autostop), un esfuerzo enorme. Y si llegaba un poco más tarde de la hora establecida por el hogar, las monjas no la dejaban entrar y señalaban a los asistentes sociales que no había ido. Y así, el juez dictaminó que Isabel había abandonado a su hija, sin tener en cuenta las dificultades objetivas que tuvo para viajar hasta Puerto Aysén desde Chile Chico”. 

El plazo en el que, por ley, se puede declarar el abandono por parte de un progenitor es muy corto: sólo dos meses y 30 días si el niño tiene menos de un año. “En mi opinión -continúa el abogado Avilés- este es un método establecido que se utiliza mucho. Siempre informan desde el hogar que los padres no visitan a sus hijos y declaran el abandono lo más rápido posible. Y esto ocurre porque hay intereses en encontrar niños para adoptar. No tengo pruebas para demostrarlo, pero en mi opinión los trabajadores del hogar, jueces y asistentes sociales, están involucrados en procesos como este. Y en la Región de Aysén estos procesos viciados que se convierten en adopciones irregulares ocurren mucho, por lo menos desde hace 40 años”. 

"NO PUEDO VIVIR ASÍ"

Uno de los integrantes más recientes de la agrupación de padres de Aysén que denuncian irregularidades en las adopciones de sus hijos, es Claudio Haro. La adopción de sus tres hijos se concretó hace solo algunos meses, en noviembre de 2024. Claudio tiene ahora 43 años, trabaja como soldador y dice que sueña con sus hijos todas las noches: “Es una pesadilla”, explica. “No sé si están bien, si les dan de comer, si los maltratan, si tienen frío. No puedo vivir así. Sueño todo el tiempo que están conmigo, en casa. Y por la mañana no quiero despertarme para quedarme con ellos”.

La pesadilla para Claudio comenzó en agosto de 2019. Una vecina lo denunció por una discusión con su pareja, Susana Aguilar, temiendo que se tratara de un caso de violencia doméstica. Claudio fue detenido por Carabineros, permaneció en una unidad policial solo por esa noche y al día siguiente fue liberado, pero con una orden de alejamiento. Aunque los cargos en su contra se levantaron rápidamente, sus tres hijos (que ahora tienen 11, 7 y 5 años) ya habían sido llevados a una residencia administrada por el Sename en Coyhaique, llamada Renuevo.

“Los trabajadores de la residencia nos dijeron que nuestros hijos eran educados, bien vestidos, bien alimentados. Que eran niños sanos y felices y que no se explicaban qué hacían ahí. Pero, cuando llegaban los informes del Sename, siempre eran terribles: afirmaban que los niños estaban desnutridos, enfermos y que éramos malos padres. Ni siquiera se tuvo en cuenta la evaluación psiquiátrica que me hicieron, en la que me consideraron apto para criar a mis hijos. Siempre tuve la impresión de que lo único que querían era poner a mis hijos en una residencia del Sename y luego darlos en adopción”, relata Claudio.

Él cuenta que, junto a Susana, lucharon en los tribunales durante cuatro años para recuperar la custodia. Ella, para cumplir con lo que los jueces le exigían, incluso consiguió una vivienda más grande y en mejores condiciones. Pero, en 2021, Claudio y Susana se enteraron de que se había programado una audiencia en el Tribunal de Familia de Coyhaique para determinar si sus hijos -Alan, Máximo y Abel-,  eran susceptibles de ser adoptados. La información apareció en el Diario Oficial, donde se anunciaba que debían ser citados los familiares consanguíneos de los niños. Luego, en 2023, relata Claudio, en el hogar les prohibieron las visitas. 

En febrero de ese año, un informe del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Coyhaique recomendó a ese tribunal aprobar el dictamen de primera instancia que determinó que los niños podían ser adoptados. Ese fallo había sido apelado por Claudio y Susana, pero, el informe del funcionario estimó que había antecedentes que apuntaban a que los padres no podían asegurar el bienestar de los niños. Sin embargo, Claudio siempre estuvo disponible para criar a sus hijos y contaba, como ya se mencionó, con un informe psiquiátrico que lo consideraba apto como figura paterna. De hecho, hace poco se le confió un hijo de una relación anterior.

