Menores de edad víctimas de homicidio: más de la mitad estaba bajo cuidado estatal entre 2018 y 2022

Un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito revela que, de los 217 homicidios contra niños y adolescentes en ese periodo, 52,5% formaban parte de programas del Servicio Nacional de Menores o del Servicio de Protección Especializada (ex Mejor Niñez). La mayoría fue atacada con arma de fuego. Según Fiscalía Nacional, muchos de ellos son víctimas de sus cuidadores o por quienes tienen su tutela. El siguiente reportaje fue hecho por Vergara240, la plataforma periodística de la Escuela de Periodismo UDP, y CIPER lo comparte con sus lectores.

Vea acá la versión original de este reportaje publicada por Vergara 240

Desde mediados de 2023, el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos -que es parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito- publica semestralmente informes que detallan los homicidios consumados en el país. Sin embargo, V240 tuvo acceso a un documento inédito elaborado por la entidad. 

Este informe revela una alarmante estadística: 52,5% de los niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios, entre 2018 y 2022, estaban bajo el cuidado de algún programa estatal, como el Servicio Nacional de Menores (Sename) o el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Mejor Niñez).

Desde la subsecretaría explicaron que corresponde a un documento interno, “utilizado como base para elaborar políticas públicas que aborden esta materia”. Asimismo, señalaron que estas cifras son levantadas con información del Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entre otras instituciones.

“El mencionado informe contiene información preliminar. Las cifras oficiales sobre homicidios de NNA ya han sido publicadas tanto en los informes oficiales de homicidios consumados, en reportes del Ministerio Público, y abordadas en detalle por autoridades relacionadas con el tema”, dijeron desde la subsecretaría, en una respuesta escrita enviada a V240.

Sin embargo, las cifras oficiales a las que se refiere la subsecretaría no desagregan si aquellos menores de edad estaban o no bajo el cuidado de algún programa del Estado. En total, fueron 217 los menores de edad víctimas de homicidio entre 2018 y 2022, independiente de si estaban en ese momento bajo el cuidado del Estado. Este número fue corroborado con una base de datos conseguida vía Ley de Transparencia desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, tras un amparo interpuesto ante el Consejo para la Transparencia.

Otras cifras que coinciden con el informe interno de la subsecretaría son que 59% de las víctimas fue atacada con un arma de fuego, 78% eran hombres y 46,5% de los 217 homicidios de menores de edad ocurrió en la Región Metropolitana, entre otros detalles.

María Eugenia Fernández, directora del Sename desde febrero de 2024, aseguró a V240 que desconoce la existencia del informe. “Lo que sí, tenemos claridad sobre los jóvenes que estaban en alguno de nuestros programas y que han fallecido. Pero, cuando se trata de determinar la causa de muerte, como un homicidio u otra razón, esa categorización la realiza el Servicio Médico Legal o los tribunales. Por eso puede que el informe considere información que nosotros no tenemos”, explicó. Agregó que entregan periódicamente sus registros a la subsecretaría y otros organismos del Estado.

En tanto, el Servicio de Protección Especializada respondió, vía Transparencia, que entre 2018 y mayo de 2024, 29 menores de edad que estaban en alguno de sus programas fallecieron producto de homicidios. Sin embargo, no detallaron las cifras por año y el número tampoco coincide con el que arroja el informe de la subsecretaría, donde se indica que, de los 114 menores que permanecían en algún programa estatal y que murieron víctimas de este tipo de crimen en ese periodo, 28 eran atendidos simultáneamente por ex Mejor Niñez y Sename; 74 estaban solo en un programa del primero de estos servicios, y 12 exclusivamente en el Sename.

Claudio Castillo, director del Servicio de Protección Especializada (ex Mejor Niñez) desde septiembre de 2024, indicó que las cifras enviadas por Transparencia son números preliminares que manejan internamente: “Es un dato interno, no depurado. Es un dato de gestión para hacer un historial de seguimiento. El dato oficial siempre va a ser el de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Observatorio de Homicidios, previa calificación del Ministerio Público”.

