SE TRATA DE MARIO VARGAS, EL MISMO QUE SOLICITÓ DESTRUIR LOS REGISTROS DEL CELULAR DE HERMOSILLA
Ángela Vivanco falló a favor de consorcio chileno-bielorruso sin transparentar su relación cercana con abogado de esa empresa
11.09.2024
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SE TRATA DE MARIO VARGAS, EL MISMO QUE SOLICITÓ DESTRUIR LOS REGISTROS DEL CELULAR DE HERMOSILLA
11.09.2024
Mario Vargas representó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) cuando se enfrentó con Codelco, consiguiendo que la cuprífera desembolsara cerca de $17 mil millones. Ese proceso hoy está bajo la mira de la Corte Suprema y del Ministerio Público por eventuales anomalías que pudieron favorecer a CBM en la sala que presidía temporalmente la ministra Ángela Vivanco. La magistrada falló a favor de CBM sin manifestar que tenía una estrecha relación con Vargas. CIPER le consultó a Vivanco por qué no se había inhabilitado y ella respondió que no lo hizo “porque soy conocida y no amiga” del abogado. Sin embargo, según testigos y registros en redes sociales, Vargas sí forma parte de su círculo de amistades: estuvo en la fiesta de cumpleaños de la ministra en marzo pasado y también en un reducido grupo de invitados a la cena que Vivanco organizó en su casa en 2022 para el fiscal Carlos Palma, cuando este competía para ser fiscal nacional.
El domingo 10 de marzo pasado, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, posteó en su perfil de Facebook lo siguiente: “Cumpleaños segunda parte. Feliz con los amigos que me fueron a ver”. Según registros de ese evento compartidos en la misma red social, el abogado penalista que trabajó estrechamente con Luis Hermosilla durante años, Mario Vargas Cociña, se encontraba en ese selecto grupo de amigos y familiares invitados a la fiesta (vea un video de esa celebración que fue compartido en Facebook y en el que Vargas aparece).
Vargas también estuvo en el reducido grupo de cercanos a Vivanco que concurrió a la residencia de la magistrada en mayo de 2022, cuando ella organizó una cena para el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien ese año competía para convertirse en fiscal nacional. A ese evento asistieron, también, otros cuatro ministros de la Corte Suprema y el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Fue la propia ministra Vivanco quien confirmó, en entrevista con CNN Chile, que había organizado esa cena. Y luego el fiscal Palma identificó a los asistentes, entre los que mencionó a Mario Vargas, en una nota de La Tercera.
A pesar de la cercanía y confianza entre Vivanco y Vargas que dejan en evidencia estos registros, la magistrada no reveló su estrecho vínculo con el abogado cuando este representó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) y ella falló a su favor. Ese procedimiento judicial, que enfrentó a CBM con Codelco, y que le significó a la empresa estatal un desembolso de cerca de $17,1 mil millones, hoy está en el centro de los cuestionamientos que tienen a Vivanco suspendida de su cargo en la Corte Suprema, donde se le abrió un cuaderno de remoción, y enfrentada a una investigación del Ministerio Público y a la posibilidad de que sea acusada constitucionalmente en el Congreso Nacional.
Este lunes 9 de septiembre, después de que CIPER publicó los chats de Vivanco con Luis Hermosilla y de que un artículo de El Mostrador revelara situaciones eventualmente anómalas en la participación de la magistrada en el conflicto entre CBM y Codelco, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, anunció que el pleno del máximo tribunal había decidido abrir el expediente de remoción de la ministra por seis episodios. El segundo de ellos es “irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Belaz Movitec SpA con Codelco”.
El mismo lunes, el exfiscal Carlos Gajardo posteó en X (antes Twitter) la nómina y relaciones de los abogados que intervinieron en la ofensiva legal de CBM contra Codelco. Esa ofensiva incluyó cuatro recursos judiciales ante la Corte Suprema y en todos ellos intervino Vivanco. En ninguna de esas ocasiones, la magistrada transparentó su relación con Vargas.
