Minería y extracción de áridos en Maipú: un negocio contaminante que no paga patente ni se somete a evaluación ambiental

Por más de dos décadas las faenas de Minera Imperial y Comercial Savisa han levantado contaminantes que pueden provocar silicosis, una enfermedad progresiva e incurable, y que afectan la calidad de vida de los habitantes de Rinconada de Maipú. Dos informes de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) mostraron, a finales de 2022 e inicios de 2023, un alto nivel de cuarzo, material que puede generar silicosis, en muestras extraídas desde el patio del Liceo Reino de Dinamarca. Los vecinos y la municipalidad han presentado recursos legales contra estas empresas que no pagan patentes ni cuentan con evaluación ambiental y que operan cerca de dos villas residenciales y del liceo.

(*) Los autores de este reportaje son estudiantes de Periodismo de la Universidad de Chile y realizaron este trabajo para la asignatura Periodismo de Investigación, impartida por el profesor Nicolás Sepúlveda.

En la Rinconada de Maipú se encuentran la Villa El Maitén y la Población Joaquín Olivares. El recorrido de buses I24 es el único transporte público que sirve a los residentes y a los estudiantes y trabajadores de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que tiene ahí su sede experimental Fundo Rinconada. Entre las casas de la localidad –ubicada a 8,6 kilómetros de la plaza de Maipú– y el cauce del río Mapocho, se desarrolla una actividad desconocida para la mayoría de los habitantes de la Región Metropolitana: faenas de minería y extracción de áridos que no pagan patente municipal ni se someten a evaluación ambiental. 

Colindante con la Villa El Maitén y el Liceo Reino de Dinamarca, la Minera Imperial SpA extrae pumicita y minerales de uso industrial. Su propietario es Jorge Soto Ponce. Aledaña a la Población Joaquín Olivares, opera Comercial Savisa SpA, de Félix Santander Letelier, dedicada a la extracción y venta de áridos. Ambos empresarios no cuentan con permisos municipales para llevar a cabo dichas faenas, ni tampoco las han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para medir sus potenciales repercusiones en el medio ambiente. Y en sus vecinos.

Sólo una pandereta separa a la Minera Imperial del patio del Liceo Reino de Dinamarca, donde decenas de niños juegan a diario. Desde ese patio se extrajeron las muestras sólidas para elaborar dos informes de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) que indicaron que la concentración de cuarzo fue de 3,7% en noviembre de 2022 y de 6,2% en marzo de 2023 (vea esos estudios). 

Estos valores pueden llegar a ser nocivos para la salud, pues, como indicó la ACHS a través de la elaboración de un informe técnico “cuando un polvo tiene un contenido mayor a 1% de sílice cristalizada (cuarzo), la Resolución Exenta Nº 268 del 3 de junio 2015 del Ministerio de Salud, establece que se debe evaluar la exposición considerando que el polvo es de carácter silicógeno”. La alta concentración de material particulado respirable puede producir silicosis, una enfermedad que el Ministerio de Salud ha definido como “fibrosis pulmonar incurable y muchas veces progresiva”, indicando que genera “discapacidad permanente” (vea el “Plan nacional para la erradicación de la silicosis, estrategia 2009-2030”, del Minsal).

Debido a los niveles de contaminación detectados por ambos estudios, el año pasado se postergó el inicio de clases del liceo y, el 2 de marzo de 2023, se presentó el primer recurso de protección por parte de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú. En el caso de las operaciones de la empresa de Félix Santander, ninguno de los dos recursos de protección presentados por los vecinos del sector y por la municipalidad en 2020 y 2021, respectivamente, han podido detener la comercialización de áridos, pues la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor del empresario.

A través de documentos del Conservador de Bienes Raíces y del Diario Oficial, se obtuvo el listado de propiedades y sociedades constituidas por Soto Ponce y Santander Letelier durante su trayectoria empresarial. Mediante la revisión de informes de la Superintendencia de Medioambiente (SMA) y de la ACHS, se constató el riesgo que corren las comunidades por la contaminación –del aire, del suelo agrícola y de napas subterráneas– con partículas de sílice producidas por la extracción de pumicita y puzolana. También se analizaron registros judiciales que muestran los argumentos de las empresas para evitar eventuales sanciones.

A pesar de los recursos de protección interpuestos en contra de estas empresas, y de los informes de entidades medioambientales indicando la contaminación en la zona, las faenas siguen siendo un miedo latente para los vecinos. “No vamos a bajar los brazos porque no podemos aguantar que nos sigan destruyendo, antes éramos el gran pulmón verde de la comuna y ahora miren en lo que se convirtió”, dice Johanna Aguilera, presidenta del Centro de Padres del Liceo Reino de Dinamarca. 

