Las zonas rojas de los recorridos de micro: 131 puntos de violencia en Santiago donde más se repiten robos, agresiones y ataques incendiarios

Un conductor casi perdió la vista tras ser agredido; otro fue secuestrado en su recorrido y obligado a consumir alcohol y droga al volante; y una broma de Halloween casi hizo que una conductora perdiera el control de la máquina, con pasajeros a bordo. Estos son algunos de los 131 casos identificados en esta investigación como las zonas rojas del transporte público.

En mayo de este año, Gastón habrá cumplido un año desde que volvió a trabajar, mismo período en que debió alejarse del volante después de una agresión donde  estuvo al borde de quedar ciego. Él es conductor de Red Movilidad –– el sistema de transporte público urbano que opera en el área metropolitana de Santiago––   y trabaja para Buses Vule. Aquella traumática noche, cerca de las 23:20 horas, conducía el recorrido 302. Cuenta que al llegar al último paradero, cerca de la estación de metro Santa Ana, un sujeto en evidente estado de ebriedad le exigió que continuara la ruta, aún cuando esta se había terminado. Gastón se negó, pero el hombre siguió insistiendo. 

Ante la constante negativa, el sujeto comenzó a golpearlo. “Hasta que me noqueó, porque yo no soy de pelea”, relata Gastón. Luego, el pasajero tomó una piedra y continuó arremetiendo contra él. “Ahí llega un conductor detrás mío y él me salvó. El tipo ya me tenía en el suelo, ahí, golpeando y golpeando”, agrega. 

Para recuperarse después de la agresión, Gastón necesitó dos cirugías de reconstrucción facial y un año de rehabilitación. Cuenta que durante ese período lo único que quería era no perder su vista y volver a trabajar. Hoy, a casi dos años del ataque, y pese a que su agresor no ha sido capturado, su principal deseo es que nadie vuelva a pasar por lo que él pasó, pero Gastón no es el único conductor que ha sufrido agresiones severas en el ejercicio de su labor.

En febrero de 2024, la exministra del Interior, Carolina Tohá (entonces en ejercicio), planteó ante el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) la posibilidad de complementar la presencia policial con el despliegue de militares en zonas críticas. Si bien la ministra no hizo alusión a delitos cometidos en el transporte público en específico, esta medida se presentó como una forma de contener el alza de delitos en “zonas urbanas de alta densidad”, como en Estación Central, terminales de buses y en la Estación Intermodal de La Cisterna. Para este reportaje, no se encontraron militares en dichos lugares, ni en ningún otro, pero sí a 74 choferes con distintas historias sobre la violencia que tienen que afrontar día a día en los buses de Red Movilidad. Sus testimonios fueron complementados con una revisión de prensa y búsqueda en redes sociales que permitieron identificar 131 casos de violencia contra trabajadores y usuarios de RED en  los últimos tres años.

Entre ellos, hay asaltos con armas de fuego y cortopunzantes, secuestros a choferes en ruta y ataques incendiarios a los buses. Además, pudimos acceder a un informe elaborado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) en 2023, que investigaba puntos críticos de seguridad en la Red Metropolitana de Movilidad. Con este material, realizamos un mapa ilustrando los puntos de violencia en el transporte público de Santiago.

Se trata de los sectores, calles, paraderos y esquinas donde ocurren hechos de violencia o delitos de mayor gravedad o con mayor frecuencia, siempre relacionado con un bus del sistema RED. Todos los sucesos de este mapa ocurrieron entre del 1 de enero de 2022 y el 10 de diciembre de 2024. Es importante señalar que, en algunos casos, los afectados no recordaban la ubicación exacta donde se produjeron los hechos, pero señalaron alguna calle o intersección de referencia. En esos casos, este medio marcó en el mapa el paradero más cercano al lugar señalado, según el recorrido donde sucedieron los hechos.

Vea esa visualización de los puntos críticos de violencia señalados por choferes. 

Fuente: elaboración propia con datos de recolectados hasta el 12 de diciembre de 2024.

