La Municipalidad de Maipú, dirigida por el alcalde Tomás Vodánovic, interpuso este domingo 2 de marzo, una querella por tráfico de influencias y fraude al fisco en contra del diputado en ejercicio, Joaquín Lavín. CIPER tuvo acceso a la acción penal donde se exhiben correos y declaraciones que dan cuenta de la emisión de facturas falsas a la Cámara de Diputados por más de $17 millones por parte de la imprenta MMG. Su dueño admitió que estos trabajos correspondían a labores de campaña y no parlamentarias. Asimismo, la querella revela correos donde le piden a Lavín una reunión con el Director de la Secretaría de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Maipú, con el fin de que éste intercediera para que un terreno ubicado en la comuna, que tenía una oferta para ser vendido, pudiera cambiar el uso de suelo. CIPER constató que la modificación no ocurrió, pero los mensajes dan cuenta que el diputado sí reenvió la petición al funcionario de Maipú. En la querella además se citan correos que evidencian la injerencia de Lavín en la contratación y desvinculación de funcionarios de Maipú, donde se incluye una petición del exdiputado Gustavo Hasbún.
Este domingo 2 de marzo, la administración de Tomás Vodanovic en la Municipalidad de Maipú interpuso ante el 9° Juzgado de Garantía una querella por fraude al fisco y tráfico de influencias en contra del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), cónyuge de la exalcaldesa de esa comuna, Cathy Barriga. La acción penal será investigada bajo reserva.
En el escrito –que también se dirige en contra de Arnoldo Domínguez, exasesor parlamentario del diputado– se exhiben correos, testimonios y se relatan situaciones que dan cuenta de la presunta emisión de facturas falsas al Congreso y gestiones del diputado en la Municipalidad de Maipú, en favor de terceros.
Uno de los testimonios que más complica al exdiputado es el que entregó el dueño de la Imprenta MMG S.A., Juan Alberto Silva, quien explicó haber elaborado por años material de campaña para Lavín León. Según confirmó ante los fiscales, el diputado pagó parte de esos servicios con las asignaciones que el Congreso dispone para que parlamentarios ejerzan su labor legislativa.
“Arnaldo Domínguez (asesor de Lavín) me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría (al Congreso), ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, declaró Silva.
Asimismo, un funcionario de la Municipalidad de Estación Central, que en la querella se identifica sólo con iniciales D. N. R. M., asegura haber emitido boletas a la Cámara por servicios que no correspondían a la labor parlamentaria del diputado. Reconoció cuatro boletas que, en total, suman $3 millones: “Estas tareas, como ya dije, eran diversas, y entre ellas había algunas que eran de único beneficio personal del Diputado, como, por ejemplo, ir al supermercado a comprar materiales para su casa, ir a la feria a comprarle fruta o también ir a buscar encomiendas”, dijo.
En los antecedentes incluidos en la presentación –hecha por los abogados José Pedro Silva y Marcos Contreras en representación del municipio– se incluyen además tres correos electrónicos que intercambiaron en 2017 Joaquín Lavín León y una exfuncionaria de la Oficina de Planificación (Odeplan), Juanita Elton Bulnes.
Los mensajes revelan que, a mediados de ese año, Elton le pidió colaboración a Lavín para concretar el cambio del uso de suelo de un terreno que pertenecía a su familia y que pretendía vender a una inmobiliaria. El problema era que esa transacción, según Elton, estaba sujeta a la modificación que debía visar el municipio que entonces dirigía Barriga.
En el primer correo, que data del 17 de julio de 2017, Elton le pidió al diputado que intercediera con el director de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Maipú (Secpla) para lograr cambiar el uso de suelo del terreno.
CIPER consultó a la dueña del terreno si las gestiones de Joaquín Lavín permitieron cambiar el uso de suelo de ese predio, quien afirmó que eso no ocurrió. Contactados por este medio, desde la Municipalidad de Maipú indicaron que el uso de suelo del terreno es de equipamiento, por lo que no fue modificado a partir de las gestiones del diputado.
Sin embargo, según se lee en los mensajes, Lavín sí confirmó a Elton haber reenviado su solicitud al Director de la Secretaría de Planificación (Secpla) de Maipú de la época, Boris Gálvez -también investigado en la causa contrata Cathy Barriga-, acción que ella le agradece pocos días después.
