Las cifras de la estrechez fiscal del gobierno: retrasos en pagos a funcionarios y peak histórico en deudas aplazadas para el 2025

“Algo nunca antes visto”, dijo a CIPER un encargado de Administración y Finanzas de un ministerio, al comentar los “problemas de caja” que tuvo el gobierno en el último trimestre de 2024. Bonos cancelados con retraso a funcionarios y peticiones para postergar -hasta enero de este año- pagos que debieron hacerse en 2024, son parte de las señales de esa estrechez fiscal. Después de que The Clinic informó el traspaso de fondos desde Corfo al tesoro público en 2023, el ministro Marcel dijo que eso se hizo porque hubo menos ingresos que los esperados. CIPER revisó informes presupuestarios de 31 entidades públicas y de los 16 gobiernos regionales. Esos registros indican que, en 2024, Hacienda no transfirió $89 mil millones a diez gobiernos regionales, mientras que otras 31 instituciones estatales sumaron una histórica cifra de $2,6 billones en gastos ejecutados pendientes de pago. En Hacienda y Dipres dijeron a CIPER que “el Gobierno se hizo cargo de una serie de obligaciones que se acumularon desde 2019 y que no tenían solución o financiamiento apropiado al asumir su mandato”, incluyendo “el aumento no financiado de la PGU”.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno

El año pasado el Ministerio de Hacienda no transfirió a diez de los gobiernos regionales un total de $89 mil millones que ya estaban comprometidos en la Ley de Presupuesto, mientras que otras 31 instituciones estatales sumaron una histórica cifra de $2,6 billones en gastos ejecutados que quedaron pendientes de pago. Así se desprende de informes presupuestarios de 31 entidades públicas y de los 16 gobiernos regionales revisados por CIPER. Esos montos son indicativos de la aguda estrechez fiscal que se vivió en 2024, particularmente en el último trimestre. Los “problemas de caja” incluyeron retrasos en el pago de bonos para funcionarios en algunos ministerios, así como dejar pendientes, para enero de 2025, obligaciones de pago que debían resolverse en los últimos meses del año pasado. “Algo nunca antes visto”, dijo a CIPER el responsable de administrar los recursos de un ministerio, quien pidió la reserva de su identidad.

Los problemas del gobierno para hacer frente a obligaciones económicas presupuestadas, se hicieron insoslayables después de la información difundida por The Clinic acerca de que, en el año 2023, el Ministerio de Hacienda pidió a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) transferir al tesoro público $3,4 billones. Esos recursos fueron ejecutados en un 100% y su destino habría sido, principalmente, solventar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si bien la solicitud hecha por la Dirección de Presupuesto (Dipres) a la Corfo estaba dentro de las atribuciones que tiene la cartera liderada por el ministro Mario Marcel, hasta la fecha las razones del por qué se necesitó echar mano a recursos frescos para financiar el gasto público no habían sido completamente aclaradas por el Ministerio de Hacienda.

En la última conferencia de prensa que realizó el ministro Marcel, este explicó que “en el 2023 hubo componentes de ingresos menores a los presupuestados” y que los fondos provenientes de Corfo compensaron ese déficit. En simple, Marcel dijo que hubo ítems del presupuesto en los que se recaudó menos de lo proyectado. Lo que no dijo es cuáles son esos ítems y si la menor recaudación se debe a errores atribuibles a funcionarios de Hacienda -como proyecciones de ingresos mal calculadas- o a factores externos -de mercado o política internacional- inesperados.

