PINOCHET ORDENÓ LA ELIMINACIÓN DEL EXGENERAL EN JUNIO DE 1974
Se cumplen 50 años del asesinato del general Carlos Prats y Sofía Cuthbert
03.10.2024
El atentado con coche bomba en Buenos Aires marcó el primer acto de terrorismo internacional patrocinado por el régimen militar chileno. En el 50 aniversario del asesinato de Prats, el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) publica documentos de EE. UU. y Chile sobre este y otros casos que evidencian la utilización de atentados terroristas como método de eliminación por parte de la dictadura. Entre esos documentos se encuentra el testimonio del agente de la DINA, Michael Townley, quien detalló cómo logró ubicar al exgeneral, instalar la bomba en su Fiat y detonarla.
*El siguiente artículo es una traducción del original «The Assassination of General Carlos Prats and Sofía Cuthbert», publicado el 1 de octubre de 2024 por el National Security Archive en su sitio web. Vea los documentos desclasificados al final del texto.
Solo unas semanas después del atentado que mató al excomandante del Ejército, Carlos Prats, y a su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, un amigo de las hijas del militar les dio un mensaje escalofriante: la dictadura planeaba «celebrar el golpe» cada septiembre eliminando a personas consideradas una amenaza para el régimen. La información resultó ser un presagio. En septiembre del año siguiente, el vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC), Bernardo Leighton, y su esposa, fueron gravemente heridos en una calle de Roma. Un año más tarde, el 21 de septiembre de 1976, un coche bomba similar al que mató a Prats acabó con la vida del exembajador chileno Orlando Letelier y su joven colega Ronni Karpen Moffitt en Washington, D.C.
«Los primeros [asesinados] fueron nuestros padres», escriben Sofía, Angélica y Cecilia Prats en su nuevo libro, «Lo que tarde la justicia», publicado en Chile esta semana.
La recopilación de documentos publicada en este artículo marca un nuevo aniversario del atentado en contra de Prats y su esposa, un acto que se erige como un dramático recordatorio de la verdadera naturaleza terrorista de la dictadura militar y del propio Augusto Pinochet.
Después del asesinato del general Prats, sus hijas rescataron el manuscrito de sus memorias, que posteriormente se publicaron en México.
OBJETIVO: GENERAL PRATS
El objetivo del primer acto de terrorismo internacional de la dictadura no fue un reconocido militante de izquierda o socialista, sino el propio predecesor de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, el General Carlos Prats González. Oficial pro-constitucional, el general Prats asumió el máximo cargo militar en Chile en octubre de 1970, después de que su antecesor, el general René Schneider, fuera asesinado en un complot apoyado por la CIA para impedir la toma de posesión del presidente electo Salvador Allende.
Durante los tumultuosos tres años de gobierno de Allende, Prats utilizó su posición para salvaguardar el orden constitucional de Chile. En 1972, entró en el gabinete de Allende e incluso ocupó el cargo de vicepresidente de la nación. En junio de 1973, reprimió rápidamente un intento de golpe de estado -el «Tanquetazo»- por parte de oficiales subalternos y del grupo paramilitar extremista Patria y Libertad. Sin embargo, a fines de agosto de 1973, las protestas contra el continuo apoyo de Prats al gobierno de Allende le obligaron a dimitir. Prats recomendó personalmente al general Augusto Pinochet para sustituirle como comandante en jefe, creyendo erróneamente que apoyaría el orden constitucional contra los oficiales golpistas.
Solo cuatro días después del golpe, el general Prats y su esposa se exiliaron en Argentina. Prats «vivía tranquilamente en Buenos Aires», informó posteriormente la CIA. «No se le permitía hacer apariciones públicas ni declaraciones y había cumplido fielmente las instrucciones restrictivas relativas a su exilio».