El mapa registra 58 puntos de asaltos a pasajeros y conductores repartidos en toda la capital, pero que se concentran especialmente en Avenida Santa Rosa, el Barrio Franklin, Estación Central y el centro de la capital. Hay también 35 ataques incendiarios (entre ellos se cuentan intentos e incendios concretados), muchos de los cuales ocurrieron en el año 2022, durante las protestas protagonizadas por los llamados “overoles blancos”, principalmente alrededor del Liceo de Aplicación y el Liceo Manuel Barros Borgoño, o que se producen en fechas como el 11 de septiembre o el día del joven combatiente. Cinco de estos ocurrieron en Villa Francia.

Este medio también registró al menos tres casos de secuestro de buses, todos en días de partidos de fútbol o cerca de ellos. Uno de estos lo sufrió Pablo, conductor del recorrido 307 (Buses Vule) que fue secuestrado el 23 de abril de 2023, después de que Colo Colo derrotara a Palestino por tres goles a uno.

Pablo se encontraba cerca de Plaza Italia, dispuesto a iniciar la ruta de regreso a Quilicura. Se percató que venía la hinchada de la Garra Blanca hacia su bus y dice que les abrió las tres puertas por seguridad: “Subieron por donde quisieron”, recuerda. Dos de ellos se acercaron a la cabina y, apuntándole con armas de fuego, le dijeron que siguiera las instrucciones que le dieran. “Métete por acá,  apaga las luces, para en la botillería”, recuerda Pablo que le dijeron. Algunos de los sujetos descendieron a comprar alcohol y, al regresar, le hicieron cambiar la ruta habitual del recorrido. Se fue por la autopista, mientras sus captores lo obligaban, arma en mano, a consumir alcohol y aspirar cocaína en una cuchilla. Cuenta que en el trayecto se dio cuenta que los sujetos iban consumiendo más drogas y otros incluso estaban teniendo relaciones sexuales a bordo del bus.

Al llegar a Quilicura, lo obligaron a llevar a cada una de las personas a sus domicilios. Dice que en el trayecto pasó por una comisaría, pero Carabineros no intervino. Explica también que la empresa suele llamar a los conductores cuando hay atraso en la ruta pero este no fue el caso, considerando que estuvo una hora en un recorrido que habitualmente demora alrededor de 10 minutos. “Pero en los días de partido eso no funciona, sea de la empresa que sea”, aclara. Dice que lo llamaron varias veces a su celular, pero no contestó porque pensó que le robarían el teléfono si lo hacía. Al día siguiente, le dieron licencia psiquiátrica por estrés.

Pese a estar relacionados a eventos deportivos, casos como el de Pablo no son aislados. Consultado al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz, reconoció que, efectivamente, estas cosas ocurren en algunos partidos. “Ahí estamos trabajando lo más coordinadamente posible con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito para que eso no ocurra”. Destacó que también están realizando una labor para identificar a las personas que agreden y hacen daños en los buses para sancionarlos como corresponde. “La ley permite”, explica el ministro, “que las personas que son sorprendidas en este tipo de actividades pierdan el derecho de asistir al estadio. Yo creo que esa es la forma en que podemos fortalecer que este tipo de cosas no sigan ocurriendo”, concluye.

Para este reportaje, se cambiaron todos los nombres de los conductores que dieron su testimonio con el fin de proteger su seguridad laboral. Cualquier alcance o similitud con los nombres de otros conductores es mera coincidencia.