Fuente: Agencia UNO
“Tu mamá me dijo que te escribiera a este mail, para pedirte tu valiosísima cooperación con el Secretario de la SECPLA de Maipú, para ver la posibilidad del cambio de uso de suelo del terreno en cuestión (…) Este terreno es eriazo actualmente, y el lote contiguo también era nuestro y lo vendimos para vivienda social. La misma inmobiliaria que compró, nos tiene hecha una oferta para el mismo uso (vivienda social), pero como explicamos en la carta adjunta, quedó zonificado como equipamiento”.
La respuesta llegó el 2 de agosto de 2017, cuando Lavín León contestó vía mail: “Hola, lo envié, pero estuve fuera de Chile. Hasta ayer, preguntaré si analizó el tema”.
El tercer y último mensaje incluido en la querella es del 23 de agosto de 2017. En él, Elton agradece por la “ayuda” de Lavín y afirma que sus pretensiones van bien encaminadas:
“Muchas gracias! Ya estoy encaminada muy bien con el tema. Mil gracias por tu valiosísima ayuda”.
CIPER se contactó con el abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, quien descartó que hubiera habido otras gestiones de parte de su cliente. Respecto a los terrenos de Elton, solo reenvió el correo, “sin ninguna instrucción, recomendación u otra cosa”, afirmó.
Además de esta situación, la querella también aborda la injerencia que habría tenido Lavín en el despido y la contratación de personas en el municipio a partir de 2016, cuando su esposa asumió como alcaldesa.
En el documento presentado ante tribunales se ventilan correos electrónicos recibidos por Lavín León, relacionados a contrataciones de personas en la Municipalidad de Maipú.
Uno fue enviado por el exdiputado UDI; Gustavo Hasbún, el 17 de enero de 2017, solicitando la contratación de personas específicas y apuntando como asunto: “Solicitud”.
“Necesito pedirte un favor, me llegaron estos dos currículum si los puedes en Maipú (sic). Uno es la hija de un garzón y el otro es el sobrino de una secretaria”, escribió Hasbún.
Ese mismo mes, el expresidente de la UDI, Patricio Melero, también escribió a Lavín, pero en el correo se limita a recomendar a una persona para trabajar en el municipio de Barriga:
“A esta persona la conozco, trabajó en Pudahuel y por su experiencia puede ser muy útil”, señaló.
Los querellantes catalogan todas estas acciones como posible tráfico de influencias de Lavín en la municipalidad donde su mujer era alcaldesa.
CIPER contactó a Hasbún y a Melero. El primero señaló que la solicitud que hizo a Lavín no involucraba contratarlos “necesariamente en (la Municipalidad de Maipú)”, agregando que finalmente nunca se les dio trabajo. “Le envié el currículum como cualquier persona que envía un currículum, oye me puedes ayudar con estas personas, pero no se contrató nunca, a ninguno de los dos”.
Melero, en tanto, aseguró no recordar con precisión el correo por haber ocurrido hace ya ocho años, pero indicó que lo más seguro es que estuviera validando las capacidades de una persona que conocía.
Otros hechos relatados en la querella tienen que ver con la emisión de facturas por parte de Modo74 SpA, sociedad de un ex asesor de Lavín. La tarea de esta empresa era la mantención de la página web y oficina virtual, pero según otra declaración, el sitio online del parlamentario no funcionó gran parte del tiempo en que se pagó por su mantención a Modo74 SpA.
EMPRESARIO ADMITE HABER EMITIDO FACTURAS FALSAS
La querella hace un pormenorizado detalle de lo que, a juicio de los querellantes, constituye financiamiento irregular de campañas a través de asignaciones parlamentarias. El Mostrador publicó que el diputado devolvió $7 millones a la Cámara de Diputados, restitución que se relacionaría con la empresa Imprenta MMG que, según la querella, emitió 19 facturas presuntamente falsas al Congreso por un total de más de $17 millones. Todo habría ocurrido a solicitud del propio Lavín.
