Por servicios de laboratorios en pandemia: gobierno de Sebastián Piñera comprometió pagos por $3.500 millones a la U. San Sebastián

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la Universidad San Sebastián (USS) tuvo una notable alza en sus ingresos por servicios prestados a entidades públicas, sumando más de $7 mil millones. La mayor parte vinieron del Ministerio de Educación, incluyendo tratos directos cuando esa cartera era dirigida por Marcela Cubillos, como lo reveló un reportaje de CIPER. Esta nueva investigación aborda la segunda fuente de fondos públicos que más pagó por servicios a la USS en ese periodo: organismos dependientes del Ministerio de Salud cancelaron alrededor de mil millones de pesos, según registros de Mercado Público, por análisis de muestras durante la pandemia en laboratorios de la universidad. A esto se suman tres contratos pendientes por $2.500 millones, los que fueron regularizados en el nuevo gobierno -aunque dos de ellos se ejecutaron antes del cambio de mando-, y de ese monto se pagaron, al menos, $1.200 millones en 2022. Hoy, la USS alberga a dos de las principales autoridades que afrontaron la pandemia: el exministro Enrique Paris y el exsubsecretario Arturo Zúñiga.

La Universidad San Sebastián (USS) registró un fuerte aumento en sus ingresos por servicios prestados a organismos públicos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sumando un total superior a $7 mil millones en órdenes de compra. CIPER reveló que el grueso de estos recursos provenían de la Subsecretaría de Educación, lo que incluía tratos directos firmados por la exministra de esa cartera, Marcela Cubillos, quien tras su paso por ese ministerio fue contratada como académica a tiempo parcial por la USS, con un sueldo de $17 millones, según reveló El Mostrador. Por esa razón, la Superintendencia de Educación abrió una investigación a la USS.

Pero, la Subsecretaría de Educación no fue el único organismo estatal que pagó grandes montos por servicios de la USS bajo la segunda administración de Sebastián Piñera. CIPER identificó que entidades dependientes del Ministerio de Salud (Minsal) fueron la segunda fuente de recursos públicos pagados por servicios de esa universidad en ese período. 

Entre 2018 y 2021 los servicios de Salud y las secretarias regionales ministeriales (Seremi) de esa cartera, junto a las subsecretarías de Salud y de Redes Asistenciales, emitieron más de 120 órdenes de compras por un total de $2.169 millones a la USS. Así, la universidad pasó de registrar órdenes por $97 millones y $399 millones en 2016 y 2017, respectivamente, a $1.146 millones solo en 2021. En ese último año del gobierno de Piñera, la USS entró al top 500 de proveedores del Estado, según los registros de la plataforma Mercado Público. 

Del monto total pagado por entidades públicas a la USS en 2021, $1.010 millones corresponden a la prestación de un servicio imprescindible durante la pandemia: procesamiento de exámenes PCR para detectar Covid. Por este mismo servicio, bajo el mando del exministro Enrique Paris el Minsal dejó tratos sin regularizar con la USS por $2.550 millones. Esto significa que, a pesar de que parte de los servicios de laboratorio de la USS habían sido prestados en 2021 o a partir de enero de 2022, el gobierno del Presidente Gabriel Boric debió hacerse cargo de la regularización. La Contraloría tomó razón de uno de los contratos regularizados por la Subsecretaría de Salud Pública cuando ya estaba en marcha el nuevo gobierno, pero advirtió: “Esa institución, en lo sucesivo, deberá oportunamente suscribir y sancionar los convenios como el de la especie”.

Seis meses después del cambio de gobierno, el exministro Paris asumió la presidencia del Instituto de Política Públicas de Salud de la universidad (IPSUSS). Por esos mismos días, el 20 de septiembre de 2022, se regularizó un contrato pactado bajo el gobierno de Piñera, que había comprometido un pago de hasta $1.900 millones, y que aún estaba vigente. Pero, en el primer año del gobierno de Boric sólo se pagaron $860 millones, tras contabilizar las muestras efectivamente analizadas.

