Supremos actualizaron sus inhabilidades: pese a indagatoria por tráfico de influencias no incluyen a Luis Hermosilla ni al exjuez Poblete

La semana pasada la Comisión de Ética de la Corte Suprema abrió un procedimiento por presunto tráfico de influencias a los ministros Matus, Vivanco, Letelier y Carroza, a raíz de conversaciones que figuran en los teléfonos del abogado Luis Hermosilla y del exjuez Juan Poblete. En paralelo, el Ministerio Público inició una indagatoria por un chat entre la pareja de Vivanco y el fiscal Carlos Palma. Pese a estos antecedentes, ninguno de los aludidos incluyó a Hermosilla o Poblete en sus inhabilidades. Los ministros del máximo tribunal actualizaron en estos días sus nóminas de inhabilidades, en las que indican potenciales conflictos de interés que les impedirían actuar en casos relacionados con personas, naturales o jurídicas, por motivos de amistad, consanguinidad, deudas o por haber recibido “un beneficio de importancia”, entre otras causales. De los 17 ministros de la Suprema, 13 se inhabilitaron en causas relacionadas con el Banco Santander y ocho respecto del BCI.

Entre el 5 y el 12 de este mes, los 17 ministros de la Corte Suprema actualizaron su registro de inhabilidades. Se trata de un listado donde los propios magistrados anotan a las personas naturales o jurídicas con las que tienen vínculos por los que podrían ser recusados a la hora de intervenir en una causa que las afecte (vea acá todas las inhabilidades declaradas por los ministros). En esas listas hay mucha información relevante, pero un antecedente es el que más llama la atención: ningún ministro registró a Luis Hermosilla ni al exjuez Juan Poblete.

En dos investigaciones penales han aparecido conversaciones de WhatsApp que involucran a ministros de la Suprema. Mientras en la indagatoria por la operación Topógrafo figuran conversaciones entre el exjuez de las cortes de apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Poblete, con los magistrados María Teresa Letelier (donde se reflejan las gestiones de Poblete para ayudar a Letelier a obtener su cargo) y Mario Carroza (quien le pide ayuda para el nombramiento de un notario), en el celular del abogado Luis Hermosilla aparecen mensajes que reflejan gestiones de su parte para la llegada al máximo tribunal de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus.

Además, el fiscal regional de Coyhaique, Carlos Palma, reconoció a CIPER que le envió a Hermosilla un pantallazo con una conversación entre él y la pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, donde ambos conversan sobre lo que Palma calificó como “una suerte de ofrecimiento” que a él le generó “sorpresa e incomodidad”: un doctorado y el cargo de jefe de la Fiscalía Regional Centro Norte, a cambio de su apoyo a un determinado candidato a la Fiscalía Nacional.

CIPER hizo estas revelaciones en distintos reportajes publicados entre marzo y junio pasados. Las repercusiones han sido múltiples: el Ministerio Público abrió una investigación por revelación de secreto y tráfico de influencias por los chats que aparecieron en el celular del exjuez Poblete, indagatoria que quedó a cargo de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Se abrió otra investigación penal por la conversación entre el fiscal Palma y la pareja de la ministra Vivanco, proceso que quedó a cargo de la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Además, la Fiscalía Nacional abrió una investigación administrativa contra Carlos Palma, en este caso por omisión de denuncia. 

En la Corte Suprema las aguas no han estado más tranquilas. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, utilizó sus atribuciones para activar la Comisión de Ética que actualmente está investigando a cuatro ministros: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Mario Carroza (revise aquí “Golpe de timón en Corte Suprema y Ministerio Público por los chats en que aparecen magistrados bajo interferencia externa”).

En medio de esta vorágine, la Corte Suprema publicó la semana pasada la actualización de las inhabilidades que declaran los 17 ministros del máximo tribunal. CIPER analizó cada uno de esos registros y envió preguntas a los supremos a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Los cuatro magistrados que actualmente están siendo indagados por la fiscalía o por la Comisión de Ética de la Suprema fueron consultados sobre por qué no incluyeron en sus registros al exjuez Poblete (Letelier y Carroza), o al abogado Luis Hermosilla (Vivanco y Matus).