CIPER consultó al Ministerio de Hacienda a qué ítems se refería el ministro en sus declaraciones. Desde la cartera explicaron que la recaudación tributaria no minera tuvo una fuerte caída y que, además, hubo una importante devolución de recursos a los contribuyentes, debido a la aplicación de beneficios fiscales o por un exceso en el pago de sus impuestos, además agregaron que:

“El Gobierno se hizo cargo de una serie de obligaciones que se acumularon desde 2019 y que no tenían solución o financiamiento apropiado al asumir su mandato. Entre ellos, por ejemplo, el aumento no financiado de la PGU, cuando el costo efectivo de la creación de la PGU prácticamente duplicó los incrementos de ingresos fiscales legislados; el cambio de sistema de pago a los prestadores privados del sistema de salud por Covid-19, que provocó que no se pagara la totalidad de las prestaciones hechas por clínicas durante 2019-2021;  la eliminación del reajuste real en las autopistas urbanas, acumulando diferencias en una cuenta sin un mecanismo de normalización y regularización posterior; el congelamiento de las tarifas de transporte en todo nivel que llevó a que el subsidio de transporte haya pasado de un 40% a un 70%; y las deudas con generadores eléctricos generado a raíz de un mecanismo para evitar alzas en tarifas (PEC 1), que fue insuficiente e implicó tramitar un segundo mecanismo para suavizar las alzas tarifarias (PEC 2) y  pagar la deuda acumulada” (lee la respuesta completa aquí).

En la conferencia de prensa, el ministro enfatizó que si no se acudía al retiro de las ganancias del litio que eran administradas por Corfo, el fisco habría tenido que endeudarse: “Si en lugar de este traspaso de excedente de Corfo, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad en bonos a 10 años plazo, lo que hubiera ocurrido es que la deuda pública habría aumentado en más de un 1% del Producto Interno Bruto”.

Los problemas en los ingresos no se registraron sólo en 2023. CIPER revisó los Informes de Finanzas Públicas (IFP) de la Dipres de los últimos cinco años, además de los presupuestos ejecutados de 31 organismos públicos, entre gobernaciones, ministerios y otros. También entrevistamos a jefes y funcionarios del área de presupuesto y finanzas de distintas divisiones ministeriales y conversamos con los 16 gobiernos regionales, para establecer si los problemas de 2023, que fueron corregidos gracias al salvataje de Corfo, se repitieron en 2024.

Mario Marcel, ministro de Hacienda (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

Todos los consultados coincidieron en que a fines de 2024 la Dipres pudo tener “problemas de caja” o de “liquidez”,  ya que en octubre, junto a una rebaja presupuestaria, le solicitaron a distintos ministerios postergar parte de sus pagos comprometidos para el último trimestre de 2024 y aplazarlos hasta inicios de 2025, cuando se hiciera una nueva recaudación fiscal. Los funcionarios que conversaron con CIPER coincidieron en que este era un hecho anómalo: “Algo nunca antes visto”, dijo uno de los responsables de administrar los recursos en una de las carteras consultadas.

Desde el equipo de comunicaciones del ministerio liderado por Mario Marcel en una primera instancia explicaron que estos tipos de requerimientos “son parte de la gestión financiera que le corresponde realizar al Ministerio de Hacienda”. Pero luego, señalaron que no hubo problemas de caja, ni se entregó un instructivo ordenando devengar gastos:

“La Dirección de Presupuestos entrega los recursos de caja en función de las necesidades del  servicio, de la ejecución que llevan a la fecha y de los saldos en sus cuentas corrientes (saldo inicial de caja). Si los servicios tuviesen saldos en sus cuentas corrientes muy altos o si -en base a su ejecución histórica- se identifica que no existe capacidad para ejecutar todos los recursos a diciembre, se entrega una caja menor a la solicitada. No existe un instructivo de Dipres que haya instruido devengar gastos, sino todo lo contrario”. 

El 17 de enero de 2025, el gobernador regional del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) llegó hasta Santiago para reunirse con la directora de la Dipres, Javiera Martínez, con el objetivo de lograr que el organismo le transfiriera $17 mil millones que le debía a la gobernación, correspondientes al gasto ejecutado en 2024. La reunión fue gestionada por el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien también asistió al encuentro. Cuatro días después, la Dipres autorizó la transferencia por $30.000 millones para saldar la deuda 2024 e iniciar la ejecución presupuestaria de 2025.