Paris no fue la única autoridad del Minsal que llegó a la USS. También lo hizo el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Esa subsecretaría era parte de un Comité Asesor que participaba en el proceso de asignación de recursos para las instituciones de la Red de Laboratorios Universitarios, entre los que se contaba la USS. Si bien Zúñiga dijo a la prensa que se retiraba para proyectar su carrera política – y posteriormente postular a la Convención Constituyente-, en enero de 2021 se sumó a la universidad y asumió la presidencia del IPSUSS. Actualmente, es Vicerrector de Admisión y Desarrollo Estudiantil.

Uno de los contratos con la USS para prestar el servicio de laboratorio fue suscrito por el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN). Lo firmó el entonces director del SSMN, Guillermo Hartwig, quien, antes de ingresar al gobierno de Sebastián Piñera, fue director de Administración y Finanzas de la Facultad de Medicina de la USS.

“Entre los años 2020 y 2022, los laboratorios de la USS procesaron más de 700 mil exámenes PCR para confirmación diagnóstica (719.762), contribuyendo a la respuesta del país frente a la emergencia generada por la pandemia”, explicaron a CIPER desde la USS.

Fuente: USS

LABORATORIOS COVID

El primer laboratorio de la USS en entrar en funcionamiento procesó muestras enviadas por el Servicio de Salud de Reloncaví, Región de Los Lagos. Según fuentes del Minsal hasta junio de 2020 la capacidad para procesar muestras de la USS aún era baja. Pero, ese mismo mes la universidad sumó dos laboratorios en la Región Metropolitana, los que le permitieron, desde julio de ese año, procesar hasta 1.300 muestras diarias. 

Cuando la USS ingresó a la Red de Laboratorios Universitarios en 2020, esta iniciativa era financiada y coordinada a través del Ministerio de Ciencias, que debía atender los requerimientos de los Servicios de Salud, dependientes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La USS es la universidad que más transferencias recibió durante la primera etapa de la Red, con un total de $410 millones que le permitieron financiar la puesta en marcha y el personal de tres laboratorios. 

A partir de enero de 2021, los laboratorios de universidades pasaron a ofrecer sus servicios directamente a Seremis y Servicios de Salud, por lo que los contratos se formalizaron vía Mercado Público. 

La iniciativa de la USS de ingresar a la Red de Laboratorios Universitarios ya estaba en marcha a fines de abril de 2020, aunque sólo tenía en funcionamiento el Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) de la Región de Los Lagos. El anuncio del gobierno de una inyección de $1.500 millones para la red, permitió que la USS instalara las dos nuevas unidades: el laboratorio de Virología y el de Microbiología Molecular e Investigación de Alimentos. 

Estos tres laboratorios llevaron a la USS a situarse como la segunda universidad que más test de Covid analizaba en 2020. Y a ser una de las pocas universidades que continuó siendo contratada por los Servicios de Salud en 2021 y 2022. En total, el gobierno de Sebastián Piñera acordó contratos por $3.564 millones para procesar muestras. Según los antecedentes de Mercado Público, todos corresponden a tratos directos suscritos bajo emergencia sanitaria.

En 2021, cuando la USS llegó al Top 500 de proveedores del Estado, se emitieron 27 órdenes de compra por $1.146.751.990 y $1.010 millones se debían a servicios por análisis de muestras prestados por la USS. La ordenes se dividían entre la Subsecretaría de Salud (por $454.976.500), el Servicio de Salud Metropolitano Sur (por $436.854.000) y Servicio de Salud Metropolitano Norte (con solo una orden por $124.950.000).

El contrato con el SSMN fue firmado el 18 de noviembre de 2021 por su entonces director, Guillermo Hartwig. Según ese documento, el SSMN requería el procesamiento de 10.500 exámenes mensuales, con un costo único e independiente del volumen procesado de $5 mil por unidad. En la resolución exenta no se da cuenta de otras cotizaciones (revise acá ese contrato). Entre 2014 y marzo de 2018, Hartwig trabajó para la USS. Según su perfil de LinkedIn, administró las carreras de Medicina, Obstetricia y Ciencias de la Salud, y el Instituto de Políticas Públicas de Salud (IPSUSS), además de encargarse de los planes de inversión en infraestructura y la administración de la Unidad de Campos Clínicos para los internados de las carreras de la salud. 

