Hace nueve años, el Partido Comunista vendió 218 inmuebles –entre departamentos, bodegas y estacionamientos– a Inversiones Progreso SpA, empresa de un militante del colectivo, para cumplir con la nueva ley de partidos políticos que les obligó a enajenar parte de su patrimonio. CIPER detectó que entre el 2017 y 2023, Progreso vendió 43 inmuebles. Y según esos contratos, cinco compradores corresponden a personas naturales o jurídicas vinculadas al partido. El principal comprador fue la Inmobiliaria Libertad S.A., sociedad a través de la cual el PC ingresó al control de la Universidad ARCIS en 2004. Hoy Libertad está constituida por dos entidades: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, histórico think tank del PC que asesora a autoridades comunistas; y Ediciones ICAL, sociedad fundada por el exdirector del ARCIS y actual senador, Daniel Núñez y que entre 2012 y 2014 integró el exministro, Marcos Barraza.
En 2016 el Partido Comunista vendió más de 218 propiedades para cumplir con la nueva ley de financiamiento a partidos políticos, que puso límites a las actividades económicas de las agrupaciones políticas. Ese negocio causó polémica entonces, porque la empresa compradora, Sociedad de Inversiones Progreso SpA, había sido constituida por uno de sus militantes, Ricardo Castro, quien no poseía solvencia para adquirir el patrimonio del colectivo avaluado en $3 mil millones de pesos.
El académico compró esa vez el total de las acciones de Inmobiliaria e Inversiones Araucaria SpA, sociedad que era propietaria de los inmuebles del PC y en cuya constitución figuraba la directiva del partido. Con ello, Castro adquirió 95 departamentos, 89 bodegas y 34 estacionamientos, ubicados en Santiago y La Cisterna.
El Partido Regionalista Independiente (PRI) interpuso una querella contra los comunistas esa vez, acusando que se pactó un contrato simulado con Castro, investigación en la que el PC fue sobreseído en julio de 2018.
A nueve años de esa transacción, CIPER detectó que Progreso SpA vendió 43 de los inmuebles adquiridos al PC, constatando que al menos 31 de estos quedaron en manos de empresas o personas ligadas a ese partido.
14 de esas propiedades fueron compradas por Inmobiliaria Libertad S.A., sociedad que tomó relevancia el 2014 porque, según un reportaje de CIPER publicado ese año, fue a través de esa persona jurídica que el PC ingresó a la administración de la Universidad ARCIS en 2004. Esa casa de estudios enfrentó una profunda crisis financiera, debiendo cerrar sin finalizar procesos formativos para sus alumnos.
Según información pública, dos socios controlan Inmobiliaria Libertad, ambos también ligados al PC: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), histórico think tank del partido. Y Ediciones ICAL, sociedad creada en 2003 por el ahora senador Daniel Núñez, quien fue uno de sus propietarios hasta 2012. Según el certificado de directorio del instituto que en el Registro Civil está actualizado a diciembre de 2024, el organismo es presidido por una integrante del Comité Central del partido, Silvia Valdivia; mientras que otros tres, forman parte de la estructura partidaria comunista.
La primera venta de las propiedades de Progresa SpA se concretó el 5 de noviembre de 2017, cuando la sociedad del académico Castro (vea su perfil en la Universidad Tecnológica Metropolitana), a través de Araucaria SpA, vendió ocho inmuebles de un edificio ubicado en la comuna de La Cisterna. Por la venta obtuvo $133 millones y su compradora fue la empresa Andrés Varela Propiedades, corredora de propiedades que, según información pública del partido, brinda servicios de arriendo al PC (vea esa transacción). Pero Varela luego también vendió a alguien ligado al PC: entre 2020 y 2021, el militante PC y aspirante a ser parte de la directiva del Comité Central, Álvaro Palma, adquirió todos los inmuebles que había comprado Varela.
Entre 2017 y 2023, Progreso ha concretado la venta de 43 propiedades, las que según documentación notarial, reportaron $820 millones.
Aparte de Varela Propiedades (que ya vendió los bienes), otras dos personas jurídicas y tres personas naturales también compraron departamentos, bodegas y estacionamientos que fueron del PC, todas ubicadas en las comunas de La Cisterna y Santiago.
Al igual que Progreso SpA, de alguna u otra manera, todos esos compradores están ligados al Partido Comunista.
