Plan de búsqueda: SML comenzó análisis de 1.162 «restos esqueletizados» que han estado bajo su custodia por años o décadas

CIPER tuvo acceso a un informe que el Servicio Médico Legal (SML) envió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que precisa que se trata de osamentas, fragmentos óseos y restos mezclados correspondientes a más de un individuo en algunos casos. El servicio detalló en ese documento que, para poder realizar los análisis de esos restos, las pericias deben ser ordenadas por un tribunal. En el texto también se estableció que las pericias demoran debido a que las pruebas con carbono 14 deben realizarse en el extranjero y porque no existe un registro genético de todos los familiares de víctimas de la dictadura.

El Servicio Médico Legal (SML) comenzó este año el análisis de 1.162 “restos esqueletizados” que se mantenían en custodia en diversas sedes de esa repartición pública, en algunos casos por más de veinte años. Así lo establece un informe de gestión emitido por ese organismo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al que tuvo acceso CIPER, y que se enmarca en los esfuerzos del Plan Nacional de Búsqueda, la iniciativa desplegada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para establecer el paradero de víctimas de la dictadura cuyo destino aún se desconoce.

El reporte, titulado “Labor pericial en Derechos Humanos e implementación del Plan Nacional de Búsqueda (Servicio Médico Legal Período mayo 2023-mayo 2024)”, detalla que en abril de este año se logró consolidar por primera vez la existencia de estos materiales biológicos, que incluyen desde osamentas hasta restos mezclados. Este último concepto se refiere a unidades anatómicas correspondientes a más de un individuo (vea el informe completo en este enlace).

Los peritajes, que sólo pueden realizarse en la medida que algún tribunal lo ordene, deben determinar si se trata efectivamente de restos de interés médico legal o si se corresponden a materiales biológicos patrimoniales (es decir, restos históricos no relacionados con los crímenes de la dictadura) o de origen animal.

Esta operación comenzó en mayo de 2022 cuando se solicitó a los directores regionales del Servicio Médico Legal que informaran sobre el número de restos esqueletizados que mantenían en custodia, debido a que no existía una información contrastable.

Tras elaborar un primer catastro, que generó muchas dudas, se solicitó revisar los antecedentes de nuevo. En agosto de 2022, la dirección nacional del SML envió al Ministerio de Justicia un primer reporte, detallando la información recabada.

Posteriormente, el 05 de octubre de 2022 se dictó la resolución exenta N° 2.240 que estableció los procedimientos para la revisión, organización y disposición de los restos óseos que permanecen desde hace años en dependencias del Servicio Médico Legal a nivel nacional.

En ese contexto, en febrero de 2023, las autoridades nacionales del SML reiteraron a los directores regionales de este servicio la necesidad de levantar y precisar adecuadamente el número de restos esqueletizados en custodia en sus instalaciones.

Este proceso coincidió con los procesos administrativos y técnicos que se realizaron en esa época para aclarar el estado de 89 cajas que habían permanecido en custodia en la Universidad de Chile desde 2001, sin ser periciadas (ver reportaje: “Polémica por cajas con osamentas de desaparecidos: SML ya había informado que mantiene restos de 300 presuntas víctimas sin identificar”).

Recién un año después, en abril de 2024, el SML logró consolidar que en sus dependencias mantenía en custodia un total de 1.162 restos esqueletizados que debían ser periciados para establecer su interés médico legal. Es decir, si pertenecían o no a personas detenidas desaparecidas o a quienes fueron ejecutados y cuyos restos no fueron entregados a sus familiares.

La información fue entregada al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda. Ese comité está integrado por Gaby Rivera Sánchez, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Mónica Díaz García, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta; Ida Sepúlveda Miranda, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia; Erika Hennings Cepeda, directora de “Londres 38, espacio de memorias”; Daniela Accatino Scagliotti, decana de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile; Patricio Bernedo Pinto, profesor del Instituto de Historia y director del Centro para el Diálogo y la Paz de la Universidad Católica de Chile; Consuelo Contreras Largo, directora del INDH; Lidia Casas Becerra, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y Gastón Gómez Bernales, académico de Derecho de la Universidad de Chile.

El SML informó a CIPER que debe entregar otro informe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacia fines de este año.

Servicio Médico Legal

PROBLEMAS Y AVANCES

En su informe, el SML advirtió que el plazo de ejecución de la labor realizada entre mayo de 2023 y mayo de 2024 estuvo influido por factores internos, como el estado de conservación de los restos, y por variables externas, como ausencia de hipótesis de la identidad presunta o “la necesidad de realizar peritajes en laboratorios extranjeros, como, por ejemplo, datación por radiocarbono (C14)”.

Otro problema es que no existe un registro genético de todos los familiares de personas detenidas desaparecidas o ejecutadas, pero cuyos restos no fueron restituidos, por lo que las identificaciones se retrasan, según el SML.

En ese sentido, el organismo añadió en su reporte que aún hay pericias ordenadas por tribunales y que están sin realizar o sin resultados desde el año 2019. “La Brecha Pericial corresponde a las pericias pendientes de realizar que fueron solicitadas por los tribunales de justicia o el Ministerio Público entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023”, precisó el organismo.

En cifras, a mayo de este año, estaban pendientes pericias solicitadas para 212 restos esqueletizados, según el SML.

Asimismo, en el caso de las 89 cajas con restos biológicos que estaban en la Universidad de Chile y que fueron remitidas al Servicio Médico Legal, el reporte precisó que en 22 casos se desechó que fueran muestras con interés médico legal, que una permitió identificar a Héctor Manuel Flores Villarreal, asociado al episodio Coelemu (que involucra la desaparición de tres personas en 1974), y que las restantes 66 están pendientes de análisis genético o de datación (carbono 14).

De estos últimos 66 casos, el análisis preliminar indicó que 47 corresponden a restos de interés patrimonial no relacionados con episodios de la dictadura, según el SML.

Por otra parte, el organismo admitió que tiene 91 restos esqueletizados sin antecedentes y que se ha elaborado un plan para “reconstituir las carpetas documentales” asociadas a esos materiales biológicos.

Otros 770 restos esqueletizados corresponden a casos antiguos (algunos ingresados hace décadas), criminales y sin interés médico legal, sostuvo el SML, sin detallar cada categoría. 

“Al encontrarse en custodia en el SML y atendido el mandato del Plan Nacional de Búsqueda que señala que la necesidad de periciar las osamentas que se encuentran en sus dependencias y en el futuro determinar si corresponden o no a víctimas de desaparición forzada o involuntaria, estos casos se encuentran en evaluación de antecedentes para su repericia”.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que, dado que el carbono 14 se usa recién desde 2007 en el SML, se recomienda volver a analizar todos estos restos, pues antes las evaluaciones eran realizadas por contexto y no siempre por expertos.

Hasta ahora de las 1.469 personas detenidas desaparecidas, los restos de 307 fueron encontrados, identificados y restituidos a sus familias.