La ministra Letelier respondió de manera genérica: “La ministra señala que no tiene nada que agregar, que la información es pública”, indicaron desde el Poder Judicial. El ministro Mario Carroza tampoco respondió.

La ministra Vivanco señaló que, como ya había mencionado a CIPER en “una consulta anterior”, “dado que su caso (en referencia a Luis Hermosilla) se encuentra bajo investigación penal, no toco el tema”. Matus aseguró que “no he dejado una causal de inhabilidad respecto del abogado Luis Hermosilla, pues no tengo con él ninguna de las relaciones anteriormente señaladas (gratitud, amistad, apoyo, deudas)”.

El viernes 12 de julio, tras las consultas realizadas por CIPER, otras cuatro ministras de la Corte Suprema actualizaron sus declaraciones de inhabilidad: Gloria Ana Chevesich, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo. Todas agregaron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, organismo a cargo de administrar los recursos económicos y humanos de los tribunales del país, invocando el artículo 195 numeral 3. Aquella normativa regula la participación de magistrados, que sean representantes de personas jurídicas, en procesos judiciales. Asimismo, Chevesich sumó a su registro a Carlos Gajardo Galdames, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Carolina Gajardo Benítez, hija de este último.

CRITERIOS DISÍMILES

Las declaraciones de inhabilidad de los ministros están normadas por los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales (COT). De los listados revisados por CIPER, el que declaró la mayor cantidad fue Jean Pierre Matus (111 personas, entre naturales y jurídicas), quien agregó en su nómina a parlamentarios y ministros que lo apoyaron cuando postuló a la Suprema.

Los criterios son disímiles. Matus fue el único que incluyó en su listado a los senadores que votaron por él cuando postuló al cargo. Y algunos ministros incorporaron a sus cónyuges e hijos, pero otros no. Por ejemplo, el ministro Manuel Antonio Valderrama solo declaró inhabilidades por el Banco Santander y el Banco Security, de los que sería deudor. Pero, no sumó a los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos, quienes han participado en una causa de posible corrupción que involucra a un hijo de Valderrama (Vargas como defensor y Lagos como acusado).

Si alguna causa relacionada con el Banco Santander llega al máximo tribunal, la corte va a estar en problemas, porque 13 de los 17 actuales ministros se inhabilitaron respecto de esa institución por mantener deudas vigentes. 

La ministra Vivanco no incluyó en su listado a la Asociación de Isapres, a pesar de haber emitido informes en derecho pagados por esa organización gremial. Vivanco dijo al respecto que “ya no hacía asesorías para ellos cuando postulé al cargo e hice muchas asesorías en mi vida que fueron informes en derecho y no contratos de trabajo” (lea “Las reservadas asesorías a la Asociación de Isapres: Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad, Gonzalo Cordero y Ángela Vivanco”).

El ministro Matus hizo algunos cambios en la actualización de su registro de inhabilidades. Si antes del 5 de julio en ese listado aparecía el Ejército -fue asesor del excomandante en jefe, Ricardo Martínez-, ahora ya no figura. Es un cambio relevante. En mayo esa eventual inhabilidad estuvo sobre la mesa cuando la sala penal de la Suprema debió revisar un recurso del Ejército relacionado con la causa que indaga responsabilidades por la muerte de un conscripto en Putre. En esa ocasión, la sala penal decidió no inhabilitar a Matus. 

Otros ministros omitieron anotar a empresas en las cuales tienen acciones, mientras la ministra Adelita Ravanales sí lo hizo.

Adelita Ravanales Arriagada es accionista minoritaria de Aguas Andinas, una sociedad anónima abierta. El 5 de julio invocó el artículo 196, lo que quiere decir que no podría conocer causas referentes a esa empresa de servicios básicos.  Pero, otros dos supremos que también tienen acciones en empresas no lo registraron.

Es el caso de Leopoldo Llanos, quien en su última actualización de patrimonio declaró ser accionista de Enel. Mientras que la cónyuge de Juan Fuentes Belmar es accionista de Copelec, cooperativa a cargo de la distribución eléctrica rural en la Región de Ñuble y que en los últimos años se expandió al sector servicios. 

