El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, indicó a CIPER que entre las causas que llevó adelante el exfiscal Manuel Guerra que serán revisadas por eventuales irregularidades, se cuenta una investigación que se inició como una denuncia por violación contra Juan Cristóbal Said, la que terminó con una suspensión condicional del procedimiento. Carrera dijo que se analizará si había mérito para eso. El proceso contra el hijo del empresario Salvador Said, miembro de la familia que participa en la propiedad de Scotiabank y Parque Arauco, fue cerrado sin condena. La investigación que afecta a Guerra fue abierta, a raíz de los chats entre el exfiscal y Luis Hermosilla, por eventuales irregularidades en causas como Penta y Dominga.
El 1 de enero de 2021, el entonces jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, escribió un mensaje por WhatsApp que circuló entre funcionarios judiciales y del Ministerio Público, además de abogados: “Estimadas y estimados, en esta fecha, junto con desearles un feliz 2021, les informo que he tomado la decisión de comenzar a explorar nuevos horizontes laborales”.
Algunas semanas después de anunciada su decisión de dejar el Ministerio Público -lo que se concretó recién seis meses después del mensaje-, el cierre de una causa que se tramitaba bajo su jefatura causó sorpresa entre sus pares. Se trataba de una denuncia por el delito de violación en contra de Juan Cristóbal Said, hijo del empresario Salvador Said, cuya familia participa en Scotiabank, Embotelladora Andina y Parque Arauco, entre otros negocios. Lo que llamó la atención fue que el delito investigado era violación, pero la causa se cerró con una suspensión condicional del procedimiento, sin condena.
Hoy, a casi cuatro años de ese episodio, Manuel Guerra forma parte de los protagonistas del Caso Hermosilla. El 27 de agosto pasado, CIPER publicó que en el teléfono del penalista Luis Hermosilla, había registros de conversaciones con Guerra que datan de 2016 y que entre esos mensajes figuraban intercambios en los que Guerra pedía hablar con Andrés Chadwick para “darle una salida al Caso Penta”. Tras ese reportaje, el Ministerio Público determinó abrir una investigación a Guerra por eventuales irregularidades en causas de alta connotación que tuvo en sus manos, como los casos Penta, Dominga, Exalmar y el proceso contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinoza. La indagatoria que afecta a Guerra quedó en manos del fiscal regional de Arica, Mario Carrera.
El fiscal Carrera confirmó a CIPER que, entre los casos que estuvieron bajo la jefatura de Guerra que se revisarán e investigarán, se cuentan los pormenores del proceso por delitos sexuales que involucró a Juan Cristóbal Said. Reportajes publicados El Mostrador e Interferencia en 2021 indicaron que la fiscalía dirigida por Guerra recalificó el delito investigado, pasando de la acusación original de violación a abusos sexuales.
“En particular en esa causa, efectivamente hay notas de prensa, como una donde (se indica que) no se habrían cumplido las formalidades o requisitos para la salida final que tuvo. Recordemos que en esa causa se investigaba un delito de violación y luego fue recalificado a abuso sexual. Audiencia que se habría realizado a puerta cerrada y donde se menciona -todavía no me consta, porque es algo que hay que revisar- que habría habido pruebas suficientes como para acusar por el delito principal. Y, por lo tanto, hay que revisar si hubo alguna irregularidad en ese cambio o recalificación”, dijo Carrera.
CIPER intentó contactar a Manuel Guerra, para hacerle llegar consultas sobre este tema, a través de uno de sus abogados, Felipe Polanco. El defensor señaló que el exfiscal no realizaría comentarios.
El abogado Darío Calderón, quien fue mencionado en un reportaje de El Mostrador, publicado en febrero de 2021, como un “intermediario” entre las partes, señaló que no recuerda los detalles de ese proceso judicial.
Asimismo, contactamos al entonces abogado de Juan Cristóbal Said, Hugo Rivera, quien prefirió no referirse al tema por ahora.
LA DENUNCIA
La denuncia contra Juan Cristóbal Said fue presentada el 15 de octubre de 2018. Dos días después, la fiscalía recibió el relato de la víctima e inició una investigación. Según ese testimonio, que fue publicado por Interferencia, los hechos ocurrieron tras una fiesta en la casa de Said, en la comuna de Vitacura. Fue en esa reunión social en que este habría presionado a la denunciante para tener relaciones sexuales terminando en una presunta violación. El mismo reportaje consigna que hubo un antecedente que habría sido ignorado por la fiscalía durante la investigación: la existencia de una conversación grabada en la que, Juan Cristóbal Said, reconoció haber tenido relaciones sexuales con la víctima, hechos que ella denunció fueron sin su consentimiento.
La causa fue llevada por el fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Felipe Cembrano, quien trabajó bajo la supervisión de Guerra.
El artículo de El Mostrador de febrero de 2021, señaló que la indagatoria -reservada hasta hoy- nunca fue formalizada y que finalizó en febrero de 2021, luego de que, en una audiencia reservada, el fiscal Cembrano modificó el delito de violación por el cual estaba siendo investigado Said, remplazándolo por el de abuso sexual. Fuentes allegadas a la defensa de Said, precisan que él sí fue formalizado y que la audiencia fue pública.
En la audiencia, según se agregó en ese artículo de El Mostrador, Cembrano renunció a los plazos de investigación y propuso suspender condicionalmente el procedimiento. Ninguno de los intervinientes, incluyendo al abogado de la víctima, se opuso. El reportaje también indicó que el 4° Juzgado de Garantía resolvió aceptar la propuesta del Ministerio Público. El requisito para terminar con el proceso judicial fue que Juan Cristóbal Said debía someterse a un “tratamiento de control de impulsos”.
Ya por ese entonces, el proceso judicial no estuvo exento de suspicacias. De acuerdo al ya mencionado reportaje de Interferencia, el fiscal Cembrano nunca tomó la declaración de Said.
Dentro de las pesquisas que ha realizado la fiscalía respecto del exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, se cuenta un levantamiento patrimonial y análisis de sus ingresos. Y según un informe evacuado por el Ministerio Público sobre los bienes de Guerra, desde que este dejó la fiscalía, en julio de 2021, sus ingresos y patrimonio aumentaron. En el análisis se señala que entre los años 2022 y 2023 sus ingresos se duplicaron. En 2022 el exfiscal percibió, entre remuneraciones y honorarios, cerca de $133 millones y al año siguiente esa cifra llegó a los $213 millones.
Asimismo, se indaga la compra de un auto de cerca de $80 millones y un departamento en la zona del balneario Maitencillo de cerca de $258 millones, ambas adquisiciones realizadas en 2022.
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