Un informe del Ministerio Público revela que Manuel Guerra, investigado en una de las aristas del Caso Hermosilla, después de salir de fiscalía emitió dos boletas a sociedades del abogado Samuel Donoso, por un total de $15 millones, uno de los documentos fue registrado en el año tributario 2023 y el siguiente en 2024. Donoso participó en dos causas que investigó Guerra relacionadas con una denuncia contra una magistrada que intervino en la absolución de Aldo Motta, principal imputado del caso Cascadas. Consultado por CIPER, Donoso señaló que los pagos se deben al trabajo de Guerra en una causa de extradición. El análisis de la fiscalía, además, muestra un aumento patrimonial del exfiscal oriente, tanto en bienes como en ingresos, los que incluyen remuneraciones por $6,6 millones mensuales pagadas por la Universidad San Sebastián.
Desde que Manuel Guerra dejó la jefatura de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y se retiró del Ministerio Público en 2021, sus ingresos y patrimonio aumentaron. Así lo demuestra un análisis realizado por la fiscalía en la investigación contra el expersecutor del caso Penta. A Guerra se le indaga por posible cohecho y violación de secreto, debido a que habría compartido con Luis Hermosillainformación de causas que él llevaba. En el análisis efectuado por la fiscalía, basado principalmente en los antecedentes tributarios de Guerra, se señala que entre los años 2022 y 2023 sus ingresos se duplicaron. En 2022 el exfiscal percibió, entre remuneraciones y honorarios, cerca de $133 millones y al año siguiente esa cifra llegó a los $213 millones.
Lo mismo ocurrió con su patrimonio. La salida de Guerra del Ministerio Público se concretó el 31 de julio de 2021. De acuerdo con su información del año tributario 2022, su patrimonio en ese período alcanzó los $232 millones. Y, conforme a la declarado en el año tributario 2023, el monto superó los $472 millones. En el mismo lapso, el nivel de sus remuneraciones se mantuvo, puesto que Guerra pasó del Ministerio Público, donde ganaba alrededor $6,7 millones, a ejercer como profesor de jornada parcial en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, donde percibía cerca de $6,6 millones.
Según detalla el informe patrimonial, Guerra también emitió boletas de honorarios para privados. Entre estas figuran dos que suman cerca de $15 millones, emitidas a un par de sociedades del penalista Samuel Donoso, quien fue abogado de Sebastián Piñera y actualmente es el asesor legal del exministro Andrés Chadwick, quien será citado a declarar, posiblemente como imputado, en el Caso Hermosilla. Precisamente, cuando Chadwick ejercía como decano de Derecho de la USS, Guerra hacía clases en ese plantel.
La boleta más reciente de Guerra para Donoso, por un monto total cercano a los $12,4 millones, fue emitida a DMS Abogados Limitada. Esta sociedad fue creada por Samuel Donoso y su hija en diciembre de 2022. Además figuran $2,6 millones pagados por SDB Abogados SpA, otra empresa de Donoso.
Esta relación comercial entre Guerra y Donoso es observada con detención, pues el penalista participó en dos causas en las que Guerra intervino como fiscal poco antes de abandonar el Ministerio Público.
Consultado por los pagos para Guerra, el abogado Donoso señaló por escrito a CIPER que asumió junto a Manuel Guerra, cuando él ya había salido de la fiscalía, la defensa de un cliente cuya identidad se mantiene bajo reserva porque, según indicó el penalista, está protegida por el secreto profesional. Ese caso, explicó Donoso, fue “una extradición que solicitaba el gobierno de México. Esos honorarios corresponden a esa gestión profesional en la que él (Guerra) participó. El cliente le pagó a mi oficina y esas boletas son el pago de esos dineros que corresponden al señor Guerra” (vea respuesta completa de Donoso).
Además, el abogado aseguró que“el cliente de la extradición, era cliente de Guerra, él llega a Chile y contacta a Guerra y él nos convoca a Cisternas y a mí”. Se refiere a Gonzalo Cisternas, hijo del ex supremo Lamberto Cisternas, quien también es abogado recurrente en esa causa. Gonzalo Cisternas fue, a su vez, abogado en una de las causas en las que la Comisión de Ética de la Corte Suprema investiga eventuales irregularidades de la ministra suprema Ángela Vivanco (vea ese reportaje de CIPER).
Mario Carrera, fiscal regional de Arica, a cargo de la investigación contra Manuel Guerra, explicó en CNN esta semana que espera ampliar la investigación en torno a la tramitación de esta causa. Al ser consultado sobre si abarcará otras investigaciones a cargo de Guerra, más allá del Caso Penta y las señaladas por la Fiscalía Nacional cuando abrió esta arista, Carrera señaló: “Se podría pensar en ampliar a la causa vinculada al Caso Cascadas (…) Recordemos que uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, eran tres, dedujo una denuncia respecto de los otros dos, en relación a que habrían mantenido comunicaciones con algunas de las partes, por lo tanto, habría habido algún tipo de presión o injerencia externa”, detalló (vea esa entrevista).