De las 16 gobernaciones del país, 10 informaron a CIPER que en 2024 tuvieron que dejar pendientes de pago $89 mil millones para 2025, tres indicaron que no les quedaron debiendo recursos y otras tres no entregaron cifras. Un dato que se suma a 31 instituciones que registran $2.673.416.576.000 en gastos devengados o que quedaron pendientes de pago a diciembre de 2024, según los últimos informes presupuestarios publicados por la Dipres. Durante los últimos cuatro años la denominada deuda flotante del servicio público ha duplicado su valor, pasando de $1.392.854.044.000 a fines de 2021, a $2.673.416.576.000 para el pasado 2024.

Viviana Fernández, académica de la Escuela de Economía en la Universidad Adolfo Ibáñez, explica que un aumento de la deuda pública “conlleva mayores costos de endeudamiento futuro para el sector público y privado. Además, no cumplir con la regla del balance estructural resta credibilidad a la política fiscal e impone restricciones a la política monetaria del Banco Central”. Agrega que este tipo de deuda genera presiones en la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos futuros, considerando la carga de intereses de la deuda.

Casi la mitad de los gastos devengados de 2024 -gastos ejecutados, pero que están pendientes de pago- corresponden al Ministerio de Educación ($1.428.811.417.000), le sigue la cartera de Obras Públicas ($422.780.582.000) y por último el Ministerio de Salud ($289.523.995.000) en deuda flotante. A estos gastos por pagar se suman nuevos recortes presupuestarios: a comienzos de enero la Dipres anunció la primera reducción presupuestaria del año, afectando a todas las instituciones públicas, incluidos los gobiernos regionales, a los que se les aplicó una rebaja del 5% de manera uniforme. En total, el ajuste supera los $89.355.226 millones.

MENOR RECAUDACIÓN

Uno de los puntos complejos de la administración de Javiera Martínez en la Dipres ha sido el manejo de las proyecciones de ingreso. A mediados de 2023 un error contable en la unidad de Finanzas Públicas llevó a que la proyección de ingresos se rebajara en US$800 millones. La situación se repitió en 2024. Incluso, el último Informe de Finanzas Públicas, publicado a principios de febrero de este año, dejó en evidencia un déficit fiscal de 2,9% del PIB para 2024, muy por encima del 1,9% que había proyectado el gobierno. Según el informe entregado por Dipres, entre las principales razones están una sobreestimación de ingresos en las rentas del litio y de ingresos tributarios no mineros, asociados a reformas realizadas entre 2019 y 2021. Esto trajo consigo un nuevo recorte de $544 mil millones al gasto público en enero de este año.

Carlos Smith, director de Gestión Académica del Doctorado en Economía de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que: “Hay un problema -del gobierno- quizás de ser demasiado optimista en los supuestos y eso puede ser un problema de esta administración en particular (…). En todos los gobiernos hay desviación, pero que haya pasado tanto te lleva a pensar de que, o están poniendo supuestos que no son muy reales, que son más bien deseos, es decir, quiero crecer al tres, pero no hay muchas posibilidades de que eso pase”.

En el seguimiento de los Informes de Finanzas Públicas trimestrales se pueden observar los ajustes a las estimaciones. Por ejemplo, la Ley de Presupuesto 2024 estimaba que los ingresos iban a ser $71.347.069 millones, pero solo se recaudó $67.283.221 millones, debido a que el resultado de la Operación Renta fue $3.081.554 millones por debajo de lo esperado, mientras que el precio del litio tuvo una abrupta caída de 79% en 2024 respecto a 2023, lo que redujo los ingresos de Corfo relacionados con ese mineral en más de $1.127.296 millones. Lo que no está claro es si se sobreestimó el precio o el volumen de sus ventas.

Los errores en las estimaciones y cálculos fueron tratados en el Congreso durante la última tramitación de la Ley de Presupuesto para el sector. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos definió un marco de acuerdo con el gobierno, el que incluye una asesoría técnica de un organismo internacional especializado para la revisión y actualización de los modelos de proyección de ingresos. Esta asistencia está siendo brindada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus resultados deben ser publicados en el primer informe de ejecución presupuestaria de 2025.

