El diagnóstico del fiscal Barros sobre el combate al crimen organizado: hay retrasos de un año en pruebas balísticas

A un año de la creación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la Fiscalía Nacional entregó resultados positivos. Pero el fiscal coordinador de ese equipo en la Región Metropolitana, Héctor Barros, señala que aún hay severas dificultades para combatir el crimen organizado, apuntando a la falta de recursos. Esta semana Barros causó polémica al señalar que, en base a la investigación que lleva adelante del asesinato de exmilitar venezolano Ronald Ojeda, se estima que es el gobierno de Maduro el que está detrás. El gobierno salió a respaldarlo, mientras el fiscal nacional, Ángel Valencia, está en coordinación con el Ministerio de Hacienda para justamente aumentar los recursos asignados en el presupuesto 2025 de su institución. En conversación con CIPER, el fiscal regional metropolitano Sur da ejemplo sobre las falencias y mencionó a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Señala que lleva un año de atraso en el ingreso de la información digital en las bases de datos balístico (IBIS), información esencial para el éxito de sus investigaciones.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno

Este lunes 20 de enero, el fiscal regional que comanda los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Héctor Barros, señaló a Radio ADN que, según su investigación, en el asesinato del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, “está detrás el gobierno venezolano”. Sus afirmaciones causaron polémica, tras la cual el gobierno salió a respaldar sus dichos. Todo, en medio de otra polémica vinculada al recorte presupuestario 2025 de más de $7 mil millones que el Ministerio Público, a través de su máxima autoridad, Ángel Valencia, ha señalado públicamente y que el Ejecutivo, busca resolver. 

A poco más de un año de la creación de ECOH, Barros sostiene que el combate al crimen organizado se ve afectado por la falta de recursos. Esto pese a que el Ministerio Público informó sobre cifras alentadoras cuando se cumplió el primer aniversario de ese equipo especial creado en diciembre de 2023: la prisión preventiva decretada a imputados vinculados a homicidios, en contexto de crimen organizado, aumentó un 53,5%; mientras que en los casos de imputados por secuestro, el alza es de un 54,5%. 

Barros expuso parte de las deficiencias del sistema en la tarea de erradicar a las bandas criminales, el 11 de noviembre de 2024, cuando dio una charla académica realizada en el Servicio Médico Legal. Allí mencionó a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) que, según explicó, “lleva un año de atraso en el ingreso al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS en inglés) de las pruebas de armamento”. 

En ese sistema es donde se registran las pruebas balísticas de las armas que ingresan al país y un informe de dos comisiones del Senado donde se debatía acerca de la ley de fortalecimiento del control armas, emitido en 2021, ya daba cuenta de este problema.

El fiscal regional también apuntó esa vez a la falta de recursos del SML; a la respuesta tardía de parte de las empresas telefónicas para entregar datos que sirvan para investigaciones penales; y al, a su juicio, “desastre” del sistema migratorio de nuestro país. 

En conversación con CIPER, Barros profundizó en las falencias que enfrenta para llevar adelante sus investigaciones, señalando, por ejemplo: “Las armas que encontramos, por lo general, tienen los números de serie borrados. Entonces es imposible saber si son chilenas o no son chilenas esas armas de fuego. Si tuviéramos el ADN de esa arma ingresado en el sistema IBIS, nos diría de inmediato”.

CIPER consultó a la DGMN respecto al atraso en el ingreso de datos al sistema IBIS y, tras una derivación, fue el Ministerio de Defensa el organismo que respondió. Pese que la consulta buscaba saber la razón detrás de la demora en la digitalización de los datos, desde el organismo se limitaron a explicar que para este año poseen recursos asignados vía Ley de Presupuesto: “El presupuesto de la nación 2025 considera recursos superiores a los $6 mil millones repartidos en las partidas del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para la habilitación del sistema IBIS sobre evidencia balística. Estos recursos, complementarán las capacidades operativas con las que ya cuenta la DGMN”. 

Fiscal Héctor Barros (Créditos: Francisco Vicencio / Agencia Uno)

UN AÑO DE ATRASO EN REGISTRO DIGITAL DE EVIDENCIA BALÍSTICA

En la ponencia sobre medicina forense, organizada por el Servicio Médico Legal, el fiscal Héctor Barros realizó la charla inaugural, explicando la persecución al crimen organizado en Chile. Allí mencionó una deficiencia: “La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) dice que tiene muy pocos recursos y por lo tanto llevan un año de atraso en el ingreso al IBIS de las pruebas de armamento”. 

El IBIS (sigla en inglés) posee un motor de búsqueda, que le permite al orden público encontrar rápidamente los vínculos entre los delitos con arma de fuego, según explica en su sitio web. 

La relevancia del IBIS para la persecución penal es alta. Según detalló el persecutor a CIPER, cada arma que ingresa al país pasa por un banco de prueba y se dispara. Con esa prueba de disparo, se obtiene una evidencia balística que queda registrada en la DGMN.

