En campaña: colaboradores del exalcalde Aguilera que trabajan en San Bernardo se alistan para las elecciones municipales

Christian Pino y Patricio Ossandón son ex militantes del PS que trabajaron en la Municipalidad de San Ramón cuando era dirigida por Miguel Ángel Aguilera, el exalcalde investigado por nexos con narcos y lavado de activos. Tras la caída de Aguilera, ambos fueron acogidos en San Bernardo por el alcalde Christopher White. Pino, quien ya compitió por la alcaldía de esa comuna en 2021, se declara “candidato” y recorre los barrios de San Bernardo gracias al trabajo que le dio White. Ossandón confirmó que es precandidato por La Cisterna. Además de las críticas que ha recibido por emplear a colaboradores de Aguilera, la Contraloría también golpeó a White por las contrataciones a honorarios en su comuna: detectó $191 millones pagados por trabajos cuya realización no se ha podido acreditar.

Christian Pino López se presenta en Instagram como “candidato político” y en las redes sociales es frecuente que postee las actividades que realiza en barrios de la comuna de San Bernardo. En junio de 2022, por ejemplo, repartió –a través de juntas de vecinos– cientos de entradas para funciones de circo. Micrófono en mano abrió aquellas jornadas precisando que todo se debía a su “gestión personal”. Su perfil de candidato en campaña permanente se ha acrecentado a medida que se acercan las próximas elecciones municipales, programadas para fines de octubre. 

Pantallazo del perfil de Instagram de Christian Pino del 12 de marzo de 2024.

Christian Pino tiene experiencia en campañas. En 2021 fue candidato a la alcaldía de San Bernardo. Para hacerlo, tuvo que renunciar a su militancia en el PS, colectividad de la que había sido presidente comunal, y enfrentar al abanderado oficial del socialismo: Christopher White. El sillón de la alcaldía terminó ocupado por White. Pero, en la campaña sus enfrentamientos sacaron chispas. En abril de ese año, por ejemplo, en un debate organizado por Canal 13, los rivales de Pino cuestionaron el financiamiento de su campaña y White lo fustigó con particular dureza: “¡Que el señor Pino responda, pero no vamos a esconder el tema!”. 

No obstante, tras ganar la elección, White firmó un decreto para contratar a Pino en la municipalidad. Hoy, es asesor a honorarios y su labor, según datos publicados en Transparencia Activa, es la “planificación y coordinación de tareas de fortalecimiento de organizaciones comunitarias”. Por ese rol recibe una remuneración mensual bruta de $4.022.989. El trabajo que le encomendó White le acomoda al perfil de “candidato político” que el mismo se asigna: mantiene un contacto estrecho y permanente con organizaciones vecinales, recorre los barrios y recoge las demandas de los ciudadanos.

Decreto de contratación de Christian Pino.

Al interior de la municipalidad genera resquemores que una tarea de alto perfil territorial, con una de las remuneraciones más alta de la planilla comunal, haya sido entregada a una persona con marcadas aspiraciones electorales. Y también, porque Pino forma parte de un núcleo de figuras que fueron cercanas al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), quien ha sido investigado por eventuales vínculos con narcos y uso indebido de recursos públicos (lea aquí reportaje de CIPER). 

Antes de caer en desgracia, Aguilera consolidó un grupo de poder al interior del PS que iba en franco ascenso. En las elecciones internas socialistas de 2019, ese grupo amplió su influencia al colocar a funcionarios municipales de San Ramón, fieles a Aguilera, en las directivas del PS de varias comunas de la zona sur metropolitana (vea un reportaje de El Mostrador). Uno de ellos era Christian Pino, quien se convirtió en presidente del PS en San Bernardo y desde ahí comenzó a desplegar su fallida campaña a alcalde de 2021.

Bajo la gestión de Aguilera, a mediados de 2018, Pino había sido contratado a honorarios en San Ramón. Su trabajo era “colaborar en la actualización de base de datos del consejo comunal de seguridad pública, colaborar en actividades de difusión y promoción de la prevención del delito, entre otras funciones”. Por esas tareas recibía $800 mil líquidos. Su esposa, Valeria López, también alcanzó un puesto en la directiva comunal del PS de San Bernardo en las elecciones internas de 2019. Y también estuvo contratada a honorarios en San Ramón, donde se registraron tres pagos de $460.733 líquidos a su nombre, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

Mensaje de WhatsApp de la Directiva Villa Los Pinos sobre entradas para el circo entregadas por Christian Pino.

Christian Pino animando una función de circo.

Christian Pino no es la única figura cercana al exalcalde Aguilera que Christopher White ha cobijado en San Bernardo. Patricio Ossandón Ortiz fue militante del PS hasta septiembre del año pasado y también concejal de La Cisterna entre 2008 y 2020). En junio de 2022 fue contratado por la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo con un sueldo mensual de $2.054.292. 

