CIPER PUBLICA LA QUERELLA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CONTRA EL EXFISCAL
CDE fundamenta su acusación de cohecho contra Manuel Guerra en su contrato con la U. San Sebastián y su vínculo con Chadwick
03.02.2025
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CIPER PUBLICA LA QUERELLA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CONTRA EL EXFISCAL
03.02.2025
En su querella de 56 páginas, el Consejo de Defensa del Estado apunta a los delitos de violación de secreto, prevaricación y cohecho, basándose en los chats que Guerra y Luis Hermosilla intercambiaron durante ocho años. A juicio del organismo, el cohecho se concreta en el momento en que Guerra ingresa a la Universidad San Sebastián (USS), porque es ahí cuando recibe un beneficio económico “otorgado por parte del querellado Luis Hermosilla, en el marco de la vinculación que este sostenía con Andrés Chadwick”. El exministro de Interior, exdecano de la USS, no está querellado por el CDE, pero el Consejo sí solicitó que se realicen diligencias a su respecto. En marzo próximo, la fiscalía determinará si habrá formalizaciones en esta arista del Caso Hermosilla.
En la querella que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso contra el exfiscal Manuel Guerra en octubre pasado, el rol del exministro de Interior, Andrés Chadwick, es clave. Según el contenido de ese escrito desconocido hasta ahora y al que tuvo acceso CIPER, el delito de cohecho que el CDE imputa como agravado, se sustenta en que Guerra, a través del abogado y exasesor del gobierno de Sebastián Piñera, Luis Hermosilla, solicitó beneficios que finalmente culminaron en su contratación en la Universidad San Sebastián.
Según los avances de la investigación, al día siguiente de salir del Ministerio Público, el 1 de agosto de 2021, Guerra comenzó a trabajar como profesor titular de la Facultad de Derecho de la USS, donde Chadwick era docente y luego fue decano.
Entre los antecedentes generales que expone la querella de 56 páginas, hay uno donde aborda la “solicitud de entrega y beneficio económico” por parte de Guerra, en el que se hace expresa referencia a la vinculación de este con el exministro Chadwick.
“Finalmente, con fecha 16 de junio de 2021, los antecedentes dan cuenta concreta de un beneficio económico, ya no solo solicitado, sino que efectivamente otorgado por parte del querellado Luis Hermosilla, en el marco de la vinculación que este sostenía con Andrés Chadwick”, señala el texto (vea la querella del CDE completa).
El CDE basa su querella en las conversaciones que Luis Hermosilla y Manuel Guerra sostuvieron entre los años 2016 y 2023, contenidas en el celular incautado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y que The Clinic dio a conocer el 4 de octubre de 2024. En el libelo se expone una revisión de los diálogos, donde Guerra transmite decisiones o antecedentes respecto a los casos Penta, Exalmar, Dominga y la investigación contra el senador RN, Manuel José Ossandón.
Guerra está siendo investigado por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, luego de que CIPER diera cuenta de que en el teléfono de Hermosilla había conversaciones del penalista para “darle una salida” al Caso Penta (lea ese artículo).
A juicio del CDE, esos episodios constituyen los delitos de violación de secreto y prevaricación, los que culminan en el delito de soborno por parte de Hermosilla, cuando Guerra pasó a formar parte del staff de profesores de la USS.
En el texto se describe la participación en el delito de cohecho de la siguiente manera:
“Particularmente las conversaciones sostenidas entre los querellados -Manuel Guerra y Luis Hermosilla-, y de las cuales se tiene registro, permiten dar cuenta de forma clara de los beneficios solicitados por el querellado (…), lo cual culmina luego de múltiples diálogos en que está presente el consentimiento, con el otorgamiento de un beneficio económico para sí, cuál es la contratación del querellado Guerra, en circunstancias especialmente favorables y con una alta remuneración, en la Universidad San Sebastián”.
Andrés Chadwick no está querellado por el CDE, pero es nombrado 25 veces en la acción penal contra Guerra y Hermosilla. El Ministerio Público no lo ha requerido para prestar declaración respecto a su rol en la llegada de Guerra a la USS, pero sí existen diligencias en curso en torno a él. Entre estas, se ha requerido a la Universidad San Sebastián la entrega de diversa documentación que todavía no ha sido enviada en forma completa.
En su querella, el CDE solicitó que el Ministerio Público oficie a la USS para obtener antecedentes sobre la contratación de Manuel Guerra y Andrés Chadwick. Esto es contratos, liquidaciones de sueldo, horarios, permisos y vacaciones. También se pide tener acceso al listado de docentes de la Facultad de Derecho y sus remuneraciones. Además, requiere que el fiscal Carrera tome declaración al exministro Chadwick sobre los hechos detallados en la querella, algo que ya había anunciado el presidente del CDE, Raúl Letelier en entrevista con CNN.
Asimismo, el organismo solicitó que el regional de Arica pida a la Fiscalía Regional Oriente remitir todos los antecedentes de mensajería relacionados con Chadwick en la investigación del Caso Hermosilla.