El listado de nuevos propietarios es el siguiente:
Inmobiliaria Libertad: sociedad a través de la cual el PC ingresó a la administración del ARCIS entre el 2004 y 2013. Actualmente sus dueños son el instituto ICAL y Ediciones ICAL. La primera entidad está controlada por dirigentes del partido, mientras que la segunda, fue constituída por el actual senador comunista, Daniel Núñez e integró hasta 2014, el exministro PC, Marcos Barraza. Entre el 2019 y 2021, Libertad compró 14 inmuebles, cinco departamentos y cinco bodegas en la comuna de Santiago; y dos departamentos y dos bodegas en La Cisterna.
Álvaro Palma: militante del PC que se presentó como candidato al Comité Central para el período 2024-2028, cargo para el cual no fue electo. En el 2020 y 2021, le compró tres departamentos, tres bodegas y dos estacionamientos a Andrés Varela Propiedades, sociedad de gestión inmobiliaria que todavía trabaja con el Partido Comunista. Sandra Palma, hermana de Álvaro Palma, es dueña de la empresa de corretaje.
Ricardo Paredes: es hoy propietario de un departamento, dos bodegas y un estacionamiento en La Cisterna. Paredes constituyó en 2006 la sociedad Altos del Laja S.A. Entre quienes también participaron en la constitución de la empresa, está Sandra Palma, actual dueña y administradora de Andrés Varela Propiedades.
Inmobiliaria e Inversiones Huelquén SA: dueño de un departamento y un estacionamiento comprado en La Cisterna. Uno de sus socios fundadores, Raúl Reyes Alonso, hasta diciembre de 2023, estuvo a cargo de la contabilidad del PC.
Patricia Sepúlveda: hija de Juana Biget, quien es dueña de una de las sedes de las Juventudes Comunistas en Ñuñoa. En 2017, Sepúlveda compró un departamento y una bodega en La Cisterna.
Un caso distinto es el del economista, Pedro Vuskovic. Él adquirió tres departamentos y tres bodegas que están ubicados en la comuna de La Cisterna. Si bien Vuskovic no tiene militancia en el partido, y tampoco una relación directa hoy con el PC, según confirmó a CIPER, los inmuebles que adquirió son administrados por Varela Propiedades. La familia Vuskovic sí tuvo relación con el PC en el pasado. Su padre –del mismo nombre–, fue exministro del gobierno de Salvador Allende y fue parte de las Juventudes Comunistas, para luego pasar a militar en el Partido Socialista. Vuskovic padre también fue fundador del Movimiento de Izquierda Democrática Allendista, compuesto por el Partido Comunista, el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, el MAPU, el MIR e Izquierda Cristiana.
Los lazos entre las sociedades Libertad y Progreso también se unen en un nombre: José Ricardo Solé Cerda, actual miembro del Comité Central del PC, histórico militante de ese partido y quien, al menos hasta agosto de 2021, fue parte del directorio de Inmobiliaria Libertad (lea el acta de la junta de directorio del 1 de marzo de ese año revisada por CIPER). Cuando la Sociedad de Inversiones Progreso SpA se constituyó en 2016, Solé integró el directorio de esa empresa con sus dueños, Ricardo Castro (el académico PC) y Pablo González (sin militancia). Y a la vez, Solé era el administrador de Inmobiliaria e Inversiones Araucaria, la sociedad del PC que por años administró sus propiedades, cuyas acciones compró Progreso en 2016 para quedarse con el patrimonio del partido.
Es decir, al momento de esa transacción, el militante Solé estaba al mismo tiempo ligado a Progreso (la compradora) y a Araucaria (la vendedora).
El PC ha sido especialmente comprensivo con su comprador Progreso SpA. Porque según el último informe del balance financiero del partido -que aborda el ejercicio comercial de 2022 del partido-, esa sociedad adeuda más de $4.500 millones al colectivo por la compra que originalmente se transó en $3 mil millones. Según ese documento, Progreso ha pagado solo el 33,9% del total. Esto, porque el partido que hoy preside el exdiputado Lautaro Carmona, ha repactado en tres ocasiones la forma de pago de la sociedad: en 2016, 2018 y 2021. Según información proporcionada por el Servel, la deuda ha aumentado producto de estas reprogramaciones, los intereses pactados y el aumento sostenido de la Unidad de Fomento.
