Caso Cesfam de Las Condes: cuatro funcionarios municipales declararon a la fiscalía que el decreto de compra fue adulterado

Tres funcionarios de la Oficina de Partes de la Municipalidad de Las Condes y un abogado de su Dirección Jurídica confirmaron a la fiscalía que fueron testigos de que el decreto que habilitó la adquisición de diez terrenos para edificar un Cesfam, fue adulterado. La compra es investigada por el posible pago de un sobreprecio de $430 millones. Los antecedentes apuntan a que la fecha del documento, 15 de marzo de 2022, no es real, porque se redactó nueve meses después, en diciembre de ese año, y se insertó en el lugar de otro decreto que efectivamente había sido confeccionado en marzo. Los cuatro funcionarios señalaron que el director de Control de la municipalidad, Eduardo López, habría solicitado que le reservaran un número de decreto antiguo.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno

Cuatro funcionarios de la Municipalidad de Las Condes declararon ante el Ministerio Público que se adulteró la fecha del decreto municipal N°880, documento que ratificó el contrato de corretaje para comprar diez terrenos en los que se edificaría un Centro de Salud Familiar (Cesfam). El contrato -entre Vulcon Asset Management y la municipalidad- es investigado por la Fiscalía Oriente por un posible sobreprecio, pues el municipio pagó el doble por una de las diez casas que adquirió en abril de 2023 para emplazar el Cesfam (vea acá el reportaje de CIPER que documentó los valores pagados). 

La propiedad de calle Nueva Delhi 1.775 fue comprada por Vulcon en noviembre de 2022 en $422 millones. La empresa la vendió a la municipalidad un mes después, pero en un precio cercano a los $852 millones (24 mil UF), es decir, $430 millones más cara. Vulcon es propiedad del extenista Paul Capdeville y el empresario Nello Travisany. 

Una de las líneas investigativas en la causa, es determinar si el decreto municipal que dio el vamos a la compra de los terrenos, es legítimo. Esto, porque según denuncias realizadas por la actual alcaldesa y entonces concejala, Catalina San Martín, el decreto N°880 se redactó y firmó en diciembre de 2022, aunque aparece fechado el 15 de marzo de ese mismo año. 

La nueva edil señaló en esa oportunidad que el decreto lleva el número de otro que sí se confeccionó en marzo de 2022, pero que tenía un objetivo distinto: autorizar un carrito de comida a una residente de la comuna. Ese permiso fue anulado, lo que permitió utilizar su número y fecha para un nuevo fin: la compra de los terrenos para el Cesfam. 

El objetivo de fechar el documento nueve meses antes, todavía es materia de investigación. No obstante, una posible explicación se desprende de la declaración que el exdirector jurídico de la municipalidad, Héctor Navarrete, dio a la fiscalía y que fue citada por La Tercera en noviembre de 2023. Navarrete dijo que inicialmente se acordó que se pagarían 14.668 UF por la casa de Nueva Delhi 1.775, pero Vulcon puso un precio de 27.660 UF. El entonces director jurídico declaró que, debido a este aumento, se negó a firmar. Pero, señaló que a fines de diciembre de 2022 se suscribió un nuevo acuerdo cuando él estaba de vacaciones. 

El director de Control de la municipalidad, Eduardo López, cuya declaración fue citada en la misma nota de La Tercera, entregó otro antecedente que apuntaría a por qué se fechó en marzo de 2022 algo que se firmó en diciembre de ese mismo año. López explicó a los fiscales que cuando el decreto ingresó a la dirección se ordenó revisarlo con todos los antecedentes adjuntos, “salvo el contrato de corretaje fechado el 13 de marzo de 2022, el que no se adjuntó en esa oportunidad señalando que supuestamente una vez obtenidas las firmas de Vulcon se adjuntaría el decreto, hecho que ocurrió recién en el mes de diciembre de 2022″.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones ante la fiscalía de cuatro testigos de la elaboración de ese documento, entregadas entre septiembre y octubre de 2024. Todos señalan que hubo un reemplazo y anulación del contenido original del decreto N°880 y que la redacción de su contenido final fue realizada nueve meses después de la fecha que aparece en su encabezado. 

Según lo establece el Código Penal, si un funcionario público altera las fechas verdaderas de un documento administrativo, podría incurrir en el delito de falsificación de instrumento público. 

En la municipalidad respondieron a CIPER que no se referirán al tema porque se trata de un caso que “está en manos del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado”. Agregaron que “existe un sumario que lleva la Contraloría. Por ahora estamos atentos a ver cómo se desenvuelve la investigación que, por el momento, es reservada”.

LAS CUATRO DECLARACIONES  

El nombre que figuraba en el primer decreto N°880 era el de Beatriz Torreblanca, una pequeña empresaria que tiene un carrito de comida y que pedía autorización para trabajar con él. CIPER la contactó y ella contó que en marzo de 2022 -la fecha del decreto N°880- le confirmaron que tenía el permiso, pero que al otro día fue rechazado. Ella dice que, si bien trató de contactarse con la municipalidad para saber por qué no aceptaron su solicitud, no obtuvo respuesta. 