“Este trabajo se justifica especialmente al constatar que desde la adopción de la regla fiscal se han registrado diferencias negativas de similar magnitud en al menos cuatro años”, explicó la Dipres en el informe del cuarto trimestre de 2024.

Conocedores de este proceso explican que uno de los puntos a reforzar son las fórmulas con las que se realizan las estimaciones, junto a una mayor periodicidad y actualización en las cifras que se proyectan a la hora de realizar las reformas fiscales.

Una de las principales dudas que se mantienen a raíz del retiro de $3,4 billones del litio, solicitados a CORFO, son las razones por las que el Ministerio de Hacienda tuvo que recurrir a las altas rentas del litio, que les permitieron en 2023 ejecutar el 100% del presupuesto. Ante la pregunta en la conferencia de prensa, el ministro solo explicó que los ingresos del litio compensaron a “otros componentes de ingresos que fueron menores” y que es algo que “ocurre todos los años, en todos los presupuestos”. Sobre este punto, la Dipres explicó a CIPER que la recaudación tributaria había tenido una fuerte caída y que una gran cantidad de recursos se devolvieron a los contribuyentes, y que el Gobierno de Gabriel Boric se hizo cargo de obligaciones acumuladas desde 2019, “que no tenían solución o financiamiento apropiado al asumir su mandato”, entre ellos “el aumento no financiado de la PGU”.

Plantas procesadoras del Litio en Salar de Atacama (Créditos: Ariel Marinkovic / Agencia Uno)

En el informe de finanzas públicas para el cuarto trimestre 2024, la Dipres advierte que respecto al impuesto a la renta, “se observaron shocks macroeconómicos sin precedentes durante el período 2019-2022 que se trasladaron diferidamente a través del sistema de pago del impuesto, a la vez que se implementaban una serie de modificaciones al sistema tributario, lo que dificultó aislar los componentes estructurales de los temporales en cuanto a su efecto sobre la recaudación tributaria”.

Por otro lado, el gasto también sufrió modificaciones en 2024: al cierre del año pasado aumentó 3,5% real respecto a 2023, alcanzando un monto de $76.163.870 millones, equivalente al 24,8% del PIB estimado para el año. Esta alza se debe -según el informe de la Dipres- al aumento en gastos de salud, una mayor contratación de personas, la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública y la realización del censo de Población y Vivienda.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, reconoció que “estamos en una situación muy compleja hace no mucho tiempo atrás y hoy día seguimos con un desafío fiscal muy importante”, haciendo referencia a los coletazos que ha traído la pandemia hasta la fecha. Agregó que “nadie en el Ministerio de Hacienda ha tratado de minimizar lo complejo que es la desviación del año 2024”.

En la reunión de gabinete ampliado, los presidentes de partidos oficialistas le consultaron a Marcel dónde habían ido los recursos entregados por Corfo. Según el diputado Jaime Mulet, el ministro les señaló que la mayoría fue a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). “El gobierno de Sebastián Piñera hizo una serie de proyecciones y modificaciones para calcular los recursos para el pago y no llegaron todos los recursos proyectados y eso es uno de los aspectos principales en que hubo que financiar con esos recursos”.

Según el parlamentario una de estas fuentes de recursos era el aumento al impuesto minero, que recién comenzará a funcionar en 2025. A esto se suma que otras iniciativas, como el impuesto al lujo, no han rendido tributariamente como proyectó el gobierno anterior.

Además de los retiros de Corfo, el Ministerio de Hacienda también ha tenido que acudir a otras ayudas. Por ejemplo, el 7 de octubre de 2024, realizó un retiro de US $1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se hizo para financiar el resto del presupuesto del Estado para el año. El jefe de una división de finanzas ministerial -que pidió mantener su identidad en reserva- recuerda que en esa fecha desde la Dipres comenzaron a solicitar que los pagos comprometidos para los meses de octubre, noviembre y diciembre, fuera devengado hasta enero y febrero de 2025.