Castillo aseguró que tampoco conoce el informe de la subsecretaría, pero confirmó que internamente se analizan las cifras sobre los menores de edad que están o estaban bajo el cuidado de algún programa estatal, y que dicha información se comparte con la subsecretaría de Prevención del Delito bajo un convenio de colaboración y confidencialidad. 

“Respecto de que hay un porcentaje de niños y niñas, adolescentes menores de 18 años, que fallecen siendo parte, o habiendo egresado de alguno de los programas de protección o de reinserción, o de Sename, eso es un análisis que está realizado. Por eso, el desafío, desde el ámbito proteccional, es levantar las alertas de manera preventiva para evitar que se produzca el fallecimiento de los casos en los que hemos detectado que hay ciertos patrones comunes”, añadió Castillo.

Aunque señaló que desconoce las cifras a las que tuvo acceso V240, el director de ex Mejor Niñez dice que se ajustan a los “factores de riesgo” que enfrentan los niños, niñas y adolescentes cuando ingresan a algún programa del Servicio de Protección. Es decir, la vulnerabilidad a la que están expuestos es tal, que existe una alta probabilidad de que sean víctimas no solo de homicidios, “sino también de tener mayor cantidad de carga de enfermedades y de estar expuestos a otras vulnerabilidades, como la explotación sexual o a la criminalidad”.

A pesar de las consultas realizadas por V240 a las distintas instituciones involucradas, no fue posible obtener cifras oficiales correspondiente al año 2023 sobre estos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, algunos casos de ese año se encuentran registrados en medios de prensa, como el de María José, una adolescente de 16 años que, tras escapar de una residencia del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Región del Biobío, fue víctima de homicidio.

En la madrugada del 5 de mayo de 2023, el excarabinero Juan R. abandonó el cuerpo moribundo de la joven en una calle de San Pedro de la Paz. Dos horas después, se entregó en la comisaría de Tomé, donde declaró haberle disparado para «defenderse» de un supuesto asalto. 

Actualmente, el caso está a la espera del juicio. Desde la Fiscalía del Biobío solicitaron una audiencia de sobreseimiento, ya que Juan R. habría actuado en legítima defensa. Sin embargo, el juzgado rechazó el requerimiento.

El día anterior a los hechos, María José se había escapado de su residencia. Junto a un joven identificado como Ismael, solicitó un viaje a través de una aplicación y durante el trayecto ambos intimidaron al conductor, Juan R., con el objetivo de robarle, según consta en los registros de la causa penal.

María José estaba bajo el cuidado del Estado desde los 2 años. En 2021, Paola Rodríguez, del programa Mi Abogado, asumió su curaduría por orden de un tribunal de familia. Este equipo brinda asistencia legal, social y psicológica a niños gravemente vulnerados bajo el sistema de protección estatal. En otras palabras, María José estaba bajo doble cuidado del Estado: el de Mi Abogado y el de ex Mejor Niñez.

Rodríguez explicó que es común que niños y adolescentes se escapen de las residencias y que, a veces, pueden salir con permisos previos y bajo ciertas condiciones. «Es muy desafortunado que durante el seguimiento de la representación fallezcan niños o adolescentes. Pero es una realidad que está ocurriendo», lamentó.

Cuando un niño o adolescente abandona una residencia, se emite una alerta y se notifica a Carabineros. Rodríguez señaló que, en muchos casos, el menor de edad informa a su curador dónde está, ya que generan vínculos de confianza entre ellos. Aunque en el caso de María José la alerta se activó a tiempo, ella no le contó a nadie sobre su paradero, por lo que no lograron encontrarla oportunamente, detalló Rodríguez. En cuanto al contexto del homicidio, la abogada prefirió no hacer comentarios, dado que la causa sigue en curso.

Paola Bustamante, coordinadora del programa Mi Abogado de la Región del Biobío, reconoce que el Estado falló en múltiples ocasiones con María José: “Ella no era cualquier niña que se arrancó. Era una niña con graves dificultades producto de falencias y la falta de respuestas del Estado”.

