La justicia ordena reabrir causa de detective atropellada y baleada en el estallido social: estas son las pruebas que apuntan a la PDI

La detective Danitza Araya fue atropellada mientras prestaba cobertura en un saqueo en la comuna de Pudahuel. Además del atropello, ese 21 de octubre de 2019 también recibió una bala que la hirió de gravedad y la mantiene hasta el día de hoy con secuelas. En un inicio se achacaron todas las heridas a Cristián Cayupán, autor del atropello. Durante los 2 primeros años de la indagatoria el chaleco antibalas que ese día utilizó la detective estuvo desaparecido, y allí se ocultaba la prueba más relevante: la bala que la hirió, y que provenía del arma de su colega de labores, el policía Daniel Jofré. Aunque la Fiscalía Oriente Metropolitana sobreseyó la causa sin responsables, esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó su reapertura. El sumario interno de la PDI por estos hechos permanece abierto desde 2019.

El pasado martes 19 de marzo, la madre de Danitza Araya asistió a la formalización de Sergio Muñoz, exdirector general de la Policía de Investigaciones que quedó en prisión preventiva acusado de filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla. Ella junto a otros familiares de exfuncionarios de la PDI se acercaron al centro de justicia para protestar en contra de Muñoz. Los familiares lo acusan de encubrir información relevante para las investigaciones judiciales que buscan esclarecer qué ocurrió en cada caso. En el de Danitza Araya aún no se establecen responsabilidades por la desaparición de pruebas claves para el proceso judicial.

Danitza Araya fue atropellada y baleada el 21 de octubre de 2019, en pleno estallido social, mientras prestaba cobertura en medio del saqueo de un supermercado en Pudahuel. El responsable del atropello fue el civil Cristián Cayupán, mientras que la bala que la hirió provino del policía Daniel Jofré, quien se encontraba junto a ella intentando controlar la situación. Eso, según los peritajes contenidos en la investigación que comandó la Fiscalía Oriente Metropolitana, la misma que en el verano pasado decidió sobreseer, sin responsables, la causa que indagaba al culpable de las lesiones de la detective, y que también buscaba determinar el eventual delito de obstrucción a la investigación.

Esta semana se hizo público, a través de un artículo de La Tercera, que la Corte de Apelaciones acogió los recursos que presentaron los abogados de Danitza Araya y Cristián Cayupán, y ordenó reabrir la causa y definir todo en un juicio oral.

Al inicio de la indagatoria judicial, nadie había mencionado la eventual responsabilidad de Daniel Jofré como autor del disparo. Por lo que la justicia le achacó a Cayupán la responsabilidad de todas las lesiones que afectaron a la funcionaria policial.

Durante casi dos años estuvieron desaparecidos el chaleco y el casco antibalas que ocupaba la detective Araya el día de octubre de 2019 en que fue atropellada y baleada. Ese “extravío” fue relevante, porque en el chaleco estaba alojada la bala que la hirió, y que luego se demostró que pertenecía al arma que portaba su compañero de labores, el policía Daniel Jofré. Desde 2019 la PDI mantiene abierto un sumario sobre los hechos ocurridos ese día, según indicó la institución a CIPER a través de la Ley de Transparencia (revise aquí).

El 21 de octubre de 2019 Danitza Araya estaba grave. Ingresó a la Mutual de Seguridad (ubicada en la comuna de Estación Central) a las 19:50. En ese momento tenía su riñón perforado por una bala, sus costillas rotas por fractura, -al igual que parte de su columna-, presentaba un trauma toracoabdominal y una contusión pulmonar. El equipo médico que la atendió pensó que podía morir. Estuvo cinco meses hospitalizada. Fue a visitarla el entonces Presidente Sebastián Piñera y también el jefe de la PDI en ese año: Héctor Espinosa.

Dos años después, en octubre de 2021, Danitza junto a su familia asistieron al programa Mentiras Verdaderas de La Red. Ahí, Danitza Gonzalez, madre de la funcionaria, mencionó que la familia tuvo una reunión con Sergio Muñoz -quien sucedió a Espinosa al mando de la policía civil-, el 3 de septiembre del mismo año. Dijo que antes de ingresar a la oficina de Muñoz les quitaron sus teléfonos, y que el director general de la PDI les confirmó que conocía la identidad de la persona que realizó el disparo: “Si tú quieres yo te traigo al compañero que te disparó, te lo pongo acá frente tuyo para que te pida perdón”.