SALE PÉREZ CALAF Y ENTRA GUERRA
El entonces fiscal Manuel Guerra llevó una investigación en la que Donoso tenía interés y que se cerró favorablemente para el penalista. Samuel Donoso había intervenido en la defensa del ejecutivo de SQM, Aldo Motta, quien fue absuelto de los cargos que se le imputaban. En ese proceso, el juez Cristián Soto denunció a la magistrada Laura Assef porque, presuntamente, mantuvo contactos indebidos con una abogada de la defensa de Motta. Esto generó una investigación penal que inicialmente llevó el fiscal José Luis Pérez Calaf. Este último ordenó la revisión de los correos electrónicos de la abogada que formó parte de la defensa de Motta, lo que provocó la reacción de Donoso, quien pidió inhabilitar a Pérez Calaf y que se abriera un sumario en su contra.
En ese contexto, el entonces fiscal nacional Jorge Abbott decidió traspasar el caso a Manuel Guerra y el proceso, finalmente, se cerró sin cargos para la magistrada Assef.
Donoso dijo a CIPER que en la audiencia de sobreseimiento definitivo de esa causa, quedó establecido que “el tribunal entiende que no existe ningún hecho constitutivo de delito, durante una investigación en la cual se agotaron todas las diligencias, incluso diligencias efectuadas a juicio del tribunal mucho más allá de lo razonable, lo que dice relación con la vivienda de la magistrado, el condominio, la entrevista con los conserjes, etcétera”.Donoso insistió en la importancia de un punto establecido por el juez que resolvió la causa con el sobreseimiento definitivo de la magistrada: “El tribunal entiende que no existe ningún hecho constitutivo de delito, durante una investigación en la cual se agotaron todas las diligencias, incluso diligencias efectuadas a juicio del tribunal mucho más allá de lo razonable, lo que dice relación con la vivienda de la magistrado, el condominio, la entrevista con los conserjes, etcétera”
Guerra volvió a intervenir como fiscal en una causa que le interesaba a Donoso. En agosto de 2020, Samuel Donoso y su colega Gabriel Zaliasnik -también defensor de Motta- acusaron al juez Cristian Soto de redactar un fallo condenatorio antes de los alegatos finales del juicio (vea esa denuncia). Esa indagatoria también la llevó Guerra y terminó siendo archivada. Quien representó a Soto en esa instancia fue el exfiscal Carlos Gajardo.
La fiscalía también indaga otras boletas emitidas por Guerra a empresas y bufet de abogados. Entre estas figuran cerca de $105 millones cobrados a Cisternas y CIA Abogados Asesorías y Consultorías Limitada, la sociedad del abogado Gonzalo Cisternas, hijo del exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Esas boletas fueron emitidas a partir de septiembre de 2021, a solo dos meses de que Guerra saliera del Ministerio Público.
Las otra boletas de honorarios que Guerra emitió entre 2021 y 2023, son las siguientes:
Una boleta Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) por $3,5 millones.
Cuatro boletas a la Municipalidad de Providencia por $11 millones en total.
Ocho boletas a Comercial Talcuna SpA por cerca de $50 millones en total.
Tres boletas a Essaar Manejo de Residuos Industriales SpA por la suma total de $27 millones.
Una boleta a Sociedad Bramal Tecnología, Ingeniería y Construcción SpA por $9,3 millones.
Una boleta a la Municipalidad de La Florida por $9,5 millones.
Una boleta a la Cámara Chilena de Centros Come por $5,9 millones.
Ocho boletas a la Universidad Central por $2,6 millones en total.
Dos boletas por un total de un millón a la sociedad Asesorías Profesionales Norambuena y Polanco Limitada.
DEPARTAMENTO Y AUTO DE ALTA GAMA
El análisis realizado ahora por la fiscalía, indica que el 2 de junio de 2022, Manuel Guerra compró un departamento en el balneario de Maitencillo, Región de Valparaíso. Por esa propiedad, Guerra pagó 7.900 UF (unos $258 millones al valor de esos días). Según consigna el registro del Conservador de Bienes Raíces de Quintero el exfiscal pagó $98 millones en efectivo, pero podrían provenir de algún préstamo bancario todavía no detectado por la fiscalía (lea ese documento).
Dos meses más tarde, Guerra realizó otra compra de alto valor. Esta vez pagó $76,9 millones por un vehículo de alta gama: una Station Wagon marca BMW de ese mismo año.