También en octubre, pero de 2023, el fisco terminó de recibir un aporte desde la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que le entregaron US$400 millones como un aporte anticipado de utilidades.

Actualmente el cargo de jefa de la Unidad de Finanzas Públicas de la Dipres es ocupado por la economista Claudia Sotz, quien asumió a través de un concurso público. Además, para reforzar el equipo y el área de proyecciones de ingresos, la Dipres creó, en la Dirección de Presupuestos, el nuevo Subdepartamento de Ingresos Públicos. La nueva unidad es llevada por el economista Nicolás Bohme, uno de los encargados de crear el programa económico para el exprecandidato presidencial comunista, Daniel Jadue. Esta área es la contraparte de los asesores del FMI que dan asistencia técnica para actualizar los modelos de proyección de ingresos.

GOBERNADORES: TODOS PERJUDICADOS

Las gobernaciones regionales son de los pocos organismos que públicamente han reclamado por la falta de liquidez de la Dipres en el último semestre de 2024. A inicios de febrero, CIPER se contactó con los 16 Gores del país, y todos coincidieron en lo mismo: la Dipres no les entregó todo el presupuesto ejecutado en 2024. De acuerdo con los datos entregados a CIPER desde las distintas gobernaciones, el monto que dejó pendiente Hacienda con 10 de las gobernaciones es de $89 mil millones. A esto, se suman los recortes presupuestarios que realizó la Dipres durante el año, los que para todos los GORE sumaron $223.690 millones.

Desde Dipres dijeron a CIPER que: “En 2024 la deuda flotante de los gobiernos regionales alcanzó $130.584 millones, y para su pago se contaba con los recursos del saldo inicial de caja que les permitía financiar $79.096 millones, quedando pendiente por financiar $51.848 millones. Adicionalmente, durante enero de 2025 se le transfirieron $270.050 millones a los gobiernos regionales. Es decir, para el pago de la deuda flotante contaban con su propio saldo inicial de caja, además de los recursos que se transfirieron en enero”.

Las tres regiones a las que el Ministerio de Hacienda más les debe son: el Maule ($17.000 millones), Metropolitana ($15.900 millones) y Ñuble ($12.300 millones). Al cierre de esta publicación la única gobernación a la que Dipres le entregó fondos destinados para pagar la deuda flotante de 2024 es a la gobernación del Maule. El 17 de enero, el gobernador Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) se reunió con la directora de Dipres, Javiera Martínez, para gestionar la entrega de recursos destinados al pago de proveedores. La reunión fue gestionada por el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

Coloma confirmó a CIPER que asistió a parte del encuentro y que lo gestionó con el objetivo de que el nuevo gobernador del Maule se familiarizara con los organismos, en este caso, la Dipres. Cuatro días después de la reunión, al Gore del Maule se le entregaron $30.000 millones, casi el doble de lo adeudado ($17.000 millones).

En 2024 el Gore Metropolitano -a cargo de Claudio Orrego– tuvo un presupuesto de $177.309 millones. A pesar de que estos recursos fueron ejecutados al 100%, la Dipres no le entregó $15.900 millones, dejando una deuda flotante sin saldar. Desde el Gore RM dicen que no han podido pagarle a alrededor de 90 proveedores y se han retrasado en pagar las facturas de tres proyectos grandes en la región: Cerro Chena, en San Bernardo; Parque las Américas, en Conchalí, y Parque Claudio Arrau, en Colina.

Tras las consultas de CIPER a Dipres sobre el pago de fondos exclusivos al Gobierno Regional del Maule, la institución respondió que esta gobernación no fue la única en recibir traspasos en enero. Según Dipres, también se realizaron transferencias a otros gobiernos regionales en ese mes: Los Lagos, Valparaíso, Metropolitana, Aysén y Biobío. No obstante, estas gobernaciones informaron a CIPER que los fondos transferidos en enero corresponden al presupuesto de 2025 y no a recursos destinados al pago de deuda flotante de 2024.