Los registros de Transparencia indican que Ossandón trabajó a honorarios en San Ramón cuando la comuna la dirigía Aguilera. Allí se desempeñó hasta junio de 2017 en el programa Más Capaz, de Sence, por $999 mil mensuales, y después fue asesor en proyectos de seguridad ciudadana y participación, por $888 mil, hasta diciembre de ese año. Entre julio y diciembre de 2018, siempre a honorarios, su labor en San Ramón fue “colaborar en actividades de prevención del delito”, por $1 millón. 

Ossandón confirmó a CIPER que es precandidato independiente para disputar la alcaldía de La Cisterna y que evaluará si pide un permiso sin goce de sueldo en la Municipalidad de San Bernardo para dedicarse a su campaña.  

"ES COSA DE VER LAS FOTOS"

La concejala de San Bernardo, Mariela Araya (UDI), dice que en los concejos municipales han solicitado información respecto a la contratación de Pino: “Este funcionario lo que hace es campaña política en nuestros clubes de adulto mayor y juntas de vecinos. Es cosa de ver las fotos que sube cada día a sus redes sociales”.

La concejal Marjorie del Pino (ex PS) agrega: “Nadie sabe lo que él hace, porque no tiene un lugar físico, nunca está”. Otros tres funcionarios municipales dijeron a CIPER que a Pino no se le conocen funciones. 

Desde la Municipalidad de San Bernardo respondieron a CIPER, por escrito, que Pino fue contratado en “base a las necesidades requeridas que se identificaron en la gestión municipal. La acreditación de sus labores se puede visualizar en los informes de prestación de servicios que mensualmente entrega y que se refieren al cometido definido en su contrato”. CIPER pidió, a la unidad de comunicaciones de la municipalidad, copia de esos informes, pero al cierre de este reportaje no los habían entregado.

CIPER contactó a Christian Pino, pero, vía mensaje de WhatsApp, indicó que no podía atender nuestras consultas: “Agradezco el contactarte conmigo, en estos momentos he estado con mucho trabajo, (por) lo que me resulta difícil en este minuto tener el tiempo de hablar y responder tus preguntas. Más adelante con gusto (nos) podemos reunir y/o hablar sobre las inquietudes”.

El 17 de marzo de 2022 Christian Pino fue contratado por la Municipalidad de San Bernardo como funcionario a honorarios. Con una calificación profesional de cuarto medio, inicialmente su sueldo bruto se fijó en $2.849.003. 

Miguel Ángel Aguilera.

Durante la campaña municipal de 2021, Pino se presentó como un candidato independiente, sin vínculos políticos. En el debate organizado por Canal 13 desconoció su paso por el PS y su cercanía con Miguel Ángel Aguilera: “Hemos trabajado siempre por la comunidad, no tenemos ningún tipo de vínculo con ninguna municipalidad, con ningún alcalde ni ningún partido”. 

En marzo de 2021, Pino se querelló contra cuatro personas que realizaron comentarios en Facebook respecto de sus relaciones con Aguilera: las acusó de “injurias” y “calumnias”. No es la única vez que su nombre quedó registrado en una denuncia presentada en tribunales. En febrero de 2021 se interpuso una acción judicial en su contra por “amenazas simples contra personas y propiedades”. En el proceso quedó bajo reserva el nombre del denunciante. Un testigo de los hechos indica que, en una plaza de San Ramón, Pino “se descontroló: pescó palos y piedras y empezó a perseguir a esa persona mientras gritaba que lo iba a matar. El otro se metió a su auto y arrancó”. La acción judicial no siguió, cuenta el testigo, porque el afectado “aceptó no presentarse a la audiencia, a cambio de que Pino terminara con las amenazas”.

Lo que sí prosperó es un sumario administrativo en la Municipalidad de San Bernardo que está en curso. La indagatoria se inició por la denuncia del concejal Roberto Soto (PS, hermano del diputado socialista Leonardo Soto), quien acusó haber recibido amenazas de Pino. Soto relató los hechos en una carta enviada a sus pares y al alcalde White: 

“En circunstancias que estaba en dependencias de la alcaldía, el señor que se hace llamar Christian Pino se acercó a mi persona para increparme directamente por mis intervenciones en el concejo municipal. De manera amenazante, levantando la voz y faltándome el respeto me interpeló directamente sobre los argumentos que dimos sobre las donaciones que hacen algunas empresas a funcionarios municipales de manera poco transparente e irregular, que muchos cuestionamos en el concejo municipal. Me sentí amenazado en mi integridad personal, vulnerable por su tono amenazador, violento y prepotente simplemente por ejercer nuestro rol fiscalizador (…) Lo primero que hice es pedirle formalmente al alcalde que despida inmediatamente a esta persona, ya que le hace un daño enorme al municipio”.