De acuerdo con la acción penal recién presentada, el diputado contrató a la empresa Imprenta MMG S.A. para confeccionar material gráfico para su campaña de 2017. Esa sociedad es de propiedad de Juan Alberto Silva Morales, empresario que debió declarar en la causa, el 21 de octubre de 2024 y en calidad de imputado. En esta admitió haber emitido facturas falsas al Congreso para cubrir esos gastos electorales.
Fuente: Agencia UNO
“Arnaldo Domínguez me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría (al Congreso), ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, dice un extracto de su declaración citada en la querella.
CIPER constató en el Servel que, en la campaña de 2017, esa imprenta fue proveedora de Joaquín Lavín León y de otros candidatos de la UDI. Lavín figura con una factura emitida por este proveedor por $6,1 millones.
La relación entre el dueño de Imprenta MMG y Joaquín Lavín data desde antes que el diputado comenzó su carrera en el Congreso. Así lo señaló Silva Morales en su declaración, detallando que lo conoció cuando este trabajaba como promotor de fiestas. MMG le imprimía los flyers para los eventos.
De las fiestas pasaron a la política, porque Lavín contrató a MMG para imprimir el material de su primera campaña parlamentaria, en 2014. La relación comercial continuó durante los siguientes 10 años, pero surgieron problemas. Según el empresario, Lavín se atrasaba con los pagos, por lo que comenzó una relación laboral con trabajos “fiados” o “facturas prestadas”; estableciéndose el mecanismo de pago de deudas de campaña a través de los recursos del Congreso.
El Ministerio Público consultó por cada una de las facturas emitida por la empresa de Silva a la Cámara, quien confirmó que las glosas que se consignaban en ellas, no correspondían a los trabajos que efectivamente se prestaron.
“Estas facturas, las que indican cuenta pública, fueron todas hechas para pagar la deuda que tenía conmigo”, dijo sobre una de las facturas, algo que repitió respecto de cada documento exhibido. “No tengo respaldos de que se haya ejecutado lo indicado en la glosa ya que, como indiqué, se buscaba abonar la deuda que tenía conmigo”, agregó.
Imprenta MMG además fue proveedora de la Municipalidad de Maipú. Según se señala en la querella, casi $90 millones facturó entre 2017 y 2021.
“Partí trabajando con la Municipalidad de Maipú cuando llegó Cathy Barriga a la alcaldía, esta era de hecho la idea de trabajar con Joaquín Lavín durante la candidatura de Cathy. Yo le proveí bienes y servicios a la candidatura de Cathy, colaboré en esta campaña con la expectativa de poder seguir trabajando con ellos cuando Cathy saliera electa”, afirmó el representante de MMG.
La hermana del empresario, encargada de finanzas de la empresa (que en la querella es consignada con sus iniciales M.E.S.M), también debió declarar ante el Ministerio Público el 16 de octubre de 2024. Ella recordó la vez en que le avisaron sobre una licitación.
“Mi hermano me preguntó si estábamos inscritos en Chile Compra, y me dijo que había que estar atento a las licitaciones de Maipú porque alguien le había dicho que postuláramos, no recuerdo la fecha en que esto sucedió”, dijo.
El representante de MMG declaró además que el asesor Domínguez, descrito como “mano derecha” de Joaquín Lavín, en una oportunidad le solicitó el pago de una comisión de $2.4 millones. Esos dineros, dijo, “venían a suplementar la remuneración que ya percibía mensualmente por parte del Congreso Nacional por sus labores de apoyo al diputado Lavín”.
La querella basa sus acusaciones en los antecedentes que ha reunido la investigación contra Cathy Barriga y que hasta ahora se han mantenido en reserva. Entre estos, aparece otro rastro de mal uso de asignaciones en el Congreso: la contratación de un ex brigadista de la campaña de 2014 de Joaquín Lavín León, que mientras trabajaba en la Municipalidad de Estación Central, emitió boletas de honorarios para el Congreso, pero por tareas que se alejan de la labor parlamentaria del diputado. Según describió a la fiscalía el emisor de esas boletas, esas tareas correspondían a trabajos domésticos para el parlamentario:
“En relación a estas boletas de honorarios que se me exhiben, las reconozco, puedo decir que eran genéricas, y con ellas se me pagaban las labores que cumplía para el diputado Lavín León. Todas estas se emitieron cuando todavía seguía trabajando para la Municipalidad de Estación Central. Estas tareas, como ya dije, eran diversas, y entre ellas había algunas que eran de único beneficio personal del Diputado, como, por ejemplo, ir al supermercado a comprar materiales para su casa, ir a la feria a comprarle fruta o también ir a buscar encomiendas”, señaló el exbrigadista el 13 de diciembre de 2024 ante el Ministerio Público.