CIPER revisó las tablas de ejecución presupuestaria de todas las regiones, publicadas en la página web de la Dipres, y pudo constatar que el monto total de recortes a todos los Gores durante 2024 fue de $223.690 millones. Los Gore de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo fueron los más afectados, con una disminución en su presupuesto del 47%, 33% y 31%, respectivamente.

Para el total de los recortes no se consideró a las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Arica y Parinacota. Estas tres recibieron leves aumentos en sus presupuestos, lo que significa que tenían mayor disponibilidad presupuestaria para ser comprometida en proyectos.

Durante el 2024, la Dipres recortó un 47% del presupuesto inicial del Gore de Tarapacá -a cargo de José Miguel Carvajal (Comunes)–  pasando de $66.500 millones a $35.200 millones. En total fueron siete rebajas durante 2024, cuatro en el primer semestre y el resto a finales de año. Desde el Gore explican que, a pesar de ser una de las regiones más afectadas por las rebajas, la Dipres les entregó la totalidad de los recursos solicitados. Aun así mantienen una deuda de $8.800 millones que ha sido acumulada a través de los años.

Las gobernaciones de Antofagasta, Coquimbo, Aysén, Los Ríos y Valparaíso, registraron recortes entre el 20% y 30% de sus presupuestos iniciales. Para estos casos, solo las regiones de Coquimbo y Los Ríos tienen deudas flotantes, de $9.370 millones y $4.211 millones, respectivamente. Valparaíso -encabezado por Rodrigo Mundaca (Independiente)– sufrió un recorte superior al 20% a lo largo de 2024, reduciendo su presupuesto de $101.307 millones a $80.707 millones.

Luis Cuvertino (PS), gobernador de Los Ríos, explicó que desde septiembre de 2024, la Dipres les transfirió menos de lo que solicitaron. Incluso, indicó que en noviembre Hacienda les entregó cero pesos, a pesar de haber ejecutado $6.300 millones para gastos.

Los Gores Metropolitano y de Valparaíso explicaron a CIPER que el monto que se asigna a los gobiernos regionales en la Ley de Presupuesto, depende de la eficiencia con que ejecutaron los recursos que se les entregaron el año anterior. Por ejemplo, si ejecutan menos gasto que el presupuestado, al año siguiente, su partida se verá reducida. Según ambos Gore, para el 2025 no se consideró este criterio, pues ambas instituciones ejecutaron el 100% de su presupuesto 2024 y, aun así, sufrieron rebajas para 2025.

Una consecuencia que ha generado la deuda flotante es que las gobernaciones comenzaron a finiquitar los pagos pendientes a través de las remesas del presupuesto 2025. Los Gore de Coquimbo, bajo el mandato de Cristobál Juliá, y en Los Lagos, a cargo de Alejandro Santana (RN), revelaron a CIPER que debieron comenzar el año pagando las deudas de 2024 con el dinero que han recibido del presupuesto 2025.

DEUDA FLOTANTE Y NÚMEROS NEGATIVOS DE MINISTERIOS

No solo las gobernaciones sufrieron problemas con la falta de liquidez que reportó Hacienda. En octubre de 2024 la Dipres solicitó a distintas reparticiones de gobierno que aplazaran parte de los pagos comprometidos para el último trimestre del año, argumentando que había problemas de caja, pero que lo pagarían los primeros meses de 2025. Además, el pago del reajuste y diversos bonos para los funcionarios se vieron aplazados por la tardanza de la Ley Miscelánea de Reajuste al Sector Público, la que fue promulgada recién el 3 de enero, a pesar de que se suele tramitar junto con el presupuesto anual en octubre.

CIPER revisó los informes financieros de las 31 instituciones que publica la Dipres, en específico los gastos ejecutados pendientes de pago, y constató que en 2024 los denominados gastos devengados alcanzan los $2.673.416.576.000. Durante los cuatro años de la administración actual, el monto de deuda se ha duplicado, en 2021 la cifra pendiente fue de $1.392.854.044.000 y se disparó en 2023 a $2.372.740.109.000. Es importante destacar que estos gastos devengados no corresponden únicamente a fondos no traspasados por Dipres, sino que incluye gastos que pueden estar asociados a otros ingresos, como prestación de servicios, arriendos u otros.

