Funcionarios de la Fiscalía Nacional declaran cómo Guerra selló salidas de Moreira, Wagner, Délano y Lavín del caso Penta

La exjefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera; su par de Delitos Tributarios, Mauricio Fernández, y el exasesor de esa unidad, Andrés Salazar, explicaron ante los fiscales que investigan a Manuel Guerra, que ellos no estuvieron de acuerdo con la forma en que puso fin al Caso Penta: “Cuando vi eso de las clases de ética sentí vergüenza”, dijo Salazar. El exjefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, también declaró hace unas semanas y entregó un correo en que Guerra le pidió que lo sacara del Caso Penta, porque el equipo técnico de la Fiscalía Nacional no estaba de acuerdo con las salidas de los controladores del Holding, Carlos Délano y Eugenio Lavín, ni del exsubsecretario Pablo Wagner. Marta Herrera, en tanto, desclasificó la vez en que Guerra se ofreció para asumir también la indagatoria del Caso SQM.

Créditos imagen portada: Agencia Uno

Andrés Salazar, exsubdirector de la Unidad de Delitos Tributarios de la Fiscalía Nacional, declaró el 18 de octubre de 2024 ante el fiscal Mario Carrera, quien investiga al exfiscal Manuel Guerra en una de las aristas abiertas por el Caso Hermosilla. En su testimonio, Salazar dijo haber sentido vergüenza tras conocer las decisiones tomadas por Guerra que favorecieron a diversos imputados en el caso Penta, particularmente cuando los controladores de ese holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueron condenados a tomar clases de ética. 

“Era la causa más grave en estas materias [financiamiento político ilegal] en la historia del país. Me enteré del resultado de la audiencia por los medios de comunicación y reconozco que cuando vi eso de las clases de ética sentí vergüenza, y no podía entender el motivo por el que se había llegado a esa decisión”, señaló el abogado, quien, por entonces, había evacuado un informe técnico sobre el caso donde concluía lo contrario: que no se debía llegar a un acuerdo con los dueños de Penta.

El Ministerio Público ha citado a declarar a exfuncionarios de la Fiscalía Nacional con quienes Guerra se relacionó mientras investigaba el caso de financiamiento ilegal a la política que terminó con salidas alternativas, sin llegar a juicio oral. 

Además del testimonio de Salazar, CIPER tuvo acceso a las declaraciones de la exdirectora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, y del exdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Medioambientales (ULDDECO), Mauricio Fernández. 

En sus relatos, todos coinciden en que Guerra cambió de criterio en un breve lapso, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, respecto al destino de imputados claves. Así sucedió, por ejemplo, con el senador Iván Moreira (UDI), a quien se le otorgó una suspensión condicional del procedimiento, mecanismo que consistía en cerrar la investigación y al cabo de un año, si no se había involucrado en otro ilícito, aplicar el sobreseimiento definitivo. Otro tanto ocurrió con Délano y Lavín, los controladores de Penta, a quienes Guerra les eliminó el delito de soborno y, con ello, la imputación de cohecho al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI), quien había recibido más de $40 millones del holding mientras ejercía ese cargo. 

Marta Herrera reveló que, en una reunión a inicios de 2018, presenció el giro de Guerra. Eso ocurrió inmediatamente después de mensajes por WhatsApp entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, fechados en diciembre de 2017, los que The Clinic publicó en octubre pasado. En ese intercambio, el 29 de diciembre, Guerra le señaló a Hermosilla: 

Guerra: No sé si te contó ACH [Andrés Chadwick] en lo que estamos por Moreira. 

Guerra: Pero Abbott no quiere suspensión para él. 

Hermosilla: No.

Hermosilla: Pero tú me dijiste algo. 

Guerra: Pero no se necesita autorización de Abbott. 

Guerra: Así que lo haremos. 

Y agrega: 

Guerra: Yo el martes tengo reunión con el (Abbott) para convencerlo de flexibilizar en Penta pero te aseguro que no habrá respaldo explícito. 

Pocos días después, Marta Herrera estuvo en una reunión entre Guerra y Abbott. En ella, Guerra plantea por primera vez los cambios que quería aplicar en el Caso Penta:

“Todo siguió un curso normal hasta el año 2018, que recuerdo que Manuel [Guerra] pidió reunión con Jorge Abbott respecto del Caso Penta y Jorge Abbott me pidió que lo acompañara. En esta ocasión Manuel Guerra cuenta la tesis que, según él, el cohecho era muy débil y estaba pensando en recalificar por enriquecimiento ilícito. Señala que está viendo una opción y que había hablado con las defensas para efectuar recalificaciones, esto es con Julián López [abogado de los controladores del holding]. Yo dije en ese momento de manera categórica que eso implicaba que no iba a haber imputación en contra de Lavín y Délano, y lo que más insistí era que esas decisiones, a mi juicio, debía tomarlas el tribunal”.

