Contraloría detectó que Rapa Nui pagó $14 millones en 2022 al excoronel Labbé por capacitaciones que no se hicieron

Cristián Labbé Galilea fue contratado por la administración del exalcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds (PRO), para realizar un programa de “formación y liderazgo” bautizado como “Plan AMOR”. Recibió cerca de $900 mil mensuales entre enero de 2022 y marzo de 2023. Contraloría examinó y pidió explicaciones por los cursos luego de que la municipalidad no entregara una lista de alumnos. El organismo fiscalizador subsanó las observaciones porque la municipalidad señaló que las capacitaciones no se realizaron a causa de las restricciones de traslados producto de la pandemia. Sin embargo, Labbé fue contratado dos años después de que se impusieran limitaciones de desplazamientos por motivos sanitarios. Y en enero de 2023, su contrato fue renovado. Además, según el programa, parte de estos cursos podían ser realizados a distancia. La Contraloría ya había objetado pagos con recursos públicos al excoronel condenado por el delito de tormentos: en 2021 la entidad estimó que $11,7 millones que recibió de la Municipalidad de Colina, también por capacitaciones, eran “improcedentes”.

El 31 de diciembre de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe final respecto a una revisión especial realizada a partir de denuncias que llegaron al organismo, relacionadas a corporaciones de la Municipalidad de Isla de Pascua durante la administración del exalcalde Pedro Edmunds Paoa (Partido Progresista). Dentro de los hallazgos, la entidad fiscalizadora detectó que faltaban respaldos para acreditar el cumplimiento de dos contratos a honorarios suscritos por la Corporación de Arte y Cultura y el excoronel, Cristián Labbé Galilea, condenado por aplicar tormentos a detenidos en la ciudad de Panguipulli en 1973. 

Su contratación consistía en desarrollar un programa de formación de liderazgo en la gestión pública, denominado “Plan AMOR”. 

En su examen, Contraloría constató que, pese a que no existían listas de alumnos beneficiados con la capacitaciones dictada por Labbé, el exmilitante de la UDI percibió más de $14 millones por realizarlas. 

La corporación admitió que las capacitaciones no se realizaron. Aún así, defendió los pagos, argumentando que no había manera de llegar a la isla porque los vuelos estuvieron cerrados hasta agosto de 2022 y luego los pasajes eran muy onerosos para costearlos.  

Si bien la Contraloría subsanó la observación hecha a la corporación y no exigió devolución de los montos, en el mismo documento se señala que el contrato de Labbé fue renovado en diciembre de 2022, extendiéndose hasta el año siguiente. El detalle es importante considerando que, a esa fecha, tanto las autoridades como Labbé sabían que el curso no habría podido efectuarse. 

En el programa de la capacitación que se cita en el informe de Contraloría, además, se detalla que este podía ser realizado de manera presencial y online, algo que tampoco ocurrió. Además, la contratación de Labbé comenzó en enero de 2022, dos años después de que se iniciaran las restricciones sanitarias. 

La Contraloría concluyó que el pago mensual de $875.500 en 2022 por su primer contrato; y de $901.765, por el segundo -que duró hasta marzo de 2023, fecha en que Labbé renunció voluntariamente-, no contó con respaldo. 

El organismo resume en su informe la respuesta que la Corporación le entregó respecto a sus observaciones: 

“Consultado sobre la materia a don Francisco Haoa Hotus, gerente general de la Corporación Municipal de Arte y Cultura, mediante informe remitido a este organismo de control el 27 de mayo de 2024, señaló que, respecto de los años 2022 y 2023, debido a que no se pudo concretar las capacitaciones en Rapa Nui, es que no adjunta listado de personas capacitadas, detalle de las clases realizadas, ni evaluaciones efectuadas a los alumnos”, dice. 

La corporación argumenta que “durante el periodo comprendido desde marzo de 2020 hasta agosto de 2022, la comuna no tuvo vuelos comerciales de traslados de pasajeros, y que posteriormente a dichas fechas, la frecuencia fue de solo dos vuelos semanales, con gran demanda y alto valor de pasajes, lo que no proporcionaba las condiciones de factibilidad de tiempo y recursos para llevarse a cabo tales labores”.