CIPER tomó contacto con Lautaro Carmona el 11 de marzo pasado, cuando asistió al evento de aniversario del gobierno de Gabriel Boric. Esto, para saber si tenía conocimiento de que entidades ligadas al partido que dirige compraron parte de las propiedades que fueron del PC, especialmente las adquiridas por Inmobiliaria Libertad, cuyo controladores son el instituto ICAL y Ediciones ICAL. También para saber qué gestiones realizó la directiva para que esto ocurriera. El exdiputado señaló que estas preguntas debían ser gestionadas por escrito y hacia su equipo de prensa, cosa que hicimos. Sin embargo, al cierre de este reportaje, tampoco fue posible tener una respuesta por esa vía.
De los compradores con los que CIPER logró tomar contacto, Raúl Reyes Alonso, socio de Inversiones Huelquén S.A., señaló que desconocía la compra realizada por la sociedad de la que es parte. Reconoció que si bien aún pertenecía a la empresa, desde hace años no tenía una participación activa. Además, comentó que desde 2020 fue contador del Partido Comunista, pero que el 31 de diciembre de 2023 su contrato terminó y no fue renovado.
Sandra Palma, en tanto, dueña de Varela Propiedades, comentó a CIPER que actualmente tiene una relación comercial con la Sociedad de Inversiones Progreso y el Partido Comunista, a quienes les provee de servicios de corretaje de propiedades. Sin embargo, declinó entregar más detalles sobre la relación con ambos.
LA INMOBILIARIA DEL ARCIS
El 19 de marzo de 2019, Inversiones e Inmobiliaria Libertad S.A. compró en $80 millones cuatro inmuebles ubicados en un edificio de la comuna de Santiago. Luego compró seis más: dos el 24 de diciembre de 2019, otras dos el 29 de diciembre de 2020 y también dos el 7 de mayo de 2021 (vea esas transacciones). En total la empresa se hizo de 10 inmuebles que originalmente eran del PC. Se pagaron $199 millones a la empresa Progreso SpA.
De acuerdo a la nómina de sociedades del Servicio de Impuestos Internos (SII), desde 2016 hasta hoy, son dos las entidades dueñas de la Inmobiliaria Libertad: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y Ediciones ICAL.
La relación del instituto ICAL con el PC ha sido permanente desde que en 1983 fue creado por la estructura clandestina comunista que operaba en dictadura. Hasta 2018, este centro de estudios se desempeñó como think tank del partido, año en que asesoró a los entonces diputados Camila Vallejo, Guillermo Teillier y Amaro Labra, además de los reelectos parlamentarios Karol Cariola y Hugo Gutiérrez. Estas asesorías eran pagadas con las asignaciones parlamentarias y fueron cuestionadas luego que en 2017, en un reportaje de CIPER, se identificara que ICAL realizó ocho informes con extractos plagiados para la diputada Vallejo (vea el reportaje “Asesorías parlamentarias: al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados”). Por ese y otros informes, se abrió una investigación denominada “Caso Asesorías Parlamentarias” que estuvo a cargo del exfiscal regional, Manuel Guerra. La causa que tuvo bajo la lupa a casi todos los senadores y diputados de ese entonces, se mantiene desformalizada hasta hoy. Tras la salida de Guerra del Ministerio Público en agosto de 2021, la diputada Vallejo consiguió ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago su sobreseimiento definitivo del caso.
A partir de ese episodio, ICAL dejó de prestar asesorías en el Congreso, pero su relación comercial con el PC sigue vigente. Según su sitio web, sus dependencias están en una de las históricas propiedades del partido ubicada en Avenida Ricardo Cumming, inmueble que el colectivo, de acuerdo a su balance financiero, tiene identificado como entregada en comodato. Asimismo, según la información pública que se expone en el Portal de Transparencia, entre octubre de 2022 y agosto de 2024, ICAL firmó cinco contratos con el PC por la realización de estudios electorales y académicos, y la organización de actividades para la fomentación de la participación política (vea esos contratos). Por estos servicios, en 2024 recibió pagos que en total suman casi $17 millones.
