Los errores y omisiones que derrumbaron la acusación de la fiscalía contra exjesuita por atentado en La Araucanía

Desde el Ministerio Público se ha dicho que la decisión de no perseverar contra el exjesuita Luis García-Huidobro, por su presunta participación en un atentado incendiario en La Araucanía, se debe a que una testigo protegida clave desistió de declarar en el juicio. Pero, la revisión de la carpeta investigativa, a la que CIPER tuvo acceso, muestra una serie de fallas en las pesquisas. En las declaraciones de la misma testigo protegida, así como en el reconocimiento fotográfico en el que participó, se verificaron inconsistencias relevantes. Además, se acreditó que, a la misma hora del ataque, el acusado posteó en Facebook desde una ubicación distinta a la del atentado. A pesar de estos antecedentes, García-Huidobro pasó seis meses en prisión en 2024.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno

Luego de tres años de investigación, la fiscalía decidió no perseverar en las acusaciones contra el exjesuita Luis García-Huidobro Andrews, quien en 2024 permaneció seis meses en la cárcel acusado de actos terroristas cometidos el 25 de octubre de 2021 contra un predio de Forestal Casablanca, en Carahue, Región de La Araucanía. Desde el Ministerio Público se ha argumentado que la determinación de no seguir adelante se debe a que una testigo protegida clave, que supuestamente había reconocido al acusado, finalmente decidió no declarar ante el tribunal, versión que fue recogida por la prensa. 

CIPER revisó las miles de páginas de la carpeta investigativa y, más allá de que la testigo desistió de seguir declarando, las imputaciones se basaban en evidencia que contenía errores y omisiones. En las mismas declaraciones de la testigo protegida, así como en la ronda de reconocimiento fotográfico en la que ella participó, se verificaron inconsistencias. Y los detalles de esos procedimientos no fueron entregados a la defensa del exjesuita hasta tres años después de iniciada la causa, por lo que recién entonces, cuando García-Huidobro ya llevaba cerca de cuatro meses en prisión preventiva, su abogado pudo percatarse de las irregularidades. 

Además, en el proceso quedó acreditado que, a la misma hora en que se produjo el atentado, el acusado posteó mensajes y emojis en Facebook desde una ubicación distinta, factor que la fiscalía no tomó en consideración.

Las imputaciones del fiscal Felipe González -que fue trasladado a Temuco- se derrumbaron en diciembre de 2024, luego de que se hicieran evidentes la serie de fallas en las indagatorias encabezadas por los funcionarios de la PDI Jorge Chavarría, Viviana Morales y Ernesto Carrasco.

LOS HECHOS Y LOS ERRORES

Las primeras contradicciones asomaron el mismo día del ataque -el 25 de octubre de 2021- con las declaraciones de una víctima que luego se convertiría en testigo protegida, la misma que finalmente desistió de seguir declarando contra García-Huidobro. En su primer relato, esta persona dijo al suboficial Jhony Cariqueo, de la Comisaría de Carahue, que los agresores estaban encapuchados. Una hora más tarde, en declaraciones a la PDI, sostuvo que ella había encarado a los atacantes y que uno se había quitado la capucha, por lo que pudo ver su rostro, describiéndolo como alguien de tez blanca y ojos azules. Esto, posteriormente, llevó a los investigadores a pensar en García-Huidobro, quien había adquirido notoriedad tras publicar columnas en defensa de los mapuche que piden la restitución de tierras.

En la acusación contra el exjesuita siempre figuró como factor basal la declaración de la testigo, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, pero no se le informó a la defensa de García-Huidobro que esta parte del relato apareció recién en el segundo testimonio de la mujer y que en el primero no los había mencionado.

“Escuché disparos y salí a ver que sucedía. Vi muchas personas (…) vestidas con ropa militar y encapuchados (…) me apuntaron con sus armas, diciendo ‘sal de la casa concha de tu madre o quieres morir’ (…) me sacaron (…) y me lanzaron al suelo. Con bidones de combustible rociaron las habitaciones [de las viviendas]. Para luego, desde las ventanas, disparar en varias oportunidades hasta que explotaron los bidones y se incendió mi casa”, relató la mujer en la declaración inicial que hizo a las 18:00 en punto ante el carabinero Cariqueo, según quedó registrado en el parte policial (vea esa declaración de la testigo protegida).

El testimonio cambió en aspectos clave cuando la misma mujer fue interrogada por miembros de la PDI más de una hora después, a las 19:10. Ante estos funcionarios, la testigo firmó una declaración en la que aseguró que al salir de su casa había encarado a los atacantes. “Si son tan choros muestren la cara”, afirmó que les había dicho. 