A los padres a los que se les retira la patria potestad no se les comunica cuándo sus hijos han sido efectivamente adoptados ni a dónde se les envía. Lo único que pueden hacer es comprobar si los niños siguen inscritos bajo sus apellidos en el Registro Civil, porque cuando se produce la adopción se cancela esa inscripción y se les da un nuevo RUT y un nuevo apellido. Claudio y Susana iban todos los meses al Registro Civil a comprobarlo y hasta el pasado mes de octubre los niños seguían inscritos. En noviembre, sus nombres desaparecieron: habían sido adoptados. 

A nivel local e internacional, el escándalo de las adopciones irregulares que tuvieron lugar en Chile hasta 1990 fue denunciado en numerosas ocasiones en los últimos años y el Poder Judicial abrió una causa, ahora a cargo del ministro Alejandro Aguilar (que sustituyó al anterior ministro Jaime Balmaceda, tras unas polémicas declaraciones al diario El País en las que afirmó “no he logrado establecer que haya habido delito”). La investigación la lleva un grupo jurídico encabezado por el ministro Aguilar y una brigada de la PDI. Sin embargo, sólo se ocupan de casos ocurridos hasta 2004. Para las denuncias de hechos posteriores no hay ningún tipo de organismo estatal o comisión que las esté investigando como «causa única», como ocurre con los casos anteriores al 2004. Y, por esta razón, no hay un registro oficial de cuántas son las denuncias de adopciones irregulares de los años recientes.

Uno de los archivos donde se conservan fotografías de los cerca de 600 niños que pasaron por el hogar Eleonora Giorgi.

EXDEFENSORA DE LA NIÑEZ: "PRÁCTICAS IRREGULARES"

Los de los hijos de Isabel y Claudio no son casos aislados: en los últimos años se han hecho públicas decenas de denuncias de adopciones ilegales ocurridas en Chile, en diversas localidades del país, con niños que en la mayoría de los casos fueron adoptados por parejas europeas. Las adopciones se realizaron en plena democracia y siempre fueron gestionadas por el Sename/Mejor Niñez. 

Aunque el sistema de adopciones del país ha experimentado profundas revisiones y mejoras en los últimos años, existen anomalías y modus operandi que se repiten desde los años 50 hasta la actualidad y que fueron referidas para este reportaje por padres afectados, abogados que los representan, personal de la PDI y de la Defensoría de la Niñez: las familias son siempre pobres; a menudo se trata de madres solteras de zonas marginales; a los padres no se les notifica que sus hijos son susceptibles de adopción; se les prohíbe arbitrariamente visitar los institutos y los niños son dados en adopción en el extranjero sin antes comprobar la presencia de otros familiares en el país que puedan hacerse cargo de ellos, como exige la ley.

Todo esto, sin mencionar que hay instituciones que, pese a estar siendo investigadas por la PDI y el equipo del ministro Aguilar, que tienen denuncias en su contra desde los años 70, siguen acreditadas por el Estado y el Sename. Es el caso de la fundación Pro Icyc, creada por el fallecido sacerdote católico Alceste Piergiovanni, la que gestiona adopciones de niños chilenos enviados al extranjero, principalmente a Italia.

“Entre 2018 y 2023, en los cinco años que ejercí como Defensora de la Niñez del Estado chileno, denuncié varios casos de adopciones irregulares y otros numerosos me fueron reportados, en distintas partes del país”, dice Patricia Muñoz (vea acá uno de esos casos). “Eran situaciones totalmente irregulares, con patrones que se repetían y denominadores comunes: procesos viciados en los que los padres biológicos no tenían ninguna posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos”, agrega. La exdefensora señala que la mayoría de las familias implicadas nunca tuvieron la posibilidad de pagar a un abogado para revertir la decisión de los jueces y prácticamente todas quedaron sin saber qué pasó con sus hijos. Los pocos que consiguieron saber algo se enteraron por canales informales: “tías” de los hogares, conocidos en juzgados o a través de grupos de padres afectados. En casi todos los casos, el niño era adoptado por una pareja extranjera, principalmente europea.

Para este reportaje, se revisaron las páginas web de institutos franceses e italianos acreditados por el Sename que gestionan adopciones de niños chilenos en sus países. También fueron entrevistados representantes de esas entidades para conocer el costo aproximado del proceso de adopción de un niño extranjero en Europa. Vincenzo Starita, vicepresidente de la CAI, la autoridad central italiana en materia de adopciones internacionales, declara: “Digamos que para todo el costo aproximadamente entre 10 mil y 16 mil euros (entre $10 millones y $16 millones), dependiendo de la fundación”. El amplio margen se debe, principalmente, a si se incluyen o no los gastos de viaje.