Según el escrito, la corporación alegó que todo se debió a un caso fortuito: “A consecuencia de lo anterior, la falta de cumplimiento de estos objetivos no le es imputable al prestador, sino al caso fortuito provocado por los efectos de la pandemia”, dice.

Esta no es la primera vez que Labbé enfrenta cuestionamientos por parte de la Contraloría, respecto a contratos suscritos por el exalcalde y municipalidades. En 2021, el ente fiscalizador solicitó la restitución de $11,7 millones que le pagaron al exedil desde la Municipalidad de Colina, por talleres que, a juicio del organismo, tampoco contaban con suficiente respaldo.     

CIPER tomó contacto con Cristián Labbé para consultar por qué en Rapa Nui le pagaron por una capacitación que no fue realizada, quien escuetamente señaló: “Aténgase a lo que dice Contraloría en cuanto a que la observación fue subsanada”.

En tanto, desde la municipalidad que hoy encabeza la alcaldesa Elizabeth Arévalo (Independiente, electa en cupo Evópoli), declinaron responder preguntas sobre los talleres. 

PLAN AMOR

En el informe de Contraloría se señala que los objetivos de la capacitación que debía realizar Cristián Labbé, cuyo nombre es “Plan Amor”, eran los siguientes: 

– Diseñar y planificar la malla curricular y los contenidos del programa.

– Desarrollar un programa que comprenda el desarrollo, coaching, trabajo en equipo y liderazgo como un conjunto de competencias que permiten gestionar mejores desempeños en personas y equipos para el logro de resultados.

– Desarrollar el programa referido, en relación con las competencias de liderazgo, análisis de conductas, evaluación de fortalezas y oportunidades de mejora, junto con diseñar un plan de acción para mantener los aspectos positivos y disminuir las brechas detectadas.

– Aplicar técnicas, herramientas, prácticas y conceptos de las competencias de liderazgo vistas en el programa de formación, conforme a cada realidad laboral actual y futura.

– Desarrollar clases y/o capacitaciones teórico-prácticas, de manera expositiva integrándolo con casos, situaciones reales, trabajando en base a resoluciones de tareas y ejercicios. Las clases deberán ser presenciales y a distancia mediante plataformas digitales.

– Desarrollo de Coaching grupal, destinado a facilitar la transferencia de aprendizaje de la etapa formativa del programa de formación, en adecuación a la realidad y a los desafíos de los participantes en el programa.

– Evaluar y supervisar el avance de los alumnos mediante tutorías y evaluaciones.

– Implementar material bibliográfico para los alumnos.

– Implementar mediante el programa las estrategias del Plan AMOR.

– Informar mediante informe mensual avance y evaluación de asistentes al Gerente General de la Corporación.

La Contraloría verificó que en ninguno de los documentos entregados por la Municipalidad de Rapa Nui se acreditó el cumplimiento. Esto, porque según se agrega en el informe, en la municipalidad no había registros de las clases ni evaluaciones. Tampoco hubo informes mensuales sobre avances. 

La Contraloría determinó que la corporación había aclarado las observaciones “considerando las explicaciones y antecedentes aportados” y no solicitó restitución de los fondos. 

La relación de Labbé con autoridades de Rapa Nui no es nueva. En 2008, mientras todavía era alcalde de la comuna de Providencia, Labbé fue condecorado como Hijo Ilustre de Isla de Pascua. Según se explicó esa vez, se debió a su aporte al desarrollo de la isla. 

En 2010, el entonces consejero regional de Isla de Pascua, Enzo Núñez (UDI) acusó públicamente que Labbé estaba impulsando un fuerte lobby para que el exalcalde de esa comuna, Pedro Edmunds, se convirtiera en gobernador regional. Pese a que Edmunds entonces era DC, Sebastián Piñera lo nombró en ese cargo.    