Después de más de dos años de investigación, en diciembre del 2023, la Fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, decidió cerrar la investigación en la cual se indagaba por obstrucción a la justicia a la PDI y al fiscal Rodrigo Garrido (quien comandó la primera causa, la que imputó todos los daños de la detective a Cristián Cayupán), además de apuntar al funcionario policial, Daniel Jofré Vega, por homicidio frustrado en contra de Danitza Araya. Esta información se ventiló en la audiencia de cierre definitivo de la causa, la que fue realizada en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 26 de enero.

Sergio Muñoz, exdirector de la PDI

LA OBSTRUCCIÓN

El chaleco antibalas N°182814, que pertenecía a Danitza Araya y que utilizaba el día de los hechos, se extravió durante casi dos años, por lo que no se le pudieron hacer las pericias correspondientes para confirmar quien le habría disparado a la funcionaria. La última vez que se vio el chaleco fue en la comuna de Pudahuel, y a pesar de que los detectives de la PDI en sus declaraciones judiciales se contradicen y no pueden confirmar qué pasó con él, existe un hecho claro: la policía Constanza Sánchez le sacó el chaleco antibalas Araya para prestarle los primeros auxilios, justo después de que la detective fuera atropellada y recibiera en su cuerpo una bala calibre 9 milímetros disparada por una pistola Jericho, la que ese 21 de octubre de 2019 portaba el policía Daniel Jofré.

Desde ese momento, el paradero del chaleco fue un misterio, hasta que el 22 de septiembre del 2021 apareció en la Brigada de Homicidios Metropolitana. En la carpeta investigativa, a la que CIPER tuvo acceso, aparece la declaración del funcionario de la Comisión de Armamento y Munición, Felipe Toro, quien comenta que ese día llegaron a la unidad funcionarios del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto que estaban buscando un número de serie especifico de un chaleco antibalas. 

“Consultaron por un chaleco con número de serie en particular: 182814. Ese chaleco estaba asignado al Subinspector Alan Becerra en forma exclusiva, ignoro desde cuándo. Yo mismo les entregué este chaleco al equipo bajo acta que reconozco desde carpeta fiscal. No recuerdo que los detectives portaran algún documento para demostrar si el chaleco pertenecía a su unidad o no. Obtuve autorización verbal de mi jefatura, el Subprefecto Orlando Calderón, entregando como señalé, bajo acta el chaleco. Ignoro desde cuando estaba asignado ese chaleco en la Brigada de Homicidios”, aseguró en la investigación Felipe Toro.

La investigación por estos hechos comenzó cuando en 2021 Cristián Cayupán -quien atropelló a la detective Araya y a quien inculparon por todas las lesiones sufridas por la funcionaria policial-, presentó una querella. En 2021 Cayupán fue condenado a 15 años de presidio por el delito de homicidio frustrado en contra de la detective. En 2022 fue indultado por el gobierno.

A esa querella se le sumó otra presentada por la misma detective Araya, en contra de Daniel Jofré y todos los que resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio simple en grado de frustrado. También incluyó a todos los empleados públicos responsables de no haber denunciado lo que ocurrió.

EL ATROPELLO Y EL DISPARO

La subinspectora Danitza Araya trabajaba en el Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa), cuando el 21 de octubre de 2019, desde la Brigada Antinarcótico Aeropuerto, solicitaron apoyo en Conchalí, debido a los saqueos que se producían en medio del estallido social. Antes de salir, la detective tomó todos sus elementos de seguridad, incluyendo su chaleco antibalas, casco balístico y su arma de servicio. 

Al llegar al lugar, ella y su equipo se percataron de que la situación se encontraba controlada, por lo que se retiraron. Cuando iban camino al aeropuerto, sufrieron un desvío y terminaron dirigiéndose al supermercado Mayorista 10, ubicado en la calle Teniente Cruz en la comuna de Pudahuel. Al llegar, se dieron cuenta que un grupo de personas estaba saqueando, y según lo declarado por la detective Araya ya estaban en el lugar más de 10 funcionarios de la PDI, entre ellos, Daniel Jofré. 

Cuando Danitza se bajó de la camioneta institucional, comenzó a fiscalizar a diferentes autos que salían del supermercado. De pronto, vio un vehículo gris que se dirigía hacia ella. En ese momento se dio cuenta de que Jofré estaba al lado suyo, y que tenía su arma desenfundada. Ambos le gritaron al conductor del auto que se detuviera, pero según lo que dicen los policías, Cristian Cayupán hizo completamente lo contrario: aceleró, atropellando de frente a Danitza.