Salazar también da cuenta de que Guerra cambió de un minuto a otro sus decisiones, a partir de la salida del senador Moreira del caso: “Nunca había visto un delito de facilitación de facturas falsas con más pruebas que las que había en ese caso [de Moreira], lo que no siempre es fácil, entonces era un caso paradigmático y que estaba en condiciones de ser llevado a juicio oral, pues la acusación se encontraba sumamente fundada. En esas circunstancias aparece esta suspensión condicional, que acá en la Unidad de Delitos Económicos nos dejó perplejos”.

El director de esa unidad, Mauricio Fernández, también reforzó esa idea en su declaración: “Este Caso Penta fue polémico en primer lugar por haber logrado un desafuero del senador Iván Moreira y de ahí arribar a una suspensión condicional. Luego, viene una reformalización [la de Pablo Wagner]”, dijo, señalando que no sabía cómo ocurrió: “No tengo el detalle de cómo se gestó la eliminación de cargos, que sí estaban en la formalización original”.

Fernández explicó que Guerra sí le consultó acerca de un recurso de queja que pensó ingresar a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se había decretado el sobreseimiento de Santiago Valdés, un estrecho colaborador de Sebastián Piñera, formalizado por delitos tributarios ( vea el reportaje “Fiscalía reconstruye los pasos de Manuel Guerra: así se selló la salida del administrador electoral de Piñera del caso Penta”). Pero, Guerra no presentó el recurso. Aunque apoyó esa determinación, Fernández precisó lo siguiente en su declaración del 29 de octubre pasado: 

“Debo aclarar que el involucramiento de la unidad de delitos económicos respecto de la petición de sobreseimiento del imputado Valdés sólo ocurre en su fase terminal y extraordinaria de un eventual recurso de queja, pues no se nos pidió opinión ni apoyo en las fases previas de garantía o de la Corte de Santiago, según los antecedentes que pude tener a la vista”.

Marta Herrera, exjefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía (Créditos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno)

EL CORREO A ABBOTT

El exfiscal nacional, Jorge Abbott, también declaró hace algunas semanas. Según conocedores de su testimonio, señaló sentirse decepcionado de Guerra, responsabilizándolo del desprestigio que vivió el Ministerio Público bajo su gestión. Abbott entregó un correo electrónico que Guerra le envió en junio de 2018, cuando La Tercera publicó que la Unidad Anticorrupción (UAC) de la Fiscalía Nacional se había opuesto al cambio de delitos en el Caso Penta (vea ese artículo). 

En su correo, Guerra solicitó a Abbott que reasignara la causa Penta a otro fiscal, pues en la UAC, que dirigía entonces Marta Herrera, no estaban de acuerdo con su criterio de recalificar los delitos. Según conocedores del intercambio de correos (cuyos extractos también se hicieron públicos en 2018), el fiscal nacional le respondió el 11 de junio de ese año que no accedería a su petición. En el mail, Abbott le explicó que no iba a intervenir en la causa, no solo porque se había inhabilitado voluntariamente, debido a que tenía un parentesco con el exministro Alfredo Moreno (quien fue presidente del directorio de Penta), sino, además, por la autonomía de las causas que llevan los fiscales regionales. 

Según ha señalado Abbott a personas que integraron su equipo en la Fiscalía Nacional, hoy ve que lo que buscaba Guerra con ese correo era validar el camino que estaba tomando. Esto, porque según explican cercanos al exfiscal nacional, Guerra sabía que Abbott no lo iba a sacar de la causa, dada su pública inhabilitación en el caso. 

Herrera y Fernández también aportaron correos electrónicos. Particularmente, el mensaje en que Herrera le señala a Guerra que, a su juicio, debía mantenerse el delito de cohecho y no recalificarlo como enriquecimiento ilícito en el caso de Wagner, mensaje que fue publicado en un reportaje de TVN en noviembre pasado.

Jorge Abbott, exfiscal nacional (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

SOBRE DOMINGA, EXALMAR Y SQM

La exjefa de la UAC también reveló un detalle desconocido hasta ahora: las intenciones de Guerra de hacerse cargo del caso SQM -que entonces llevaba el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez- y de todas las causas de financiamiento político ilegal.  