La investigación contra Guerra fue abierta por el Ministerio Público tras revisar los chats entre el exfiscal y el abogado Luis Hermosilla. Los diálogos que hoy investiga el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se iniciaron cuando Guerra era jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y estaba a cargo del caso Penta. En ese momento, Hermosilla expresó su preocupación por el posible avance de la investigación hacia el Presidente Sebastián Piñera y Andrés Chadwick, según reveló el exfiscal nacional Sabas Chahuán a CIPER.
En entrevista con CNN, el fiscal Carrera declaró que Guerra ya entregó su celular y autorizó la apertura de todas sus cuentas corrientes. Además, informó que se revisará no solo el patrimonio del exfiscal, sino también el de su círculo cercano. En 2020, por ejemplo, la cónyuge de Guerra realizó la compra de otro automóvil de alto valor: un Mercedes Benz año 2019.
CIPER intentó contactar a Manuel Guerra para este reportaje y envió consultas a uno de los abogados que lo representan, Felipe Polanco. El defensor señaló que el exfiscal no realizaría comentarios.
CLASES EN LA USS POR $6,6 MILLONES MENSUALES
Manuel Guerra dejó el Ministerio Público en julio de 2021 y, al mes siguiente, ya estaba trabajando en la Universidad San Sebastián (USS).
Fue tras dejar la fiscalía en 2021 que Guerra desembarcó en la Universidad San Sebastián (USS), donde Andrés Chadwick se desempeñó como presidente de su junta directiva hasta el 25 de septiembre pasado. En ese plantel, Guerra ejerció como profesor de horario parcial de la Facultad de Derecho hasta el 30 de agosto pasado, cuando debió presentar su renuncia por su vinculación con el Caso Hermosilla. Sus remuneraciones por esa labor también están consignadas en el informe al que tuvo acceso CIPER, donde se señala un promedio cercano a los $6,6 millones mensuales, monto parecido al que percibía en el Ministerio Público, donde ganaba $6,7 millones.
En su perfil de Linkedin, el exfiscal del Caso Dominga señala que trabajó entre agosto de 2021 y agosto de 2024 en la universidad donde han encontrado empleo varias exautoridades del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Según el análisis financiero realizado por el Ministerio Público, desde que dejó de ser fiscal regional la única dependencia contractual de Guerra permanente fue con la USS.
Según el detalle del análisis financiero, desde que Guerra ingresó a la USS como profesor de tiempo parcial y hasta diciembre de 2023, la universidad le había pagado la suma total de $184.147.521. Ese monto que se desglosó anualmente de la siguiente manera:
2021: $29.319.521
2022: $79.789.186
2023: $76.038.814
El exfiscal del Caso Penta es abogado titulado en 1999 de la Universidad de La República, realizó un Magister de Derecho Penal en la Universidad de Talca y fue durante cinco años, a contar de 2015, la máxima autoridad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
Su cercanía con Andrés Chadwick, quien hasta esta semana formaba parte del directorio de la USS, se fue forjando desde su puesto como fiscal regional. Según testigos, su relación con Luis Hermosilla era diaria, asunto que está consignado en los cerca de ocho años de conversaciones vía WhatsApp que están contenidas en el teléfono celular de Hermosilla.
En CNN, el fiscal Carrera informó que ya tomó declaración a María Inés Horvitz, exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, querellante del caso Penta. Horvitz, en entrevista con CIPER, señaló que Guerra “traicionó” al CDE. Esto, porque en etapa de acusación del caso Penta, desestimó el delito de soborno para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín -los controladores de ese holding- y recalificó el de cohecho para Pablo Wagner -exsubsecretario de Minería- por el de enriquecimiento ilícito. “Nunca supimos por qué lo hizo y a cambio de qué”, dijo Horvitz en esa entrevista.
El persecutor también tomó declaración al exfiscal Carlos Gajardo, el primer fiscal del caso Penta, y a dos abogados querellantes en esa causa: Carlos Hidalgo, quien representó al SII, y Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente.
Nota de la redacción: Este artículo fue actualizado el 2 de septiembre de 2024 a las 16.50 hrs. Originalmente, decía que el exfiscal Manuel Guerra emitió dos boletas de honorarios por un total de $19 millones, pagadas por las sociedades del abogado Samuel Donoso. Pero esa información es errónea. Las dos boletas pagadas por las sociedades de Donoso a Guerra suman $15.093.115 (una por $12.455.702, del 17 de octubre de 2023, y la segunda por $2.637.413, del 27 de septiembre de 2022). Antes de publicar este reportaje, CIPER consultó a Donoso por la cifra original de $19 millones, la que el abogado no corrigió. No obstante, tras la difusión de este artículo, Donoso se comunicó con CIPER y exhibió ambas boletas solicitando la rectificación de la cifra.
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