Cayupán se dio a la fuga. Jofré disparó varias veces en contra del vehículo, persiguiéndolo junto a otro detective, mientras Araya se encontraba en el piso, herida. Cuando la detective trató de levantarse, se percató de que sus piernas no le respondían. Así relató Danitza Araya ese momento ante la fiscalía:

“El vehículo al vernos acelera, y ahí es cuando me atropella. Yo caí al suelo. Fue a socorrerme la detective Constanza Sánchez, yo le pedí que me sacara el chaleco ya que no podía respirar, y ella gritó que me habían disparado. Ahí es cuando me doy cuenta que me habían disparado, ya que me toque el pecho y tenía la mano llena de sangre. Después se acercaron mis demás compañeros y le informaron al jefe de mi situación. El inspector Claudio Hernández me realizó un torniquete en la entrada de orificio del proyectil. Después de eso llegó el comisario Harry Cerda en el carro policial y me subieron a los asientos de atrás”, indicó Araya. 

Fuente: Informe pericial de reconstrucción de escena realizado por Labocar.

La detective fue trasladada por sus compañeros a la Mutual de Seguridad ubicada en Estación Central, donde quedó hospitalizada en carácter de extrema gravedad.

Cristian Cayupán también estaba herido de bala. Después de atropellar a Danitza Araya se dirigió a la casa de un amigo pidiendo ayuda porque se estaba desvaneciendo. Lo llevaron al SAPU Gustavo Molina, donde funcionarios de la PDI lograron identificarlo como la persona que estaba conduciendo el auto que atropelló a  la funcionaria policial. Debido a la gravedad de las lesiones, lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios.

Según la ficha clínica de Cayupán, fue ingresado en urgencias a las 20:53 horas con diagnóstico de “herida por arma de fuego torácica”. Después de la operación, se dio cuenta que había perdido un riñón, parte del colon y la bala permanecía dentro de su cuerpo, tuvo complicaciones médicas en los meses posteriores, que siguieron cuando fue trasladado a la cárcel.

EL CHALECO N° 182814

El chaleco antibalas que usó Danitza Araya el día que la atropellaron y recibió un balazo, desapareció de escena. Dentro de las diferentes declaraciones que dieron los agentes policiales, muchos aseveraron que el chaleco se quedó en el lugar. Constanza Sánchez dijo que después de que se lo sacó a Danitza, no lo volvió a ver. Sin embargo, mencionó que guardó el arma de su compañera porque era un peligro que quedara a disposición de cualquiera. Añadió que “parece” que el casco que utilizaba Araya lo ingresaron a un carro policial, por lo que ella pensó que “quizás” el chaleco se lo habían llevado junto a Danitza a la mutual.

Solo un funcionario dio una versión distinta. En el informe pericial de reconstrucción, Felipe Loncón mencionó que el chaleco antibalas no quedó allí. “El chaleco antibalas estaba en el suelo y a un lado de ella. Danitza estaba siendo auxiliada por Constanza Sánchez y Claudio Hernández. Nos preocupamos de resguardar el sitio del suceso. Yo tomé el chaleco y lo ingrese a un carro policial, marca Chevrolet, de color café, el que no es corporativo de la PDI, dejándolo en el asiento del copiloto”. 

Lo anterior no pudo ser comprobado, pero el Comisario Harry Cerda declaró que cuando fue informado de la desaparición del chaleco y el casco balístico, buscó en cada uno de los carros y consultó a todos los funcionarios para dar con su paradero, sin éxito. Agregó que envió un radio circular informando que el caso y el chaleco estaban perdidos, pero esta búsqueda tampoco resultó. Como no los encontraron, los dieron de baja. Esto ocurrió antes de que fuera hallado en una brigada de la policía en el aeropuerto de Santiago. 

Cuando en septiembre de 2021 encontraron el chaleco antibalas junto al casco, Cristián Cayupán ya había sido condenado por homicidio frustrado. 

Cuando la fiscalía y el perito fotógrafo de la PDI a cargo de las pesquisas -en el marco del sumario interno de la policía por lo sucedido el 21 de octubre de 2019-,  fueron al Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto para revisar el chaleco, pudieron detectar la existencia de una desgarradura en la que se podía palpar un elemento sólido al interior, por lo tanto esta evidencia fue estudiada.

Según los resultados de esa pericia que aparecen en el informe pericial balístico N°5689/2022, se logró establecer que el proyectil levantado del chaleco de la detective Araya fue disparado por el arma a cargo de Daniel Jofré. En el informe también se indicó que para que el disparo coincidiera con la trayectoria balística establecida científicamente, debió producirse en el momento del atropello. Cuando Danitza se encontraba en el aire, luego de ser impactada por el auto de Cayupán, es cuando habría recibido la bala disparada por su compañero de labores. 

Fuente: Informe de análisis forense de evidencia y reconstrucción forense realizado por True Forensic Science.