Fuente: Imagen de archivo Agencia UNO

1.820 CONDUCTORES RECONOCEN ZONAS DE VIOLENCIA

Verónica, conductora del recorrido B15, manifiesta que fue agredida por el mismo hombre en tres ocasiones distintas. La primera ocurrió cuando el sujeto quiso subir al bus por la puerta trasera, pero ella no la abrió. Abordó por el frente y se quejó de que no lo dejara subir, con tono prepotente. Ella señaló que el ingreso era por delante: ahí comenzó el conflicto. El sujeto le gritó, le lanzó manotazos y, cuando finalmente pasó al otro lado del torniquete, la escupió desde el asiento que estaba detrás de ella. En la siguiente instancia, la pelea ocurrió por la misma razón. El mismo tipo bajó del bus y arrojó una roca al vidrio del parabrisas, el cual se quebró completamente, disparando fragmentos por todos lados. Para la tercera vez, en marzo de 2024, ella ya lo había denunciado ante el Ministerio Público. Lo vio intentar subir, pero le manifestó que no podía llevarlo. El sujeto se paró en frente del vehículo y le lanzó “todo lo que pilló en la calle”, dice Verónica, perforando dos veces el parabrisas.

Ella estuvo con licencia casi un mes. Cuenta que cuando tuvo que volver a trabajar, le sudaban las manos y sentía ganas de vomitar. Le pidió a RBU, empresa para la que trabaja, un cambio de recorrido. Marcelo Meza, gerente de seguridad de RBU, señala que, cuando ellos reciben solicitudes de cambio de recorrido evalúan la situación y hacen  o no el cambio en base a lo que el trabajador solicita y la disponibilidad, según la cantidad de buses que tienen que circular en un determinado recorrido. ‘‘Cuando una persona se siente complicada porque sufrió una situación de violencia, nosotros por supuesto que le damos prioridad’’, indica Meza. Sin embargo, hasta el día de hoy Verónica sigue conduciendo el B15.

El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) realizó un estudio en septiembre del año 2023 donde se encuestó a 1.820 conductores de RED Movilidad, con el objetivo de determinar los principales problemas que los aquejan y los lugares donde suelen ocurrir. A la hora de describir las situaciones que se dan con mayor frecuencia en cada lugar, 1.156 conductores seleccionaron el ítem: “Sector con muchos delitos de robos a usuarios y/o trabajadores del transporte”. Y 859 marcaron “Recurrentes agresiones a conductores/as o fiscalizadores”. En otras palabras, todos estos choferes pudieron reconocer que existían zonas donde se concentraban estos hechos de violencia.

Dentro de las intersecciones más complejas, alrededor de 47 conductores apuntaron a la esquina de San Luis con Marcoleta (Quilicura), donde los principales problemas, relacionados a la seguridad, son los desórdenes públicos y las recurrentes agresiones a choferes y fiscalizadores. Los mismos problemas se reportan en 14 de la Fama (señalado por 43 conductores), calle que divide Conchalí e Independencia, y la intersección de General Velásquez con Alameda (comuna Estación Central), que fue mencionada por 41 choferes. De todas maneras, no se puede confirmar que estas sean, en efecto, las zonas más críticas de la ciudad. Un 60% de los conductores consultados trabaja para Buses Vule, empresa que cuenta con recorridos en todos esos puntos. “Nosotros contestamos mil de esas denuncias”, dice Roberto Barros, subgerente de Operaciones de Buses Vule, “por lo tanto, esas zonas nos afectan principalmente en esta empresa (…) y eso para nosotros fue muy valioso porque quedaron bien establecidas las zonas críticas de Santiago”.

Este medio consultó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sobre las medidas que se están tomando desde la cartera sobre los puntos críticos que identificó el estudio de la DTPM. Sin mayores detalles, el secretario de Estado destacó la calidad de los buses más nuevos con que cuenta la flota de Red Movilidad, que tienen cabinas que ofrecen mayor protección a los conductores en caso de agresión.

Por otra parte, también consultada, la Subsecretaría de Prevención del Delito señaló que tienen planes y programas hechos especialmente para los sectores con alta concentración de delitos. “Uno de estos es el Plan Nacional de Fiscalizaciones, que apunta a aumentar la cantidad de controles de identidad y vehiculares en las calles para prevenir delitos e incivilidades”, explican desde la institución. Aseguran que el plan se realiza en colaboración con el MTT, las policías, equipos de seguridad municipal, la Delegación Presidencial y otros organismos de seguridad del Estado.

Al consultar a la Subsecretaría del Interior, indicaron que están trabajando en una estrategia para 2025, pero no entregaron más detalles al respecto.