En Chile, el proceso de adopción es gestionado por el Sename, que lo hace gratuitamente, y por la Fundación Mi Casa, que solicita un “aporte voluntario” a las instituciones extranjeras. Normalmente, los padres extranjeros que recurren a las agencias de adopción están dispuestos a pagar tasas elevadas precisamente para evitar irregularidades y asegurarse de que se respeten las leyes y los derechos de los niños y las familias. Pero, lamentablemente, no siempre es así.

“El hecho de tener pocos recursos económicos o ser pobre no puede ser una excusa para quitarte a tu hijo para darlo en adopción”, añade la exdefensora Muñoz: “Estamos hablando de familias que no participaron para nada en el proceso de adopción, que nunca recibieron ayuda del Estado y que sólo se enteraron posteriormente de que su hijo había sido dado en adopción. Prácticas totalmente irregulares que no deberían ocurrir”. Este es el caso de Marcela Parra Rosa, cuya hija fue declarada susceptible de adopción en 2021. 

Créditos: Luis Bozzo / Agencia Uno

UN ACTO DE AMOR

Hoy, Marcela tiene 28 años y tuvo tres hijos. Durante muchos años, relata, fue víctima de violencia intrafamiliar. En esas circunstancias, su primer hijo, Lucas, nacido en 2014, fue internado en un hogar. Ahí, cuenta, recibió muchas presiones para que lo diera en adopción. Que hacerlo sería un acto de amor, que el niño tendría más plata con otra familia, era lo que le decían. Por eso, decidió entregarlo. En 2017 nació su segunda hija, Paz. Marcela seguía siendo víctima de violencia por parte de su ahora expareja y, en un momento de desesperación, intentó suicidarse. El hospital avisó del hecho al Sename. Pero, pasó un tiempo más hasta que funcionarios de ese servicio se comunicaron con Marcela para avisarle que la buscaban “para que la niña entrara a un hogar”.

Paz ingresó al Hogar de Niños San José de Talca. Ahí, Marcela siempre iba a visitarla y la dejaban salir con la niña los fines de semana. Durante ese tiempo hizo todo lo posible para recuperar la custodia: dejó a su pareja abusadora, encontró un nuevo trabajo y un hogar para ella y la niña. El juez dictaminó que la niña podía ir a casa con ella “y que había que trabajar las habilidades parentales, que era lo que faltaba”, cuenta Marcela. Sin embargo, en el hogar hicieron caso omiso de la decisión: simplemente no le entregaron a su hija y el Sename apeló al dictamen.

Justo en ese momento llegó el Covid y Marcela sólo pudo ver a su hija por videollamadas. Para una niña de apenas tres años, mantener la atención en una videollamada no es fácil. Y aunque Marcela participó activamente en todas las llamadas, en varios informes se indicó que “no había comunicación y que no la llamaba”. También se señaló que Paz había tenido una infección urinaria mientras se encontraba en el hogar, pero, no se menciona que la niña estuvo hospitalizada unos días. 

La Corte de Apelaciones de Talca tomó en cuenta los argumentos del Sename que indicaban que Marcela abandonó un tratamiento de salud mental, que la abuela era consumidora de drogas y que el abuelo no se había hecho responsable de sus propias hijas. El tribunal declaró que la niña era susceptible de adopción. La determinación no consideró un informe que estimaba apto al abuelo ni los argumentos de la defensa de Marcela, que indicaban que ella suspendió el tratamiento psiquiátrico farmacológico porque recién había tenido a su hija y estaba en etapa de lactancia. De hecho, su médico indicó que ella se “muestra preocupada por su tratamiento” y que su bebé está “cuidado y nutrido” (vea acá el informe del psiquiatra). El proceso se elevó hasta la Corte Suprema, tribunal que terminó dando la razón al Sename.

Hoy, Marcela no sabe si su hija está viva, si ha sido adoptada o si sigue en Chile. “Hice todo lo que pude. Conté lo que me pasaba en las redes sociales, gasté mis pocos ahorros en contratar un abogado, hicimos una marcha en Talca. Pero, no se pudo hacer nada. En el hogar me decían que el único acto de amor que podía hacer por mis hijos era darlos en adopción”, cuenta Marcela.

Interior del hogar Eleonora Giorgi.

