Una mujer que trabajaba en el Ministerio del Interior presentó una querella en la que acusa haber sido extorsionada dentro de esa secretaría de Estado, entidad que paradójicamente es la encargada de la seguridad pública y el combate al delito. La fiscalía confirmó que se abrió una investigación, en la que ya se encargaron diligencias a la PDI. La denunciante sostiene en su querella que en diciembre de 2023 recibió correos en los que le pedían $2 millones para no difundir “conversaciones de carácter sensible” que sostuvo, mediante WhatsApp, con otra persona del ministerio. Esos datos habrían sido extraídos de las cuentas de correo y WhatsApp de la entonces funcionaria, por lo que la PDI pesquisa el eventual delito de acceso ilícito a sus dispositivos electrónicos.
“Hemos hackeado su whatsapp y obtenido sus conversaciones. Tenemos los contactos de los involucrados y conocemos su calidad de funcionario público de confianza, por lo que imaginamos que no espera que esto sea publicado. Enviamos algunas fotos de prueba, pero tenemos todo respaldado. Conteste el presente correo y daremos instrucciones de cómo evitar que se filtre la información. En caso de hacer una denuncia, se revelará todo. por la verdad”. Ese es el texto del primer correo extorsivo que una exfuncionaria del Ministerio del Interior asegura haber recibido el 27 de diciembre de 2023, cuando todavía se desempeñaba en esa secretaría de Estado.
Dos semanas después, el 10 de enero de 2024, la entonces funcionaria presentó una querella criminal en la que acusó haber sido blanco de una extorsión dentro del Ministerio del Interior, entidad que paradójicamente está encargada de la seguridad pública. Esto originó una investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y que está alojada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la que se pesquisan los eventuales ilícitos de extorsión y acceso ilícito a información. En el Ministerio Público informaron que esta indagatoria quedó a cargo de la fiscal Liliana Machuca.
En la fiscalía confirmaron que ya se pidieron diligencias a la PDI, la que pesquisa un eventual acceso ilícito a los dispositivos electrónicos de la denunciante, y también que la investigación tiene carácter de reservada.
En la querella, en tanto, se solicitó a la fiscalía “despachar una orden de investigar al Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile”, con el fin de realizar “pericia informática al celular y al computador del que se extrajeron los mensajes” y, de esta forma, rastrear “las direcciones IP de las que provienen los mensajes delictivos”.
La acción judicial interpuesta por la denunciante también pide que se cite a declarar a siete personas, algunos de ellos funcionarios de Interior. Para este reportaje se contactó a uno de los funcionarios mencionados en esa nómina, quien declinó referirse al caso, argumentando que “es una investigación vigente”.
De acuerdo con el relato contenido en la querella y con los antecedentes recabados para este artículo, la denuncia se originó por correos electrónicos y un mensaje de WhatsApp recibidos por la entonces funcionaria entre los días 27 y 29 de diciembre de 2023, en los que, según su versión, le exigieron el pago de $2 millones a cambio de no revelar detalles sensibles de su relación con otra persona que trabajaba en la misma secretaría de Estado. Para este reportaje se pudo establecer la identidad de ambas personas y los puestos que ocuparon en el ministerio. Estos datos, así como los de otras personas relacionadas con los hechos, se mantendrán bajo reserva en este artículo para proteger a eventuales víctimas y por tratarse de un caso que, aún en proceso de investigación, afecta la vida privada de los involucrados.
Antes de que se presentara la querella, en el Ministerio del Interior ya se había abierto un sumario a raíz de los mismos hechos denunciados como extorsión. Consultada esta secretaría de Estado por ese sumario, la respuesta es que no pueden referirse a ese tema, porque es una investigación que aún está en curso. También se contactó al funcionario encargado de llevar el sumario, quien señaló que no habla con periodistas. Y, a través del Departamento de Prensa de la subsecretaría, se informó que “los hechos sobre los que consulta se encuentran bajo el resguardo y reserva de información que poseen los procesos investigativos administrativos, por tanto, no corresponde que el funcionario mencionado o cualquier otro perteneciente a esta división se manifiesten sobre ellos”.
No obstante, tuvimos acceso a un documento en el que la denunciante pide al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el cambio del funcionario a cargo del sumario. En ese documento se señala que la indagatoria interna se abrió por la Resolución Exenta N°6.375, del 29 de diciembre de 2023. El 5 de enero de 2024 la funcionaria fue citada a declarar, lo que quedó agendado para el 10 de enero, mismo día en que presentó la querella en la que denunció haber sido extorsionada.
También consultamos a la Subsecretaría del Interior si en esa repartición conocían la indagatoria de la fiscalía: “Se trata de una causa penal que está en manos del Ministerio Público, motivo por el cual como servicio no nos corresponde pronunciarnos”, fue la respuesta.
LOS CORREOS DE “VERDAD LUZ"
El primer correo extorsivo cayó en la bandeja de entrada de la denunciante a las 12:08 del miércoles 27 de diciembre de 2023. Así quedó registrado en la querella, de diez páginas, que fue revisada para este reportaje. En ese documento se indica que los correos extorsivos fueron enviados desde una dirección de email bajo el nombre de usuario “Verdad Luz”.
Según detalló la denunciante en la misma querella, en el primer correo se “adjuntaron tres capturas de pantalla de conversaciones de carácter sensible sostenidas mediante la plataforma WhatsApp con (acá menciona a una persona del ministerio).
De acuerdo con la versión contenida en la querella, pasadas las 13:00 de ese mismo día la denunciante contestó el correo: “Ok qué quieren?”.
Verdad Luz le envió un nuevo email: “Se le enviará el día de mañana un link de pago, vía Pay pal con el monto solicitado, el cual será de $2.000.000.- En caso de no recibir el pago hasta las 23:00 de ese día, se procederán a enviar la conversación a los siguientes contactos relacionados con usted”. Y, a continuación, se desplegaba una nómina que, según lo relatado en la querella, contenía amigos, familiares y otros funcionarios públicos.
Conforme a lo señalado en la querella, el mismo 27 de diciembre, pero a las 18:25, apareció el siguiente mensaje de Verdad Luz en el correo de la denunciante: «Para su consideración se adjunta lo que será enviado en caso de no seguir las instrucciones”. El adjunto era un archivo en formato.txt que contenía un intercambio de mensajes por WhatsApp entre la denunciante y su colega del ministerio.
Al día siguiente, el 28 de diciembre de 2023, la denunciante esperó el link para transferir el dinero. Pero nunca llegó. Fue en medio de ese silencio que habría decidido denunciar los hechos. De acuerdo a lo expuesto en la querella, la entonces funcionaria aseguró que en su teléfono y su cuenta de WhatsApp tenía archivos con información reservada del Ministerio del Interior.
El 29 de diciembre de 2023, según se relata en la acción judicial de la denunciante, recibió un mensaje anónimo a través de la red social Telegram. El texto, redactado con un tono muy distinto a los correos iniciales, provenía de un número que hoy está inactivo. La persona que lo envió aseguró en ese escrito que era autora de la extorsión, pidió perdón y aseguró que había borrado todo.
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