Según fuentes ligadas a la investigación, los lineamientos de esta querella interpuesta por el CDE ante 4to Juzgado de Garantía de Santiago, están en sintonía con las decisiones que el Ministerio Público anunciaría en esta arista contra Manuel Guerra. Porque según agregan, no se descarta formalizar por cohecho a ambos querellados y precisamente en virtud de sus actuaciones en el caso Penta y otros, y su contrato en la USS. Las mismas fuentes precisan que todavía es materia de investigación definir el rol de Chadwick en la concreción de ese presunto delito.
CIPER consultó a las defensas de Chadwick, Guerra y Hermosilla para conocer su opinión sobre el contenido de la querella. Hasta el cierre de este artículo, solo Felipe Polanco, abogado del exfiscal Guerra, declinó hacer comentarios al respecto.
Manuel Guerra dejó el Ministerio Público en julio de 2021 y, al día siguiente, comenzó a trabajar en la Universidad San Sebastián. Andrés Chadwick era profesor de la Facultad de Derecho donde, según Ex-Ante, comenzó haciendo clases en 2017. Luego, en abril de 2022, el exministro fue nombrado decano de esa facultad y más tarde presidió la junta directiva del establecimiento hasta el 25 de septiembre de 2024.
Guerra fue profesor a tiempo parcial en la Facultad de Derecho hasta el 30 de agosto del año pasado, cuando renunció por su vinculación con el Caso Hermosilla. Según un informe sobre el patrimonio del exfiscal regional al que tuvo acceso CIPER (vea ese artículo), sus remuneraciones en la USS promediaban $6,6 millones mensuales, cifra similar a los $6,7 millones que percibía en el Ministerio Público.
En el escrito presentado por el CDE, el nombre de Chadwick es mencionado en 25 ocasiones. Esto, porque en los chats entre Hermosilla y Guerra se hace referencia permanente al exministro:
“El nombre de Andrés Chadwick es relevante pues aparece mencionado de forma constante en las conversaciones de los querellados Guerra y Hermosilla, dando cuenta de la vinculación que ambos tenían con él”, se lee en la querella.
En su acción judicial, el CDE resalta que, aunque las conversaciones sostenidas entre Hermosilla y Guerra transitan por diversos temas, muchas de estas correspondían a asuntos vinculados a sus labores de abogado “abordándose cuestiones de carácter reservado”.
Por ejemplo, el 27 de septiembre de 2016, Guerra le escribe a Hermosilla:
Guerra: “Lucho le escribí a Andrés (Chadwick) ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdes”.
Guerra: En el fondo saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo.
Hermosilla: Te agradezco Manuel.
Santiago Valdés fue uno de los colaboradores más estrechos de Sebastián Piñera en sus inversiones. Valdés era investigado en el Caso Penta por su probable responsabilidad en un trato que involucró $340 millones pagados por SQM a Bancorp, una de las empresas de los Piñera que estaba bajo su control. En 2019, Valdés fue sobreseído de esa indagatoria (vea artículo relacionado: Fiscalía reconstruye los pasos de Manuel Guerra: así se selló la salida del administrador electoral de Piñera del caso Penta).
El 2 de noviembre de 2024, CIPER dio cuenta que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, incluyó en su indagatoria posibles irregularidades en la actuación del exfiscal en al menos nueve causas de relevancia pública. Entre ellas se incluyen el Caso Penta y las investigaciones relacionadas con el expresidente Piñera: Caso Dominga y Exalmar. Además, la indagatoria contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba y la relacionada con el senador RN, Manuel José Ossandón. La Municipalidad de Vitacura presentó una querella contra Manuel Guerra a partir de las conversaciones sostenidas con Hermosilla que fue admitida a tramitación el 22 de enero pasado. Lo propio realizó Ossandón, quien interpuso una denuncia por los mismos hechos en octubre pasado.
Según conocedores de la carpeta investigativa de la causa contra Guerra, los antecedentes de varias de estas indagatorias ya se encuentran en poder y análisis del equipo de fiscales que lo investiga.
De acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, muchas de las decisiones adoptadas por Guerra, fueron tomadas no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino “justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados, lo que permitió, en el contexto de una larga relación, que Guerra solicitara a cambio de sus gestiones diversos beneficios”.
En los chats entre el exfiscal y el penalista, existe registro de las varias ocasiones en que Guerra le pide a Hermosilla algún cargo o puesto de trabajo para cuando dejara el Ministerio Público. Así, por ejemplo, en marzo de 2020, el exfiscal le preguntó a Hermosilla por un cupo que se había liberado entre los consejeros del CDE. Su intención era que el gobierno lo nombrara en ese cargo y así lo deja claro en otro mensaje del 4 de julio de 2020:
Guerra: María Eugenia Manaud renunció a su cargo de consejera del CDE, el cual quedará vacante. Por ende el Presidente deberá nombrar a uno en su cupo. La pregunta es si existirá o no alguna posibilidad real para este servidor de ser nombrado en eso o el Presidente optará por alguien distinto para evitar un conflicto ?
Hermosilla: Una respuesta a la vena. No lo sé.