INSTITUTOS DE ITALIA

El análisis de los anuarios del Sename de 2010 a 2020, muestra que el 70% de los niños dados en adopción fuera del país fueron adoptados por familias italianas. Italia y Estados Unidos son los dos países que más adoptan a nivel internacional, pero en Chile la primacía definitivamente es de los italianos: hay nada menos que siete institutos de esa nacionalidad acreditados por el Sename/Mejor niñez, de los cuales solo cinco están operativos. Dos de estas instituciones se fusionaron después de que las autoridades italianas le revocaron la autorización a una de ellas. 

Entre 2010 y 2020, según datos entregados por el Sename, 4.512 niños fueron dados en adopción en Chile, de los cuales 844 fueron entregados a parejas extranjeras. Los países que adoptaron niños chilenos entre 2010 y 2020 fueron España, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Nueva Zelanda y Suecia; y los que más niños recibieron fueron Italia, Noruega y Francia. Pero el número de niños adoptados en Italia fue mucho mayor en esos 10 años: de 2010 a 2020, 587 niños partieron a Italia, mientras que Noruega recibió 95 y Francia, 91.

En los últimos años, hubo varios escándalos vinculados a instituciones italianas en Chile por irregularidades o adopciones fallidas. Por ejemplo, en 2018, el instituto italiano Patrizia Nidoli fue suspendido por las autoridades chilenas y en 2019 su autorización fue revocada por las autoridades italianas tras el escándalo vinculado a la adopción fallida de Greta, una menor que fue confiada a una familia italiana que, poco después, cambió de idea y la abandonó en un orfanato de Roma. Sin embargo, el Instituto Nidoli se fusionó con otra organización, Ariete, acreditada para operar en Chile desde 2007 y que nunca fue suspendida. Así lo señaló, para este reportaje, la responsable de Ariete para Latinoamérica, Veronica Restante.

EL CURA DE TILCOCO

Una de las personas investigadas por la PDI y el ministro Aguilar es el sacerdote italiano Alceste Piergiovanni, quien con su asociación Pro Icyc ha gestionado la adopción de más de 1.200 niños chilenos desde los años 70, llevándolos a diversos países, principalmente Italia, pero también a Estados Unidos, Alemania y Bélgica. De acuerdo con fuentes de la PDI consultadas para este artículo, Piergiovanni es la segunda persona que ha recibido más denuncias por adopciones irregulares en el archivo de la policía civil. A pesar de las numerosas acusaciones contra sus procedimientos, su organización en Chile nunca ha dejado de trabajar y sigue estando acreditada por los Estados chileno e italiano.

Piergiovanni, fallecido en 2003, dirigió varios hogares en Chile. El mayor y más conocido está en Quinta de Tilcoco, Región de O’Higgins. El sacerdote, según se desprende de la carpeta del caso a cargo del ministro Alejandro Aguilar, es una figura conocida entre los funcionarios judiciales y policiales que investigan el tráfico de niños Así lo testimonió Ana Luisa Prieto Peralta (fallecida en 2020), quien fue jueza titular del Primer Juzgado de Menores de Santiago y fundadora de la Fundación Nacional para la Defensa Ecológica del Menor de Edad: “El curita de la Quinta de Tilcoco, era conocido por robarse a los niños sin la autorización de sus padres. Tenía muy buenas relaciones, nos invitaba a reuniones en Santiago, en Erasmo Escala (una calle de Santiago donde funcionaban entidades de la Iglesia Católica), pero lo que buscaba en definitiva era mayor apoyo para sacar niños del país para ser adoptados”. 

Como muchas otras residencias de menores, la de Alceste Piergiovanni es una fundación sin fines de lucro que, según la ley 20.032, actúa como Organización de Colaboración Acreditada (OCA) dependiente del Sename, servicio que le otorga una subvención a través de concursos basados en el número de cupos disponibles: cada niño, por lo tanto, genera dinero al establecimiento.

A pesar de los testimonios recogidos en el expediente judicial sobre la forma de actuar del sacerdote Piergiovanni y las decenas de denuncias en su contra, a su muerte un grupo de padres adoptivos italianos tomó las riendas de la asociación -ahora dirigida por Giovanni Palombi- y la autorización a Pro Icyc nunca fue suspendida ni retirada por el Estado chileno: hoy sigue operando en Chile tras fusionarse el 26 de abril de 2021 con el instituto italiano SOS Bambino, y las autoridades chilenas nunca han comunicado a las italianas que el instituto y el padre Alceste han recibido denuncias, como atestigua Vincenzo Starita, vicepresidente de la CAI, la autoridad central italiana en materia de adopciones internacionales: “Si una autoridad extranjera -explica- tiene conocimiento de investigaciones que impliquen a entidades italianas, está obligada a comunicárnoslo inmediatamente para que podamos hacer las averiguaciones necesarias. Pero, nunca hemos recibido ninguna denuncia en este sentido”.