RESTITUCIÓN DE $11,7 MILLONES EN COLINA

No es la primera vez que la Contraloría fiscaliza a Labbé y sus asesorías municipales. Una situación similar ocurrió en la Municipalidad de Colina. El organismo detectó que en 2021 se efectuaron pagos por $26 millones al exalcalde de Providencia para la realización de talleres que, a juicio del ente fiscalizador, eran improcedentes. Según un informe de seguimiento emanado por la CGR en junio de 2023, la cifra luego fue reducida a $11,7 millones. A la fecha, aquel dinero no ha sido restituido, existiendo un juicio de cuentas en curso.

En su informe final N° 725 de 2021, la Contraloría analizó los contratos que fueron suscritos entre Labbé y la Municipalidad de Colina entre 2017 y 2021. Esto, mientras Mario Olavarría (UDI) era alcalde. Los hallazgos de esa fiscalización fueron recogidos por Radio Biobío en el reportaje “Los talleres de Cristián Labbé: exalcalde recibió $26 millones por trabajos no acreditados en Colina”.

Como primer punto, el ente fiscalizador cuestionó  que el municipio suscribiera los contratos con Labbé estableciendo “en términos genéricos y sin mayor precisión, las funciones que debía cumplir el señor Labbé Galilea”. Se señaló que en algunos contratos, el objetivo de este “puede abarcar cometidos generales e indeterminados, o incluso la no realización de alguna labor en particular”. 

También detectó que uno de los programas por los cuales se contrató al exalcalde – “Programa de Apoyo al Mejoramiento Urbano”-, no tenía relación con un “beneficio para la comunidad, en los términos que exige la normativa”. Esto, porque de acuerdo con los informes mensuales que presentó Labbé, los servicios que prestó estuvieron asociados a talleres de capacitación interna, lo cual contraviene la norma donde se estipula que los contratos honorarios imputados a la cuenta presupuestaria “Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”, deben implicar un beneficio directo a la comunidad de Colina.

Además, se cuestionó la supervisión de las labores realizadas por Labbé, ya que uno de sus programas que debía ser supervisado por personal de la Unidad de Recursos Humanos, fue inspeccionado por la directora de Desarrollo Comunitario y el secretario de Planificación Comunal. Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ambos cargos son de exclusiva confianza del alcalde y no cuentan con las competencias para evaluar su desempeño.

Asimismo, según los informes de gestión mensuales que Colina aprobó, Labbé se desempeñaba como el “encargado de capacitación”, tarea que, de acuerdo con lo recabado por Contraloría, realizaba otra persona contratada a honorarios.

Entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, según describe el informe, “Labbé Galilea continuó señalando –en sus informes mensuales de actividades– labores asociadas a una contratación anterior suscrita con el municipio”. Los contratos fueron visados sin reparos por la municipalidad, a pesar de indicar trabajos asociados a un programa de años anteriores, no relacionados con sus actividades de la época.

Por estos servicios, la entidad comunal pagó un total de $32.569.348, cifra que en un comienzo Contraloría objetó en su totalidad. 

En sus descargos, Labbé aseguró al organismo que puso a disposición de la municipalidad los antecedentes que respaldaban la prestación de servicios, incluyendo nóminas de participantes de los cursos, grabaciones de talleres vía Zoom, fotografías y reuniones con autoridades municipales. Sin embargo, esos documentos no estuvieron a la vista de los fiscalizadores en la elaboración de su informe final.

Con los antecedentes que sí tuvo en su poder para el informe de 2021, se logró acreditar la prestación de servicios que implicaban pagos de $6 millones en honorarios, determinando entonces que Labbé debía restituir $26 millones. En un informe de seguimiento posterior, evacuado el 19 de junio de 2023, la Contraloría reevaluó el monto objetado, estimando finalmente como gastos improcedentes un total de $11,7 millones. 

CIPER contactó a la Municipalidad de Colina para consultar si, a la fecha, la devolución del dinero se hizo efectiva. Desde comunicaciones del municipio explicaron que se inició un juicio de cuentas al respecto, el cual se encuentra pendiente. “Una vez que el juicio concluya y se establezca una suma cierta y definitiva, podremos solicitar al señor Labbé la devolución de lo pagado, si es que corresponde”, afirmaron, agregando que “mientras ello no ocurra no hay nada que devolver”.