CIPER intentó contactar al concejal Soto, pero no respondió. En todo caso, dos de sus pares confirmaron para este reportaje que sí hubo amenazas. La concejala Marjorie del Pino señala: “Lo amenazó en el pasillo después de un concejo municipal. De hecho, Soto hizo una carta que los ocho concejales firmamos como apoyo, pidiendo que sacaran a Pino. El alcalde hizo caso omiso”.

Desde el municipio confirmaron a CIPER que existe un sumario en desarrollo contra Pino, del cual no pueden revelar detalles: “El concejal Soto realizó la denuncia respecto a este prestador de servicios de manera directa en una sesión de concejo. Ante eso, el alcalde ordenó instruir un proceso sumarial que a la fecha de esta respuesta se encuentra en curso. Como es de su conocimiento los procesos sumariales se realizan en reserva”.

"UNA TREMENDA DECEPCIÓN"

Además de Pino y Ossandón, en la Municipalidad de San Bernardo se han hecho otras contrataciones de personas que tienen un amplio currículo político en la zona sur de Santiago. Un ejemplo es Sebastián Eduardo Vega Umatino, quien prestó servicios a honorarios, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023, para la “colaboración y asesoría técnica en la implementación de estrategia de aseo y ornato”. Con una calificación profesional de cuarto medio, fue retribuido mensualmente con $3.448.277. Sebastián Vega fue, entre 2012 y 2020, concejal por la comuna de El Bosque y militante DC hasta 2019. En 2021 fue candidato independiente a la alcaldía de esa comuna. Con un 17,4% de los votos, obtuvo la tercera mayoría.

La hermana del exconcejal de El Bosque, también se encuentra contratada a honorarios en la Municipalidad de San Bernardo: desde noviembre 2023, Viviana Vega Umatino cumple funciones como psicopedagoga con un sueldo bruto de $3.448.272. Antes, entre octubre de 2017 a junio de 2023, también trabajó en la Municipalidad de San Ramón.

El 25 de septiembre de 2023, Sebastián Vega reactivó en Facebook la cuenta de campaña electoral que utilizó para la elección de 2021. Desde entonces, sube encuentros con vecinos y visitas a organizaciones sociales en El Bosque. En esos posteos comenta los desafíos que lo motivan a “seguir soñando”.

Para la concejal Marjorie del Pino, la contratación de personas que, a su juicio, no tendrían las capacidades para ejercer los cargos, es uno de los factores que ha generado desorden administrativo en la comuna. En 2021, un informe de la Contraloría concluyó que bajo la gestión de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI) no se rindieron $1.300 millones en gastos. La entonces nueva administración de Christopher White decidió querellarse por posible fraude al fisco. El objetivo era sanear las finanzas municipales y elevar la probidad. A más de dos años aquello no se ha concretado y representantes de la oposición y del oficialismo indican que la crisis se agudizó (vea el reportaje de CIPER “Corporación de San Bernardo: multimillonario déficit, tratos con documentos falsos y negocios con empresas vinculadas a militantes del PS”). 

Publicación de Facebook de Christian Pino.

Aún no existe una actualización del déficit económico de la Municipalidad de San Bernardo y de sus corporaciones municipales. Sobre este punto, desde la municipalidad señalaron a CIPER: “Los Estados Financieros de la Corporación de Educación y Salud están en proceso de cierre del año 2023, para posteriormente ser sometidos a auditoría externa. Una vez realizados los procesos formales se pondrá a disposición de toda la comunidad”.

La concejala Mariela Araya también cree que la actual crisis se debe “al poco profesionalismo de la gente que lo rodea (al alcalde White)”. Y agrega: “Ya no sabemos a quién más acudir por esto de las contrataciones que no se justifican”.

El diputado por el distrito que incluye a San Bernardo, Leonardo Soto (PS), habla de la “gente de fuera de la comuna” con la que se ha rodeado White: “En lo personal, (creo) que al poco tiempo de haberse iniciado (la gestión de White) vimos que él se rodeó de personas que no tienen nada que ver con el proyecto político que fundamos. Incluso, con gente de fuera de la comuna, que no tenía mucho cariño por el tremendo desafío político y territorial que representaba su alcaldía. Gradual y consistentemente él tomó distancia de muchos de quienes lo apoyamos. Para mí, él representa una tremenda decepción”.

La actual administración municipal niega la incorporación de funcionarios no capacitados para sus labores, y también que prime un criterio político en las contrataciones: “Los funcionarios que trabajan en esta administración están debidamente calificados para los cargos que ellos ejercen. Asimismo, se cumplen estrictamente las normas legales que regulan la contratación del personal”. 