“El ADN de esta arma va a ser siempre ese. Con esa información, se sabe qué armería fue esa arma y desde la armería saben a quién se la vendieron. Si es que la revendieron, también sé quién es el actual dueño”, dijo Barros. 

Incluso si le borraran los números de serie al arma de fuego, qué es lo que permite su identificación, se puede saber la ruta del arma, por la pericia genética de esta, explicó Barros. Sin embargo, la información solo se encuentra de forma física y no es ingresada a IBIS, lo que dificulta el entrecruzamiento de información para perseguir delitos.

Si bien Carabineros y PDI ingresan los datos balísticos relacionados a delitos a IBIS, la DGMN al no hacer ingreso de sus datos al sistema, no genera resultados de posibles coincidencias. 

“Las armas que encontramos, por lo general, tienen los números de serie borrados. Entonces es imposible saber si son chilenas o no son chilenas esas armas de fuego. Si tuviéramos el ADN de esa arma ingresado en el sistema IBIS, nos diría de inmediato. (…) No podemos estar esperando un año recién para saber que esa arma de fuego participó en estos dos hechos, tres o cuatro hechos, como a veces nos ha pasado”, enfatizó Barros

La situación ya era conocida en 2021, meses antes de que se promulgara la Ley 21.412, que fortaleció el control de armas. Un informe realizado por las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado, que discutía el proyecto de ley, mencionó la incorporación de tecnología para catalogar la huella balística y cotejarla con la huella balística obtenida en contextos de investigaciones penales.

Precisó que en ese entonces las instituciones policiales ya empleaban el IBIS, mientras que la autoridad central -refiriéndose a la DGMN- utilizaba un inventario manual, haciendo prácticamente imposible la comparación.

A fines de noviembre de 2024, la Fiscalía Nacional publicó un informe sobre el crimen organizado en Chile. Allí explica que este tipo de crimen ha mostrado una diversificación y sofisticación alarmante que han impactado profundamente la seguridad pública.

El informe dio a conocer que entre 2015 a 2023, se registró un aumento significativo de los homicidios, los que se vinculan con disputas entre organizaciones criminales. En ese aumento, incidió el uso creciente de armas de fuego.

Entre el año 2022 y 2023, a partir de registros y detenciones de la agrupación célula del Tren de Aragua, “Los Gallegos”, se incautaron al menos 17 armas de fuego, más de 300 municiones y hasta una granada de guerra. Dentro de las armas de fuego, una gran parte mantenía borrado su número de serie para evitar dar cuenta de su origen.

Créditos: Ignacio Johnson / Agencia Uno

ESCASEZ DE RECURSOS

El fiscal Barros no solo apunta a la DGMN, también a una falta de recursos en otros organismos que colaboran con las investigaciones del Ministerio Público. 

“Lo que tenemos es una escasez de recursos en ese ámbito claramente. Y no solo nosotros. También el Servicio Médico Legal. Como organismo auxiliar también es un organismo que requiere más recursos, porque hay retraso en algunas funciones que tenemos que cumplir. Nosotros dependemos del SML para la realización de autopsias, las pericias de genética y en el ingreso de estas pericias genéticas a la base de datos”, dijo Barros.

La directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, en la misma ponencia explicó que dirige “un servicio pequeño con pocos recursos, pocos funcionarios, pero que es un pilar fundamental para la justicia”, dijo, y para “la identificación de peligrosos delincuentes internacionales que hoy día han decidido albergarse en el país”, agregó.

El persecutor también mencionó que existen tecnologías que no están disponibles en Chile y que son importantísimas para poder investigar a las organizaciones criminales, pero que valen millones de dólares poder adquirirlas.

En su charla, el fiscal fue enfático en evaluar el sistema migratorio en Chile. “El desafío es establecer un sistema migratorio que sea eficiente. La verdad es que es un desastre el sistema migratorio que tenemos”.

Las declaraciones las realizó dentro del contexto de la falta de información para poder llevar a cabo la persecución penal. “Para nosotros es súper importante saber quién es el sujeto que está ahí. Tener sus huellas dactilares, sus nombres. El día de hoy no los tenemos. Tenemos que buscar, pedir a las policías, a la policía de otro país. Tenemos un sujeto con una identidad en Chile, después lo vemos en Colombia con otra identidad. En Venezuela no sabemos, porque no nos pasan nada”, dijo en esa instancia.

Consultado por CIPER, el fiscal explica las dificultades de poder identificar, tanto a las víctimas, como a los imputados de las causas que investigan. Un caso de ejemplo es el de Ronald Ojeda, asesinado en febrero de este año.

“Cuando se encuentra una huella de una persona que está en situación migratoria ilegal, no tiene con qué compararla. En la causa Ojeda hemos levantado huellas que no tenemos con quién compararla, porque no tenemos en el país registrada esa huella. A eso me refiero, desde el punto de vista para la investigación, es un desastre”, aclaró.