Desde 1991 que los sectores progresistas y liberales viven una lucha permanente con el mundo conservador por la interrupción del embarazo. El primer enfrentamiento fue para recuperar el derecho al aborto terapéutico, perdido en las últimas horas de la dictadura, lo que se consiguió en 2017 con la Ley de Aborto en Tres Causales. Ahora, la disputa es para avanzar hacia el “aborto legal”, proyecto que, según anunció el Presidente Boric en su cuenta anual, se presentaría este mes de diciembre. Pero, La Moneda no cumplirá con ese plazo, según informó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. CIPER hizo un recorrido por el historial legislativo que comprende 43 proyectos que ingresaron al Congreso y que auguran un incierto futuro para la iniciativa.
Créditos imagen de portada: Agencia Uno
Diciembre era el plazo anunciado por el Gobierno para presentar en el Congreso el proyecto de ley de “aborto legal”, como le llamó el Presidente Gabriel Boric en su cuenta del 1 de junio pasado, en vez de denominarlo “aborto libre”. Un anuncio que no fue bien recibido por el mundo parlamentario más conservador, a tal punto que, en ese mismo momento, legisladores de Renovación Nacional, UDI, socialcristianos y republicanos, abandonaron la sala en señal de protesta. Desde ya se augura un proceso legislativo complejo para el Ejecutivo: por una parte, tiene la obligación de ser fiel a una promesa coherente con su propia definición de “gobierno feminista” y, por otra, debe lidiar con el hecho de ser minoría en el Parlamento y con un histórico rechazo de los sectores más conservadores a siquiera discutir una norma contraria a sus convicciones.
Este lunes 23 de diciembre, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, informó que el proyecto de “aborto legal” finalmente no será presentado este mes (vea la entrevista en Tolerancia Cero de CNN). La razón para no cumplir con el plazo comprometido, dijo la secretaria de Estado, es que este es un proceso de dos etapas y la primera de ellas no se ha cerrado. La fase inicial es la actualización del reglamento de la ley de aborto en tres causales. La segunda, es la presentación del proyecto de “aborto legal”. La primera parte no se ha podido finiquitar, expresó Orellana, porque la actualización del reglamento está retrasada.
Aunque el gobierno ingresó a la Contraloría su propuesta de reglamento en mayo pasado, el órgano fiscalizador recién esta semana le formuló comentarios. Esta nueva norma pretende superar algunos vacíos que impiden que en ocasiones las mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo, por alguna de las tres causales, sean atendidas de forma expedita. Uno de ellos, por ejemplo, es asegurar que los turnos médicos de emergencia siempre cuenten con personal no objetor de conciencia. Esto significaría que el sistema de salud tendría que privilegiar la contratación de personal no objetor, lo que es visto en el mundo conservador como una práctica inconstitucional, pues consideran que se discriminaría a los profesionales que sí son objetores.
A pesar del retraso, sostuvo la ministra Orellana, el gobierno ha avanzado en las conversaciones prelegislativas para acordar un proyecto de “aborto legal” que represente al arco político más amplio entre los legisladores: “Estamos dialogando actualmente con las parlamentarias para buscar lo que se conoce como un, digamos, máximo viable, es decir, cuánto concita el mayor apoyo dentro de los sectores que están a favor dentro del Congreso”.
Concitar apoyo en el Congreso no será fácil. El gobierno no solo tiene escaso margen para lograr los votos necesarios. También tiene la historia en contra.
Palacio de La Moneda. Créditos: Francisco Flores Seguel / Agencia Uno
35 AÑOS Y 43 PROYECTOS
Casi 35 años después del retorno a la democracia solo hay una moción parlamentaria que ha intentado legislar por el aborto libre. Esta fue presentada el 1 de agosto de 2018 en el Senado por las PS Isabel Allende y Adriana Muñoz, los PPD Guido Girardi y Jaime Quintana y la independiente (PPD) Ximena Órdenes. La propuesta pasó a la Comisión de Salud y esta la archivó el 28 de diciembre de 2020, sin que siquiera haya pasado a sala para su discusión.
En el escrito los senadores proponían legalizar la interrupción del embarazo sin causal hasta la semana 14 de gestación, pidiendo sanciones punitivas para quien la realizara después de ese plazo. Además, se estipulaba que el Estado debía garantizar la realización del procedimiento y que el establecimiento donde se efectuara, privado o público, tenía que velar por que la persona gestante fuera atendida previendo que el centro de salud siempre pusiera a su alcance un profesional no objetor.
El denominado “aborto libre” nunca ha sido legal en Chile. El terapéutico, en cambio, lo fue desde que se dictó el Código Sanitario en 1931 y se mantuvo vigente hasta el 15 de septiembre de 1989, en la recta final de la dictadura. A pocos meses de entregar el poder, a instancias del almirante José Toribio Merino, la Junta Militar que oficiaba como Poder Legislativo publicó la Ley 18.896. Esta modificó en un solo inciso el Artículo 119 del código decretando que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto”. Esto generó cambios hasta en el Código Penal para sancionar a las mujeres que, aunque estuviera en riesgo su vida, hubieran libremente solicitado un aborto terapéutico.
Tras el retorno a la democracia, tempranamente comenzaron a aparecer iniciativas que buscaron recuperar lo que sus impulsores consideraban un derecho de las mujeres, pero siempre fueron chocando con la férrea oposición de la derecha. Hasta la fecha se han presentado 43 proyectos sobre el tema de distinto tono e índole. El primer intento tuvo lugar el 17 de septiembre de 1991, cuando los diputados socialistas Armando Arancibia, Carlos Smok, Juan Pablo Letelier y Carlos Montes, presentaron la primera moción al respecto. La propuesta pretendía reponer el aborto terapéutico tal como estaba antes de la intervención del almirante Merino, pero durmió seis años en la Comisión de Constitución antes de ser archivada.