“Recuerdo que Manuel Guerra me manifestó en más de una ocasión que quería asumir la investigación de SQM. De hecho, tuvimos una reunión en la Fiscalía Nacional en calle General Mackenna, a donde vino todo el equipo de SQM”, dijo Herrera. Y añadió: “Ahí se discutió que debían seguirse lineamientos comunes en las distintas investigaciones, y para velar por estos estándares ante la ciudadanía se discutió por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, si era mejor dejar todo en manos de un fiscal regional y un equipo investigador, respecto de lo cual, Manuel Guerra se manifestó señalando que estaba disponible para dicha tarea, lo que le había manifestado directamente el fiscal nacional previamente”.

Tanto Salazar como Herrera detallaron en sus declaraciones lo sucedido cuando CIPER y LaBot publicaron, en el marco de la investigación periodística internacional Pandora Papers, un reportaje sobre la participación de la familia Piñera en la venta de la minera Dominga a la familia Délano. En ese artículo se reveló que la venta incluyó una cláusula que estipulaba que si en el lapso de un año se protegía ambientalmente la zona donde se instalaría la mina y su puerto, no se concretaría la última cuota -que ascendía a US$9,9 millones- del pago. La noticia generó una crisis política, debido a que la decisión de aplicar alguna protección ambiental dependía del gobierno de Sebastián Piñera, jefe de la familia que recibiría el pago, lo que implicaba exponer a la Presidencia de la República a un evidente conflicto de intereses. 

Guerra ya había investigado Dominga y el caso Exalmar, que también apuntaba contra el expresidente Piñera. En ambos casos aplicó el sobreseimiento, omitiendo la cláusula que, cuatro años después, en 2021, fue revelada por los Pandora Papers y que obligó a reabrir la causa. 

Salazar cuenta un detalle del Caso Exalmar que le llamó la atención: “Tuvimos una reunión con Guerra, donde le recomendamos incautar computadores para ubicar más antecedentes. Aquí hubo una actitud que no me pareció, dado que fue demasiado conversada: fueron los propios imputados quienes definieron qué se entregaba y en qué forma”, dijo.

Y prosiguió: “Sin embargo, años después aparece una noticia en prensa de que dentro de los antecedentes incorporados en esta carpeta habría un contrato entre el presidente Piñera y familia Délano en torno a la compra de la minera Dominga, donde se condicionaba el pago de un premio si no se modificaba la regulación jurídica que existía sobre la parte de un territorio donde se emplazaría el puerto del proyecto minero, como ambientalmente protegida. El premio de la cláusula creo que rondaba el millón y medio de dólares. Sabido esto, me comunico con el Fiscal Nacional y con la Jefa de la Unidad Anticorrupción, doña Marta Herrera, pues cuando analizamos esa causa el señor Guerra no nos adjuntó, ni nos dijo nada respecto de ese documento, a pesar de ser información de gran trascendencia”.

Salazar señaló que Herrera le encargó a un subalterno que fuera a la Fiscalía Oriente y revisara físicamente la carpeta de la investigación que había llevado Guerra, corroborando que el documento con la cuestionada cláusula estaba materialmente en ese archivo, pero que no había sido compartido con las unidades técnicas de la Fiscalía Nacional. “Acá en Uldecco revisamos lo que se nos había enviado digitalmente antes, por el Caso Exalmar, y vimos que esa carpeta no se había digitalizado ni compartido, por lo que no tuvimos acceso a dicho antecedente”, agregó. 

Herrera en tanto, recordó algo parecido: “Primero costó mucho rearmar la carpeta puesto que esta investigación la había llevado sólo Manuel Guerra y sin ayuda de nadie”, dijo. “Lorena Parra [sucesora de Guerra en la jefatura de la Fiscalía Oriente] trataba de reunir los antecedentes ya que había asumido recién como fiscal regional pero le era dificultoso. Una vez reconstruida la causa y estudiados los antecedentes, mi equipo y yo, llegamos a la conclusión de que habían hechos que podían revestir caracteres de delito, a lo menos delitos de cohecho por parte de Sebastián Piñera o de su círculo cercano que debían investigarse”. 

Mauricio Fernández adjuntó varios correos relacionados con el Caso Dominga, pero precisó que Salazar fue quien representó a su unidad en esa causa. En estos se lee cómo el equipo de fiscales a cargo de la fiscal regional a cargo, Claudia Perivancich, se organizaban e intercambiaban ideas para dar curso a la investigación. Entre los lineamientos propuestos como diligencias en esos correos, se planteó tomar declaración al exfiscal Guerra, algo que finalmente no sucedió.