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) (Créditos: Francisco González)
El 16 de diciembre de 2024, ICAL eligió al actual directorio de su organización. De los cinco miembros, cuatro ejercen cargos directivos en el PC: Silvia Valdivia, presidenta del directorio; Pablo Monje Reyes, director ejecutivo; y María Gómez Muñoz, primera directora, son parte del Comité Central del Partido. Raquel Aranguez, en tanto, secretaria del directorio ICAL, integra el Tribunal Supremo del PC (vea la composición del directorio). Desde septiembre de 2022, Monje además es administrador de la Editorial Siglo XX S.A., sociedad dueña del diario El Siglo (vea ese documento).
Además de ICAL, en la propiedad de Inmobiliaria Libertad S.A. también está Ediciones ICAL Limitada. Esta sociedad fue fundada en 2003 por el sociólogo y exintegrante de la Comisión Política del PC, Óscar Azócar García, junto con el hoy senador en ejercicio PC, Daniel Núñez Arancibia. Constituida con la misma dirección del instituto, según su escritura la sociedad se creó para realizar labores editoriales, de producción de eventos y conferencias educacionales (vea ese documento). En esa sociedad también estuvo el exministro PC, Marcos Barraza, quien se retiró en 2014, un día antes de asumir como Subsecretario de Previsión Social en el Gobierno de Michelle Bachelet.
En 2004, de acuerdo a un reportaje de CIPER del 2014, la Inmobiliaria Libertad ingresó a la Corporación ARCIS –sociedad controladora de la universidad– adquiriendo el 99,5% de las acciones. En ese entonces, los socios de Libertad eran: Max Marambio, Corporación ARCIS y Ediciones ICAL e Inversiones Salvador S.A. Desde ese momento, el PC controló esa institución educativa.
En 2008, la Corporación ARCIS pactó su salida con la venta de sus acciones a ICAL, mientras que Marambio se retiró en 2012. En junio de 2013, la Inmobiliaria Libertad, en una transacción de $1.050 millones, vendió los inmuebles de la Universidad ARCIS que estaban en su propiedad. Desde ese momento, el PC se retiró del centro educacional. Y un par de meses después, en marzo de 2014, Inversiones Salvador S.A. también se retiró de Inmobiliaria Libertad. A partir de entonces, hasta la actualidad, la sociedad está compuesta solamente por ICAL y Ediciones ICAL Limitada.
LOS OTROS COMPRADORES
En noviembre de 2017, la sociedad de gestión inmobiliaria, Andrés Varela Propiedades Limitada, compró a Inversiones Progreso tres departamentos, tres bodegas y dos estacionamientos ubicados en la comuna de La Cisterna. En total pagó $133.038.250.
Varela Propiedades fue constituida el 21 de enero de 2010 por la empresa Inversiones Huasco Uno Limitada y uno de sus socios, Andrés Fernando Varela García, economista que falleció en agosto de 2019. Durante una década, Varela mantuvo una estrecha relación con el PC.
El economista fue interventor en la empresa Fensa cuando fue paralizada por trabajadores en el gobierno de Salvador Allende. También fue fundador y presidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), además de ser uno de los fundadores del instituto ICAL y la Escuela de Economía de la Universidad ARCIS. Su relación con las propiedades del PC está documentada en el Diario Oficial desde 2005: el 9 de noviembre de ese año, en conjunto con la Inmobiliaria Araucaria que controlaba el PC, constituyó la Inmobiliaria Baquedano Limitada, empresa con la cual administraron propiedades que el partido tenía en un edificio habitacional en la comuna de Santiago (vea esa constitución de sociedad).
Tras el fallecimiento de Varela, su sociedad de gestión inmobiliaria no cortó los vínculos con el partido. Según información pública que el PC aloja en el Portal de Transparencia, entre 2018 y 2023, Varela Propiedades fue proveedora de bienes y servicios del colectivo, recibiendo pagos que en total ascienden a casi $40 millones.
El 4 de abril de 2014, Sandra Palma Núñez ingresó como socia a Varela Propiedades. Ella es hermana de Álvaro Palma Núñez, militante PC que se postuló como candidato para integrar el Comité Central del colectivo para el período vigente entre 2024-2028, pero no fue electo.
Un año antes de morir, el 29 de mayo de 2018, Varela transfirió todos sus derechos de la sociedad a Sandra Palma, transformándose desde entonces en la socia mayoritaria y administradora de la corredora.
Álvaro Palma adquirió los ocho inmuebles que la sociedad de su hermana compró el 2017 a Inversiones Progreso. Por estas pagó $145 millones.