CIPER consultó por esa diferencia de criterio. Llanos respondió que existe una excepción en la normativa: “No aplica la causal de recusación en mi caso, porque se trata de una sociedad anónima abierta y no tengo ni cerca el 10% de las acciones ni tampoco en conjunto con mis hijos y cónyuge, que no tienen ninguna”. Por su parte, el ministro Fuentes Belmar señaló que “nunca ha estampado inhabilidad respecto de Copelec, que es una cooperativa”.

LAS INHABILIDADES DE MATUS

Cuando CIPER le consultó en marzo pasado al ministro Jean Pierre Matus por sus inhabilidades, el magistrado contestó que incluyó “a todas las autoridades que votaron por mí y a todas las personas que públicamente expresaron su apoyo a mi candidatura y nominación (en 2021), para que cualquier persona que considere que ese hecho afectaría mi imparcialidad, lo pueda hacer valer como causal legal de recusación”. 

Luis Hermosilla no figura en ese listado, a pesar de que el abogado realizó gestiones con La Moneda que pavimentaron la llegada de Matus al máximo tribunal (vea reportaje de CIPER “Chats de Hermosilla: conversaciones del abogado revelan su influencia en nombramientos de ministros del Poder Judicial”).

Quien sí figura en la nómina de inhabilidades de Matus es Mario Vargas Cociña, el abogado que lideró una ofensiva judicial para mantener bajo reserva las comunicaciones de Hermosilla. Vargas presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que el Ministerio Público no entregue sus chats con Hermosilla al Consejo de Defensa del Estado (CDE), pese a que la entidad no los había solicitado. Ese recurso fue rechazado por la corte y Vargas no apeló a la Suprema.  

Matus se declaró inhabilitado para controversias en las que litigue Mario Vargas por dos causales: haber recibido “un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud” -según indica la causal 14 del Código Orgánico de Tribunales- y porque su cónyuge mantiene calidad de “deudor o acreedor” con el abogado, según la causal cinco del mismo código (ver aquí).

El magistrado señaló a CIPER que su cónyuge, María Cecilia Ramírez, “asesora y emite informes en derechos a diferentes colegas, en las materias que se le requieren. Por eso, cuando dichos colegas están registrados como litigantes, se debe advertir la inhabilidad para que las partes las puedan hacer valer, si estiman que ello compromete mi imparcialidad”. 

Sobre Vargas en particular, el ministro dijo a CIPER que, tanto a él como al abogado Carlos Lagos -quien también integra su listado de inhabilidades-, les debe “gratitud por su amistad y apoyo permanente, reflejada en numerosos informes en derecho que me encargan en mi calidad de profesor universitario”. 

A Vargas se suma el nombre del abogado Gonzalo Rodríguez Herbach, quien representó a Vargas en su arremetida para evitar que las conversaciones de Luis Hermosilla sean entregadas a intervinientes de la investigación que pesa sobre el abogado. Sobre Rodríguez, el magistrado Jean Pierre Matus señaló la causal de inhabilidad que implica haber recibido “un beneficio de importancia” que podría “presumir empeñada su gratitud”.

Como señaló Matus a CIPER, el magistrado también declaró inhabilidad para los procesos que involucren al abogado y exdiputado radical Carlos Eduardo Lagos Herrera. La inhabilidad que indicó para este caso es la que apunta a que su cónyuge recibió u otorgó un beneficio a Lagos, y que él o su esposa mantienen calidad de “deudor o acreedor” con el abogado.

NO TODOS SE INHABILITAN POR RELACIONES CON PENALISTAS

Desde 2017, Lagos, quien participó en la defensa del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (investigado por corrupción y por vínculos narco) junto a Vargas, está implicado en un proceso judicial con Manuel Valderrama, hijo del ministro de la Corte Suprema del mismo nombre. Esto ocurrió después de que una familia presentó una querella acusando a Lagos y a Valderrama de intentar estafarlos mediante la venta de un terreno. Según los denunciantes, los implicados intentaron vender el terreno a la Compañía Minera Santa Laura, propiedad de Juan Cristi, por un precio ínfimo. En esa transacción, Valderrama hijo actuaba como juez repartidor del remate del terreno. Durante este proceso, según los registros del Poder Judicial, Vargas ha defendido a Lagos. La audiencia en que el Ministerio Público buscará formalizar a los imputados está programada para el próximo 29 de julio en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde también se revisará el sobreseimiento definitivo y la competencia del tribunal.