Fuente: Agencia UNO
En la acción penal contra el diputado, hay otro antecedente: la supuesta “triangulación de facturas ideológicamente falsas en concomitancia con un exasesor (de Lavín) por medio de la sociedad Modo74 SpA creada para tales efectos”.
Esta empresa, cuyo nombre de fantasía es SocialTazk, fue constituida en septiembre de 2019. Según registros del Diario Oficial, su único dueño es el ingeniero informático Felipe Vázquez Diéguez quien, hasta un mes antes de constituir la empresa, trabajó como asesor parlamentario de Lavín. El diputado contrató los servicios de Modo74 SpA el mismo mes en que se creó. La sociedad emitió 151 facturas entre 2019 y 2024. Su cometido era realizar la “mantención y sanitización de la página web y de bases de datos”, facturando $75 millones al Congreso.
Sin embargo, en una declaración prestada en octubre de 2024, por una secretaria del diputado, se señala que el sitio “funcionó muy poco tiempo, me imagino que un par de años. Después de eso no siguió funcionando la plataforma”. La querella consigna que su oficina virtual y página web se encuentran inoperables desde mediados de 2022.
El 29 de octubre de 2024, a solicitud de la fiscal de Alta Complejidad de la Metropolitana Oriente, Constanza Encina, y contando con una orden judicial, el domicilio de Joaquín Lavin y su oficina en la sede del Congreso de Valparaíso fueron allanados. Encina investiga el potencial fraude de $33 mil millones en Maipú, donde Barriga es la principal imputada, formalizada por esta causa entre el 16 y 18 de enero de 2024, quedando inicialmente con arresto domiciliario, medida cautelar que en la actualidad ha sido reemplazada por prisión preventiva.
El allanamiento a Lavín se dio en el marco de una causa paralela a la de la exalcaldesa, la que nació a partir de la indagatoria en contra de Barriga, pero que apunta únicamente al diputado y sus movimientos en el Congreso.
"MUCHAS GRACIAS POR TU VALIOSÍSIMA AYUDA"
La querella presentada por la actual administración del municipio incluye una situación hasta ahora desconocida: la gestión que habría realizado Joaquín Lavín León, a partir de una petición relacionada al cambio de uso de suelo de un terreno ubicado en la comuna de Maipú.
Esta parte de la acusación se basa en el intercambio de correos electrónicos entre Lavín y Juanita Elton, entre julio y agosto de 2017. Ella es una de las propietarias del terreno y le escribe para pedirle su intervención. En esos mensajes queda en evidencia que Elton estaba interesada en modificar el uso de suelo del terreno para venderlo a una inmobiliaria. Para ello, solicitó a Lavín que allanara una reunión con el director de Secpla de la época, Boris Gálvez.
La comunicación entre Lavín y Elton culminó con esta última agradeciendo la “ayuda” del diputado, ya que sus intenciones iban bien encaminadas.
Fuente: Agencia UNO
La conversación completa es la siguiente:
Correo de Juanita Elton enviado el 17 de julio de 2017:
Estimado Joaquín,
Tu mamá me dijo que te escribiera a este mail, para pedirte tu valiosísima cooperación con el Secretario de la SECPLA de Maipú, para ver la posibilidad del cambio de uso de suelo del terreno en cuestión.
Elton le explica pormenores del terreno y, además, le cuenta que había empezado gestiones con Boris Gálvez, director de la Secretaría Comunal de Planificación de Maipú (Secpla) entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, funcionario que esperaba la recibiera junto a una prima arquitecta:
Te adjunto carta dirigida a Boris Gálvez, con toda la explicación y antecedentes y los documentos adjuntos que ilustran la situación.