Luego, según este segundo relato, uno de los encapuchados descubrió su rostro, y la testigo aseguró que pudo observar que era alguien de tez blanca y ojos azules, además de delgado y de una estatura de 1,70 metros (ver la segunda declaración).

El abogado Tomás Palacios, quien representó a Luis García-Huidobro y obtuvo su libertad, señaló que el fiscal no le informó que eran declaraciones distintas y que eso sólo lo pudo advertir cuando viajó a Traiguén y pidió que le mostraran la carpeta investigativa.

El 9 de noviembre de 2021 aparecieron otros cambios en las declaraciones registradas a nombre de la testigo reservada. Ese día, la PDI elaboró un retrato descriptivo, basándose en un nuevo testimonio de la mujer, la que ahora describió el agresor como un hombre de 1,75 a 1,80 metros -aunque inicialmente había dicho que medía 1,70-, de unos 40 años, contextura media, tez blanca y ojos azules. En otra situación anómala, la descripción no consignó la firma de la testigo. Esta pericia estuvo a cargo de la funcionaria María José Valencia Rosales, miembro del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) Regional de Temuco.

El retrato hablado, además, mostraba a un hombre con barba, pese a que esa característica no figuraba en la descripción que detalló la testigo protegida. En ese documento también se consigna que el sospechoso tenía “acento gringo” (vea el informe).

A posterior, el 11 de noviembre de 2021, la testigo protegida realizó un reconocimiento fotográfico. En esa ocasión, señaló por primera vez que el atacante tenía barba y bigote rubio. Este reconocimiento fotográfico incurrió en varias anomalías, incumpliendo los protocolos de la fiscalía sobre la materia. Por ejemplo, participan de esta diligencia los funcionarios Jorge Chavarría, Viviana Morales y Ernesto Carrasco, pese a que, según protocolo, no debían ser parte de esta instancia, debido a que habían participado en las etapas previas de la investigación.

Imagen referencial (Créditos: Mauricio Méndez / Agencia Uno)

Pero hay más. De las 20 personas que figuraban en el set de imágenes para el reconocimiento fotográfico, sólo una tenía los ojos azules y cabello, barba y bigote rubios: Luis García-Huidobro. Y, de la veintena de sujetos que aparecían en las fotos, solo dos eran mayores de 40 años. Es decir, a la misma testigo que describe al atacante como rubio de ojos azules y de unos 40 años, se le exhibe un set de fotos en que solo una persona es rubia y de ojos azules y apenas dos son mayores de 40 años.

En relación a estas inconsistencias del proceso, en una carta enviada a la Fiscalía Nacional el 11 de agosto de 2024, el abogado Tomás Palacios reclamó que, después de tres años de investigación, recién había podido acceder a las pruebas contra su defendido y conocer los detalles del reconocimiento fotográfico en que se fundaba la acusación.

“Cabe destacar que esta defensa, sólo a partir del día 2 de agosto de 2024, tuvo acceso a los anexos que dan cuenta de la realización del presunto reconocimiento fotográfico de Luis García-Huidobro por parte de la víctima, al concurrir presencialmente a la Fiscalía Local de Traiguén, con motivo de una solicitud urgente para revisar materialmente la carpeta de investigación”, señala esa misiva. 

“Ni en las copias entregadas a la Defensoría Penal Pública, ni en las copias entregadas a esta defensa penal privada antes del 02 de agosto de este año [2024], se incluyeron esos antecedentes. Alguien del Ministerio Público omitió agregar a las copias esta relevante prueba”, ahondó el jurista.

Pese a estas debilidades, la policía y la fiscalía mantuvieron su hipótesis de que Luis García-Huidobro era el atacante con “acento gringo” de hasta 1,80 metros que se había levantado la capucha durante el ataque al Fundo Casablanca (vea el informe).

Incluso, once meses después del ataque, el 26 de septiembre de 2022, la PDI entregó a la Fiscalía el informe 484/854, ahondando en su tesis. En ese documento, de hecho, la institución reveló que aquel retrato hablado había sido visto por agentes de la Brigada de Investigaciones Policiales especiales Temuco (BIPE), “quienes llegaron al consenso que la representación mantenía características físicas similares con un sujeto a quien describieron como el cura o el jesuita, correspondiente a Luis Alberto García-Huidobro Andrews”. 

En aquel documento, donde no se identifica qué agentes expertos habrían arribado a aquella conclusión, también se asegura que Luis García-Huidobro “habría sido históricamente asociado a la agrupación Weichán Auka Mapu (WAM)”, afirmación que tampoco está respaldada con pruebas (vea ese informe).