Otros 1.004 conductores apuntaron a otras esquinas de la capital, pero ninguna de ellas obtuvo más de ocho menciones por sí solas, por lo que no logran superar el 0.5% de la muestra. Uno de esos sectores es Gran Avenida, en especial en su intersección con Américo Vespucio y hacia el sur. Cerca de este sitio, Claudio, conductor de RED, vivió una cruda escena mientras conducía un bus 301. Un hombre subió al bus con la intención de asaltar a los únicos dos pasajeros a bordo, con una pistola en su mano. Sin embargo, estos se defendieron y, en el forcejeo, le quitaron el arma al sujeto, disparando e hiriéndolo de gravedad.

Claudio tuvo que detener el bus y esperar ahí que lo llamaran de la empresa. Mientras tanto, el  sujeto, herido, bajó y comenzó a caminar hacia el sur mientras perdía sangre. Un par de horas después, alrededor de las tres de la madrugada y mientras se dirigía a su casa después de haber sorteado la situación con la empresa, Claudio lo vio desplomado en el suelo, en la intersección de Gran Avenida con Observatorio, probablemente ya sin vida.

Este medio contactó a todas las empresas que operan en el sistema, de las cuales solo Buses Vule, STU y RBU accedieron a hablar para este reportaje. Subus declinó la entrevista y Metbus, Metropol (Buses Alfa y Buses Omega), STP y Voy Santiago no respondieron a los correos, llamadas y visitas realizadas por este medio.

"¿Y CÓMO ESTÁ LA MÁQUINA?"

La noche de Halloween de 2024, Mariana, trabajadora de Metropol, cuenta que conducía una F05 por la comuna de La Pintana. Mientras circulaba por la calle Bahía Catalina, un grupo de menores de entre 13 y 15 años, arrojaron huevos al parabrisas de su micro y se alejaron corriendo, mientras ella iba a 50 kilómetros por hora. La broma provocó que en el parabrisas quedara una película viscosa, impidiendo que Mariana pudiera ver apropiadamente por dónde iba.

Llamó a la Central Operativa de Flota (COF), entidad encargada de acoger cualquier tipo de problema en ruta, y le dijeron que continuara conduciendo. Ella, acostumbrada a lo que llama “poca proactividad” de la COF, pidió que, al menos, enviaran un aviso a sus colegas para que estuvieran atentos a lo que estaba ocurriendo en el sector, pero dice que el aviso nunca se dio. Agrega que, al llegar al patio terminal, donde se juntan múltiples recorridos y los choferes descansan, al menos otros 20 buses llegaron reportando haber sido víctimas de la misma “broma de Halloween”, no sólo en Bahía Catalina, sino también en distintos puntos del sector sur de la capital.

Datos obtenidos vía Ley de Tansparencia indican que, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de septiembre de 2024, la Dirección del Trabajo (DT) recibió 128 denuncias por problemáticas de seguridad contra las empresas concesionadas por RED. A raíz de estas situaciones, la DT ha cursado 151 multas por motivos como “no alertar a los trabajadores sobre los peligros de su trabajo”, “no permitir el uso del derecho a interrumpir sus labores por riesgo grave e inminente” y “no tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores”.

“Yo alegué mucho ese día”, recuerda con frustración, Mariana. “¿Cómo es posible que no nos avisen, que no nos den una alerta para que uno ande con cuidado en esas calles? Al final, andamos solos”. El recorrido de Mariana corresponde a la empresa Buses Omega, parte del Consorcio Metropol. Según los datos obtenidos vía Ley de Transparencia, Omega acumula más de $3,8 millones en multas. Esto, por “no suprimir los factores de riesgo en el lugar de trabajo”. Este medio intentó contactarse con la empresa Metropol, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, ninguno de los mails, llamados telefónicos y visitas recibieron respuestas.

