La explicación de juez tributario para ingresos no justificados en su cuenta: arriendo de departamentos por los que no paga impuestos

La investigación administrativa sobre el juez del Segundo Tribunal Tributario, Oscar Meriño, concluyó hace pocas semanas y corroboró que el magistrado designó arbitraria e irregularmente a peritos en causas que estaban bajo su responsabilidad. Sin embargo, no pudo confirmar si Meriño se beneficiaba económicamente de ello, como indicaba la denuncia original. En el proceso, a cargo del fiscal judicial Daniel Calvo, se constataron “irregularidades en los ingresos del patrimonio” del investigado, como depósitos que no tienen un remitente identificado y que, según Meriño, corresponden al arriendo de departamentos que no tiene declarados y por los que no paga contribuciones. CIPER revisó la indagatoria y detectó otros elementos relevantes, como el testimonio de funcionarias que dicen haber visto una planilla Excel donde aparecía un ítem denominado “cuotas peritos”, y transferencias por $110 millones desde una sociedad de familiares que también despertaron las sospechas de Calvo. La investigación penal continúa en desarrollo y podría profundizar en estos puntos.

A las seis de la tarde del pasado 8 de mayo, Oscar Meriño dictó una charla gratuita por Zoom sobre los “inconvenientes, efectos y consecuencias” de la Operación Renta 2024, organizada por el Colegio de Contadores de Chile. En esa charla lo acompañó Ramón Paillán, perito tributario que ha emitido informes en causas comandadas por Meriño, de quien además ha sido socio en empresas dedicadas a la capacitación. A pesar de estar imputado en una causa judicial por eventual cohecho, y haber sido sancionado por una investigación administrativa de la Corte de Apelaciones de Santiago, Meriño dictó esa charla con absoluta normalidad:

“Uno se mide por el tamaño del obstáculo que tiene delante”, dijo en un momento de su presentación, sin hacer otra mención a las indagatorias que enfrenta.

Actualmente el juez Meriño aparece como imputado en una causa penal por cohecho que desarrolla la Fiscalía Centro Norte, originada en una denuncia anónima recibida el año pasado por el programa Denuncia Seguro, de la Subsecretaría de Prevención del Delito (vea reportaje de CIPER). Lo que se investiga son eventuales pagos al juez por parte de peritos que participan en las causas que él tramita. En paralelo, Meriño enfrentó una investigación administrativa de la Corte de Apelaciones, la que emitió sus conclusiones a finales de abril.

Antes de eso, a mediados del mes pasado, Meriño volvió a ejercer sus funciones como juez del Segundo Tribunal Tributario (había sido suspendido cuando se conoció la denuncia). Allí debe resolver las reclamaciones de particulares en contra de actos emanados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. Los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) tienen la capacidad, por ejemplo, de anular liquidaciones tributarias ordenadas por el SII.

En la investigación administrativa de la Corte de Apelaciones, que estuvo a cargo del juez Daniel Calvo, se comprobó que Meriño no respetó las reglas a la hora de nombrar peritos que debían estudiar las causas tramitadas en el Segundo TTA de la Región Metropolitana, aunque no se acreditaron pagos por parte de los peritos al juez. El expediente de esa investigación sí dejó huellas sobre pagos recibidos en las cuentas bancarias de Meriño.

La resolución firmada por el fiscal judicial Daniel Calvo indica que “constituyen faltas al deber funcionario del Juez titular (…) el hecho de haber designado peritos judiciales en diversas causas de su Tribunal” de forma directa y sin utilizar un sistema aleatorio. Por este hecho, Calvo propuso una censura por escrito en la hoja de vida de Meriño el pasado 26 de abril, tal como adelantó Interferencia. También cuestionó que haya constituido una sociedad con Ramón Paillán, contador auditor –presente en la charla por Zoom del 8 de mayo–  que fue nombrado perito en algunas causas alojadas en el Segundo TTA.

Calvo planteó el mismo castigo para Cristian Contreras, funcionario administrativo y mano derecha de Meriño en el tribunal. La investigación administrativa comprobó que, en al menos una ocasión, Contreras llamó a un abogado de la parte reclamante para sugerir la contratación de una perita en particular (vea reportaje de CIPER “Cohecho en Tribunal Tributario: la lista de los peritos en la mira de la fiscalía”).