Las residencias deberían proteger y restituir el derecho de los niños a vivir en familia, agregó, pero la realidad es otra: “Son tan graves las dificultades que han tenido que sobrellevar por el abandono de todo tipo, que nadie está preparado para contenerlos y resguardarlos. Cuando dicen que deben ingresar a una residencia y restituir su derecho a vivir en familia, la verdad es que a veces lo logramos. ¿Cuándo? Cuando son más pequeños y se pueden dar en adopción”. 

María José, con 16 años, ya no tenía opciones para ser adoptada.

HOMICIDIOS A LA BAJA, PERO DE MENORES AL ALZA

En abril pasado, el gobierno informó que la tasa de víctimas de homicidios consumados de 2023 bajó 6% respecto a 2022, quebrando por primera vez la tendencia al alza que venía desde 2016. Sin embargo, el grupo correspondiente a menores de edad mostró un aumento.

De acuerdo al último informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, las víctimas de entre 15 y 17 años representaban 2,8% del total en el primer semestre de 2018, cifra que subió a 3,5% en el mismo periodo de 2024. En el caso de los menores de 0 a 14 años, el porcentaje de víctimas aumentó de 1,4% a 2,4%.

Por otro lado, el reporte anual de la Fiscalía Nacional reveló que en 2018 hubo 45 menores de edad víctimas de homicidio, de un total de 1.998 casos. En 2023, la cifra aumentó a 66 víctimas de 3.670 casos. Esto representó un aumento en la frecuencia de un año a otro, pero una baja en los porcentajes sobre el total anual (2,25% en 2018, y 1,79% en 2023). Sin embargo, las mismas cifras muestran que la tasa de homicidios en menores de 18 años pasó de 1,0 en 2018 a 1,5 en 2023.

Rodrigo Honores, abogado de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señaló una diferencia clave con el informe de Centro para la Prevención: la mayoría de los homicidios contra menores de edad ocurre en contextos interpersonales, no en situaciones de actividad delictiva. “Los niños y adolescentes están siendo víctimas de homicidios por sus cuidadores o por quienes tienen su tutela. Ese es uno de los puntos más relevantes. Un 38% muere en esos entornos interpersonales. El resto, que también nos preocupa, tiene que ver con criminalidad organizada, vinculada a grupos delictivos o pandillas, disparos al aire o bala loca; ese es el segundo grupo más marcado”, explicó.

Este segundo grupo, el de los homicidios de menores de edad en contextos delictivos, es un fenómeno relativamente nuevo. Honores señaló que, hace unos cinco años, no era común: “Desde 2021 vemos que aumentan algunos indicadores relevantes. Primero, muchos hallazgos de cadáveres con intervención de terceros, así como disparos al aire o balas perdidas. Además, si analizamos desde 2016 a 2020, la mayoría son cometidos con arma blanca, pero a partir de 2021 vemos un fuerte incremento del arma de fuego, lo que es un indicio de criminalidad organizada, porque no cualquiera tiene acceso a este tipo de armamento”.

LA MUERTE DE MARÍA JOSÉ

Ismael, el joven que acompañaba a María José, permanece en prisión preventiva, mientras se investiga el asalto ocurrido en mayo de 2023. En tanto, el 26 de septiembre pasado, a solicitud del Ministerio Público, se realizó la audiencia de sobreseimiento de Juan R., el excarabinero que mató a María José. 

El fiscal Paolo Muñoz, a cargo de la investigación por el homicidio, explicó que el exuniformado actuó en legítima defensa con su arma debidamente inscrita: “Estaba autorizado para portarla. El Código Penal permite que una persona que es víctima de un delito pueda defenderse, cumpliendo con algunos requisitos”. Según el fiscal, la actuación de Juan R. cumple con lo necesario para que se considere como legítima defensa “y, por eso, el lamentable fallecimiento de María José, en este caso, está permitido por el ordenamiento jurídico”.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz rechazó la solicitud, señalando que la posible legítima defensa de Juan R. tendrá que ser resuelta en un juicio.