Pero, el general Pinochet consideraba claramente que el muy respetado Prats era una amenaza potencial para su poder. Sólo seis semanas después del golpe, Pinochet envió a Buenos Aires a uno de sus principales ayudantes, el general Sergio Arellano Stark, para mantener conversaciones secretas con los militares argentinos. La principal prioridad de Arellano, según una fuente de la CIA, era «discutir con los militares argentinos cualquier información que tengan sobre las actividades del general (retirado) Carlos Prats». Arellano también intentará conseguir un acuerdo por el que los argentinos mantengan la vigilancia sobre Prats e informen regularmente a los chilenos de sus actividades» En junio de 1974, Pinochet se reunió con el director de la DINA, el coronel Manuel Contreras, y le ordenó eliminar a Prats.
Contreras asignó primero esta misión al jefe de estación de la DINA en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, quien recibió instrucciones de convocar a grupos paramilitares argentinos para matar a Prats. Cuando ese esfuerzo fracasó, el subdirector de la DINA, coronel Pedro Espinoza, reclutó al más reciente agente de la DINA, un expatriado estadounidense llamado Michael Townley, especialista en electrónica y que había colaborado con Patria y Libertad en operaciones contra Allende.
En un testimonio secreto dado a un juez argentino en 1999, Townley recordó que el coronel Espinoza describió a Prats como un potencial líder de un gobierno en el exilio y le preguntó si podía «hacer algo» respecto al general. Eliminar a Prats «era por el bienestar del país», testificó Townley. «Era una petición patriótica», declaró. «Así que lo hice».
Townley viajó dos veces a Buenos Aires, aunque la primera vez no pudo localizar a Prats. Acompañado por su esposa Mariana Callejas -también agente de la DINA- regresó el 10 de septiembre de 1974 y pasó varias semanas planificando el asesinato. En un momento dado, Townley siguió a Prats hasta un parque del barrio y pensó en dispararle a plena luz del día, pero, según declaró, «había demasiada gente alrededor». En su lugar, Townley fabricó un coche bomba teledirigido con dos cartuchos de C4, estableciendo su modus operandi característico como terrorista internacional.
El 29 de septiembre consiguió colarse en el aparcamiento y colocar el artefacto en el chasis del pequeño Fiat 125 de Prats. A continuación, Townley y Callejas vigilaron el edificio de Prats hasta que el excomandante regresó de visitar a unos amigos, pasada la medianoche del 30 de septiembre. Callejas intentó detonar la bomba, «pero no funcionó», confesó Townley. «Le quité (el detonador), lo apreté y funcionó».
El Fiat 125 de los Prat fue destruido por un coche bomba colocado por agentes de la DINA por orden de Pinochet.
LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Durante más de treinta años, la familia Prats se esforzó por identificar y procesar a los autores de esta atrocidad. En 1983, dos hijas, Sofía y Angélica Prats, viajaron a Washington, D.C., para trabajar con abogados argentinos que solicitaban la extradición de Townley -entonces bajo protección de testigos en Estados Unidos tras cumplir una corta condena por asesinar a Orlando Letelier y Ronni Moffitt- a Buenos Aires. Sin embargo, un juez estadounidense dictaminó que el acuerdo de culpabilidad de Townley en el caso Letelier-Moffitt impedía su extradición.
Un magistrado chileno también frenó los esfuerzos legales argentinos para que Mariana Callejas fuera extraditada de Santiago a Buenos Aires para ser juzgada. En 1987, las hijas de Prats se dirigieron en varias ocasiones a la embajada de Estados Unidos en Chile en busca de información y asistencia legal en el caso. Finalmente, la jueza argentina María Servini viajó a Washington en 1999 y depuso oficialmente a Townley. Durante varios años, el testimonio de Townley permaneció secreto y sellado (vea el documento n°8).
«Intuimos que la búsqueda de justicia tendría para largo. Nos iba a costar muchísimo, partiendo por hacer un duelo que nos tomaría no sabíamos cuánto tiempo», escriben Sofía, Angélica y Cecilia Prats en su nuevo libro.