Leonel Sánchez, funcionario de la Oficina de Partes, señaló ante la fiscalía que toda la unidad supo de la anulación del decreto original y su nuevo objetivo: “Yo no aparezco participando en la tramitación de dicho decreto. Sí tuve conocimiento del mismo a través de doña Sagrario Barrales, jefa de la Oficina de Partes, quien nos comentó a toda la unidad que ese decreto se había reservado por instrucción del director de control, Eduardo López. El decreto original era un comodato precario de una mujer que, según me dijeron, no tuvo dinero para pagar el comodato, razón por la cual fue anulado”.  

Sagrario del Pilar Barrales, exjefa de la Oficina de Partes de la municipalidad, dijo que cambiar decretos no era algo inusual al interior de la municipalidad: “Hay muchos decretos que llegan a la oficina y terminan en nada, son sacados de circulación y queda el número del decreto y la fecha libre”. 

Rosa Araya, actual jefa de ese mismo departamento, señaló que el decreto N°880 “llegó a la oficina de partes en el mes de noviembre o diciembre de ese 2022, lo cual está registrado en el Sistema de Oficina de Partes (OFPA)”. 

Asimismo, Luis Espinoza, abogado de la Dirección Jurídica de la municipalidad, agrega que “después de haber redactado el decreto N°880 de 2022 supe que existía un decreto previo con la misma numeración correlativa del mismo año, también supe que ese decreto previo corresponde a un comodato precario”.

Las cuatro declaraciones apuntan al director de Control de la municipalidad, Eduardo López, como posible responsable del reemplazo del decreto N° 880. López está hoy suspendido de su cargo e imputado en la causa, al igual que otros funcionarios y la entonces alcaldesa, Daniela Peñaloza. 

La exjefa comunal se querelló en agosto de 2023 contra quienes resulten responsables de la presunta falsificación de instrumento público en la confección del decreto. Mientras que exconcejales de la municipalidad, liderados por la actual alcaldesa San Martín, interpusieron una denuncia ante la fiscalía local de Las Condes acusando que se habría pagado un sobreprecio en la compra de los diez terrenos para construir el Cesfam. Luego, CIPER rastreó en notarías y en el Conservador de Bienes Raíces los documentos que confirmaron la irregularidad (vea ese reportaje).

CIPER contactó al abogado de los concejales, Davor Harasic, quien declinó referirse a la causa porque permanece reservada.

"ME LLAMÓ SEÑALÁNDOME QUE NECESITABA UN DECRETO"

El director de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, está suspendido de su cargo desde marzo de 2024. En la ya citada nota de La Tercera de noviembre de 2024, se menciona que tanto López como el exdirector jurídico de la municipalidad, Héctor Navarrete, declararon a la Fiscalía Oriente que la entonces alcaldesa Peñaloza y sus colaboradores directos estuvieron detrás de la compra:

“La alcaldesa encargó el proyecto estrella de su administración a quien maneja el área de salud del municipio (Ricardo Gutiérrez) y a quien está a cargo del presupuesto y las finanzas municipales (Alejandro Contreras), personas de su exclusiva confianza, lo que fue ratificado por la unanimidad del concejo”, dijo Navarrete. Mientras que López explicó a la fiscalía que él pidió no firmar este contrato: “Yo le sugerí a la alcaldesa no firmarlos, por cuanto desde mi perspectiva no era procedente por el valor del terreno, existiendo a mi parecer lesión enorme en perjuicio de la municipalidad respecto del último terreno”.

Sin embargo, en las declaraciones que los tres funcionarios de la Oficina de Partes y el abogado de la Dirección Jurídica entregaron entre octubre y diciembre del año pasado, en las que abordan cómo se tramitó el decreto N°880, se explica que fue López quien buscó hacer un lugar en los decretos fechados en marzo de 2022 para insertar el documento confeccionado en diciembre de 2022.  

Sagrario Barrales declaró que López la llamó especialmente: “El director de control de la municipalidad, Eduardo López, me llamó por teléfono interno unos meses antes, no recuerdo la fecha exacta, señalándome que necesitaban un número de decreto con fecha del mes de marzo de 2022, que ojalá fuera para el 15 de marzo de 2022”, dijo. Su asistente y ahora jefa de la Oficina de Partes, Rosa Araya, en tanto, indicó: “A su pregunta sobre por qué ese decreto tiene una fecha anterior a su ingreso a la Oficina de Partes (…), lo más probable es que el director de Control de la municipalidad, señor Eduardo López, haya solicitado la reserva de un número correlativo de decreto con su respectiva fecha”. 

“No cualquier director de la municipalidad mantenía la facultad de reservar un decreto”, señaló el funcionario Leonel Sánchez: “Solamente podía hacerlo y solamente lo hizo el jefe de Control, Eduardo López o por su intermedio”. 

El decreto N°880 lleva la firma y timbre de la Dirección de Control de la municipalidad y de la Dirección Jurídica del organismo. Y por esos días, la Dirección Jurídica estaba siendo subrogada por Osvaldo López, hermano de Eduardo López, también funcionario de la municipalidad. 

El abogado de la Dirección Jurídica, Luis Espinoza, declaró ante la fiscalía que fue el hermano del director de Control, quien le pidió redactar el decreto: “Lo redacté por instrucción directa del director jurídico subrogante de esa fecha, señor Osvaldo López, y en esa oportunidad también estaba presente su hermano y director de Control de la municipalidad, Eduardo López. Tanto Osvaldo como Eduardo López manifestaron que este decreto se tramitara con rapidez”.