El 29 de agosto pasado, CIPER consultó a Ángela Vivanco respecto a si su amistad con Vargas configuraba inhabilidad para revisar la tramitación de estos recursos. Su respuesta fue que no, “porque soy conocida y no amiga”.
Y en una nueva pregunta realizada este martes 10 de septiembre, sobre la presencia en su cumpleaños del abogado de CBM que por esos días litigaba en su sala, a través de su abogado, Juan Carlos Manríquez, señaló lo siguiente: “A mis cumpleaños han llegado a veces personas que están con los invitados. Y Antonio Ulloa (ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, presente en el video) es muy amigo de Mario Vargas Cociña y muchas veces anda con él, incluso con él y la mujer. No todos los que han estado en cumpleaños míos son amistades estrechas”.
CIPER contactó al abogado Mario Vargas y le dejó mensajes vía Whatsapp, el 9 de septiembre, para consultarle por su relación con la magistrada, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
El Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 196, establece como inhabilidad “tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad”. Si el vínculo entre Vivanco y Vargas califica dentro de lo que, a nivel legal, se considera “estrecha familiaridad”, es algo que debe resolver una instancia judicial. Pero, los registros en Facebook revisados por CIPER indican que entre la ministra y el abogado sí existe una relación cercana, lo que puede ser relevante para el análisis que ahora se debe hacer, tanto en la fiscalía como en la Corte Suprema, y eventualmente en el Congreso Nacional, si se abre una acusación constitucional, respecto de la intervención de Vivanco en el caso CBM-Codelco.
En la misma tramitación del recurso interpuesto por CBM, el ministro Jean Pierre Matus, sí se inhabilitó por sus vínculos con el penalista Mario Vargas, pero invocando otra razón: “Haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud”.
Mario Vargas, es señalado como discípulo de Luis Hermosilla. Fue Vargas quien en abril pasado interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso para que no se le entregara al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ni a ningún otro interviniente, los registros del teléfono de Hermosilla. Incluso, en una entrevista señaló que se debía destruir el contenido del dispositivo: “Creo que se debería destruir toda la información que contiene el teléfono del señor Hermosilla, porque la fiscalía no puede revisar información para la que no está autorizada”, dijo.
Vargas sostuvo que la información obtenida de ese celular relacionada con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que implicó la formalización del entonces jefe policial por haber filtrado información reservada a Hermosilla, debió haber sido estimada como una prueba ilícita.
La Corte de Apelaciones no acogió el recurso de protección de Vargas sobre el teléfono Hermosilla y lo declaró inadmisible.
Vargas ha trabajado con Hermosilla en algunas causas. Tal es el caso del litigio por malversación de caudales públicos en el teatro regional de la Municipalidad de Rancagua. Hermosilla no figura con el patrocinio del ex alcalde Eduardo Soto, sino que Vargas Cociña. Pero Hermosilla entonces formaba parte de la defensa de Eduardo Soto porque en la otra causa que lo afectaba por esos días, la del acoso sexual, fue Hermosilla quien entregó la versión oficial del alcalde (lea ese artículo).
Al finalizar la primera de las seis jornadas de la audiencia de formalización que culminó con Luis Hermosilla en prisión preventiva, la única persona que saludó al penalista con muestras de afecto y lo acompañó en el estacionamiento del centro de justicia fue Mario Vargas.
Según pudo constatar CIPER, hay otro factor común entre CBM, Vivanco y Vargas: el trabajo del periodista Erik López, quien figura como asesor comunicacional de la ministra, del consorcio y de clientes de Mario Vargas.
López hace de enlace con medios de comunicación que requieren respuestas de la ministra Vivanco. También coordina las solicitudes de prensa dirigidas a clientes de Mario Vargas, como ocurrió con Marco Antonio López Spagui, ex pareja de la conductora de televisión Tonka Tomicic, involucrado en el Caso Relojes. Asimismo, Erik López atiende los requerimientos periodísticos relacionados con el consorcio CBM.
