El jueves 23 de enero, el Pleno del Tribunal Constitucional revisará la admisibilidad de los requerimientos interpuestos por el Partido Republicano y Chile Vamos. Ambas solicitudes de destitución serán vistas en conjunto y apuntan contra la senadora Isabel Allende (PS) quién, a pesar de poseer prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado, firmó una compraventa para que el gobierno adquiriera la casa del expresidente Salvador Allende, de la cual ella es una de las propietarias. De ser admisible, a partir de marzo próximo, el Pleno del tribunal podría revisar el fondo de la acusación para dictar sentencia.
Créditos imagen de portada: Agencia Uno
El próximo jueves 23 de enero, el Tribunal Constitucional (TC) revisará en su pleno la admisibilidad de los requerimientos de destitución que el Partido Republicano y el conglomerado Chile Vamos ingresaron contra la senadora Isabel Allende (PS).
La oposición objeta que la parlamentaria haya firmado con el gobierno un contrato para que el Ministerio de Bienes Nacionales, adquiriera la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia.
La Constitución prohíbe tanto a ministros como a parlamentarios sostener contratos con entidades estatales, siendo la ley aún más estricta para el caso de diputados y senadores. De acuerdo con el artículo 60 del texto, los parlamentarios que celebren o caucionen contratos con el Estado serán cesados de su cargo.
Tanto Allende como su sobrina y ministra de Defensa, Maya Fernández, son propietarias junto a otros descendientes del exmandatario socialista, de la casa que el gobierno de Gabriel Boric quería convertir en museo.
El proceso de compra que llevaba varios meses y que el Ministerio de Bienes Nacionales anunció a través de un comunicado el 31 de diciembre pasado, fue frenado por el propio gobierno, el que, una vez desatada la polémica, desistió del negocio
El pasado lunes 13 de enero, la bancada del Partido Republicano ingresó un primer requerimiento de destitución contra la senadora Allende. Y este jueves 16 de enero, los parlamentarios de Chile Vamos, Miguel Becker (RN), Frank Sauerbaum (RN), Gustavo Benavente (UDI), Jorge Guzmán (EVO) y Flor Weisse (UDI), llegaron hasta el tribunal para ingresar una solicitud similar. Ambas acciones buscan que el TC se pronuncie respecto a una posible destitución de la senadora.
Los requerimientos serán vistos en conjunto e ingresados a la tabla de temas a tratar en el pleno del próximo jueves.
9 de enero 2025/SANTIAGO Frontis de la casa del ex Presidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
CRONOGRAMA
Si el pleno del Tribunal Constitucional determina la admisibilidad de los recursos, le seguirá un período de traslado. Esto es que la senadora Allende y su defensa será notificada y tendrán un plazo de 10 días corridos para responder sobre lo que se señala en el libelo. Luego, el TC deberá definir los hechos a probar. Ambas partes tendrán un plazo de 15 días para ingresar todas las pruebas mencionadas en los recursos de requerimiento o contestación.
Las pruebas definitivas para evaluar la destitución de la senadora Isabel Allende deben ser revisadas por un pleno del Tribunal Constitucional, los cuales no sesionan durante febrero. Por eso, el TC podría revisar si procede la destitución de la hija del expresidente Salvador Allende al menos a partir del mes de marzo. Esto sin contar los retrasos que puedan producirse en el caso de solicitarse oficios o detectar errores de forma durante el proceso que pueden alargar las definiciones.
Tres requerimientos de cesación en el cargo han sido vistos por el TC. En 1994 se solicitó la destitución del exsenador y militante del extinto partido Unión de Centro Centro, Francisco Javier Errázuriz, a quien se le acusaba de administrar varias sociedades, algo que entonces estaba prohibido por la ley. En 2007, el entonces senador PS, Alejandro Navarro, también enfrentó al tribunal, acusado de participar en una manifestación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que no se encontraba autorizada y donde habría incurrido en “maltrato de obra” a Carabineros. En 2020, el ex diputado comunista Hugo Gutiérrez también llegó al TC por un requerimiento de cesación, acusado de incitar a alterar el orden público luego de subir a redes sociales dibujos infantiles donde aparecía muerto el entonces presidente Sebastián Piñera.
Los tres requerimientos tuvieron resultados favorables para los parlamentarios, en procesos que duraron 6 meses el de Errázuriz, 12 el de Navarro y 11 el de Gutiérrez. Esto, desde que se interpusieron los recursos, y hasta que el tribunal falló en contra de sus destituciones.
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Bueno los republicanos están en su derecho de denunciar malas practicas de los parlamentarios y autoridades, pero con la misma prontitud y decencia moral, también deben denunciar a todos sus correligionarios corruptos coimeros y ladrones, tanto parlamentarios, alcaldes y personal en los municipios donde participan, pero el descaro y las indecencias de todo ése sector político, solo está para ocultar toda la verdad y manipular corte supremos, TC, jueces y fiscales para tener la ley a su medida, protección a violadores, a empresarios corruptos, asesinos del volante y robos del dinero del estado a todos nivel.......!