El supremo Manuel Antonio Valderrama no incluyó el nombre de Lagos Herrera en su listado de inhabilidades. Tampoco el de Vargas. Consultado por CIPER, dijo que no aplica ninguna causal de inhabilidad:

“Lo que pasa es que yo lo conozco, pero no tengo ninguna inhabilidad respecto de él ¿Cuáles son las recusaciones? Amistad o enemistad manifiesta, y yo no tengo ni amistad íntima, como dice el código, ni enemistad manifiesta. O sea si yo tuviera una enemistad o fuera amigo, no cabe duda que la pondría, además le digo sinceramente que nunca (Lagos) ha alegado en mi sala”, indicó Valderrama.

En la nómina del ministro Matus, también se encuentra el penalista Samuel Donoso Boassi, reconocido como un abogado con importantes vínculos políticos: hasta 2015 militó en el PPD y asesoró al entonces ministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, en el caso de financiamiento ilegal de la política (vea el reportaje “El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM”). El ministro Matus decidió inhabilitarse de procesos en los que litigue Donoso por la causal que indica que el magistrado mantiene “con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad”.

Donoso ha estado en casos de alta connotación pública, como cuando representó a Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet y accionista mayoritario de SQM, en su querella contra la corredora Moneda Asset en el caso Cascadas. Esa representación la realizó junto a Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis. El penalista también tiene otro cliente estrechamente ligado a Ponce: es defensor del exgerente general de SQM -empresa a la que Luis Hermosilla asesoraba legalmente- Patricio Contesse, en la investigación por delito tributario y soborno. 

Samuel Donoso también asumió la representación del fallecido presidente Sebastián Piñera en temas como el caso Dominga y el estallido social. Y de manera más reciente, en reemplazo de su colega Luis Hermosilla, asumió la representación del exministro Andrés Chadwick y del exsubsecretario Rodrigo Ubilla en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Los supremos Matus y Sergio Muñoz se han declarado inhabilitados para participar en casos judiciales donde el abogado Ciro Colombara esté involucrado. Matus suscribió como causal el tener una amistad “que se manifieste por actos de estrecha familiaridad”. Según un reportaje de La Tercera de 2015, Matus y Colombara fueron compañeros y amigos durante sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Además, se reúnen mensualmente junto a otros compañeros de generación, autodenominados «La Corpo», entre quienes se encuentra el exministro del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, respecto del cual Matus también invocó la misma causal de inhabilidad.

Respecto de Colombara, el ministro Muñoz señaló la inhabilidad que se refiere tener una relación de parentesco con “el juez inferior que hubiere pronunciado la sentencia que se trata de formar o revocar”.  Ciro Colombara es abogado de la hija de Muñoz, la jueza Graciel Muñoz, del 12 Juzgado de Garantía de Santiago, quien enfrentó un proceso disciplinario. Hasta el cierre de este artículo, el magistrado Muñoz no respondió la consulta de CIPER sobre esta inhabilidad. 

En el registro del magistrado Matus también se encuentran los abogados Nelson Caucoto, Horacio Walker y Luciano Fouillioux. Para los tres indicó la misma causal: “Haber el juez recibido (…) un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud”.

Jean Pierre Matus también se declaró inhabilitado para las causas en que el abogado y exdiputado Aldo Cornejo (DC) se vea involucrado. Cornejo dejó su escaño en la Cámara en 2018. 

El magistrado señaló a CIPER que, en relación a sus inhabilidades referidas a Cornejo, Colombara, Donoso, Foullioux, Caucoto, Rodríguez y Varela, “así como el extenso listado de otros abogados que allí figuran, incluyendo compañeros de curso en la Universidad Católica, junto a compañeros del Liceo B-8 de Calama y A-7 de Iquique, todos ellos suscribieron cartas públicas de apoyo a mi nominación o dirigieron comunicaciones en el mismo sentido al Senado de la República, durante el periodo afecto”. Matus también dijo que aquellas comunicaciones fueron incluso mencionadas “por el sr. Ministro de Justicia de ese entonces”. 