Liceo Reino de Dinamarca, Maipú (Fuente: Google Maps)

RESPIRANDO MINERÍA

Corría marzo de 2023 y un altercado entre la diputada Viviana Delgado y el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, puso en la palestra la situación que ocurría en el Liceo Reino de Dinamarca. Alrededor de 600 estudiantes –de prebásica a enseñanza media– imposibilitados de iniciar su año escolar y niños hospitalizados por cuadros respiratorios. Según la formulación de cargos de la SMA (vea acá), presentados el 28 de marzo de 2023, la principal causa de la contaminación serían las operaciones de Minera Imperial. 

La formulación de cargos dio paso al procedimiento sancionatorio contra Imperial que actualmente se lleva a cabo en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa) y que está suspendido desde diciembre pasado, a la espera de información solicitada a las sociedades mineras de Jorge Soto Ponce, a la Municipalidad de Maipú y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Lo que permitió el retorno a clases y la paralización de las actividades de las faenas de Minera Imperial fue que la empresa no respondió un oficio emitido el 6 de diciembre de 2022 por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, referido a las condiciones laborales de sus trabajadores. A partir de esa infracción, la Municipalidad de Maipú tomó cartas en el asunto: su Corporación Municipal Servicios y Desarrollo, sostenedora educativa del Liceo Reino de Dinamarca, presentó el  recurso de protección a principios de marzo de 2023, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones el 26 de diciembre pasado.

LÍMITE DE 100 MIL M³

Jorge Soto Ponce, dueño y representante legal de la minera, ha estado ligado a esta industria durante toda su trayectoria empresarial. En 1992 constituyó la sociedad minera y comercial Saint George, y desde entonces conformó otras dos empresas relacionadas con el transporte de áridos. Opera en la zona desde el 2001, cuando partió con Minera Júpiter Primera de Maipú. Según los datos de Sernageomin, Soto Ponce tiene permiso para extraer pumicita y posee tres concesiones mineras de explotación: Júpiter, Maxcam e Imperial. La última la registró en 1992 a nombre de su hijo, cuando apenas tenía 2 años.

La explotación de las concesiones mencionadas en el párrafo anterior se desarrollaba en terrenos que son de la Universidad de Chile desde 1933, y que corresponden a un área de preservación ecológica, según el Plan Regulador de la Región Metropolitana. 

Entre las eventuales irregularidades en las operaciones realizadas por Soto Ponce desde 2001, según la formulación de cargos de la SMA, se cuenta la extracción de áridos desde pozos lastreros en un volumen superior a 100 mil m³. Cuando se sobrepasa este límite, la actividad se considera de tipo industrial y debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, lo que la empresa no ha hecho. Además, los cargos de la SMA apuntan a afectación de la vegetación, suelo y fauna, emisiones atmosféricas, afloramiento de aguas subterráneas y levantamiento de sílice. 

Las operaciones de extracción y comercialización de áridos desarrolladas por el empresario Félix Santander también están acusadas de sobrepasar el límite de 100 mil metros3 de material removido. Santander afirma que cuenta con un oficio de la extinta Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) que lo facultó para operar en el sector durante años sin calificación medioambiental. Dicho oficio, otorgado el 10 de noviembre de 2009, indica que el empresario presentó un proyecto de extracción de áridos con mejoramiento de suelos en los lotes A, C y L de la Parcela María Mercedes, y que tenía permitido extraer un total de 90 mil m³ en un período máximo de dos años (vea ese oficio).

Para este reportaje, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) accedió a revisar el oficio mencionado en el párrafo anterior y aseguró que ese documento sólo puede considerarse vigente “en la medida que se mantengan las condiciones indicadas” (vea la respuesta del SEA a la solicitud). Sin embargo, entre los documentos recopilados para este reportaje surgió uno que muestra que esas condiciones no se mantuvieron. Se trata de un informe del Snifa, realizado en abril de 2020 a Inversiones Pacífico SpA –una de las sociedades que registra Santander–, que constató que el titular sobrepasó los límites indicados, ya que entre 2014 y 2020 registró un total de 163.137 m³ removidos en una superficie de 10,14 hectáreas. 

La SMA complementa la información anterior, asegurando que Santander incurrió en una violación del Decreto Supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente, el que estipula que, si la extracción de áridos supera los 100 mil m³ y las cinco hectáreas de ejecución durante la vida útil del proyecto, debe someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que se cataloga como actividad industrial.