Desde la Universidad San Sebastián destacaron que las muestras procesadas para el SSMN representaban un 4% del total y que, “de haber existido alguna inhabilidad, habría sido el propio Servicio de Salud o los órganos contralores los que habrían reparado en alguna falta administrativa”.

CIPER intentó hablar con Hartwig para preguntarle por estos tratos y, aunque se le envió un correo a su casilla electrónica de la Universidad del Alba, donde trabaja actualmente, no hubo respuesta. También se consultó al SSMN, pero en esa repartición prefirieron no referirse al tema.

Firma de Guillermo Hartwig en el contrato.

Al consultar a la Universidad San Sebastián quién convocaba la institución para realizar los análisis de muestras, explicaron a CIPER que “los requerimientos fueron coordinados por los equipos técnicos y de gestión de los servicios de salud respectivos, mandatados por las autoridades de dichos organismos, al igual que las otras universidades que formaron parte de la red de apoyo para dar respuesta a la pandemia”.

El primer contrato del Servicio de Salud Metropolitano Sur con la USS fue autorizado el 5 de febrero de 2021, por $50 millones. La resolución explica que contaron con un estudio comparativo de ofertas para el análisis de muestras de SARS COV-2 y que debido al estado de emergencia el contrato estaba exento de requerir un mínimo de tres cotizaciones. El trato se prorrogó en dos ocasiones, hasta diciembre de 2021, registrando órdenes de compra por $385 millones en total. En este caso, la USS aparece ofertando precios escalonados: $5 mil por unidad, si se procesaban menos de 260 muestras diarias; $4.500, si se recibían entre 261 y 480 al día; $4 mil, si superaban las 480, y $3.500 si se eran más de 650. Cenabast había fijado el precio máximo en $25 mil, pero, en el caso de la USS el servicio no incluía la toma de muestra, ni el traslado al laboratorio, ni el kit de extracción y PCR, por lo que debía tener un costo proporcional. 

A fines de 2021, en Mercado Público aparece solo una orden de compra emanada de la Subsecretaría de Salud Pública a nombre de la USS por revisión de muestras Covid, fechada el 25 de noviembre de 2021 por $450 millones. Hasta esa fecha no había registro de algún contrato con la USS, bajo el RUT de la Subsecretaría de Salud, para un servicio que ya se venía prestando desde agosto de 2021 a solicitud de la Seremi Metropolitana de Salud.

Recién en febrero de 2022, a menos de un mes de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, la seremi Helga Balich Pérez emitió la resolución que autorizaba el pago de $450 millones para la USS. El contrato que cita la resolución también fue firmado con posterioridad a prestación del servicio (vea aquí la resolución). Según información proporcionada por la Subsecretaría de Salud, de este contrato se ejecutaron solo $322 millones, los que fueron pagados durante el gobierno de Gabriel Boric, sobre la base de las facturas emitidas por la universidad y los informes de contraprestación. 

LÍDER EN TRANSFERENCIAS

Los pagos recibidos por la USS en los primeros meses que brindó el servicio como laboratorio, están en el Registro de Colaboradores del Estado. En esa primera etapa el gobierno destinó $2.563 millones a la red de laboratorios universitarios, de los cuales $410 millones fueron para financiar la instalación y el personal que trabajó hasta diciembre de 2021 en los tres laboratorios de la USS. 

En los inicios de la pandemia la red de laboratorios era coordinada y financiada a través del Ministerio de Ciencias, que atendía los requerimientos del Ministerio de Salud. Los recursos eran transferidos por medio de un fondo concursable entregados a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la que era dirigida por la actual ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry.

En el registro de transparencia de la Subsecretaría de Ciencias se puede ver la evolución de los recursos transferidos a las universidades. Si bien en los primeros meses se observa una constante mensual de $25 millones, aproximadamente, por laboratorio, en diciembre se registran transferencias más altas, que pueden corresponder a un segundo concurso que realizó la ANID para asignar nuevos fondos a los laboratorios universitarios, los que cubrirían desde el personal hasta mejoras en infraestructura, por un máximo de $7 millones. De este segundo fondo, a la USS se le asignaron $260 millones en dos pagos: $85 millones y $175 millones. Le siguió la Universidad de Santiago ($117 millones) y la Universidad de Chile ($108 millones) para dos laboratorios.