El mismo mes en que Varela Propiedades compró las propiedades -noviembre de 2017- un socio de Sandra Palma en otra empresa llamada Altos del Laja S.A., Ricardo Paredes, también adquirió un departamento que fue del PC y que está ubicado en La Cisterna: pagó poco más de $22 millones por el departamento que incluía bodega. El 19 de enero de 2023, se concretó una segunda compra de parte de Paredes y en el mismo edificio, esta vez se trató de un estacionamiento y bodega adquiridos en $8 millones.
El mismo día de la compraventa que hizo Ricardo Paredes, Inversiones Progreso firmó otra transacción con otra persona ligada a proveedores del partido: Patricia Sepúlveda, a quien le vendieron un departamento y una bodega en La Cisterna por $25 millones. El 25 de septiembre de 2017, el partido firmó un contrato de arriendo en Ñuñoa con el objetivo de instalar una de las sedes de las Juventudes Comunistas en dicha comuna. La propiedad se encuentra a nombre de Juana Biget, madre de Patricia Sepúlveda.
Jorge Vilches es el cónyuge de Sepúlveda y también un comprador de las propiedades del PC, pero a través de una sociedad: el 13 de marzo de 2018, Transportes Aurora SpA, cuyo único socio es Vilches, compró un departamento y dos bodegas en La Cisterna. Por estos pagó poco más de $91 millones.
Si bien la relación de Vilches y Sepúlveda con el PC ya se había iniciado el 2017 con el arriendo de la sede de la JJCC en Ñuñoa, al año siguiente su empresa también se convirtió en proveedora del partido: el 31 de julio de 2018, Transportes Aurora SpA emitió una factura por casi $1 millón por servicios de traslado entre Coquimbo y Ovalle de material para propaganda del PC (vea factura).
No por mucho tiempo Aurora fue propietario de esos inmuebles, porque según registros, el 25 de febrero de 2019, la empresa vendió esas propiedades a Inmobiliaria Libertad -la misma de ARCIS- la que pagó $103 millones por la compra.
El 9 de marzo de 2018, la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Huelquén S.A. también pactó con Inversiones Progreso: adquirió dos inmuebles en La Cisterna por $55 millones.
Huelquén fue constituida el 22 de abril de 2002 por Mauricio Sánchez Madrid, Equipos y Accesorios Limitada –representada por Carlos Espinoza Matamala– y Raúl Reyes Alonso. Este último, dos años después de la compra realizada por su sociedad, el 1 de abril de 2020, firmó un contrato de honorarios con el Partido Comunista (vea contrato). Hasta diciembre de 2023 se encargó de la contabilidad del partido, labor por la cual percibió remuneraciones por cerca de $55 millones.
En mayo de 2019, la Sociedad de Inversiones Progreso concretó tres ventas más, pero que no tienen un relación directa ni vigente con el PC: vendió al economista Pedro Vuskovic tres departamentos y tres bodegas de La Cisterna. La transacción fue por $141 millones
Vuskovic trabajó para Ecuador y Nicaragua como representante ante la OEA. Además, es hijo de Pedro Vuskovic Bravo, exministro de Salvador Allende que, antes de militar en el PS, fue miembro de las Juventudes Comunistas y fundador del Movimiento de Izquierda Democrática Allendista, en el cual el principal partido involucrado fue el Partido Comunista.
LA VENTA DEL PC Y LA DEUDA DE PROGRESA
El 3 de octubre de 2016, el PC vendió en $3 mil millones más de 200 inmuebles ubicados en las comunas de La Cisterna y Santiago. Su nuevo dueño pasó a ser la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, una sociedad fundada el 2 de septiembre de 2016 –un mes antes de la compra–, con un capital de $5 millones. Su directorio quedó compuesto por los militantes del PC, José Solé Cerda (integrante del Comité Central) y Ricardo Castro Santis (académico), además del ingeniero sin militancia, Pablo González Araya.
La venta se dio en el contexto de la promulgación de la Ley 18.603 de partidos políticos, la cual estableció que del total de bienes inmuebles que tuvieran los colectivos bajo su propiedad, al menos dos tercios de estos debían ser utilizados con fines estrictamente políticos.