En 2016, la asociación Pro Icyc y el hogar de Quinta de Tilcoco terminaron en el centro de un escándalo por la muerte de una menor. El 30 de noviembre de 2017, las autoridades chilenas fueron notificadas del cierre del hogar Quinta de Tilcoco como residencia acreditada del Sename por falta de fondos. El cierre se produjo tras una denuncia contra la directora del hogar, María Teresa González, y la educadora Sonia Gaona por la muerte de Rechel Contreras, que falleció en 2016 con solo 10 años de edad por no recibir un tratamiento adecuado para el lupus, enfermedad que la pequeña padecía desde hacía años. Los padres habían sido despojados de la custodia de su hija por el Sename precisamente porque -según las acusaciones- no le brindaban el tratamiento adecuado. 

Las denuncias de las que desde los años 70 ha sido objeto el sacerdote Alceste Piergiovanni son abrumadoras: se trata de decenas de madres -en su mayoría solteras, pobres y analfabetas- cuyos hijos fueron repentinamente sustraídos y rápidamente adoptados por familias europeas (especialmente italianas) y estadounidenses. Y tras la muerte del sacerdote italiano, pareciera que las modalidades de su institución siguieron siendo las mismas. Así lo sostiene la asociación Hasta Encontrarte, que ayuda a las madres que denuncian adopciones ilegales en las regiones del Maule y O’Higgins. Varias de ellas acusan que la adopción ilegal de sus hijos se realizó por el hogar de Quinta de Tilcoco, con casos que se remontan desde 1970 hasta 2004.

Melisa, una integrante de Hasta Encontrarte, indica que trataron de contactar al nuevo responsable de la entidad fundada por el religioso: “Intentamos comunicarnos con Giovanni Palombi para pedirle que nos ayudara en la recolección de información, pero nos respondió que no nos entendía porque no hablaba español», a pesar de haber viajado a Chile muchas veces a lo largo de los años y dirigir una organización que opera en el país andino.

HASTA ENCONTRARTE

Una de las mamás que acusa al hogar de Quinta de Tilcoco es Verónica del Carmen Ruiz Gordon, una campesina de 50 años de San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins. Verónica tenía dos hijos y en 1999 trabajaba en la casa de una familia acomodada de la zona como empleada doméstica. Ella relata que no sabía dónde dejar a su hijo, así que -por sugerencia de la familia para la que trabajaba- lo puso en el hogar de Quinta de Tilcoco, explicando su situación y preguntando a los responsables si podía dejar momentáneamente a su niño hasta encontrar otra solución. Verónica cuenta que visitaba a su hijo todos los fines de semana, pero en una oportunidad sus jefes le pidieron que se quedara, porque iban a dar una fiesta. Ella aceptó y no asistió a esa visita.

La única foto que Verónica del Carmen Ruiz tiene de su hijo.

Al domingo siguiente, recuerda Verónica, fue al hogar, pero, según su versión, los trabajadores la echaron. Desde ese día, dice, no volvió a ver a su hijo. Siguió volviendo cada fin de semana durante meses. Se desesperó, gritó, golpeó la puerta. Pero, le impidieron entrar y, atormentada por el dolor, no sabía qué más hacer. «Soy analfabeta, no tenía ni idea de qué podía hacer, a quién podía acudir para que respetaran mis derechos y los de mi hijo», dice, llorando. Asistida por el grupo Hasta Encontrarte, Verónica volvió al hogar el año pasado exigiendo justicia, pero fue despedida bruscamente por los responsables. Después de mucho insistir, cuenta, se limitaron a darle un papel en el que habían escrito a mano dos fechas, la de entrada y la de salida del niño: 30-06-1999 y 11-08-2004. 

Este papel es el único antecedente que el hogar le entregó a Verónica del Carmen Ruiz sobre el paso de su hijo por esa institución.

Hoy, Verónica sabe que su hijo fue adoptado por una pareja italiana y ha intentado ponerse en contacto con él. “Sólo quiero que sepa la verdad”, susurra: “Quiero que sepa que nunca lo abandoné, que pensaba en él todos los días y que su ausencia fue el mayor dolor de mi vida”.

(*) Esta investigación periodística se ha realizado gracias al apoyo de las dos becas europeas Journalismfund e IJ4EU.