CONTRADICCIONES

Daniel Jofré declaró en la causa contra Cristián Cayupán un día después de que Danitza Araya fue atropellada y baleada. Allí dijo que había efectuado seis disparos, y que cuando el auto conducido por Cayupán atropelló a su compañera, pudo haber realizado un disparo de manera accidental, pero que no lo recordaba.

Jofré volvió a declarar en la misma causa. Reiteró su versión en enero de 2020, cuando ante la fiscalía de Pudahuel volvió a decir que efectuó seis disparos cuando Danitza ya se encontraba en el suelo, y que era imposible que uno de esos disparos hubiera lesionado a su compañera. Lo anterior se contradice con lo que dice el informe pericial balístico N°1218/019 del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, puesto que en él se menciona que de las ocho vainillas que fueron recuperadas del sitio del suceso, siete fueron de la misma arma, una pistola marca Jericho, serie 40310168, calibre 9x9mm, que pertenecía al funcionario Daniel Jofré, por lo que habría disparado al menos siete veces.

Danitza Araya no habría sido la única lesionada por los disparos de Jofré. Cayupán también recibió un balazo mientras huía, el que le provocó la pérdida de un riñón y parte de su estómago. No se pudo comprobar que la bala que lo hirió fue disparada por Jofré, porque el proyectil se perdió cuando fue retirada del cuerpo de Cayupán en junio de 2021. La abogada de Cayupán, Yanira González, solicitó el informe correspondiente, pero este nunca se entregó. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de esa bala.

Cuando el fiscal Rodrigo Garrido, a cargo de la indagatoria contra Cayupán por homicidio frustrado, comenzó con la investigación para esclarecer qué le pasó a Araya, una de las primeras diligencias encargada a la Brigada de Homicidios de la PDI en noviembre de 2019, fue determinar el origen del disparo que impactó a Danitza, y si este provino del arma de algún compañero. La respuesta a esta orden llegó el 22 de julio de 2020, en un informe policial que concluye que no se pudo establecer la procedencia del disparo, pero que era posible que el atropello provocará que accidentalmente Daniel Jofré disparara su arma de servicio, pero como el proyectil no estaba, era imposible compararlo. Por lo que para poder realizar una sentencia se solicitó determinar la diferencia entre las lesiones del disparo y las del atropello, esto se dejó a cargo de la perito de Labocar de Carabineros, Vivian Bustos.

La médico cirujano legista y criminalística de Labocar, mencionó en una declaración, que pudo determinar que todas las secuelas que presentaba la víctima fueron producto del atropello, y que las lesiones producidas por la bala se recuperaron sin secuelas e íntegramente en 13 días. Vivian Bustos llegó a esta conclusión a través de una reunión por telemedicina con Danitza Araya y luego de analizar su ficha médica de la Mutual de Seguridad, hecho que tanto el abogado de la detective Araya -Pedro Díaz-, como la abogada de Cayupán, denuncian como una negligencia. Fue el informe de Vivian Bustos el que se utilizó para argumentar que no se podía atribuir a la herida a bala la gravedad de las lesiones de la detective. Por ello, solo se inculpó a Cayupán por la situación en que quedó la detective.

Tanto Cayupán como Danitza Araya presentaron querellas por obstrucción a la justicia, y se inició una nueva indagatoria judicial, a cargo de la fiscal Lorena Parra. En esa investigación se incluyó un nuevo informe, esta vez del Servicio Médico Legal, el que concluyó que las lesiones que se mantienen, y que provocan que Danitza siga ocupando una silla de ruedas y se encuentre incapacitada de realizar múltiples actividades, son explicables por la acción de un proyectil de un arma de fuego. También menciona que estas lesiones son de pronóstico médico grave, y que de no haber mediado los socorros médicos oportunos, hubiesen sido mortales.

En el verano de 2024 la fiscalía decidió que no existen pruebas suficientes  que demuestren la existencia de algún delito, por lo que sobreseyó la causa y se cerró la investigación sin responsables. Daniel Jofré fue reasignado a la Región de Los Lagos. Ni Rodrigo Garrido ni las instituciones acusadas de obstrucción fueron sancionadas y  Cayupán obtuvo el indulto presidencial en 2022. 

Pero ahora la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de apelación de los abogados de Araya y de Cayupán, y estimó que la causa deberá resolverse en un juicio oral: “Los hechos relatados en la querella y que configurarían el delito imputado, necesariamente deben ser ponderados los distintos medios de prueba, para descartar su comisión, en un juicio contradictorio, según el procedimiento que corresponda”, señaló la resolución de la corte, citada esta semana por La Tercera.