Esta era una parte de la denuncia que Calvo debía investigar. La otra, relacionada con el pago de coimas a cambio de esos nombramientos irregulares, no se pudo comprobar y el fiscal judicial sobreseyó a Meriño y a Contreras de ese cargo. Al momento de proponer las sanciones en contra de los funcionarios del Segundo TTA, Calvo sostuvo que si bien “constató irregularidades en los ingresos del patrimonio del magistrado señor Meriño, estos no daban pábulo para sustentar el cargo y, en cuanto al funcionario Contreras, se constatan actitudes poco prudente en su relación con los abogados intervinientes y las designaciones de peritos, tampoco dan mérito para sostener cargo en su contra”.

Las anomalías en los ingresos de Meriño que mencionó el fiscal judicial no son menores. Se trata de transferencias millonarias en su cuenta bancaria a nombre de terceros y depósitos de personas que, en ocasiones, no están identificadas. El juez adujo que parte de esas transacciones corresponden al pago de arriendos de departamentos que compró en Colina y que renta a personas migrantes de ingresos medios bajos, quienes pagarían entre $120 y $130 mil por mes. En ocasiones, indicó, mandaba a Contreras a recolectar esos pagos presencialmente para que luego los transfiriera a su cuenta. Sin embargo, el funcionario declaró que el valor de arriendo era mucho más alto ($400 o $500 mil) y no se pudo corroborar la veracidad de sus versiones.

De ser cierta, la explicación que ofrece Meriño lo involucraría en una irregularidad grave. Según lo que sostuvo en el proceso administrativo, ninguno de esos departamentos estarían declarados y no pagaría sus contribuciones. Esto implicaría que el juez percibe ingresos por el arriendo de propiedades sin cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. Un hecho paradójico si se considera que se trata de una autoridad judicial especializada en esta materia.

Otro punto de interés dentro de la investigación fueron las transferencias de la sociedad Mejías San Martín SpA a Meriño. En noviembre pasado, un abogado del tribunal declaró que el juez recibía las supuestas coimas a través de esa entidad, que fue constituida en 2021 por su mamá y hermano. Calvo le consultó al magistrado por transferencias que suman $110 millones, provenientes de la cuenta de la sociedad. Meriño indicó que se trataba de un préstamo de su familia y que en otra ocasión le había solicitado a su hermano que le administrara sus bienes debido a que estaba con problemas de salud.

Hay más. Calvo entrevistó a dos funcionarias del tribunal que dijeron haber visto una planilla Excel que tenía todos los ingresos del juez. Según estos testimonios, este documento habría sido confeccionado por el propio Meriño y contendría una hoja con el rótulo “cuotas peritos”. La investigación no profundizó en el dato, aunque fue mencionada por el fiscal judicial en la parte final de sus consideraciones.

La arista penal –en la que Meriño es defendido por el abogado Mario Vargas– podría profundizar en aquellos aspectos que la administrativa no pudo comprobar, como el supuesto pago de coimas y los verdaderos orígenes de los ingresos percibidos por el juez en los últimos años.

Juez Oscar Meriño

"IRREGULARIDADES EN LOS INGRESOS": ARRIENDOS, CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS

Oscar Meriño declaró tres veces en el proceso administrativo, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. En la última ocasión, el 27 de marzo pasado, el fiscal judicial Daniel Calvo –nombrado por la Corte de Apelaciones para estos efectos– le consultó por “depósitos en efectivo” que registró en una de sus dos cuentas bancarias durante 2018, sin especificar cuántos fueron ni el monto total.

En su respuesta, Meriño aludió por primera vez a los departamentos que habría adquirido en Colina y que arrendaría sin cumplir con sus obligaciones tributarias. Así quedó consignado en la resolución: “señala que efectivamente el año 2012 compró una propiedad en la Comuna de Colina, que están compuestos por 1 casa y 8 departamentos, cada uno de esos departamentos son básicos que se arriendan a personas de recursos medios bajos, el valor de arriendo en ese tiempo era aproximadamente de $ 120.000 a $ 130.000 pesos”.

Calvo le consultó si esa actividad la incluía en su declaración de renta, a lo que Meriño contestó que no. Luego, señaló que los arriendos eran cobrados presencialmente por él o por terceros. Entre ellos, Cristian Contreras, funcionario administrativo del tribunal y asesor del juez, quien, según el resto de los trabajadores, era la “mano derecha” y la persona de mayor confianza de Meriño. 

Las transacciones entre Meriño y su asesor también fueron parte de las consultas de Calvo: “Consultado respecto a transferencias del sr. Contreras al declarante, señala que es lo mismo, en esos años viajar a Colina era complicado, por lo que iba el señor Contreras después de horario a cobrar los arriendos a lo cual el declarante indica que le pagaba, señala y reconoce que encuentra poco prudente utilizar un funcionario para el uso personal, a lo que responde que el funcionario lo estaba pasando mal económicamente y quiso ayudar y admite que fue un error”.