Las autoridades argentinas detuvieron finalmente al agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, acusándole de espionaje y de complicidad en el asesinato de Prats. Estuvo encarcelado en Argentina durante casi dos décadas.
Más de 35 años después del asesinato de Prats y Cuthbert, y 20 años después de la vuelta a la democracia, en junio de 2010 los tribunales chilenos condenaron al ex jefe de la DINA Manuel Contreras y a Pedro Espinoza -además de otros funcionarios de la policía secreta de la dictadura-en el marco del caso Prats.
Pinochet nunca fue procesado por el asesinato de Prats, ni por los demás actos de terrorismo que ordenó. Tras su muerte el 10 de diciembre de 2006 -irónicamente, el Día Internacional de los Derechos Humanos-, el ejército chileno dispuso que sus admiradores pudieran ver su ataúd abierto. Francisco Cuadrado Prats, nieto de Carlos y Sofía Prats, hizo cola junto a cientos de pinochetistas. Cuando llegó al féretro, escupió en el cristal que cubría la cara de Pinochet. «Fue un acto espontáneo escupirle por repugnancia», recordó el joven Prats después de ser golpeado por partidarios de Pinochet y luego detenido por su conducta sacrílega. “(Lo hice) Porque mandó asesinar a mis abuelos”, agregó.
DOCUMENTOS:
Apenas seis semanas después del golpe, el general Pinochet envió a Buenos Aires a uno de sus principales ayudantes, el general Sergio Arellano Stark, para mantener conversaciones secretas con los militares argentinos. La principal prioridad de Arellano, según una fuente de la CIA, es «discutir con los militares argentinos cualquier información que tengan sobre las actividades del general (retirado) Carlos Prats». Arellano también intentaría conseguir que los argentinos mantuvieran vigilancia permanente sobre Prats e informaran regularmente a los chilenos de sus actividades. Instigada por «la cúpula de la Junta», según el cable, esta «misión especial» proporciona la primera prueba del papel directo de Pinochet en el caso del asesinato de Prats.
En junio de 1974, tras una reunión en la que el general Pinochet ordenó la eliminación del general Prats, el director de la DINA, Manuel Contreras, envió a un agente para que vigilara los movimientos del general Prats en Buenos Aires. En este extraño cable de la DINA, el capitán Juan Morales presenta un informe de inteligencia que proporciona las direcciones de la casa y el trabajo de Prats, así como el lugar de trabajo de su esposa, Sofía Cuthbert. El informe de vigilancia describe los modelos de los automóviles utilizados por el matrimonio Prats, da cuenta de sus movimientos y señala la falta de personal de seguridad para protegerlo. Morales también proporciona un diagrama dibujado a mano de la calle y la entrada al aparcamiento de los Prats.
En esta comunicación entre el consulado chileno emplazado en Buenos Aires y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el cónsul Álvaro Droguett solicita orientación sobre la conveniencia de proporcionar pasaportes chilenos al general Prats y a su esposa para que puedan viajar a Brasil. La respuesta que recibe cuatro días antes del asesinato es que sería «inconveniente». Después de que la familia Prats exigiera una copia de la denegación, Droguett les proporcionó una fotocopia de su carta con una nota manuscrita al pie en la que citaba la respuesta del Ministerio y afirmaba que no tuvo conocimiento de la denegación hasta el 30 de septiembre, el día del asesinato.
La CIA incluye un informe inicial sobre el asesinato de Prats en su resumen semanal sobre terrorismo internacional. Su descripción cita informes policiales erróneos, según los cuales Prats y Cuthbert fueron «asesinados por la explosión de una bomba lanzada contra su auto» junto con disparos de una ametralladora cuando regresaban a su casa. El informe afirma con exactitud que «los asesinos estaban esperando a Prats y a su esposa cuando se dirigía a su edificio de apartamentos». Investigaciones posteriores revelaron que la bomba había sido colocada bajo el Fiat 125 de los Prats y posteriormente detonada por los asesinos -los agentes de la DINA Michael Townley y su esposa Mariana Callejas-, que esperaban en un automóvil al otro lado de la calle.