Según lo señalado por el CDE, ese tipo de solicitudes, “ocurren de forma evidente y reiterada en el tiempo, desde el año 2018 hasta el año 2021”.
Otro ejemplo: el exfiscal solicitó a Hermosilla participar de la oficina que compartía con el exministro Chadwick:
Guerra: Lucho ayer me reuní con ACH
Guerra: Le planteé la posibilidad de poder integrarme a Hermosilla y Chadwick
Guerra: Me dijo que lo hablaría contigo.
Según describe el CDE, Guerra buscaba ingresos económicos para su salida de la fiscalía:
“Las conductas típicas de la norma en comento son dos, solicitar o aceptar-recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero. En el caso en comento, las solicitudes ocurren de forma evidente y reiterada en el tiempo; desde el año 2018 hasta el año 2021 el querellado Guerra solicita al querellado Hermosilla realizar gestiones que le otorguen beneficios económicos, esto es, la participación en la oficina de abogados Hermosilla Chadwick, su incorporación como Consejero del Consejo de Defensa del Estado, su designación en cargos de alta dirección pública y, en general, la realización de gestiones que le permitieran obtener ingresos para retirarse del Ministerio Público”.
A fines de 2017, el entonces fiscal Guerra parecía decidido a cerrar la investigación del Caso Penta. En un chat del 29 de diciembre de ese año, surge una pista sobre cómo se gestó el acuerdo que evitó el juicio oral contra el senador Iván Moreira, investigado por facilitar boletas falsas a Penta. «No sé si te contó ACH lo que estamos haciendo por Moreira», le escribió Guerra a Hermosilla, aludiendo a Andrés Chadwick. Y en otro mensaje añadió: «La idea es actuar con reserva y empezar a dar salida».
En el documento se resalta que en los chats entre Guerra y Hermosilla, constantemente se incluyen mensajes con referencias a conversaciones que ambos mantuvieron con Andrés Chadwick: “Los querellados en sus mensajes dan a entender el interés subyacente del referido Chadwick respecto de la forma en que se dará término a estas causas, cuestión absolutamente improcedente con personas que son terceros ajenos al procedimiento. Esto es especialmente evidente en el caso Penta, en el cual existe preocupación para poner término a la causa respecto de personas vinculadas a la UDI”.
Además, se señala que Guerra actuó en contra de su rol institucional, e incluso en oposición al fiscal nacional y a los fiscales encargados de la causa: “Estas actuaciones se llevaron a cabo en un contexto de engaño por parte del querellado a los querellantes de la causa, incluso entregando minutas falsas y solicitando las audiencias de forma subrepticia, como ocurrió también en el caso de la suspensión condicional del imputado Iván Moreira”.
El CDE también apunta a la violación de secreto sobre causas que estaban a su cargo, puesto que informaba a Hermosilla detalles todavía bajo reserva: “Resultan llamativas algunas conversaciones en las que Guerra, ignorando el carácter secreto de las investigaciones, informa no solo a Hermosilla, sino también ‘al gobierno’, sobre las actuaciones de las investigaciones a su cargo, consultando sobre la posición de éste respecto de cómo abordar esos casos”.
Un ejemplo de ello fue la causa contra el senador Manuel José Ossandón, cuando Guerra le comentó a Hermosilla lo siguiente: “Para tu conocimiento e información de tus amigos del gobierno, pronto formalizaremos a Ossandón por tráfico de influencias”.
La querella del CDE también abarca la investigación de los Casos Dominga y Exalmar, los cuales generaron complicaciones para el expresidente Piñera ad portas de su segunda postulación presidencial. Pero no por mucho tiempo. En julio de 2017, Manuel Guerra decidió cerrar la investigación y solicitar el sobreseimiento. En relación con estos hechos, el CDE considera relevante “tener en cuenta que el segundo semestre de 2017, en el que se produjo este sobreseimiento, coincidió con el periodo de las elecciones presidenciales en Chile, siendo Sebastián Piñera la principal carta presidencial de la bancada de Chile Vamos”. Y agrega que “tan pronto Sebastián Piñera resultó electo, el querellado Guerra realizó, a solicitud de Hermosilla, gestiones con el fiscal nacional para que se reúna con él (Piñera)”.
En el documento se destaca que Guerra informa de su decisión a Hermosilla el 27 de julio de ese año: “El 3 de agosto tenemos la audiencia de discusión de sobreseimiento y reapertura del caso de SPE”, dice aludiendo a Sebastián Piñera Echenique.
El CDE denomina el vínculo entre Guerra y Hermosilla como una “ilícita relación”, en cuyas conversaciones, a su juicio, se acreditan los siguientes hechos:
1) Informaciones reservadas entregadas que no debieron efectuarse.
2) Adelanto de decisiones a adoptar en diversas investigaciones del Ministerio Público.
3) Resoluciones adoptadas contrarias al mérito de los antecedentes, contrariando decisiones (formalizaciones) anteriores validadas judicialmente y que tuvieron como propósito beneficiar a determinados imputados, rebajando considerablemente la debida imputación que debió realizarse.