Al año siguiente, en mayo de 2017, luego de que se hiciera pública esa transacción, integrantes de Chile Vamos presentaron una querella contra el extimonel del PC, Guillermo Teillier, y los socios de Progreso SpA. En la causa, se les acusó de haber pactado un contrato simulado con sus militantes, con el fin de vulnerar la nueva Ley de Partidos Políticos que obligaba a los colectivos a deshacerse de parte de su patrimonio. Además acusaron estafa y falsificación de instrumento público en su querella. La causa fue investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, y en julio de 2018 todos los involucrados fueron sobreseídos, ante la determinación de la falta de actos constitutivos de delitos.
En su declaración ante el Ministerio Público, el entonces presidente del Partido Comunista, manifestó que la venta se vio forzada por la Ley de Partidos Políticos: “Las condiciones de venta para nosotros eran complejas, no solo por una cuestión de tiempo, sino que además por temas políticos, porque se trata de una empresa que pertenece a un partido político”, señaló, en relación a Inmobiliaria Araucaria, la empresa que controlaba el PC. Según la transacción de entonces, había una cláusula que quedó registrada en el contrato de venta a Progreso, donde se señalaba que esa entidad no podía vender acciones sin la venia del partido.
En relación a la cláusula, el exlíder del partido comentó: “Decidimos establecer una cláusula que impidiera la venta futura de las acciones de la empresa sin el consentimiento del partido, pero no así de enajenar los inmuebles propiamente tales”.
El 15 de octubre de 2024, el Servicio Electoral (Servel) entregó al Partido Comunista los resultados de su revisión respecto al último balance financiero aprobado del partido y que corresponde al del año 2022 (el de 2023 revisado en 2024, fue rechazado). En este, el ente electoral señaló que la deuda entre la Sociedad de Inversiones Progreso SpA y el PC, al 31 de diciembre de 2022, era de $4.535.655.977.
CIPER solicitó al Servel el desglose de esa deuda, quienes señalaron que esta se descompone así:
Respecto al monto actualizado sobre cuánto se ha pagado de la deuda entre Inversiones Progreso y el Partido Comunista, el Servel señaló que entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2022, se validaron pagos por $1.537.455.123. Es decir, según información otorgada por ente fiscalizador, Progreso ha pagado el 33,9% de su deuda total al PC.
Actualmente, Andrés Varela Propiedades tiene en su web tres propiedades ubicadas en el edificio de la comuna de Santiago con disponibilidad de arriendo. Dos de estas pertenecen a Progreso SpA y tienen un valor de arriendo mensual de $300 mil y $450 mil. El tercer departamento pertenece a Libertad S.A., el cual fue comprado a Inversiones Progreso. Su valor de arriendo es de $340 mil pesos.
Sandra Palma, dueña de Varela Propiedades, fue contactada por CIPER para saber su relación con los dueños de las propiedades compradas a Inversiones Progreso y con el Partido Comunista. Al respecto, reconoció que ambos eran sus clientes, a quienes gestiona servicios de arriendos, pero se negó a entregar más detalles sobre sus vínculos.
CIPER también se comunicó con Ricardo Castro Santis, dueño de Sociedad de Inversiones Progreso SpA, para saber las razones tras las ventas de propiedades a personas relacionadas con el Partido Comunista, y si el capital ganado con estas ha sido utilizado para pagar la deuda que mantiene con el partido. Sin embargo, respondió vía mail que no estaba interesado en conversar sobre el tema.
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Empresa vinculada al "amigo" de Karol Cariola prestó servicios para su campaña parlamentaria de 2013
Eduardo Fuentes | 20.03.2025 | Socio/a 3 años y 6 meses
Cuál es el objetivo de impedir a los partidos autofinanciarse arrendando propiedades? Al ponerles límites se persigue que su financiamiento se obtenga de "mecenas", los que normalmente aportan buscando obtener futuras ventajas patrimoniales al cobrar, a cambio de favores los aportes realizados. En otras palabras, la ley busca que los poderosos y no los partidos financien la política.
Carlos Gho | 20.03.2025 | Socio/a 6 meses
No encuentro interesante lo que aquí se relata.
Las operaciones inmobiliarias del PC o de cualquier otro partido no tienen trascendencia política salvo que constituyan un ilícito.
Socio/a 4 años y 5 meses
Socio/a 3 años y 6 meses
Socio/a 6 meses