Los recursos de estos fondos eran asignados por ANID  junto a un Consejo Asesor integrado por representantes de universidades, de la comunidad científica, de la Subsecretarías de Ciencias, que era dirigida por la bióloga Carolina Torrealba (actualmente docente de la UNAB) y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que fue dirigida por Arturo Zúñiga. El 31 de diciembre de 2020, la entonces subsecretaria Torrealba anunció que a partir del 1 de enero los laboratorios universitarios pasarían a ser parte de la red público-privada de testeo. Para esa fecha, el exsubsecretario Zúñiga llevaba un mes en el IPSUSS de la Universidad San Sebastián (ingresó el 1 de diciembre de 2020), organismo del que fue director ejecutivo al menos hasta fines de abril de 2021, cuando era candidato a la Convención Constitucional. 

Arturo Zúñiga, exsubsecretario de Redes Asistenciales (Fuente: Flickr Minsal)

CIPER consultó a Arturo Zúñiga si alguna vez realizó gestiones en representación de la USS entre 2020 y 2022. El exsubsecretario respondió que “no” y que “el procesamiento de muestras PCR COVID-19 por parte de laboratorios de la universidad durante los años 2021 y 2022 no se debe a ninguna gestión realizada por mí.  Además, como director ejecutivo de IPSUSS, no firmé ningún convenio de colaboración con ninguna institución pública ni privada”. 

En todo caso, hay registro de un nexo entre Zúñiga y la USS previo a la formalización del contrato. Según una nota de prensa del IPSUSS, ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera se dieron cita, el 25 de noviembre de 2020, en la sede Los Leones de la USS. El objetivo -según la nota- era constituir el Consejo Asesor del Centro de Políticas Públicas USS. “Se trata de figuras con una vasta experiencia y trayectoria en el servicio público, como Andrés Chadwick, Jaime Mañalich, Gerardo Varela y Arturo Zúñiga”, señala el artículo.

Ex autoridades del segundo gobierno de Sebastián Piñera -Jaime Mañalich, Gerardo Varela y Arturo Zúñiga-  junto a representantes de la Universidad San Sebastián, 25 de noviembre de 2022 (Fuente: Web Universidad San Sebastián)

A través de su encargada de prensa, el exsubsecretario Arturo Zúñiga respondió a CIPER que ése Comité Asesor dejó de funcionar hace mucho tiempo y que han habido cambios en la institución. Además, en ese entonces eran otras las autoridades del IPSUSS y era otro el rector de la USS.

CIPER consultó al exministro Jaime Mañalich sobre su asistencia a este encuentro, pero declinó dar declaraciones.

SERVICIOS PRESTADOS SIN REGULARIZAR CONTRATOS

Las cifras de 2020 y 2021 hay que sumar órdenes por servicios de revisión de muestras que fueron acordados, e incluso ejecutados, en el gobierno de Sebastián Piñera, pero cuyos contratos fueron regularizados por el gobierno de Gabriel Boric. En total, los contratos acordados durante el periodo del exministro Enrique Paris que no fueron firmados y autorizados a tiempo, suman un total de $2.550 millones para 2022. 

Uno de estos contratos regularizados fue autorizado el 6 de septiembre de 2022 por el subsecretario Cristóbal Cuadrado, a través de la resolución 1.242. En el documento se explica que en enero de 2022 el Servicio de Salud Metropolitano Norte -que era dirigido por Guillermo Hartwig- se vio sobre demandado y acudió a la red privada para analizar muestras, debido a un alza en los contagios. Según el documento, la USS se encontraba disponible en los tiempos requeridos y las autoridades del gobierno anterior acordaron el servicio, sin regularizar. Finalmente, los trabajos se desarrollaron entre febrero y junio de 2022.