En respuesta a las consultas para este reportaje, el SEA indicó que en 2011 Santander ingresó una solicitud para cambiar la ubicación de su faena a un terreno aledaño. El SEA le pidió ampliar los antecedentes para justificar esa modificación, pero estos no fueron entregados, por lo que el proceso concluyó el 13 de octubre de 2014 cuando el SEA de la Región Metropolitana presentó una resolución definitiva que declaró el abandono de ese procedimiento.

Ubicación de la Minera Imperial, en Camino A Rinconada de Maipú (Fuente: Google Maps)

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE

El hijo de Johanna Aguilera ha sido hospitalizado en dos ocasiones por problemas respiratorios. Ella cuenta que en octubre de 2022 le diagnosticaron un rinovirus que afectó sus pulmones producto de la exposición a sílice, por lo que tuvo que ser tratado con respirador artificial y sonda gástrica. Para su familia, dice, los informes de la ACHS de comienzos de 2023 aportaron datos clave para entender los eventuales efectos de los contaminantes presentes en el sector. 

Según la información contenida en la web de la ACHS, la silicosis puede producir a largo plazo cáncer pulmonar, afectación a las vías respiratorias y, en menor medida, daños en la piel. De acuerdo con el Instituto de Salud Pública (ISP), la inhalación de sílice cristalina (cuarzo) produce reacción pulmonar que puede derivar a complicaciones y daño pulmonar permanente (vea esa información del ISP).  

María Angélica Muga, presidenta de la Agrupación Defensa de la Quebrada de la Plata, asegura que la calidad de vida de los vecinos ha empeorado desde que las operaciones de Imperial se han ido acercando a la comunidad. “Nosotros no teníamos tantas enfermedades. Teníamos un aire más limpio. La minera levanta mucho polvo con los camiones cuando entran y salen con tierra. En el verano los vecinos de las casas aledañas tienen mucha tos y una alergia terrible». Según la formulación de cargos de la SMA, Imperial habría intervenido de manera irregular 22,67 hectáreas, calculando que el total de la extracción ilegal de esta empresa, en todos sus años de operaciones, ascendería a más de 300 mil m³ de material removido.

Minera Imperial no fue la única empresa operando en los terrenos pertenecientes a la Universidad de Chile. La compañía de cementos Melón, a través de su filial Melón Áridos Limitada, se encontraba realizando recuperación de suelo en el sector. Su intervención se originó porque en 1999 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) la demandó por daño ambiental en San Bernardo, lo que derivó en una transacción que la obligó a recuperar suelo en otra comuna como compensación. 

Melón mantiene una causa judicial contra Imperial, porque ambas empresas se acusan mutuamente de ser responsables de la contaminación. En ese proceso, revisado para este reportaje, se informó que en 2019 partió el convenio entre la Universidad de Chile y Melón Áridos, en el marco de la obligación de la empresa de recuperar 60 hectáreas del suelo agrícola del Fundo Rinconada de Maipú, y con un plazo máximo de ejecución que finalizaba el 3 de junio de 2023. 

A pesar de que la defensa de Imperial alegó que la contaminación en el aire fue obra de la compañía de cementos, debido a la remoción de tierra en las labores de recuperación, los dos estudios de la ACHS fueron realizados en los meses en que Melón Áridos no se encontraba operando en el sector. Los análisis son de noviembre de 2022 y marzo de 2023, mientras que la obra de Melón estuvo detenida entre octubre de 2022 y julio de 2023, producto de una suspensión provisional ordenada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago a raíz de una denuncia de Imperial en contra de Melón, la que fue rechazada en febrero de 2023.

La empresa de cementos no retomó inmediatamente sus actividades a pesar de que la justicia falló a su favor. Esta decisión se debió a que Melón Áridos inició conversaciones con la Municipalidad de Maipú y la comunidad educativa a fin de explicar en qué consisten sus trabajos de recuperación de suelo y su diferencia con las operaciones de Imperial.

El 17 de julio de 2023, la empresa reactivó las obras de compensación, las cuales concluyeron en marzo de 2024 y fueron declaradas aptas para el uso agrícola por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

Respecto de las faenas de Imperial, la Corte de Apelaciones rechazó la admisibilidad del recurso de protección de la Corporación Municipal el 26 de diciembre, por lo que la empresa de Soto Ponce puede reactivar en cualquier momento el uso de los vehículos que aún mantiene en el lugar.

ENTRE ÁRIDOS Y BASURA

A pocos metros de la población Joaquín Olivares se encuentran los terrenos mineros de Félix Santander. El empresario comenzó en el rubro de la extracción de áridos en el sector en 2007, cuando constituyó la sociedad minera Trebal Limitada. Años después, creó las sociedades Inversiones Pacífico SpA, Comercial Savisa SpA, Áridos María Luisa SpA y Áridos Roca Santa SpA, formando un conglomerado dedicado a la comercialización de áridos. 