El detalle de las multas relacionadas con seguridad se puede apreciar en el siguiente gráfico:

La multa que más se repite entre las empresas es por “no tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida de los trabajadores”. La que acumula el monto más alto por este motivo es RBU Santiago, con más de $23,2 millones. Le siguen Subus y STU, con casi $19,6 millones y cerca de $15,7 millones, respectivamente. En total, 44 multas están netamente relacionadas con el resguardo que deben tener los empleadores sobre la integridad física de sus trabajadores y suman un total de $179,5 millones.

Algunas empresas también reciben multas porque los buses no cuentan con extintores en condiciones adecuadas o, directamente, porque no los tienen. Henry, conductor de la empresa Subus, cree que el tema de los extintores responde a un círculo vicioso. Él conduce múltiples recorridos en un día, uno de los cuales es el 211, que circula por Vespucio entre Gran Avenida y Santa Rosa. Explica que, en esa parte del trayecto, es común que suban delincuentes a robar, precisamente, los extintores. “Cuando eso pasa, uno tiene que llenar un formulario y la empresa repone el extintor, pero después uno vuelve a pasar por ahí y se lo vuelven a robar. Y uno no se va a poner a pelear por eso, mejor que se lleven el extintor a que le hagan algo a uno”, reflexiona Henry.

Roberto Barros señala que es una situación frustrante para Buses Vule, porque la reposición de los extintores no es inmediata. “Cuando el bus no lleva extintores le pegan al conductor. Y al otro día, el departamento de fiscalización se da el lujo de revisar los buses y nos sacan un parte. Claro, si el día anterior nos lo quitaron”, critica Barros.

Sin embargo, las 151 multas que dictaminó la DT no solo abordan temas de seguridad, sino también la salud dentro del espacio de trabajo. El ministro Muñoz destaca, que se ha mejorado la calidad de los terminales y puntos de descanso para que los conductores puedan, por ejemplo, ir al baño. Sin embargo, la DT ha impartido seis multas por no contar con agua potable y dos por no mantener protegidas las instalaciones de agua y gas. El total de estas multas cursadas en ese periodo suman $589.727.180. 

Cristina, conductora de STU, comenta las palabras que dijeron desde la empresa cuando su compañera de trabajo llegó al terminal, luego de una jornada en que fue secuestrada por barristas en Puente Alto. Recuerda que, antes de preguntarle por su propio bienestar, lo primero que le dijeron fue: “¿Cómo está la máquina?”. La frase es una experiencia común para muchos conductores, al punto que este medio pudo observar que se ha convertido en una suerte de broma en las redes sociales del gremio.

“Al mismo conductor nosotros le preguntamos cómo se siente, y hacemos una pequeña evaluación, entre nosotros, según cómo lo vamos viendo todos los días. Mientras nos diga que está todo bien, nosotros no obligamos a la persona a tener una atención que no quiere”. Esto comentó Bárbara Carvallo, jefa de operaciones de STU, sobre cómo cuidan y velan por el bienestar de sus trabajadores que enfrentan situaciones complejas de violencia. Además, señaló que las licencias psiquiátricas que reciben normalmente son por experiencias traumáticas, como choques que terminan con alguna persona fallecida, pero no por estrés o situaciones violentas que pudieran sufrir los conductores.

Según lo conversado con los 74 conductores, las situaciones de violencia son parte de su día a día. Todos anunciaron haber sido, por lo menos, testigos de algún tipo de violencia durante su jornada de trabajo y, al menos 28 de ellos, fueron agredidos directamente. “Siempre hay un bus con un vidrio quebrado, siempre hay un bus con un compañero agredido, siempre hay violencia asociada al transporte público”, comenta Guillermo, trabajador de Metropol.

‘‘No saquen los teléfonos’’, les dice Álvaro, conductor de RBU, a sus pasajeros. Trabaja desde hace siete años como conductor del transporte público. Lo repite cada vez que su micro sale de la Intermodal de La Cisterna: ‘‘Ni en este bus, ni en ningún bus’’, refuerza.

*Este reportaje fue realizado por los estudiantes Francisco González, Renata Latorre y Nathalie Tello en la sección de la profesora Paulette Desormeaux del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.