El resto de los magistrados declararon inhabilidades por mantener deudas con empresas –como bancos, isapres y AFP–, relaciones contractuales con instituciones públicas y privadas, y relaciones consanguíneas.

MINISTROS SE INHABILITAN POR DEUDAS

Son 147 las inhabilidades que los ministros de la Corte Suprema declararon respecto a 67 empresas y personas naturales, con las cuales mantendrían deudas o serían sus acreedores. Ese tipo de inhabilidad se encuentra reglamentada por el artículo 196 causal 5 del Código Orgánico de Tribunales, el cual obliga a los magistrados a informar respecto a negocios con particulares por los cuales podrían perder sus atribuciones para participar o conocer los antecedentes de alguna causa (consulte acá esa normativa). El listado de ese tipo de inhabilidad lo encabezan Sergio Muñoz (38), le siguen Jean Pierre Matus (23) y Gloria Ana Chevesich (16).

Las inhabilidades respecto a las AFP son 17, de ellas, 11 son por relación directa y seis por vínculos de sus cónyuges o hijos. Cuprum (6 inhabilidades) y Capital (con 4 inhabilidades) son las administradoras de fondos que más se repiten. Los ministros Muñoz y Chevesich se inhabilitaron con tres AFP distintas, esto por existir un lazo con sus hijos o cónyuges.

En el caso de las isapres, 13 de los 17 actuales ministros de la Suprema presentan algún grado de inhabilidad, ya sea por ser deudores o acreedores. De las 16 inhabilidades totales con los prestadores de salud, seis son respecto a Banmédica, cinco con Colmena Golden Cross, tres relacionadas con Cruz Blanca, una con Consalud y otra referente a Nueva Masvida. Gloria Ana Chevesich se inhabilitó con tres instituciones distintas (Banmédica, Colmena, Consalud) y Sergio Muñoz con dos (Colmena y Cruz Blanca). 

Si no se contabilizan las inhabilidades respecto a empresas con giro de educación, fondos de pensión y aseguradoras, la cifra disminuye a 83. El ministro Matus lidera el listado, si alguna de las partes litigantes lo requiere podría perder su competencia para pronunciarse respecto a 17 sociedades y personas.

Gran parte de la Corte Suprema podría perder su competencia en futuros casos relacionados con el Banco Santander, pues 13 de los 17 ministros declararon ser deudores o acreedores de aquella entidad bancaria: diez lo serían por una relación directa, tres por situaciones relacionadas con sus hijos o cónyuges. En el caso del Banco BCI, son ocho los magistrados que podrían ser excluidos de alguna causa que lo involucre. 

Por su parte, la ministra María Gajardo Harboe se inhabilitó respecto a Canal 13 y Mega. La magistrada explicó que se “deben a que su novio y futuro cónyuge presta servicios a través de su empresa en dichos lugares”.

Mientras que el ministro Mario Carroza lo hizo respecto a la Dirección de Previsión de Carabineros, ya que es pensionado de aquel organismo: “En mi caso, efectivamente, tal como consta en mi declaración de intereses y en Impuestos Internos soy jubilado como profesor de la Escuela de Carabineros”. 

La ministra Adelita Ravanales se inhabilitó respecto de la institución de Carabineros, pues “la ministra señala que hizo clases en Carabineros de Chile por más de 20 años ‘recibiendo una pensión actualmente, razón por la que declaro causal de recusación con Carabineros de Chile’”, indicó el Poder Judicial en la respuesta para este reportaje.

La normativa establece que los ministros de la Corte Suprema no solo tienen la obligación de informar sus inhabilidades respecto a empresas o personas con las que mantengan un posible conflicto de interés económico, ya sea directo o indirecto (a través de cónyuges o familiares de hasta segundo grado). También deben hacerlo en casos de asesorías a privados y participación accionaria en empresas.