Otros depósitos que llamaron la atención del fiscal judicial fueron uno de casi $5 millones, que Meriño no supo a quién adjudicar; otro por $24 millones en 2019, que según el juez “corresponden a depósitos de arriendo” de los departamentos; otro del mismo año por $5 millones que serían por “un crédito familiar para vacaciones” pagado por su mamá, una profesora jubilada; otro por la misma cifra en 2019 a nombre de un sujeto de iniciales J.B, a quien también le habría encargado el cobro de arriendos; otros siete depósitos de 2023 por $4 millones, que sería por concepto de arriendo y que no tienen un remitente conocido; y un monto no especificado de dinero que le transfirió un hombre de iniciales C.S, a quien el magistrado la habría prestado un vehículo de su propiedad para que trabajara como chofer de Uber.

Un punto importante dentro del interrogatorio de Calvo estuvo relacionado con las transferencias que hizo a su cuenta la sociedad Mejías San Martín SpA, constituida por su mamá y su hermano. Se trata de un nombre conocido –al menos– dentro de la indagatoria penal, ya que un funcionario del mismo tribunal de Meriño declaró en noviembre pasado que el juez recibía las supuestas coimas a través de esa empresa.

Mejías San Martín SpA fue formada en junio de 2021 y cuenta con giros habilitados para la edición de libros, actividades de consultoría de gestión, venta al por menor por correo, internet y vía telefónica, y “otros tipos de enseñanzas”, mientras que sus redes sociales son utilizadas principalmente para difundir los cursos que dictaba Meriño y su programa transmitido a través de YouTube: Tax Show.

El juez entregó dos argumentos para explicar los pagos que registró desde esa sociedad. El primero, es que en 2019 habría tenido problemas de salud, por lo que habría transferido todo su dinero a su hermano para que él lo manejara y le depositara cada vez que necesitara para uso personal, y que su mamá y hermano “le hicieron un crédito para poder anticipar otro crédito del Banco de Chile” a través de Mejías San Martín SpA, sobre el cual Meriño no guarda contratos de mutuo.

¿Por qué su hermano le depositó dinero desde la cuenta de la sociedad, si el acuerdo era con él de manera personal? Según Meriño, esas transferencias fueron una “confusión” de su familiar, ya que correspondía hacerlo desde su cuenta como persona natural. 

En concreto, Calvo le preguntó por la transferencia que recibió en 2021 por $40.200.000 desde la cuenta bancaria de Mejías San Martín SpA, que según la autoridad se debe a un préstamo, y $70 millones que percibió de la misma entidad, los que –de acuerdo con la versión que entregó Meriño– “fueron para pagar un crédito Hipotecario”.

En el proceso también se detectó otra transferencia de la sociedad a la cuenta de Meriño en 2023, por $153 mil. El juez no pudo explicar su origen.

Finalmente, el fiscal judicial le consultó por dos transferencias de su hermano, una en 2020 por $14.361.430, y otra de 2021 por $17.782.758. Meriño dijo que la primera transacción corresponde al acuerdo para el pago del crédito hipotecario que asumió, y que la segunda “es devolución del dinero que el declarante depósito” previamente.

En sus consideraciones finales, Daniel Calvo recogió estos elementos y concluyó que “hay varias situaciones que, resultan improcedentes y/o confusas, ya sea en relación con los ingresos del señor Meriño, como también en relación a su profesión (…) como también en el ejercicio de su actividad comercial como rentista”.

Estas son algunas de esas situaciones:

• “La relación del magistrado Meriño con la sociedad formada por su madre, profesora jubilada (…) con su hermano (…) ingeniero comercial, sociedad denominada “Mejías San Martín”, cuyo objeto es consultorías y asesorías en temas tributarios, de gestión y otros. En condiciones que la persona con conocimientos tributarios es el magistrado Meriño ya que, como antes se dijo, su madre es profesora y su hermano ingeniero comercial”.
• “Las declaraciones del investigado respecto de que su hermano (…) había tomado la administración de sus finanzas, debido a que él presentaba problemas médicos, problemas sobre los que no acompañó antecedente alguno, ni tampoco licencias médicas”. 
• “Las afirmaciones respecto a que él, Oscar Meriño, atravesó un periodo con problemas financieros durante los años 2020 hasta finales de 2022, razón por la que su hermano tomó la administración, como se señaló, no obstante lo cual también declara que en marzo de 2022 dio $70.000.000.- de pie por un departamento, con ahorros de ese periodo”.
• “ Las transferencias realizadas por sumas relevantes, desde la cuenta de la sociedad “Mejías San Martín”, cuyos socios son la madre y hermano del juez Oscar Meriño, a la cuenta de este último; en este punto, el investigado, expresa que su hermano incurrió en un error, al realizarlas desde la cuenta de la mencionada sociedad, pues debían ser realizadas de la cuenta personal, sin embargo esto ocurrió varias veces”.
• “La circunstancia de haber recibido, el señor Meriño, ingresos por concepto de pago de arrendamiento de sus departamentos ubicados en la comuna de Colina, sin que los haya declarado al Servicio de Impuestos Internos ni pagado impuesto a la renta por ellos”.
• “Los servicios prestados por el juez Oscar Meriño a la sociedad de su familia, constituida por su madre y hermano, en que existen boletas por los servicios prestados en el segundo semestre del año 2021 (…) en que se precisa que es por “prestación de servicios”, mientras que el juez al declarar que es por ‘clases de capacitación’”. 
• “En lo concerniente a la sociedad “Mejías San Martin”, como se ha dicho reiteradamente, se encuentra conformada únicamente, por su madre y hermano, a la cual incluso el señor Meriño Maturana le prestó servicios; no deja de sorprender que esta empresa familiar, fue negada su existencia o no reconocida por el investigado ante este Fiscal Judicial, al prestar su primera declaración en este sumario”.

Oficinas del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana

ELECCIÓN DE PERITOS

Lo que sí se comprobó en el proceso a cargo de la Corte de Apelaciones es que el juez Oscar Meriño designó irregularmente a peritos en causas que le tocó tramitar. Los expertos que fueron nombrados en esas controversias legales fueron, principalmente, Teresa del Pilar Gaete Navarro, Sergio Castro Rivero y José García Donoso.

La figura de estos profesionales externos fue una señal de alerta constante en el tribunal, cuyos funcionarios notaron que se solían nombrar a los mismos tres o cuatro peritos contables para dirimir las diferencias que nacían entre las partes reclamantes (empresas particulares) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Durante la investigación de Calvo, varios funcionarios declararon que Meriño decretaba la necesidad de contar con un informe pericial como “medida para mejor resolver” sin que las causas lo ameritaran realmente, lo que se habría acentuado a partir de 2021. Como prueba, adjuntaron un cuadro de 10 causas que cumplirían con esas características.

Un trabajador del mismo tribunal declaró que, en 2020, Meriño incluso “le solicitó que buscara la instancia de juntarse con abogados de contribuyentes, con causas en el tribunal, para que les sugiriera que pidieran prueba pericial, para que su causa se viera con mayor celeridad”. De acuerdo con esa versión, el juez le habría ofrecido $100 mil por cada abogado que solicitara el informe.

Aunque el fiscal judicial desestimó esta acusación, por “vaga e imprecisa”, sí dictaminó que Meriño no respetó el curso legal en estos nombramientos y generalmente designaba de manera voluntaria a los expertos, y no a través del sistema de tómbola, como se acordó en el tribunal. 

“Los testimonios aportados por funcionarios del Juzgado en que sirve el señor Meriño, dan cuenta de que le manifestaron al juez que, era improcedente la manera de designar peritos, pues eran nombrados, por regla general, de manera directa por el magistrado”, concluyó Calvo.

Cristian Contreras, el funcionario más cercano al juez, también fue objeto de esta investigación. La resolución afirma que “los antecedentes demuestran que tenía una participación indirecta en la designación de los peritos que realizaba el tribunal”.

La prueba más contundente de ello la entregó un abogado particular, quien dijo haber recibido una llamada de Contreras entre 2019 y 2020 para preguntarle si solicitaría un informe pericial y para recomendar la contratación de Teresa del Pilar Gaete. Para entonces, el profesional defendía a una empresa en una causa radicada en el Segundo TTA.

Durante la investigación, Calvo también entrevistó a funcionarias que dijeron haber visto una planilla Excel que contenía todos los ingresos del juez Meriño y que habría tenido una hoja denominada “cuotas peritos”. Según los testimonios recogidos, ese documento habría sido confeccionado por el propio magistrado. En la parte final de la resolución, el fiscal judicial mencionó esta situación como “una circunstancia a tener presente”. 

Por último, el proceso administrativo concluyó con cuestionamientos al Centro de Estudios Fiscales (Cenfi), creado en 2017 por Meriño y el contador auditor Ramón Paillán, cuyo objetivo era la capacitación en materia tributaria. Calvo remarcó que el socio de Meriño es un “perito que había sido designado como tal” en al menos dos causas revisadas por el juez. Paillán, además, era un panelista habitual de los programas que Meriño transmitía a través de sus redes sociales, mientras la sociedad registró movimientos tributarios hasta 2021.