Otro de los factores que se tuvieron en consideración para proceder contra García-Huidobro fue su presencia en medios de comunicación, a través de columnas de opinión que él escribió y que fueron publicadas en El Mostrador, The Clinic y El Quinto Poder, entre otros medios (vea un informe de la PDI sobre estos textos).

Resultan evidentes dos contradicciones en la investigación encabezada por el fiscal Felipe González. Primero que, a diferencia de los testimonios recabados por las policías, Luis García Huidobro mide 1,62 metros, según consigna su Ficha de Atención de Examen de Medicina Preventiva del Adulto, realizada en el CESFAM de Tirúa el 30 de mayo de 2018. Segundo, su acento no es “gringo”, si no, más bien, campesino (aunque, según los informes de la PDI sobre la interceptación de sus comunicaciones, cuando habla con su familia usa una forma más culta, pero coloquial).

LA HUELLA DIGITAL

En febrero de 2022, convencidos de que Luis García-Huidobro era el principal sospechoso del ataque incendiario al Fundo Casablanca, los agentes de la PDI pidieron por oficio al fiscal Felipe González la interceptación tanto de su tráfico telefónico como de sus redes sociales. 

El 10 de mayo de ese año, el Juzgado de Garantía de Carahue autorizó a la policía para que accediera al Facebook de Luis García-Huidobro, para reconocer la “IP de conexión de publicaciones realizadas y/o mensajes enviados a partir del 01 de octubre de 2021 a la fecha de la orden judicial (10.05.2022)” y para “acceder a la última IP de la cuenta”.

Con esa autorización, el agente de la PDI Sergio Baeza accedió desde su computador fiscal al Facebook del imputado el 19 de mayo de 2022, tal como lo indica la página 42 del ya mencionado Informe Policial 484/854 del 26 de noviembre de 2022.

En la audiencia de formalización, el fiscal González dijo que Luis García-Huidobro no había tenido publicaciones ni movimientos en sus redes sociales el día 25 de octubre de 2021. Agregó que el imputado había tenido su celular apagado o desconectado el día del atentado. De esta forma, se podía concluir que carecía de una coartada asociada a comunicaciones personales hechas desde lugar un lugar diferente al del ataque incendiario. Esta afirmación se hizo a pesar de que existía un informe policial que señalaba que Luis García-Huidobro sí había recibido llamadas ese día (ver informe.

Además, Luis García-Huidobro también tuvo actividad regular en Facebook aquella jornada. Su cuenta registra actividad en comentarios y reacciones en los siguientes horarios desde las 06:44 y hasta las 20:05 horas.

En sucesivos informes sobre las comunicaciones telefónicas de Luis García-Huidobro, la policía admite que no hay ningún diálogo que lo involucre en los hechos investigados, pese a lo cual los agentes de la PDI insisten en mantener las medidas intrusivas, argumentando que el objetivo de la interceptación de comunicaciones es saber cuándo se encontrará “fuera de su zona de seguridad para realizar su eventual detención sin arriesgar la integridad de funcionarios, del material policial y del mismo imputado, o una eventual respuesta armada de simpatizantes durante su traslado”. Así lo señala un documento del 20 de marzo de 2023 (ver ese informe).

Incluso, el Informe Policial 249/854 del 30 de junio de 2023 admite que no hay pruebas contra Luis García-Huidobro: «Como ha sido la tónica en periodos anteriores, no se registró comunicaciones que permitiesen establecer la participación fehaciente del imputado en la comisión del delito investigado u otros similares«. El mismo documento añade: “Tampoco se logró asociar al imputado, a través de textos publicados por él, a adjudicaciones de atentados incendiarios y otros ataques reivindicados por la orgánica WAM» (vea ese informe).

Con posterioridad a estos informes, la fiscalía pidió el encarcelamiento de Luis García-Huidobro, quien estuvo en prisión preventiva en la unidad penal de alta seguridad de Valdivia, entre marzo y octubre de 2024.

En su carta ante la Fiscalía Nacional, el abogado defensor Tomás Palacios reclamó por estos hechos y circunstancias: “¿Si había registros en Twitter y Facebook, por qué no se intentó, en el informe de coartadas, georreferenciar la ubicación del imputado con el tráfico de datos generado con esas actividades? ¿Por qué no se georreferenció su ubicación utilizando las antenas cercanas al domicilio del imputado, para ‘descartar fehacientemente cualquier tipo de coartada que pudiere permitir su desvinculación en la participación de los hechos ocurridos el día 25 de octubre de 2021’, tal como lo solicitó el Fiscal Felipe González en la IP Oficio 710-2023?”, planteó.

Consultado por CIPER a través de WhatsApp, el fiscal González declinó dar una explicación sobre lo sucedido.