Si consideras necesario, después de hablar tú con él, que le escriba directamente al Secretario y/o, si el quisiera recibirnos en una reunión con una prima mía que es arquitecta y con quien estamos viendo cómo vender este terreno familiar, te agradezco que me lo indiques.
El correo de Juanita Elton incluye datos específicos sobre las intenciones de la familia respecto al predio.
Este terreno es eriazo actualmente, y el lote contiguo también era nuestro y lo vendimos para vivienda social. La misma inmobiliaria que compró, nos tiene hecha una oferta para el mismo uso (vivienda social), pero como explicamos en la carta adjunta, quedó zonificado como equipamiento.
Atenta a los resultados de tu gestión, la que agradezco de antemano.
Según la querella, el día 2 de agosto de ese mismo año, Lavín León respondió con buenas noticias para Elton:
“Hola, lo envié, pero estuve fuera de Chile. Hasta ayer, preguntaré si analizó el tema”.
En el tercer correo citado en la querella, Elton Bulnes le agradece a Lavín León, el resultado de lo que presuntamente hizo. De hecho, el mensaje que es del 23 de agosto de 2017, en el “Asunto” se lee: “Muchas gracias Joaquin”.
Hola Joaquin,
Muchas gracias! Ya estoy encaminada muy bien con el tema. Mil gracias por tu valiosísima ayuda. Muchas saludos! (sic).
Juanita Elton
CIPER constató en los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago que en 2014, la familia de Juanita Elton Bulnes heredó por parte de la fallecida propietaria los lotes 2 y 3 del exfundo El Descanso, emplazado en la comuna de Maipú. Cada terreno fue tasado en poco más de 22 mil UF. El lote N° 3 fue vendido el 28 de diciembre de 2015 a la Inmobiliaria San Antonio Spa, con un precio de compraventa de $564 millones. El lote contiguo, el N° 2, aún forma parte del patrimonio familiar, según consta de una rectificación de escritura realizada a principios de 2021.
Juanita Elton, además de desempeñarse según su LinkedIn como asesora de inversiones financieras en SURA Chile, Global Invest y Principal, es fundadora de la escuela de gastronomía y servicios, Culinary, centro de formación profesional constituido en el año 2000 que cuenta en la actualidad con dos sedes en Santiago y una en Viña del Mar.
DESPIDOS Y CONTRATACIONES
El escrito también detalla la presunta participación del diputado Joaquín Lavín en la confección de listas de despidos de funcionarios desde el momento en que su esposa asumió como jefa comunal de Maipú, en 2016.
Según un informe policial contenido en la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente y descrito en la querella, Lavín aparece en ocho correos electrónicos teniendo injerencia en el despido de funcionarios de la Municipalidad de Maipú.
En total, 496 funcionarios municipales fueron desvinculados con la llegada de Barriga.
Luego de los despidos, en el libelo se relata una serie de contrataciones que, según señalan los querellantes, están relacionadas a instrucciones de Joaquín Lavín León.
Aparte de la solicitud del exdiputado Gustavo Hasbún, en la querella se mencionan otros donde Lavín ordena enroque de algunos funcionarios, cambios de labores de estos y modificaciones de grados. Se alude a la Dirección de Tránsito, a la Dirección de Administración y Finanzas, a la Dirección de Control y en la sanitaria de la comuna, SMAPA.
“Él en una oportunidad llama a C.F. (director jurídico), quien me dice que el diputado está en la cafetería y que quería que fuera a hablar con él. Vamos con C., y me empieza a preguntar cómo está SMAPA, y me recrimina que hay gente que no debería estar ahí, en referencia a los castigados que puse en cargos de jefatura o de confianza mía (…) Él quería darme instrucciones en lo que yo tenía que hacer como Director, y no lo consideré. Esto fue el año 2018”, dijo a la fiscalía el exdirector de SMAPA Jorge González, que en la querella se señala con iniciales J. G. T. Z.
Para los querellantes, el hecho que Lavín haya participado en decisiones sobre contrataciones o despidos de funcionarios, también podría ser constitutivo del delito de tráfico de influencias, considerando que el parlamentario no tenía injerencia en esa municipalidad, sino solo su cónyuge.
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Guillermo Francisco | 05.03.2025 | Socio/a 3 años y 8 meses
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