El Servicio de Salud Metropolitano Sur también regularizó con posterioridad y en el siguiente gobierno, servicios por revisión de muestras. El caso corresponde a trabajos que se iniciaron a fines de enero de 2022, pero cuyo contrato y resolución fueron firmados en abril y mayo de ese año, respectivamente. Según los registros de Mercado Público, se contrató a laboratorios de la USS debido a que, a fines de enero, las tomas de muestras para el virus superaron la capacidad instalada en la Red SSMS. Por este servicio hay dos órdenes de compra, por $500 millones y $15 millones.

El contrato más alto acordado entre la USS y un organismo del Estado fue por $1.966 millones, cuya orden de compra es de noviembre de 2022. La universidad prestó servicios entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de ese año, pero el contrato no fue regularizado hasta el 29 de agosto de 2022. En la resolución se destaca que el acuerdo por los servicios fue tomado antes de que las actuales autoridades asumieran el cargo y que se optó por regularizar las prestaciones para mantener el servicio. Enfatizan que no fue hasta junio de 2022 que tomaron conocimiento de la falta de contrato (vea contrato aquí). 

La Contraloría General de la República (CGR), en la toma de razón del contrato, estableció “alcances”, destacando que el contrato fue firmado recién el 29 de agosto de 2022 y que el acto administrativo que lo aprobó fue dictado el 20 de septiembre, seis meses después de que el ministro Paris dejara el Minsal. “Esa institución, en lo sucesivo, deberá oportunamente suscribir y sancionar los convenios como el de la especie”, resolvió la CGR. Según informó la Subsecretaría de Salud a CIPER, este contrato no se ejecutó por completo y, finalmente, se pagaron solo $892 millones. El subsecretario Cuadrado debió extenderlo hasta diciembre, luego de abrir una consulta al mercado y que no se presentaran más ofertas. Por esta extensión, para la que se presupuestaron $240 millones inicialmente, se pagaron $89 millones a la USS.

Enrique Paris, exministro de Salud (Fuente: Flickr Minsal)

Desde la Universidad San Sebastián señalaron a CIPER que “la alerta sanitaria decretada obligó a muchos servicios a adoptar medidas de emergencia asociadas a dar adecuada cobertura diagnóstica y terapéutica a la población. La legislación vigente permitió la contratación directa y aprobar el inicio de los servicios previo a la formalización de los contratos respectivos, en este último caso ante la alta demanda y la necesidad de una oportuna atención, factor clave para entregar tratamientos adecuados y salvar vidas”.

A diferencia de la USS, otras universidades que procesaron muestras firmaron convenios de colaboración y contratos antes de prestar el servicio. Por ejemplo, también en 2022, la Universidad de Playa Ancha firmó un convenio el 31 de enero de 2022 con el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, por el que acordó el pago máximo de $491 millones, con un valor de $4 mil por unidad y una capacidad de 150 muestras diarias.

La Universidad de O’Higgins firmó un convenio el 9 de junio con su servicio local respectivo, con un valor por muestra de $3.500 si eran 450 por día o de $1.900 si eran más de 1.200 diarias. Mientras que la Universidad de Concepción registra precios entre los $3.990 y $4.541, dependiendo del volumen diario. El precio más bajo lo registra la Universidad de Magallanes con alrededor de $1.618 por cada muestra, según su convenio. 

CIPER identificó que, en al menos un caso, la Subsecretaría de Salud optó por abrir sumario ante el atraso de meses en la regularización de un contrato con una universidad. Se trata del servicio por “secuenciación del genoma completo Sars-Cov-2” que fue prestado por la Universidad Andrés Bello, entre el 2 de agosto y el 15 de noviembre de 2021. El trato fue autorizado el 10 de marzo de 2022, un día antes de que Sebastián Piñera dejara el gobierno. 

La entonces subsecretaria María Teresa Valenzuela autorizó el pago de $90 millones a la UNAB por el servicio, pero, instruyó un sumario para “determinar eventuales responsabilidades administrativas, en la dilación de los procesos administrativos destinados a gestionar la oportuna tramitación del contrato” (vea la resolución acá). La exsubsecretaria actualmente es la decana Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la USS. 

CIPER consultó al exministro Enrique Paris sobre los contratos firmados y acordados durante su administración del Minsal, pero prefirió no referirse al tema.