Pleno de la Corte de Santiago sancionó a juez tributario investigado por el Ministerio Público

En noviembre de 2023, CIPER reveló que la fiscalía había iniciado una investigación por cohecho contra el juez Óscar Meriño y otros tres funcionarios de los Tribunales Tributarios Aduaneros, por recibir pagos y nombrar irregularmente a peritos. Al mismo tiempo, la Corte de Santiago comenzó una investigación administrativa contra Meriño. Esta indagatoria fue encargada al fiscal judicial Daniel Calvo. El pasado 18 de octubre, la Corte de Apelaciones resolvió sobreseer a Meriño en relación a los pagos, pero lo sancionó por los nombramientos irregulares de peritos, suspendiendo sus funciones por cuatro meses con “goce de medio sueldo”. Una minoría del pleno, compuesta por seis ministros, consideró necesario que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción contra el juez.

La investigación administrativa contra el juez tributario Oscar Meriño Maturana -titular del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana-, se inició por oficio el 23 de noviembre pasado, en paralelo a la indagatoria penal que enfrenta el mismo juez por cohecho (lea ese artículo). Fue el fiscal judicial Daniel Calvo Flores quien estuvo a cargo de la investigación interna, orientada a esclarecer si Meriño recibió pagos a cambio de nombrar peritos contables en el marco de la tramitación de causas en su tribunal. Calvo, además, extendió la investigación contra Meriño por su presunta responsabilidad en el nombramiento “irregular” de peritos en causas tributarias. En otras palabras, se investigó si elegía a los expertos a dedo. 

La investigación administrativa, que finalizó en abril pasado, corroboró que el magistrado designó arbitraria e irregularmente a peritos en causas que estaban bajo su responsabilidad. Sin embargo, no pudo confirmar si Meriño se beneficiaba económicamente de ello, como indicaba la denuncia original, y lo sobreseyó de esa acusación.

Aunque Meriño sigue bajo la investigación de la Fiscalía Centro Norte por presuntos pagos, el 18 de octubre el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ya cerró su proceso y decidió sancionar administrativamente al magistrado, suspendiéndolo de sus funciones durante cuatro meses con “goce de medio sueldo”.

Pero, esa sanción es retroactiva. Y como Meriño estuvo suspendido cuatro meses desde que se conoció la denuncia en su contra hasta inicios de abril, ese período fue abonado al castigo determinado por el tribunal. 

Además, una minoría del pleno -los ministros Muñoz Pardo, Zepeda, Lusic, Crisosto, Rojas Moya y Gómez- estuvo de acuerdo con que “atendido los antecedentes recopilados durante el proceso y la acumulación de irregularidades constatadas en la investigación”, sugieren un patrón de conducta incompatible con la labor de un juez. Por esto, consideraron necesario elevar los antecedentes a la Corte Suprema y solicitar la apertura de un cuaderno de remoción por estos hechos. Esa moción no prosperó.

La corte también falló en contra de Cristian Contreras, funcionario administrativo y mano derecha de Meriño en el tribunal. La investigación de Calvo determinó que, al menos en una ocasión, Contreras llamó a un abogado de la parte reclamante para sugerirle que pidiera un informe judicial y la contratación de una perita en particular para tal labor (vea reportaje de CIPER “Cohecho en Tribunal Tributario: la lista de los peritos en la mira de la fiscalía”). Sobre Contreras, el pleno determinó el castigo de una censura por escrito, en concordancia con la sanción que propuso el fiscal judicial. 

Según estableció la investigación administrativa, Meriño habría incurrido en el nombramiento irregular de peritos en al menos diez causas tramitadas en el Segundo Tribunal Tributario Aduanero Metropolitano, entre los años 2018 y 2021. Los expertos que fueron nombrados en esas controversias legales fueron, principalmente, Teresa del Pilar Gaete Navarro, Sergio Castro Rivero y José García Donoso.

Aunque la investigación de la Corte de Apelaciones de Santiago no pudo corroborar el cohecho, dejó de manifiesto que las designaciones irregulares de peritos se produjeron en un contexto de “múltiples transacciones bancarias cuestionables por parte del juez señor Meriño, cuya repetición sostenida sugiere un patrón de comportamiento de parte del juez investigado que va más allá del mero error o descuido y que impacta en la garantía de un procedimiento judicial justo e imparcial”. 

La defensa de Meriño señaló que las designaciones cuestionadas fueron dispuestas únicamente durante el período de pandemia, “las que se justificaron en estrictas razones de buen servicio ante la ausencia de laborales presenciales, como una medida para procesar información técnica en las causas más complejas”.  Esos argumentos fueron soslayados por el pleno, que los consideró no admisibles. Cabe destacar que, en el proceso penal, Meriño es defendido por el abogado penalista Mario Vargas.

LAS IRREGULARIDADES EN LOS INGRESOS DE MERIÑO

La indagatoria de Calvo no se agotó en el nombramiento irregular de peritos, también constató irregularidades en los ingresos del patrimonio de Meriño.

Entre las anomalías detectadas, se señalan transferencias millonarias en su cuenta bancaria a nombre de terceros, así como depósitos realizados por personas no identificadas. En una de sus declaraciones en el proceso administrativo, Meriño dijo que parte de estos movimientos corresponden al pago de arriendos de departamentos que compró en Colina y que renta a personas migrantes por montos entre $120 y $130 mil al mes. También indicó que en alguna ocasión Contreras recolectó esos pagos y que luego los transfería a su cuenta. Pero, el funcionario administrativo dijo que esos montos alcanzaban los $400 o $500 mil. (lea ese artículo: La explicación de juez tributario para ingresos no justificados en su cuenta: arriendo de departamentos por los que no paga impuestos). 

Entre los movimientos financieros y transferencias de dinero cuyo origen y justificación no pudo ser plenamente esclarecido en la investigación de Calvo, están aquellos recibidos por Meriño de parte de la sociedad “Mejías San Martín”, conformada por su madre y hermano por un total superior a los $18 millones. También, otro traspaso de dinero de parte de su hermano por $119 millones, de su expareja por $3,3 millones y de Contreras por $4,5 millones. Además, existirían depósitos de terceras personas no identificadas, por la suma total de $30 millones.

El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago también resaltó la existencia de la sociedad constituida entre Meriño y el perito Remón Paillán en 2017, “mismo año en que éste fue designado en dicha condición por el magistrado señor Meriño en dos causas de su tribunal”. 

La Corte de Apelaciones también destacó la existencia de transferencias efectuadas durante el periodo investigado a la entonces pareja de Meriño. El juez le habría transferido más de $14 millones, mientras que el hermano de este último, $4,8 millones, y la sociedad “Mejías San Martín”, otros $20 millones. Además, una de las peritos –que de acuerdo a la Corte– fue nombrada de manera irregular por el juez tributario, Teresa Gaete Navarro, le transfirió casi $5 millones dentro del período investigado. El fallo consigna que la profesional fue “nombrada por el juez Meriño en nueve oportunidades como perito contable entre los años 2020 a 2022”.

Según se consignó en la resolución del tribunal de alzada, si bien estas anomalías “no permiten establecer de manera inequívoca” que corresponden a una contraprestación por la designación irregular de peritos, “dada la magnitud y frecuencia de dichos movimientos financieros así como con la falta de explicaciones satisfactorias ofrecidas por parte del juez señor Meriño, conducen a plantear interrogantes sobre la integridad de su conducta financiera y el potencial impacto en el ejercicio de sus funciones judiciales”.