Reaccionando a los informes de prensa que señalan como responsable del asesinato de Prats a la policía secreta de Pinochet, la embajada de Estados Unidos revela lo ajena que está a la despiadada represión de la dictadura. El embajador David Popper desestima un informe de Radio Moscú, según el cual la DINA habría asesinado al general Prats «basándose en el razonamiento de que los líderes militares chilenos temían que Prats atrajera la lealtad del personal de las fuerzas armadas chilenas descontento con la actuación de la Junta». «Esta explicación no tiene sentido para nosotros», informó el embajador Popper. «Tampoco vemos un interés significativo en matar a Prats de ningún otro grupo chileno con capacidad de hacerlo».
Casi un mes después del asesinato de Prats, la central de la CIA presenta un informe que proporciona importantes detalles de fuentes oficiales y confidenciales. El documento afirma que «los círculos oficiales del gobierno argentino consideran que el asesinato del general Prats fue obra de chilenos», aunque no están seguros de «si el asesinato fue obra de un grupo chileno de izquierdas o de derechas». El informe revela que Prats había recibido «una llamada telefónica de un chileno que intentaba asumir un acento argentino» advirtiéndole de que su vida corría peligro e instándole a abandonar el país. La CIA concluía el cable citando una posible motivación para el asesinato. «Prats tenía casi terminadas sus memorias en las que condenaba enérgicamente a muchos políticos y militares no pertenecientes a la Unidad Popular» por su papel en el golpe.
En una visita a la Embajada de EE.UU. en Santiago, las hijas de Carlos Prats y Sofía Cuthbert insisten en sus esfuerzos por responsabilizar a los asesinos de sus padres. Un alto oficial de la DINA, Armando Fernández Larios, que participó en el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, se ha entregado recientemente a funcionarios estadounidenses, y las hijas pretenden que sea interrogado en el caso Prats. También informan que los tribunales argentinos están buscando el testimonio de oficiales chilenos, pero que el régimen militar se ha negado a cooperar. En este cable a Washington, el embajador Harry Barnes solicita información sobre si los tribunales argentinos tienen facultades para interrogar formalmente a Michael Townley, que ha terminado su breve encarcelamiento por el asesinato de Letelier-Moffitt y vive en Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos.
Como parte del esfuerzo legal de Argentina para procesar a los autores de los asesinatos de Prats en Buenos Aires, el agente de la DINA que colocó y detonó la bomba, Michael Townley, fue interrogado oficialmente por la jueza argentina María Servini en Washington, D.C., con la asistencia del abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, John Beasley, Jr. En su testimonio bajo juramento, Townley recordó que un alto oficial de la DINA, el coronel Pedro Espinoza, se le había acercado reiteradamente a fines de julio y agosto de 1974 para «hacer algo» respecto del general Prats, a quien Espinoza describió como un potencial líder de un gobierno en el exilio. Eliminar a Prats «era por el bienestar del país», declaró Townley. «Era una petición patriótica», declaró. «Así que lo hice».
Townley describió dos viajes a Buenos Aires en septiembre de 1974. En el primero no pudo localizar la dirección de Prats. En el segundo, otro agente de la DINA le facilitó la ubicación del edificio de apartamentos, ubicado en calle Malabia 3351. Townley detalló cómo consiguió colarse en el estacionamiento e instalar la bomba que había montado con dos barras de explosivo C4 y un detonador activado electrónicamente en el Fiat de Prats. Aunque Townley intentó convencer repetidamente a la juez Servini de que había actuado solo en el atentado, bajo un intenso interrogatorio se vio obligado a admitir que su esposa, Mariana Callejas, le había acompañado a Buenos Aires y había participado en la misión. «Ella intentó detonar la bomba, pero no funcionó», confesó Townley. «Le quité (el detonador), lo presioné y funcionó».