Los retrasos en los pagos autorizados por Dipres trajeron consigo distintas dificultades al interior de los organismos y, aunque se aseguró el pago de sueldos, desde tres carteras distintas explicaron a CIPER que se tuvo que postergar el pago de bonificaciones, como las de término de conflicto. Otro antecedente que llamó la atención en los últimos meses fue el retraso en el ingreso de la Ley Miscelánea para el reajuste del sector público que usualmente se tramita junto a la Ley de Presupuesto. “Esta ley se demoró en su tramitación hasta comienzos de enero y eso significó que el reajuste fuera pagado junto con el sueldo de enero. Esto no es habitual”, consignó a CIPER un funcionario de finanzas que pidió la reserva de su identidad.

Desde la Dipres señalaron que “esto se debió a que [La Ley Miscelánea] tuvo que pasar por control preventivo en el Tribunal Constitucional, a diferencia de otros años. En el caso de Mineduc, esto es especialmente importante, porque, luego de publicada la ley, requiere decretos que tienen que elaborarse desde Mineduc hacia municipios, trabajadoras VTF, entre otros. Sobre el retraso de pago de honorarios, esta Dirección no tiene información al respecto, dado que responde a una gestión propia de cada servicio” (lee la respuesta completa aquí).

La impresión común entre los encargados y funcionarios de áreas de presupuestos ministeriales consultados por CIPER es que la Dipres “atrasó los pagos porque no tenía caja”. Incluso, coinciden en que “no habían visto algo parecido”. Al igual que en el caso de las gobernaciones, los pagos quedaron postergados para la siguiente fecha de recaudación del Servicio de Impuestos Internos, que ocurrió el 17 de enero de 2025.

Según los propios datos publicados por Dipres, los ministerios de Educación y Obras Públicas son los organismos que más han aumentado su deuda flotante desde 2021. El Mineduc aumentó su deuda de $240 mil millones a $1.428 mil millones. Esto recae principalmente en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la que concentra gran parte de esos gastos pendientes de pago. Aunque, fuentes de Hacienda aseguran que la ejecución de la Ley de Nueva Educación Pública también ha significado “pagos extraordinarios”.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas, este registra un incremento del 153% en saldos pendientes desde 2021. Para el año pasado registró $422 miles de millones en deuda flotante concentrados en los departamentos de vialidad y concesiones de obras públicas.

A pesar de que la mayoría de los consultados apunta a que el Minsal es el ministerio que tiene más deuda flotante, los gastos devengados de esta cartera han ido a la baja. En 2021 el Minsal registró la deuda más alta, de $506.425.299.000, y en los años siguientes se mantuvo, pero en 2024 disminuyó significativamente a $289.523.995.000.  

Dos altas autoridades de gobierno explicaron a CIPER que los problemas de cálculo de ingresos llevaron a que los presupuestos se restringieron a tal punto que, en un inicio, el Ministerio de Hacienda había hecho reducciones a partidas fundamentales, pero que estas fueron retrotraídas. Lo que no se pudo contener fue el pago de bonificaciones extras a los salarios, lo que trajo consigo algunos inconvenientes con asociaciones de funcionarios. El problema, asegura una de estas autoridades, “es porque no alcanza con lo que se está recaudando”.  

Por último, los balances presupuestarios publicados por la Dipres dan cuenta de un último indicador: el resultado de la resta entre ingresos y gastos anuales. De las 31 instituciones analizadas por Dipres, 22 cerraron el 2024 con números negativos, al igual que en 2023. Las diferencias de montos entre los ingresos y gastos son variadas, pueden ir desde un déficit de $10 millones, hasta más de $850 mil millones. Si bien en los años anteriores (2021-2022) también se registran ministerios con resultados negativos, los montos totales no son comparables con los de los últimos años.