La influencia de la familia Santander en la zona es antigua. Su padre fue propietario de los fundos Lo Encañado y Las Casas de Maipú desde 1963. Según consigna el Conservador de Bienes Raíces, en 1983 y 1989 Félix Santander, junto a sus hermanos y su madre, le vendieron a la Municipalidad de Maipú parte de los terrenos para construir la población Joaquín Olivares. En 2004 se adjudicaron, vía sucesión, 11 lotes parcelados de la Chacra María Mercedes, lugar donde se han extraído áridos.

“Todo partió cuando Santander empezó a extraer material a las riberas del Mapocho. Cuando vio que esto era rentable, empezó a formalizar este trabajo, pero no a través del pago de una patente municipal, sino que a profesionalizarse en cuanto a comprar maquinaria”, cuenta Hilda Calquin, dirigenta vecinal que presentó el primer recurso de protección en contra de Savisa en 2020. 

A pesar de que el historial de la faena registra tres clausuras ordenadas por la municipalidad por operar sin patente –en 2008, 2015 y 2020–, no ha dejado de funcionar hasta la fecha. Hilda Calquin asegura que “la rotura de sellos” y el libre tránsito de camiones que transportan áridos y escombros se convirtieron en prácticas recurrentes de la empresa. Según cuenta la dirigenta, además de extraer, procesar y comercializar sin patente municipal ni evaluación ambiental, los pozos que ha producido su actividad han sido utilizados como rellenos donde vehículos de distintas comunas van a verter residuos.

Los incumplimientos a la normativa ambiental se han reflejado en tres denuncias en contra de Savisa SpA que ha recibido el municipio desde 2018 a 2021 por la extracción de áridos. Según la información que aparece en las solicitudes de transparencia realizadas en 2019 y 2020 por Hilda Calquín, la empresa Áridos María Luisa SpA, propiedad de Santander, fue multada en 10 ocasiones (vea acá) entre 2013 y 2017 por extracción y procesamiento de áridos de manera ilegal. Otra solicitud de transparencia muestra que desde 2010 a 2019 no se otorgaron patentes asociadas a faenas de áridos para las empresas de Santander, ni tampoco se recibieron pagos de estas últimas por actividades de ese tipo en el Departamento de Rentas Municipales de Maipú.

Las sanciones y clausuras no han significado un mayor problema para Santander, puesto que la municipalidad no ha presentado una acción ante el Tribunal Ambiental. Dicha entidad es la única capaz de sancionar los incumplimientos legales que se le atribuyen: extracción y procesamiento ilegal de áridos, recibir residuos domiciliarios y escombros sin autorización sanitaria, relleno y ampliación de pozos lastreros y funcionar sin someterse al sistema de evaluación ambiental.

Casas aledañas a las operaciones de Minera Imperial SpA

VERSIONES ENCONTRADAS

Para la presente investigación se contactó a los empresarios involucrados y a la Municipalidad de Maipú para conocer sus versiones. En el caso de Minera Imperial, Jorge Soto Ponce rechazó, a través de su abogado Cristian Rojas Wallis, dar declaraciones. 

Félix Santander, en tanto, afirmó que sus operaciones nunca han estado en la ilegalidad. Según señaló, para que una actividad minera deba pagar patente municipal se necesita que, al momento de ejercerla, ocurran dos situaciones en paralelo: aplicar algún proceso de elaboración y ofrecer venta directa al público. El empresario comentó que en su caso el primer factor no se cumple, porque sus empresas nunca han transformado el material que extraen, por lo que se ampara en ese aspecto de la Ley de Rentas Municipales para no pagar patente. 

Santander aseguró que no realiza extracción de áridos hace aproximadamente dos años y que en la actualidad sólo se dedica a comercializar material.

Sobre los rellenos de pozos lastreros, el empresario admitió no haber tenido autorización municipal para llevarlos a cabo. Sin embargo, declara que por expresa solicitud de los pobladores accedió a que botaran escombros en ellos como medida de seguridad ante posibles inundaciones. 

Aunque Santander insiste en que la antigua Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) le permitió operar en el sector durante años sin calificación medioambiental, desde la Municipalidad de Maipú indicaron que presentaron una acción judicial contra sus empresas Inversiones Pacífico, Comercial Savisa y Áridos Roca Santa por realizar extracción sin contar con una resolución de calificación ambiental. Además, en su presentación ante la justicia la municipalidad incluyó otras figuras, como incumplir decretos de clausura mediante la rotura de sellos y operar sin patente municipal.