CONTRALORÍA PIDE REINTEGRAR $191 MILLONES

En el ámbito de eventuales irregularidades en los contratos a honorarios, el alcalde White no sólo ha recibido críticas políticas. También la Contraloría General de la República le asestó un golpe en esa materia. Fechado en noviembre de 2023, el Informe Final N°474 de la Contraloría indica que en 2022 se detectó en la municipalidad el desembolso de $191,3 millones por honorarios no justificados (vea ese informe). 

El informe del órgano fiscalizador concluyó que “los servicios para los cuales fueron contratados 8 servidores a honorarios, no se encontraban respaldados con los antecedentes que permitan determinar, en cada caso, si se dio cumplimiento al desempeño efectivo de las funciones encomendadas. Solo adjuntaban boletas de honorarios visadas e informes de servicios relativos a los trabajos ejecutados – los que en su mayoría consignan aspectos generales sin una descripción detallada de la labor efectuada – que permitieran acreditar el cumplimiento del trabajo desarrollado”. 

En concreto, la Contraloría no pudo corroborar que los ocho contratados a honorarios realmente efectuaron las labores que se les encomendaron.

En enero de este año, el contralor regional de la II Contraloría General Metropolitana, Carlos Frías Tapia, elevó los antecedentes al Juzgado de Cuentas de la misma institución. Su requerimiento busca “hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de forma solidaria” del alcalde White y de un grupo de 12 funcionarios y exfuncionarios de la municipalidad que autorizaron los pagos. Es decir, que reintegren de sus bolsillos los recursos públicos involucrados (lea la formulación de cargos aquí).

Funcionarios públicos que conocen el proceso abierto por la Contraloría indican que no hay una fecha estimada para el dictamen. Según señalan, algunos de los acusados presentaron solicitudes para ampliar el plazo que se les otorgó para realizar sus descargos y el Juzgado de Cuentas aún no responde aquellos requerimientos.

Desde el municipio se refirieron a los hallazgos de la Contraloría: “Todos los pagos de honorarios fueron respaldados con sus respectivos informes, la Contraloría estima que dichos informes no señalan con precisión las labores efectuadas. Ahora bien, en el contexto del juicio de cuentas que inició la Contraloría General de la República, se acreditará la efectiva prestación de dichas actividades”.

CIPER logró contactar a 4 de los 8 trabajadores a honorarios cuyas funciones no lograron ser acreditadas por la Contraloría, dos de ellos aceptaron responder.

El ente fiscalizador objetó las 12 boletas que en 2022 emitió José Ayala –quien aún se desempeña como coordinador de la cuadrilla municipal encargada de los espacios públicos– cada una de ellas por un monto bruto de $2.300.000. Se observó que los informes que entregó no detallaron fechas y días, además de que “no acompañó la documentación que dé cuenta de la acreditación de los servicios prestados”. Ayala dijo a CIPER: “Me informaron que había unos informes a los cuales les faltaba un poco de información, hasta ahí voy. Más información no tengo”.

El 1 de enero de 2022, Francisco Marín Castro fue contratado a honorarios hasta el 31 de diciembre del mismo año. Según los registros de Transparencia su labor era “planificar y ejecutar acciones tendientes a contribuir y fomentar la competitividad de las empresas”. Su sueldo bruto era de $2.600.000. Marín fue director del medio de comunicación El Ciudadano hasta el 8 de marzo pasado.

Nueve de las diez boletas que emitió Marín fueron objetadas por Contraloría. El sociólogo expone que sí cumplió las funciones: “Hicimos un ciclo de alrededor de 12 charlas con la comunidad sobre la historia de la ciudadanía de Chile, en la OTEC del Canelo de Nos. Yo hice un informe mensual de todas las actividades”.

Marín agrega que se enteró de las observaciones de la Contraloría hace pocas semanas y de manera informal: “La municipalidad nunca me ha contactado (para rectificar), nunca me han llamado para decirme ´oye, te falta esto´. En todo caso, la acusación no es contra mí. Es contra el alcalde y la administración”. Tras las consultas de CIPER, hizo llegar un registro con “pantallazos” de la cuenta de Facebook de El Canelo de Nos con las publicaciones de las actividades que realizó (véalas acá). También señaló que, aunque desarrolló en paralelo su trabajo en el diario, “la presencialidad la hice en el Canelo”.

CIPER consultó a la Municipalidad de San Bernardo por las medidas que se adoptaron tras el informe de la Contraloría: “Se instruyó (un) sumario administrativo a fin de establecer responsabilidades. Además, como medida complementaria el Departamento de RR.HH. implementó nuevos formatos para la elaboración de informes de prestación de servicios, con expresa mención de los indicadores que acrediten de manera más precisa las labores que desempeñan los trabajadores a honorarios”.