El 9 de marzo de 2023 quedó registrada en la plataforma de lobby la asistencia de Erik López, como gestor de intereses, a una reunión en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en la que se trató el conflicto entre CBM y Codelco. En esa ocasión, López concurrió junto a Josip Sekul, representante de Movitec S.A., empresa chilena asociada con la estatal bielorrusa Belaz. Este es el registro que quedó en la plataforma Infolobby:
Al ser consultado, López señaló que tomó a CBM la primera semana de febrero y que a Ángela Vivanco asesora desde junio de 2023. Y que su trabajo con ella no es remunerado.
Mucho antes de que la prensa pusiera sus ojos en el tema CBM-Codelco, la Comisión de Ética de la Corte Suprema ya estaba indagando sobre la actuación de Vivanco en ese proceso. La comisión -que también tiene abiertos expedientes relacionados con los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Mario Carroza y Sergio Muñoz- recibió testimonios, bajo estricta reserva, de personas que intervinieron en la tramitación de los recursos que enfrentaron al consorcio chileno-bielorruso con la cuprífera estatal.
Según información confirmada por CIPER, el abogado de Codelco, Raimundo Labarca, fue invitado a entregar su testimonio ante la Comisión de Ética. También concurrió la relatora de la sala que vio los recursos, quien sostuvo que no advirtió irregularidades en el procedimiento.
Una vez que el presidente de la Corte Suprema anunció la suspensión de Vivanco y la apertura del cuaderno de remoción, el Ministerio Público informó que, de oficio, se abrió una investigación por el caso CBM-Codelco, la que quedó radicada en la Fiscalía Regional de Los Lagos. Se trata de la misma sede del Ministerio Público que ya está investigando el ofrecimiento que le hizo la pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, al fiscal regional Carlos Palma durante la última elección del Fiscal Nacional (vea ese reportaje de CIPER).
La contienda legal entre Codelco y CBM fue polémica desde un inicio y finalizó con un revés total para la cuprífera, la que alegó en distintas instancias que el recurso de protección inicial interpuesto por la empresa bielorrusa era improcedente.
El conflicto entre ambas partes se inició cuando Codelco, en febrero de 2023, puso término anticipado al contrato que sostenía con CBM para que esa empresa removiera tierras en el proyecto Rajo Inca de la División El Salvador, señalando incumplimientos graves por parte de CBM.
Entonces, el consorcio activó una ofensiva judicial que en primera instancia le significó una derrota en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero, CBM elevó su reclamó a la Corte Suprema, donde dio vuelta la resolución inicial. A través de varios recursos que le resultaron favorables, generó un desembolso de más de $17 mil millones por parte de Codelco. Los abogados que representaron a CBM a lo largo de este proceso fueron Mario Vargas y los exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, todos asociados en el bufete Lagos, Vargas & Silberg Asesorías Legales.
El consorcio fue constituido el 4 de febrero de 2021 por la empresa chilena Movimiento de Tierras y Construcción S.A. (Movitec). Se constituyó como una sociedad por acciones, y en donde la estatal bielorrusa Belaz forma parte del nombre.
Movitec hoy es propiedad de los empresarios Jaime Eduardo Duch Higginson y Luis Sergio Sekul Requela, en conjunto con otras cuatro sociedades: Inversiones Las Galegas Limitada, Inversiones Costa Verde SpA, Inversiones Doña Joaquina Limitada e Inversiones Mar Adriático Limitada. En esas sociedades están, entre otros, los hermanos Josip Jurai Sekul Camus y Serjan Stevan Sekul Camus.
Las actividades de la empresa bielorrusa están representadas en Chile por la sociedad Caex Latin America Spa (hasta el 21 de febrero de 2023 se llamó Belaz Latin America), constituída en octubre de 2017 y que es controlada por una filial de la estatal bielorrusa domiciliada en Singapur: Finmining Pte Ltd. (vea aquí documento del registro oficial de esa jurisdicción).
En su litigio con Codelco, CBM partió interponiendo dos recursos de protección contra la cuprífera: uno ante la Corte de Apelaciones de Santiago y otro ante la Corte de Copiapó. En ambos le fue mal. Pero, el segundo, donde se acusó a Codelco de congelar pagos por más de $12 mil millones sin argumentos válidos y de retener arbitrariamente maquinaria y vehículos del consorcio al interior de su División El Salvador, llegó hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema. Por esos días, esa sala era presidida temporalmente por Ángela Vivanco, en ausencia de su titular, Sergio Muñoz.