Parlamentarios progresistas intentaron vanamente en 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, y 2014 reponer el aborto terapéutico. En paralelo, los sectores conservadores colocaban obstáculos a cualquier iniciativa en favor de la interrupción del embarazo, ya sea aumentando las penas para las mujeres o los profesionales participantes de un aborto (proyecto del senador Hernán Larraín en 1994) o solo para estos últimos (propuesto por un grupo de diputados en 2002, entre los que se cuentan José Antonio Kast, Marcela Cubillos e Ignacio Urrutia), elevar el cuórum para la despenalización del aborto (2006) e incluso tres proyectos (2004, 2007 y 2012) que buscaban la construcción de monumentos en recuerdo de “las víctimas del aborto” en Santiago (frente a La Moneda), Valparaíso y Concepción.
El 31 de enero de 2015 el Gobierno de Michelle Bachelet presentó su proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La tramitación fue engorrosa, incluyendo un requerimiento de la derecha para declararla inconstitucional. El Tribunal Constitucional dio luz verde al proyecto con un fallo de casi 300 páginas que no fue unánime (seis votos a favor y cuatro en contra), y que graficó lo difícil que es llegar a acuerdo en este tema. Finalmente, el 23 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.030.
Créditos: Agencia Uno
PROCESOS CONSTITUYENTES
La disputa ha continuado. La Convención Constitucional (primer proceso constitucional) incluyó en su fallida propuesta un artículo dentro de los derechos fundamentales que decía: “El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones” (artículo 61).
Luego, el Consejo Constitucional (segundo proceso constitucional), liderado por el Partido Republicano y con amplia mayoría de derecha, no incluyó ninguna mención al embarazo, pero sí provocó gran polémica cuando en el numeral 1 del Artículo 16 se redactó que la nueva Carta Magna pretendía consagrar “el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer”, lo cual fue interpretado como un velado intento por acumular argumentos para luego ir por la derogación de la ley de aborto en tres causales.
Desde octubre de 2022 se encuentra en tramitación en el Parlamento una moción de los diputados independientes Harry Jürgensen (independiente de la bancada republicana) y Cristóbal Urruticoechea (exrepublicano) que busca derogar la Ley 21.030. En su argumentación los parlamentarios sostienen que “en el convencimiento de que el aborto constituye una forma de homicidio, toda vez que implica la eliminación de un ser humano débil y por definición inocente todavía en el vientre de su madre a la que se haya confiado y que los legisladores tenemos una responsabilidad y compromiso con la dignidad humana y con el futuro del país (…) el proyecto busca derogar la herida gravísima que el aborto causa a la sociedad y a su cultura por parte de quienes deberían ser sus constructores y defensores”. Esta iniciativa descansa en la Comisión de Salud.
LA NUEVA PROPUESTA
La preparación del proyecto de ley de aborto legal que ahora no tiene fecha de ingreso está en manos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La ministra reiteró en la entrevista de este lunes el plazo de 14 semanas de gestación como el límite para abortar:
“Estamos dialogando actualmente con las parlamentarias para buscar lo que se conoce como un máximo viable, valer decir cuánto concita el mayor apoyo dentro de los sectores que están a favor dentro del Congreso. Ahora, en particular lo que hemos estado viendo es la legislación de países como Alemania, que está en torno a las 14 semanas, pero está el debate y el trabajo prelegislativo abierto. Es importante señalar que toda propuesta de aborto legal en el mundo ha tenido plazos”, dijo la secretaria de Estado.
No será un camino fácil el conseguir algún grado de acuerdo. La Iglesia Católica saltó a la palestra a través del arzobispo Fernando Chomalí, recién creado cardenal por el Papa Francisco, quien aseguró que el “aborto es una solución fácil” en el que “el inocente paga la irresponsabilidad de otro y eso no puede ser”.
¿Dónde encontrará el Gobierno los votos que necesita para que su proyecto se transforme en ley? La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, dijo a CIPER que “siempre estamos disponibles a hablar de este y todos los temas”, aunque señaló que “creo que Chile avanzó de manera importante con la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Este tema (aborto legal) no es un tema que anden las mujeres pidiendo en las reuniones en terreno a las que voy”.
Evópoli, el partido de centro derecha liberal, también ha manifestado la intención de participar del debate, aunque su presidenta, Gloria Hutt, se ha mostrado públicamente contraria a una ley de ese tipo. Mientras, la UDI, RN y el Partido Republicano, manifestaron su oposición desde el mismo día del anuncio, lo que le deja un mínimo margen al Presidente Gabriel Boric para sacar adelante su iniciativa.
(*) En el reporteo para este artículo participaron las estudiantes de periodismo Anaiz Morales y Josefina Rochna.
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Como periodistas de CIPER tampoco se dan cuenta de q "los árboles no les dejan ver el bosque".
En efecto, aún no aprender de los historiadores q hay q romper uno de los tantos paradigmas q vivimos desde el inicio de nuestra República hasta hoy" la administración monarquista del E° de Chile en q a los chilenos los somete a sus acciones fascistas x sobre someter sus acciones a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. De 1980 a hoy Chile es una dictadura oligárquica, con apoyo militar y empresarial, por sobre la ciudadanía durante 44 años, y Uds. Periodistas de CIPER, eluden enfrentarlo xq tb son codiciosos y afán de lucro al estilo Mosciatti no siendo periodista, pero un abogado muy morboso para sacar lucro de noticias de tragedias y violaciones de derechos humanos. Uds, como CIPER, hacen lo .mismo, sin preocuparse del origen ideológico y filosófico de la realidad q vive nuestro país..
