Estallido social: acción penal de 688 querellas que presentó el INDH por violación de DD.HH. comenzará a prescribir a partir de hoy

De 3.233 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por hechos ocurridos en el contexto del estallido social, 1.067 aún se encuentran en tramitación, pero 688 podrían prescribir a partir de hoy y durante las próximas semanas. Esto, porque a contar de este 18 de octubre comenzarán a cumplirse cinco años desde la presunta comisión de delitos como apremios ilegítimos, violencia innecesaria y vejaciones injustas, por lo que se podría aplicar la prescripción penal. De estas querellas, 243 no han registrado movimientos judiciales en más de un año y 170 llevan más de dos años sin avances.

Créditos imagen de portada: Alberto Arellano

Durante la tarde del 18 de octubre de 2019, una mujer de 57 años se encontraba en el terminal de buses San Borja, comuna de Estación Central, intentando regresar a su casa, cuando vio a tres miembros de Fuerzas Especiales golpeando a un joven. Se acercó para ayudar al agredido, pero los funcionarios reaccionaron lanzando bombas lacrimógenas y utilizando sus escopetas antidisturbios. La mujer fue herida con un perdigón que quedó incrustado en su pierna derecha. 

El relato del párrafo anterior forma parte de una de las 3.233 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social, entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. Y es una de las que podría prescribir desde hoy, al cumplirse cinco años desde la comisión de los hechos denunciados, sin haber tenido avances judiciales los últimos dos años.

A partir de las respuestas a una solicitud de transparencia al INDH y de una exhaustiva revisión de causas en los registros de la web del Poder Judicial, este equipo periodístico creó una base de datos con el estado actual de las querellas presentadas por el organismo en el periodo mencionado. El análisis muestra que 2.068 causas ya se encuentran concluidas. La gran mayoría, un 61%, fue cerrada por la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, debido a falta de antecedentes. 

Al estar sin formalización, entre el 18 de octubre de este año y marzo de 2025, los tribunales podrían declarar la extinción de la acción penal de esas causas, lo que significaría el cierre definitivo de las querellas. Cabe destacar que, al cierre de este reportaje, 243 de esas causas no han tenido movimientos judiciales hace más de un año y 170 hace más de dos. 

Del total de 688 querellas que pueden comenzar a cerrarse desde hoy por prescripción, 590 corresponden a delitos de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, 86 a violencia innecesaria, once a vejaciones injustas y una por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves gravísimas. Todos estos delitos tienen un plazo de prescripción de cinco años.

Cabe destacar que también hay 132 querellas que aún están en tramitación, pero corresponden a crímenes como homicidio y tortura. Al tener una pena más severa que los simples delitos, estos tienen un plazo de prescripción que va desde los diez años en adelante. Es decir, que aún tienen al menos cinco años más para continuar su tramitación antes de que prescriba su persecución.

"ERA BASTANTE ABERRANTE"

Katherine Villagra es abogada analista de protección en el INDH y explica que, al momento de asumir su cargo en noviembre de 2023, solicitó un catastro de las causas presentadas por el organismo para revisar el último movimiento de cada una. “Era bastante aberrante, querellas que se habían presentado y que nunca se hizo absolutamente nada, nunca hubo una interacción, en este caso, del abogado titular”, revela, apuntando a que también ha habido inacción por parte del instituto.

La revisión de causas en la web del Poder Judicial muestra que la última actualización que tuvieron 365 querellas que comenzarán a prescribir desde hoy –es decir, más de la mitad– tuvo relación con una delegación de poder entre los abogados querellantes. Es decir, son actualizaciones que no implican un avance en la investigación, sólo modificaciones relacionadas con los representantes de las víctimas. “En general, cuando un abogado le delega el poder a otro, lo hace para que también tenga representación en la causa”, explica Romina Neumann, abogada especialista en derecho penal. 

Al ser consultada sobre la posibilidad de que estas delegaciones de poder sean una eventual complicación en la tramitación de las querellas, la abogada Neumann aclara que “no debería ser un problema, porque quien tiene ahí la representación estratégica es el INDH (…). Independientemente de las contrataciones que pueda hacer el instituto, lo importante es que tengan una estrategia judicial bien pensada y que le puedan delegar a las personas que tramitan”.

Katherine Villagra coincide en que “para efectos procesales, no tiene ninguna incidencia que se deleguen poder”. Sin embargo, asegura que, entre las razones de esta delegación, ha podido ver que “se debe a la gran rotación de los abogados del INDH, y eso también puede incidir en la tramitación de las causas, ya que, tantos cambios de abogados, podría significar que pierdan el hilo (del proceso judicial)”. 

A cinco años del estallido social, la querella por apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos contra la mujer herida por un perdigón en Estación Central, descrita al inicio de este artículo, sólo ha tenido los siguientes movimientos judiciales: en febrero de 2020, la presentación y admisibilidad de la querella, y una solicitud de adjuntar un archivo que los abogados no habían incluido. En 2022, la solicitud de copia de actas del INDH, la renuncia de una abogada del instituto y la delegación de poderes entre abogados. El último movimiento judicial es del 7 de septiembre de ese año. Desde hoy, el delito por el cual se abrió su causa está prescrito, por lo que ya no podrá perseguirse penalmente. 

(*) Este reportaje fue realizado por los estudiantes Javier Burgos y Noelia Méndez, en la sección de la profesora Paulette Desormeaux del curso Taller de Periodismo Avanzado, de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.