La tramitación del recurso en la sala presidida por Vivanco desató la sorpresa en Codelco. En la empresa estatal estimaban que el reclamo de CBM debía formar parte de un litigio arbitral radicado en la justicia civil. Pero, además, les sorprendió que se tramitara cuando aún no estaba programado en la tabla de la sala y que avanzara en un tiempo récord de solo 48 horas, a pesar de que se trataba de un tema técnico complejo.
La instancia presidida por Vivanco, acogió una orden de no innovar a favor de CBM y dejó en acuerdo revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que señalaba que ese tipo de reclamaciones debían tramitarse en una instancia arbitral. El arbitraje, de hecho, estaba activo. El 4 de mayo de 2023 la Cámara de Comercio de Santiago designó al abogado Francisco Aninat para que resolviera la controversia.
“El 30 de junio de 2023, se publicaron en la página web del Poder Judicial las minutas de cuenta de los distintos relatores que asistirían a la Tercera Sala ese día. En ninguna de dichas minutas se incluyó el recurso de apelación de autos (el recurso de CBM), lo que es consistente con el hecho de que no se había ordenado dar cuenta del mismo, y con los tiempos normales de tramitación que esta clase de recursos tienen ante el máximo tribunal”, fue parte del reclamo de Codelco ante la corte.
La Tercera Sala le dio la razón a CBM y descongeló los pagos retenidos por Codelco, además de acoger la restitución de las maquinarias. Ese fallo implicó desembolsos de Codelco a CMB por $11,7 mil millones.
En una segunda ofensiva, el consorcio acusó a la cuprífera de desacato, porque pasado los meses, no restituía los bienes. Y, además, solicitó a la Corte Suprema una aclaración respecto de quién debía asumir los costos del traslado de la maquinaria. Codelco reclamaba que ellos estaban disponibles a devolver, pero sin hacerse cargo de esos costos.
En una enmienda emanada de la Tercera Sala de la Corte Suprema, otra vez cuando Vivanco estaba de presidenta, se volvió a dar el favor al consorcio, dejando a cargo de Codelco los costos asociados a la restitución. Ese fallo significó el desembolso de otros $4,4 mil millones de la estatal.
Así, según comprobantes de pago que Codelco acompañó el 24 de julio de 2023 ante Corte de Apelaciones de Copiapó, hasta entonces había cumplido en dos pagos la cifra relativa el primer fallo: uno de $6.964 millones y otro por $4.770 millones. A eso se suma que, según también dio cuenta Codelco ante la misma instancia el 11 de diciembre de 2023, lo pagado por la movilización de maquinaria fueron $4.415 millones. Hasta entonces, el conflicto le había significado a Codelco pagar más de $16.150 millones a una empresa que, a criterio de la estatal, no había cumplido con su contrato original.
La última jugada de CBM vino en marzo de este año, cuando interpuso un recurso de queja, alegando que la cuprífera debía hacerse cargo de los reajustes y el IVA comprometido en el traslado de la maquinaria a lo que, nuevamente, la Suprema accedió. Así, Codelco debió pagar más de $1.000 millones adicionales. En total $17.176.977.730, de los cuales los $1.000 millones correspondientes a IVA podrían ser recuperados por la cuprífera al final del año tributario.
“La orden decretada fue que Codelco debía asumir el pago de todos los costos asociados al proceso desmovilización, de manera tal que el Tribunal de Alzada (Corte de Apelaciones de Copiapó), para resolver la petición de la actora relativa a los reajustes y pago de impuestos que indica, deberá, previamente, tramitar los incidentes que en derecho correspondan y que permitan tener por cumplida dicha orden judicial, en especial las liquidaciones pertinentes, incluyendo el examen de facturas, boletas y documentos fundantes de dichos costos”, dice el fallo de la sala presidida por Vivanco.